Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03933-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03933-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03933-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C, veinticinco [25] de junio de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03933-00
Demandante: MARÍA DIANNI PALACIOS PALACIOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra fallo de la misma naturaleza.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20191, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito radicado el 21 de mayo 2026, la señora María Dianni Palacios
Palacios, por conducto de la abogada Nayibe Quejada Bejarano, presentó acción
de tutela con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales «al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, dignidad
humana, mínimo vital, salud, integridad social, trabajo y estabilidad laboral
reforzada»
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Tercera de Decisión con el fallo de tutela del 13 de mayo de
2026, mediante el cual revocó la decisión de 21 de abril de 2026 del Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó que amparó las garantías
de la señora Palacios al interior del proceso constitucional identificado con el
radicado 27001-33-33-005-2026-00066-00/01.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Demandante: María Dianni Palacios Palacios
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
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1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
La señora María Dianni Palacios Palacios sufrió un accidente laboral mientras
ejecutaba actividades de promoción para la inscripción de adultos mayores al
programa Pilar Solidario en el departamento del Chocó, circunstancia que le
ocasionó una fractura de peroné izquierdo, ruptura de ligamento tibio peroneo
distal del tobillo izquierdo e incapacidades médicas sucesivas.
Pese a ello, la entidad para la cual prestaba sus servicios dio por terminado el
vínculo existente sin autorización previa del Ministerio del Trabajo.
El asunto fue puesto en conocimiento del Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó mediante acción de tutela promovida en procura de la
protección de los derechos fundamentales al trabajo, la salud, la estabilidad
laboral reforzada y el mínimo vital.
Mediante sentencia de 21 de abril de 2026, dicha autoridad judicial concedió el
amparo al concluir que la accionante era titular de estabilidad ocupacional
reforzada y que la terminación del vínculo contractual se produjo sin autorización
previa del Ministerio del Trabajo, pese a que la entidad conocía las afectaciones
de salud derivadas del accidente laboral.
La decisión fue impugnada, y en segunda instancia, el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Tercera de Decisión en providencia de 13 de mayo de 2026 la
revocó. Para tal efecto, concluyó que no se encontraba acreditado el requisito de
legitimación en la causa por activa, por cuanto no se demostró que la señora
María Dianni Palacios Palacios estuviera imposibilitada para promover
directamente la acción de tutela ni que hubiera ratificado la actuación adelantada
por la agente oficiosa.
1.3. Peticiones del amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad, dignidad humana, mínimo vital,
salud, integridad social, trabajo y estabilidad reforzada de la señora María Dianni
palacios palacios, vulnerados por el Tribunal Administrativo del chocó, mediante
sentencia de segunda instancia que había concedido el amparo constitucional a
favor del accionante.
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SEGUNDO: Que se deje sin efectos jurídicos la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Choco mediante la cual se revocó la sentencia de
primera instancia que había concedido el amparo constitucional a favor de la
accionante.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al tribunal
administrativo del choco proferir una decisión respetando: (i) Los Precedentes
Fijados por la Corte constitucional en materia de agencias oficiosas, (i) El principio
de la prevalencia del derecho sustancial.
• La protección reforzada de personas en condición de debilidad manifiesta.
• Y el acceso material a la administración de justicia.
CUARTO: Que se ordene a la autoridad judicial accionada emitir una nueva
providencia en la cual se realice un análisis de fondo respecto de la situación
constitucional de ala, valorando integralmente el material probatorio obrante en el
expediente y la jurisprudencia. 2
1.4. Fundamento de la solicitud
La accionante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues fundamentó su decisión
exclusivamente en una interpretación restrictiva de los requisitos relacionados
con la legitimación en la causa por activa de la agente oficiosa, lo que le impidió
realizar un estudio material de la situación de vulnerabilidad de la accionante y
de la presunta afectación de sus derechos fundamentales.
Indicó que dicha actuación desconoció los principios de informalidad, prevalencia
del derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia que
orientan el trámite de la acción de tutela, especialmente cuando se trata de
sujetos de especial protección constitucional.
Asimismo, consideró que la providencia cuestionada desconoció el precedente
constitucional relacionado con la figura de la agencia oficiosa, al exigir cargas
procesales que, en su criterio, resultan incompatibles con la naturaleza
garantista del mecanismo de amparo.
De igual forma, señaló que el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de
Decisión se apartó injustificadamente de una decisión anterior proferida por esa
misma corporación judicial, en la que había reconocido la legitimación de la
misma defensora pública para actuar como agente oficiosa en representación de
una persona en condición de vulnerabilidad, sin exponer razones suficientes que
justificaran dicho cambio de criterio.
2 Transcripción del texto original, por lo que puede contener errores.
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Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada la dejó sin protección
constitucional a la accionante, quien presuntamente continúa en una situación
de debilidad manifiesta, con afectación de sus condiciones de subsistencia y
acceso a los servicios requeridos para el tratamiento de su estado de salud.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 25 de mayo de 2026, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de
Decisión como autoridad judicial accionada, y vinculó al Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, al Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz (Prosperidad Social FIP),
así como a las demás personas y entidades que intervinieron dentro del trámite
constitucional identificado con radicado 27001-33-33-005-2026-00066-00/01,
por su interés en las resultas del proceso.
Por su parte, requirió a la señora Nayibe Quejada Bejarano para que aclarara la
calidad en la que actuaba dentro del presente asunto.
1.6. Intervenciones
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó remitió
el enlace del expediente judicial electrónico correspondiente al trámite
constitucional identificado con el radicado 27001-33-33-005-2026-00066-00.
1.6.2. La señora Nayibe Quejada Bejarano atendió el requerimiento efectuado
en el auto admisorio y aclaró que actúa en calidad de agente oficiosa de la señora
María Dianni Palacios Palacios, en su condición de defensora pública adscrita a
la Defensoría del Pueblo – Regional Chocó.
De igual manera, indicó que la titular de los derechos invocados no se
encontraba en las condiciones físicas, emocionales y psicológicas para
promover directamente su defensa judicial y, con el fin de respaldar dicha
afirmación, allegó una declaración extrajuicio y documentación médica
relacionada con su estado de salud.
1.6.3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó
declarar improcedente o negar el amparo invocado. Sostuvo que la accionante
incumplió el requisito de subsidiariedad, pues contaba con el recurso
extraordinario de revisión para controvertir la providencia cuestionada.
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Afirmó que la solicitud pretende reabrir un debate ya definido por las autoridades
judiciales competentes, sin que se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención del juez constitucional.
Señaló que no existe una actuación atribuible a la entidad que hubiera vulnerado
los derechos fundamentales alegados y resaltó el carácter excepcional de la
tutela contra providencias judiciales, así como lo autonomía de los jueces para
adoptar sus decisiones.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
acción de tutela de la referencia, promovida contra la sentencia de tutela de 13
de mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera
de Decisión de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación
2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por activa por conducto de
agencia oficiosa
2.2.1. La acción de tutela, que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política de Colombia, obra como mecanismo que puede ser ejercido
por toda persona «[...] por sí mismo o por quien actúe a su nombre […]», que
pretenda obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando éstos sean violados por la acción u omisión de cualquier autoridad estatal
o eventualmente por una entidad particular.
En el mismo sentido el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1°, 10°, 46 y 49,
precisa que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los
defensores del pueblo y los personeros municipales4.
3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
4Corte Constitucional. Sentencia T-793 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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De esa manera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en las casos que señale este Decreto5».
El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la «acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales».
La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 20036, manifestó que la acción
de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por
consiguiente, no se «[…] requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos,
ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad
alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial
presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda
incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir
o sea menor de edad […]7».
En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, señaló:
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores
oportunidades8, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la
promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de
5
Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.
6 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
«Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo
14 del Decreto 2591 de 1991».
8
«Ver sentencia T-531 de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett».
6
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los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la
configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela.
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el
cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de
acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder
general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso.
Es así que esta norma, aunada a la jurisprudencia vigente, establece como uno
de los requisitos de procedibilidad el hecho de que quien invoque este
mecanismo para la protección de sus derechos fundamentales se encuentre
«legitimado en la causa por activa», exigiéndose que el accionante sea quien
detenta los derechos a proteger.
En relación con la legitimación en la causa, ésta «[…] es, entonces, una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso […]».9 «Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o
atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo […]»10.
Así, el artículo 86 Constitucional señala que la tutela puede ser ejercida por el
titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados: (i) en forma
directa, (ii) por medio de representante legal (cuando se trata de menores de
edad, incapaces absolutos, interdictos y/o personas jurídicas), (iii) a través de
apoderado judicial, (iv) por intermedio de agente oficioso, siempre que el
interesado esté imposibilitado para promover su defensa; o (v) por el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales.
Ahora bien, en cuanto a la legitimación por activa en materia de tutela, la Corte
Constitucional indicó los elementos del apoderamiento, en que se requiere:
[…] (i) un acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder, el cual
se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder especial, debe ser específico,
de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los intereses
en un determinado proceso no se entiende otorgado para la promoción de
procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a éstos tengan origen
en el proceso inicial; (iii) el destinatario de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación
por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser
abogado titulado y se anexa el respectivo poder repicar, de modo que no se puede
9 Sentencia T-411 de 2017.
10 T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M. P. José Gregorio
Hernández.
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hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo
constitucional […].
Sobre el punto esta Sección se pronunció al respecto en los siguientes términos11:
Es por esto que tanto para la interposición de la acción de tutela a través de
apoderado judicial, como para la representación de cualquiera de la partes o
terceros con interés en las resultas del proceso, se quiere que el interesado
otorgue un poder especial a su abogado.
Además de lo anterior, se descarta la posibilidad de que los poderes otorgados
para la promoción de otros procesos se extiendan para la “representación
judicial” del poderdante en asuntos diferentes, como lo puede ser la
contestación de una acción de tutela, así, los hechos que le den fundamento a
esta tengan origen en el proceso inicial».
2.2.2. En el presente caso, la señora Nayibe Quejada Bejarano aclaró que actúa
como agente oficiosa de la señora María Dianni Palacios Palacios, en su
condición de defensora pública adscrita a la Defensoría del Pueblo – Regional
Chocó.
Para acreditar dicha calidad manifestó que la titular de los derechos
fundamentales no se encontraba en condiciones físicas, emocionales y
psicológicas para promover directamente su defensa judicial. Con tal propósito,
aportó12 una declaración extrajuicio y documentación médica relacionada con su
estado de salud.
La Sala considera acreditados los presupuestos previstos en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 para actuar por conducto de agente oficiosa. En efecto,
se manifestó expresamente dicha calidad y se allegaron elementos de
convicción que permiten inferir razonablemente que, al momento de promoverse
la presente acción constitucional, la señora María Dianni Palacios Palacios
afrontaba circunstancias que dificultaban el ejercicio directo de la defensa de sus
derechos fundamentales.
En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por activa, por lo que la Sala continuará con el estudio de los demás
presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela.
11 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de enero de 2016. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 2016-
00196-00.
12 Índice 14 de Samai.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos que habilitan su procedencia, teniendo en cuenta que se dirige contra
una sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y (ii) los requisitos de procedibilidad
adjetiva.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 13
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema14.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales15.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 16, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
15 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en
el presente caso la solicitud de amparo no cumple con uno de los requisitos de
procedibilidad adjetiva, esto es, el consistente en que «no se trate de una acción
de tutela contra tutela».
Lo anterior, en atención a que la parte actora a través de la presente acción
constitucional pretende que se examine el contenido y la decisión adoptada en
la sentencia de tutela de 13 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión dentro del trámite
constitucional identificado con el radicado 27001-33-005-2026-00066-00/01.
La inconformidad de la accionante radica en que la autoridad judicial accionada
revocó la decisión de primera instancia que había concedido el amparo
solicitado, al considerar que no se encontraba acreditada la legitimación en la
causa por activa de la señora Nayibe Quejada Bejarano para actuar como agente
oficiosa de la señora María Palacios.
Ahora bien, se advierte que la argumentación planteada por la señora María
Dianni Palacios está encaminada a manifestar su inconformidad con el contenido
de la providencia al estimar que incurrió en un exceso ritual manifiesto,
desconoció el precedente constitucional relacionado con la agencia oficiosa y se
apartó injustificadamente de una decisión anterior proferida por esa misma
corporación judicial. No obstante, en el escrito de amparo no se expusieron
razones encaminadas a demostrar que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de fraude.
Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, «por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del
cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas»17.
En este orden de ideas, recuerda la Sala que es inaceptable que las decisiones
del juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma
naturaleza, pues con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia
del ordenamiento jurídico.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que los argumentos planteados por el actor en
su libelo no coinciden con alguno de los supuestos previstos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-627 de 201518, según la cual, la solicitud de
amparo constitucional es procedente de manera excepcionalísima cuando se
ataca una sentencia de tutela solo en los siguientes casos:
Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
Sin embargo, la Sala concluye que no se cumplen los supuestos que permiten
avalar la procedencia de la acción de tutela contra un fallo de la misma
naturaleza, toda vez que no se evidencia una situación fraudulenta en la
adopción de las decisión cuestionada.
Al respecto, de la revisión de la providencia censurada se advierte que el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión revocó el fallo de primera
instancia tras considerar que no se encontraba acreditada la legitimación en la
causa por activa de la agencia oficiosa, luego de analizar los presupuestos
exigidos para la procedencia de dicha figura dentro del trámite constitucional.
Tales conclusiones evidencian que la autoridad judicial accionada adoptó una
decisión sustentada en las consideraciones jurídicas y probatorias que estimó
aplicables al caso concreto, circunstancia que descarta, por sí sola, la existencia
de una actuación fraudulenta.
Por lo tanto, la simple discrepancia de la parte actora con la interpretación
efectuada por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión
respecto de la legitimación por activa y de los presupuestos de la agencia
oficiosa no resulta suficiente para habilitar el examen de fondo de una acción
constitucional promovida contra una sentencia de la misma naturaleza.
Finalmente, en atención a que no se reúnen los requisitos establecidos por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, para la procedencia
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Dianni Palacios Palacios
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03933-00
excepcional de la tutela contra tutela, la Sala concluye que la presente solicitud
debe declararse improcedente.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: TENER como acreditada la legitimación en la causa por activa de la
señora María Dianni Palacios Palacios, quien actúa en el presente trámite por
conducto de la señora Nayibe Quejada Bejarano, en calidad de agente oficiosa,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
la señora María Dianni Palacios Palacios contra el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Tercera de Decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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Demandante: María Dianni Palacios Palacios
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03933-00
Este documento fue firmado electrónicamente.
Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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