Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03934-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03934-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03934-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03934-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Nerio
Alexander Bastidas Padilla contra el auto proferido el 21 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander se abstuvo de imponer sanción por desacato contra la Jueza Décima Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta. Se niega el amparo por no
configurarse el defecto sustantivo alegado.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 22 de mayo de 2026, el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla presentó, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
“cumplimiento efectivo de los fallos judiciales”. Según el accionante, esas garantías
constitucionales fueron vulneradas por el auto proferido el 21 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el trámite del incidente de desacato
con radicado 54001-23-33-000-2026-00105-00.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al Acceso Efectivo a la
Administración de Justicia, al Debido Proceso y al Cumplimiento Efectivo de los
Fallos Judiciales.
2. SEGUNDA: DESCONOCER Y DEJAR SIN EFECTO el numeral 4° del Auto de
fecha 21 de mayo de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Auto que se abstiene de imponer sanción en incidente de
desacato / Defecto sustantivo / Se niega el amparo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03934-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
Santander dentro del trámite incidental con Radicado 54-001-23-33-000-2026-
00105-00, mediante el cual se ordenó el archivo definitivo de las diligencias.
3. TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que
reasuma de forma inmediata y prioritaria su competencia de verificación
consagrada en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, desplegando de forma
directa y proactiva todas las medidas administrativas y judiciales conducentes para
asegurar que el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cúcuta dé cumplimiento
integral y definitivo a la entrega de la información ordenada en la sentencia del 30
de abril de 2026, manteniendo abierto el expediente hasta que mi derecho se
encuentre plenamente restablecido2. (mayúsculas y negrillas del original)
B. Hechos
3.De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud
de amparo son los siguientes:
4. El accionante presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el
Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, por la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, petición y acceso a la
información pública.
4.1. En esa demanda de tutela, afirmó que solicitó una relación detallada de las
audiencias celebradas por el Juzgado accionado entre el 1º de mayo del 2024 y el 19 de
diciembre de 2025, en la que se especificara el lugar de conexión de las diligencias y
solicitó que se le remitieran copias de las constancias de aplazamiento. No obstante,
indicó que el 9 de febrero de 2026, el Juzgado negó dicha solicitud, pues si bien la
información no contaba con reserva legal, él no tenía competencia para auditar la labor
judicial.
4.2. Mediante sentencia del 30 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander resolvió:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso
a la información pública del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, por lo expuesto en
la parte motiva.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al Juzgado Décimo (10º) Penal del Circuito
de Cúcuta, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la presente providencia, proceda al suministro de información y entrega de
documentos pretendidos por el actor en la petición del 19 de diciembre del 2025,
teniéndose en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva.
Si la señora Jueza accionada al entregar la información encuentra que puede afectarse
el derecho a la intimidad de terceros, deberá abstenerse de revelar datos sensibles que
excedan la finalidad de la solicitud. (mayúsculas del original)
4.3. El Tribunal expuso que la información solicitada por el accionante no generaba la
vulneración del derecho a la intimidad de quienes participan en los procesos penales,
pues se solicitó una relación del número de audiencias celebradas en un periodo de
tiempo y cuáles fueron realizadas en la sede del despacho y cuáles no. Por ello, consideró
que la negativa emitida en la respuesta del 9 de febrero de 2026 por parte del Juzgado
2 Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03934-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
Décimo Penal del Circuito Judicial de Cúcuta con Función de Conocimiento transgredió
los derechos fundamentales del actor.
5. El 11 de mayo de 2026, la titular del Juzgado Décimo Penal del Circuito Judicial de
Cúcuta impugnó la decisión de primera instancia. El mismo día, el accionante presentó
un incidente de desacato en su contra, en el cual expuso que esa autoridad judicial no
dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 30 de abril de 2026.
6. Mediante auto del 11 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió el incidente de desacato en contra de Valentina Núñez Cardona, en
su condición de titular del Juzgado Décimo Penal del Circuito Judicial de Cúcuta y corrió
el traslado establecido en el artículo 1293 del Código General del Proceso.
7. En memorial del 15 de mayo de 2026, Valentina Núñez Cardona, en calidad de titular
del Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta contestó
el incidente de desacato e informó que no le había sido posible dar cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia de tutela, dada la complejidad y densidad de lo requerido.
7.1. Expuso que esa misma situación fue la razón por la cual impugnó la sentencia de
tutela y solicitó su revocatoria por temeridad o que, de manera subsidiaria, se ampliara el
término para su cumplimiento. Señaló que, para dar cumplimiento a la decisión y resolver
la solicitud del accionante, se requería ubicar 617 audiencias y relacionar la causa penal
a la que pertenecen, identificar su radicado, fecha y hora exacta de inicio, así como
precisar si se realizó dentro o fuera del despacho judicial.
7.2. Añadió que el despacho desconocía cuáles eran las 617 audiencias con exactitud,
pues esa cantidad surgió de una información suministrada por el Área de Soporte de
Grabaciones de la Rama Judicial, a una petición que el accionante presentó, por lo que
se encontraba a la espera de que esa dependencia le suministrara una respuesta con el
fin de poder continuar con la relación de las audiencias.
8. Mediante auto del 21 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander (i) se abstuvo de imponer sanción por desacato en contra de Valentina Núñez
Cardona, en calidad de titular del Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cúcuta; (ii) la exhortó para que continuara efectuando las diligencias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la sentencia de tutela del 30 de abril de 2026 y
(iii) archivó el incidente de desacato.
3 “Artículo 129. Proposición, trámite y efecto de los incidentes. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que
pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer.
Las partes solo podrán promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente
promovido por una parte se correrá traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán
las pruebas necesarias.
En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por tres (3) días,
vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes
y las que de oficio considere pertinentes.
Los incidentes no suspenden el curso del proceso y serán resueltos en la sentencia, salvo disposición legal en contrario.
Cuando el incidente no guarde relación con el objeto de la audiencia en que se promueva, se tramitará por fuera de
ella en la forma señalada en el inciso tercero.”
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
8.1. El Tribunal señaló, en primer lugar, que la Juez Décima Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cúcuta no ha cumplido de manera objetiva la sentencia del
30 de abril de 2026, pues no suministró al accionante la información y documentación
requerida por el actor el 19 de diciembre de 2025.
8.2. Frente a la responsabilidad subjetiva de Valentina Núñez Cardona, indicó que el
incumplimiento de la sentencia de tutela no se derivó de una actitud negligente o
caprichosa de la funcionaria para evadir la orden impuesta, sino que, por el contrario,
realizó acciones para obtener la información a la que hace alusión el actor en su petición
y remitírsela, lo cual se evidenció del correo electrónico enviado por ella el 13 de mayo
de 2026, en el cual le solicitó al área de soportes de grabaciones de la Rama Judicial la
identificación de las 617 audiencias.
C. Fundamentos de la vulneración
9. El accionante afirma que, en el auto del 21 de mayo de 2026 la autoridad judicial
accionada incurrió en violación del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 4, toda vez que
se desnaturalizaron las facultades del juez de tutela. Afirma que, si bien el incidente de
desacato evalúa la responsabilidad subjetiva para sancionar al funcionario, el juez no
puede “archivar un proceso de tutela dejando la orden judicial en el libro y el derecho
fundamental desprotegido”.
9.1. Expone que, al proferir el archivo definitivo del incidente de desacato sin haberse
logrado el suministro efectivo de la información requerida, el Tribunal accionado vulneró
su derecho “al cumplimiento efectivo de los fallos judiciales”.
10. Señala que se vulneró la seguridad jurídica y la confianza legítima en las decisiones
judiciales, toda vez que la sentencia de tutela del 30 de abril de 2026 otorgó un término
perentorio de 48 horas para su cumplimiento, por lo que, si consideraba que no era
materialmente viable debido a la complejidad de clasificar y rastrear 617 audiencias,
debió realizar dicha ponderación fáctica en la motivación de la sentencia.
10.1. Textualmente, indica:
Permitir que un funcionario judicial desconozca unilateralmente el plazo fijado en una
orden perentoria y que posteriormente el órgano judicial de control convalide dicho actuar
archivando las diligencias sin que la orden se materialice, pulveriza la seguridad jurídica
y la confianza legítima de los ciudadanos en los fallos de la República. El archivo
definitivo del incidente frustra el fin principal de la acción constitucional: la protección
inmediata y efectiva de las garantías fundamentales.
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“Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras
cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y
adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato
al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
D. Trámite procesal
11. Mediante auto del 27 de mayo de 20265, se admitió la demanda de tutela y se notificó
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander como autoridad judicial accionada y al
Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta como tercero
con interés.
E. Oposiciones e intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander6 (accionado) solicitó que se
declarara la improcedencia de la demanda de tutela o, en su defecto, que se negara el
amparo. Afirmó que la parte actora no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional toda vez que no identificó de forma razonable los yerros en los que incurrió
el Tribunal al abstenerse de sancionar por desacato y ordenar el archivo.
13. El Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta7
(tercero con interés) expuso que la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, pues si bien se abstuvo de imponer sanción en contra de
la titular del Juzgado, se exhortó el cumplimiento de lo ordenado.
13.1. Afirmó que “expresaba su preocupación frente a la situación que se presenta con el
aquí tutelante, pues esto solo es una evidencia de una reiteración sistemática de
actuaciones administrativas y judiciales en su contra”.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
15. La Sala negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
accionante, porque no encuentra configurado el defecto sustantivo en el auto proferido el
21 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
5 Índice 5 del expediente digital en Samai.
6 Índice 11 del expediente digital en Samai.
7 Índice 13 del expediente digital en Samai.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
H. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia que resuelve incidente
de desacato
16. La demanda que presentó la parte actora resulta procedente para cuestionar vía
acción de tutela la providencia que resolvió un incidente de desacato, debido a que (i) la
decisión que puso fin al trámite incidental se encuentra ejecutoriada; (ii) se acreditaron
los requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela contra providencias
judiciales, en particular, debido a que la discusión que propone la accionante trasciende
la mera inconformidad con la decisión adoptada, pues está orientada al contenido,
alcance y protección de sus derechos fundamentales y (iii) existe identidad entre los
argumentos expuestos en el trámite constitucional y en el curso del incidente de desacato.
I. Requisitos generales de procedibilidad
17. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) el accionante
identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los
derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) el accionante utilizó los
mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede ningún
recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a
la notificación de la providencia cuestionada8; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por
presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser propuestos en
el curso del proceso ordinario debido a que se cuestiona el auto que se abstuvo de abrir
incidente de desacato y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela, sino
del trámite incidental de desacato.
J. Requisitos específicos de procedibilidad de los reparos contra la providencia
judicial invocados en la demanda de tutela
18. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de
la acción de tutela contra el auto proferido el 21 de mayo de 2026, mediante el cual el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander se abstuvo de imponer sanción por
desacato en contra de la titular del Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cúcuta.
19. La parte actora afirma que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, debido proceso y “cumplimiento efectivo de los
fallos judiciales”. Aunque no alegó la configuración específica de ningún defecto, lo cierto
es que sus argumentos se encuadran en un defecto sustantivo, por cuanto alega el
desconocimiento del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos de ese defecto con el propósito de determinar
el objeto de la litis.
8 La providencia se notificó por correo electrónico el 22 de mayo de 2026 y la solicitud de amparo se presentó el mismo
día.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
20. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional9 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.
20.1. La jurisprudencia constitucional10 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.
K. El caso concreto
21. La Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto no omitió la aplicación del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
Por el contrario, el Tribunal accionado dio aplicación a la normatividad y jurisprudencia
relativa al incidente de desacato.
22. El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 dispone:
Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis
meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya
se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse la sanción.
23. La jurisprudencia de la Corte Constitucional11 ha establecido que el incidente de
desacato, con fundamento normativo en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991,
es uno de los instrumentos jurídicos existentes para “propiciar el cumplimiento de los
fallos de tutela”. La Corte estableció que, si bien una de las consecuencias derivadas del
trámite incidental es la imposición de sanciones por el incumplimiento de la sentencia, su
propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada.
24. Además, señaló que, al momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad
judicial debe tener en cuenta si concurren factores objetivos y/o subjetivos determinantes
para valorar el cumplimiento de la orden de tutela. Expresamente, dispuso:
En esa misma oportunidad, la Corte también expuso que, al momento de resolver un
incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren
9 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Corte Constitucional, sentencia T-029 de 2025, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03934-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una
orden de tutela por parte de su destinatario.
Entre los factores objetivos pueden tomarse en cuenta variables como (i) la imposibilidad
fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden
impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de
las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado
para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la
ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.
Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i)
la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las
órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al cumplimiento.
Vale anotar que los factores señalados son enunciativos, pues, en el ejercicio de la
función de verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que
le permitan evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras
dispuestas en el fallo de tutela (…)
25. A su vez, en la sentencia T-271 de 201512 –citada por la autoridad judicial accionada
en la providencia cuestionada–, el Tribunal indicó que, si bien el artículo 27 del Decreto
2591 de 1991 no establecía la valoración de la responsabilidad subjetiva al momento de
decidir sobre el incidente de desacato, esta hace parte de los elementos que debe
estudiar el juez, de conformidad con la reiterada jurisprudencia proferida por dicha
Corporación. La sentencia T-171 de 200913 estableció:
constituye un deber ineludible del juez constitucional verificar si efectivamente existió
incumplimiento parcial o integral de la orden proferida por la sentencia de tutela, con lo
cual, una vez precisada la anterior situación tiene la obligación de indagar cuáles fueron
las razones por las que el accionado no cumplió con la decisión tomada dentro del
proceso; lo anterior a fin de establecer cuáles son las medidas necesarias para proteger
efectivamente los derechos fundamentales invocados.
(…) el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber constitucional
de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la
responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del
proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido
fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho
del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a
partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál
debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos.
(…) al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades
disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes
en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En
este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la
orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado,
es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del
fallo, quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del
incumplimiento (…)
Entonces, entiende la Sala de Revisión que para sancionar por desacato en materia de
tutela es indispensable que el juez establezca si el sujeto obligado ha adoptado alguna
conducta positiva o negativa de la cual pueda inferirse que ha actuado con el ánimo
(culpa o dolo) de evadir los mandatos de una autoridad judicial o si, por el contrario, ha
obrado de buena fe. La simple constatación del incumplimiento sin haber escudriñado
las razones y circunstancias que le propiciaron, no puede devenir en una sanción por
12 Corte Constitucional, sentencia T-271 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03934-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
desacato, debido a que ello constituiría una responsabilidad objetiva del sujeto obligado,
concepto que está prohibido por el texto superior.
26. En la demanda de tutela, el accionante afirma que, si bien el incidente de desacato
evalúa la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) para sancionar al funcionario, “el juez
bajo ninguna circunstancia puede archivar un proceso de tutela dejando la orden judicial
en el limbo y el derecho fundamental desprotegido”. Además, señala que archivar de
manera definitiva el incidente de desacato, sin que se hubiese cumplido la orden de la
sentencia de tutela, transgrede su derecho “al cumplimiento efectivo de los fallos
judiciales”, por cuanto el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 ordena mantener la
competencia “hasta que el derecho esté completamente restablecido”.
27. No obstante, la Sala reitera que la autoridad judicial accionada aplicó de manera
razonable la normatividad y la jurisprudencia relacionadas con la responsabilidad
subjetiva en el incidente de desacato. Al respecto, el Tribunal afirmó que, si bien la Juez
Décima Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta no cumplió con la
totalidad de aquello que le fue ordenado en la sentencia del 30 de abril de 2026, por
cuanto no había suministrado la información y la documentación requerida por el
accionante, dicha omisión no devino de una actitud negligente o caprichosa de la
funcionaria judicial.
28. La accionada precisó que realizó acciones tendientes a obtener la información a la
que hizo alusión el actor en su petición. Para el efecto, mediante correo electrónico del
13 de mayo de 2026, la Juez Décima Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Cúcuta le solicitó al área de soportes de grabaciones de la Rama Judicial “la identificación
de las 617 audiencias mencionadas en el informe técnico del 30 de enero de la anualidad
igualmente adjunto”.
29. En consecuencia, el Tribunal accionado se abstuvo de imponer sanción contra la
titular del Juzgado, en tanto el incumplimiento no se calificó como dolo o culpa. No
obstante, exhortó a la señora Valentina Núñez Cardona, en su calidad de Jueza Décima
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, para que continúe efectuando
las diligencias que sean necesarias, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia de tutela del 30 de abril de 2026.
30. De conformidad con lo expuesto, la Sala no advierte vulneración alguna a los
derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que el Tribunal accionado
verificó el incumplimiento objetivo de la sentencia del 30 de abril de 2026, pero evidenció
que este no obedeció a dolo o culpa de la obligada y, por el contrario, la Jueza demostró
haber realizado acciones positivas encaminadas al cumplimiento.
31. En ese sentido, en aplicación a la jurisprudencia constitucional, la autoridad judicial
accionada sostuvo, de manera adecuada, que no se demostró la responsabilidad
subjetiva de la Juez, por lo que no había lugar a imponer sanción alguna.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03934-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
32. En todo caso, se precisa que, si bien en el auto del 21 de mayo de 2026 el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió “archivar el presente incidente”, ello no implica que
el accionante no pueda presentar nuevos incidentes de desacato, como efectivamente lo
realizó durante el trámite de la presente acción de tutela. Máxime si se tiene en cuenta
que el Tribunal accionado exhortó a la señora Valentina Núñez Cardona, en su calidad
de Jueza Décima Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, para que
continúe efectuando las diligencias que sean necesarias, a fin de dar cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia de tutela del 30 de abril de 2026.
33. Al respecto, la Corte Constitucional14 ha establecido que, de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el beneficiario de una orden emitida en una sentencia de
tutela puede solicitar su cumplimiento, de manera simultánea o sucesiva, por medio del
trámite de cumplimiento y/o la sanción a la autoridad incumplida mediante el incidente de
desacato, la cual debe ser tramitada ante el juez que conoció la acción de tutela en
primera instancia.
34. En todo caso, la Sala no pasa por alto que, de la revisión oficiosa del expediente con
radicado 54001-23-33-000-2026-00105-00, se evidenció que, el 23 de junio de 2026 el
accionante presentó un nuevo incidente de desacato, el cual fue resuelto mediante auto
del 7 de julio de 2026, en el cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se
abstuvo de imponer sanción por desacato contra la Jueza Décima Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cúcuta, toda vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia de tutela proferida el 30 de abril de 2026.
35. En esa providencia, el Tribunal accionado afirmó que la Jueza le suministró al
accionante la información y documentación requerida en la petición presentada el 19 de
diciembre de 2025, que fue objeto de protección en la referida sentencia de tutela.
36. Así las cosas, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales invocados
por el accionante, por no encontrar configurado el defecto sustantivo alegado en la
demanda de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
14 Corte Constitucional, auto 237 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03934-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se niega el amparo
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
11
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