Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03935-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03935-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03935-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03935-00
Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin
dilaciones injustificadas / Impulso procesal en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Astrid de los Milagros Barraza Mora, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Astrid de los Milagros Barraza Mora promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la mora en que ha podido incurrir el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A para decidir, en segunda instancia, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-23-33-000-
2020-00382-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra de la Procuraduría General de la Nación con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le impuso y
confirmó sanción consistente en destitución e inhabilidad general por diez (10) años,
para ejercer cargos públicos.
1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_TutelaAstridBarraza(.pdf)
NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
2.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 14 de octubre de 2022
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En contra de esta decisión
ambas partes presentaron recurso de apelación.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en providencia del
24 de octubre de 2024 admitió el recurso de apelación. Posteriormente, mediante
constancia secretarial del 19 de noviembre de 2024, el asunto subió al despacho
para proferir sentencia
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la falta de impulso procesal en el referido medio de control, pues desde
el 19 de noviembre de 2024 el asunto se encuentra al despacho para proferir
sentencia de segunda instancia. Razón por la cual, han transcurrido más de 17
meses, sin que se haya proferido decisión de fondo, pese a su baja complejidad.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se AMPAREN los derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia (art. 229 C.P.), al debido proceso y garantía del plazo
razonable (art. 29 C.P.), a la igualdad en la aplicación judicial de la ley (art. 13 C.P.) y a los
derechos políticos a ser elegida y a acceder a cargos públicos (art. 40 C.P.), en conexidad
con los artículos 8.1, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
vulnerados por la mora judicial injustificada del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso Rad. 08001-23-33-000-2020-
00382-01 (0812-2023). En consecuencia, que se ORDENE al despacho accionado proferir
la sentencia de segunda instancia en el referido proceso dentro del plazo perentorio que el
Honorable Magistrado fallador estime razonable, con prelación en el turno de fallo respecto
de los demás expedientes del despacho cuyo estado procesal y calendario de decisión sea
equivalente, y en observancia del principio de celeridad reforzada que impone la afectación
de derechos políticos fundamentales.
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. En caso de que el juez constitucional estime que
las circunstancias del despacho hacen inviable la prelación en el turno, que se ORDENE al
despacho accionado proferir la sentencia de segunda instancia dentro del término prudencial
que el propio fallador determine, con la obligación de informar al juez de tutela, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del fallo, el cronograma proyectado para el
pronunciamiento de fondo y las razones que justifican el tiempo estimado.
SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. En el evento de que el juez constitucional
considere que los presupuestos de la mora injustificada no están suficientemente
acreditados, que se ORDENE al despacho accionado rendir informe, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación del fallo de tutela, sobre el estado actual del expediente, la
existencia o inexistencia de actuaciones posteriores al 19 de noviembre de 2024, y el
cronograma proyectado para el pronunciamiento de fondo, con remisión al juez
constitucional para seguimiento. […]» [sic].
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Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 2 requirió que se
negara la solicitud de amparo por cuanto no se configuró una mora judicial injustificada,
pues el proceso de la referencia ingresó al despacho para fallo el 19 de noviembre de
2024 y, a la fecha, se encuentra en el turno 182 para proferir sentencia, de conformidad
con el orden cronológico al que se refiere el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
4.1. La actuación se encuentra sometida al sistema de turnos y a la carga de trabajo
existente en el despacho, circunstancias que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido como criterios válidos para descartar la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso por mora judicial.
5. La Procuraduría General de la Nación3 solicitó su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la petición de
tutela se dirige exclusivamente contra la Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por lo que carece de competencia para pronunciarse sobre las
pretensiones formuladas, pues hacerlo implicaría exceder el ámbito de sus atribuciones
legales, máxime cuando ninguna de ellas se encuentra dirigida en su contra.
6. El Tribunal Administrativo del Atlántico guardó silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) determinación del problema jurídico; iv) procedencia de la
solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de justicia y del debido
proceso sin dilaciones injustificadas; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 20214 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2 Ver índice 9 de Samai, actuación denominada
«8CONTESTACIONDE_INTERLOCUT_202603935informedetu(.pdf) NroActua 9».
3
Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «8_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
2CONTESTACIONA(.pdf) NroActua 11».
4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
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2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
10. La Corte Constitucional5 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental6. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”7, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los
de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar
primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar
el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones
plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”8 Ello obliga, por
tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda
de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de
las garantías procesales de quien es demandado. […]».
11. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación del asunto al
considerar que no se le atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la
petición de amparo.
12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue
en calidad de tercera con interés, al ser la entidad demandada dentro del medio de
control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción,
razón por la cual se negará su solicitud.
5 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
7 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
2.3. Problema jurídico
13. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de Astrid
de los Milagros Barraza Mora con ocasión de la mora en que ha podido incurrir para
proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-23-33-000-2020-
00382-01?
2.4. Procedencia de la solicitud de tutela
14. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
15. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia9, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas
16. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 10,
pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia
imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se
puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la
dignidad humana.
17. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de
naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos
los habitantes del país.
9 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
10 Artículo 2 de la Constitución Política
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Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
18. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional11:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a
la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta
Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional
le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental
de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido
proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y
la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un
amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes
ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se
concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los
instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».
19. Por su parte, tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y
analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las
partes, como el debido proceso.
20. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.
21. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las
personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica
a las controversias sociales.
22. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
11 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de
ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente,
pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren
suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada
caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez,
existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.
23. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por
el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial
tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales
para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias
de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o
decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente
justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.
24. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.
2.5. Análisis de la Sala
25. Astrid de los Milagros Barraza Mora promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordene al Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A proferir sentencia de segunda instancia en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 08001-23-33-000-2020-00382-01.
26. De conformidad con la información registrada en Samai12, se destacan las
siguientes actuaciones:
26.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra de la Procuraduría General de la Nación con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le impuso y
confirmó sanción consistente en destitución e inhabilidad general por diez (10) años,
para ejercer cargos públicos.
26.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 14 de octubre de
2022 resolvió:
12 Ver en Samai el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
08001-23-33-000-2020-00382-00/01.
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Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
26.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 19 de enero de
2023 resolvió:
26.4. El 14 de febrero de 2023 fue radicado el proceso ante el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
26.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en providencia del
16 de marzo de 2023 corrió traslado de la solicitud de medida cautelar que presentó
Astrid de los Milagros Barraza Mora, por el término de cinco (5) días, para que la
entidad demandada se pronunciara.
26.6. En providencia del 30 de mayo de 2023 decidió:
«[…] Denegar i) la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos
de los fallos del 11 de julio y 16 de diciembre de 2019, proferidos por la Procuraduría
Provincial de Santa Marta y la Procuraduría Regional del Magdalena, en primera y
segunda instancia, respectivamente, por medio de los cuales se declaró la
responsabilidad disciplinaria de la señora Astrid de los Milagros Barraza Mora y se le
impusieron las sanciones de destitución e inhabilidad general por 10 años; y ii) las
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Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
peticiones encaminadas a dejar sin efectos la mencionada sanción de inhabilidad,
restituir a la demandante al cargo de concejal y suspender «los debidos reportes y
antecedentes», con fundamento en las razones esbozadas previamente […]».
26.7. En providencia del 15 de junio de 2023 admitió «el recurso de apelación
interpuesto por la demandada, Procuraduría General de la Nación, contra la sentencia del
14 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico ».
26.8. En providencia del 29 de febrero de 2024 se requirió «al abogado Pedro Agustín
Triana Martínez, para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación
de esta providencia, allegue el poder y/o sustitución que acrediten la calidad con la que actúa».
26.9. En providencia del 24 de octubre de 2024 se admitió «el recurso de apelación
adhesiva interpuesto por la demandante, Astrid de los Milagros Barraza Mora, contra la
sentencia del 14 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico».
26.10. El 20 de noviembre de 2024 el expediente paso al despacho para sentencia.
26.11. Registra como últimas actuaciones de Samai, las siguientes:
27. A juicio de la Sala, de acuerdo con el tiempo que ha trascurrido desde que el
asunto fue radicado ante el superior jerárquico, se observa que se ha tramitado de
manera diligente desde que se admitieron los recursos de apelación dadas las
particularidades que se han presentado como lo son las sustituciones de poder y de
medida cautelar. Tan es así, que actualmente, el proceso se encuentra al despacho
para proferir sentencia.
28. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A para proferir sentencia de
segunda instancia en el medio de control en cuestión, se recuerda que no todo
incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues solo
la tardanza injustificada acarrea su desconocimiento, lo cual no es predicable en el
presente caso como quedó demostrado.
29. Además, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial
demandada en su informe, se ha respetado el sistema de turnos para proferir sentencia
ordinaria, así:
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Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
«[…] Al respecto, se advierte que el proceso de la referencia ingresó al despacho para fallo
el 19 de noviembre de 2024 y que, a la fecha, se encuentra en el turno 182 para proferir
sentencia, de conformidad con el orden cronológico al que se refiere el artículo 18 de la Ley
446 de 1998.
En ese contexto, no se configura una mora judicial injustificada, pues la actuación se
encuentra sujeta al sistema de turnos y al volumen de procesos pendientes de decisión,
circunstancia que ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional como un criterio
válido para descartar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por retardo
judicial. […]» [sic].
30. Lo anterior es importante referirlo, en la medida que si bien la Corte
Constitucional ha considerado que la mora judicial injustificada se configura cuando «(i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»13.
31. Lo cierto es que también «ha reconocido la realidad del país en materia de congestión
del sistema judicial y el exceso de las cargas laborales. Este tribunal es consciente que, en la
mayoría de los casos, el represamiento de procesos “no permite a los funcionarios cumplir con
los plazos legalmente establecidos”»14. Razón por la cual, resulta claro que si bien el
expediente ingresó al despacho en el 2024 también lo es que existen asuntos
pendientes de decisión con ingreso anterior, por lo que resulta ajustado a derecho que
la autoridad judicial respete el sistema de turnos, pues el mismo es garantía del derecho
a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia. Tal y como lo ha
referido la Corte Constitucional15:
«el sistema de turnos ideado por el legislador, “garantiza la igualdad, el debido proceso y la
efectividad de acceso a la administración de justicia, al paso que contribuye a racionalizar la
prestación del servicio de administrar justicia.
[…]
frente a la mora judicial justificada, según las circunstancias del caso, es posible (i) negar la
violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
sometiendo al interesado al sistema de turnos».
3. Decisión
32. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de los
derechos fundamentales invocados por Astrid de los Milagros Barraza Mora en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
33. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
13 Ver sentencias T-230 de 2013, T-186 de 2017, T-052 de 2018, entre otras.
14Ver sentencias SU-394 de 2016, T-099 de 2021, entre otras.
15 Ver sentencias T-220 de 2007, T-230 de 2013, entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03935-00
Demandante: Astrid de los Milagros Barraza Mora
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Procuraduría General de la Nación.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Astrid de los
Milagros Barraza Mora en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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