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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03937-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03937-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor José Arturo Mórtigo Pinzón, conforme a lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03937-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03937-00
Accionante: JOSÉ ARTURO MÓRTIGO PINZÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia judicial / Niega – no se configuran los defectos invocados,
pues el juez de la insistencia ponderó los derechos en tensión y justificó la restricción
impuesta al accionante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se negará a la solicitud de amparo, pues el Tribunal consideró justificada la
restricción de acceso a la información impuesta al accionante, tras concluir que la
divulgación de los datos requeridos podría causar un daño presente, probable y
específico a bienes constitucionalmente protegidos de terceros.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 22 de mayo de 2026, el señor José Arturo Mórtigo Pinzón presentó
demanda de tutela para la protección de sus derechos fundamentales de acceso a
la información, de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Atribuyó la vulneración a la sentencia del 17 de abril de 2026, proferida por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el proceso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-00473-00. La
acción también se dirigió contra el Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT
2.0 S.A.S.

Hechos relevantes

3. El accionante solicitó a la Concesión RUNT 2.0 S.A.S. una «certificación»
sobre el número de placa y el organismo de tránsito al que se encuentran inscritos
los vehículos registrados a nombre de siete ciudadanos, con el fin de «obtener (…)
el correspondiente certificado de traición y/o historial vehicular para los fines a que
haya lugar».

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03937-00
Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón

4. El centro de información de la Concesión negó la solicitud, pues recae sobre
información personal de terceros, cuya entrega está condicionada a la existencia
del consentimiento previo, expreso e informado o a que el requerimiento provenga
de una entidad pública, administrativa o judicial.

5. El señor Mórtigo Pinzón presentó recurso de insistencia. Consideró que la
respuesta invocó reserva legal de manera genérica, sin fundamento legal ni
justificación ponderada sobre la afectación de derechos a terceros. Además, no se
analizó la entrega parcial o anonimizada de la información.

6. Por oficio del 19 de marzo de 2026, la sociedad Concesión RUNT 2.0 S.A.S.
remitió el recurso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

7. En sentencia del 17 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal declaró bien denegado el acceso a los datos pedidos, por considerar
que están sometidos a reserva legal conforme a los literales a) y b) del artículo 18
de la Ley 1712 de 2014, al ser información personal que solo puede solicitar su
titular o una persona expresamente facultada. Además, la entrega de información
íntima y privada de terceros podría crear un riesgo a su vida, integridad y seguridad,
considerando la existencia de actores armados ilegales y las condiciones de
seguridad del país.

Pretensiones

8. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin
efectos la providencia del 17 de abril de 2026 y ordenar al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que dicte una decisión de reemplazo.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La sentencia que se cuestiona adolece de defecto sustantivo por
interpretación extensiva y desproporcionada de las causales de reserva previstas
en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. El análisis se basó en una presunción
general de peligrosidad fundada en hipótesis.

10. Además, la autoridad judicial accionada se abstuvo de analizar la solicitud a
la luz de las normas que prevén que la información del Registro Único Nacional de
Tránsito es pública y que habilitan a cualquier ciudadano a pedir el certificado de
tradición o historial de un vehículo.

11. La providencia adolece de falta de motivación o motivación aparente,
pues no se realizó un juicio estricto de ponderación que relacionara «pruebas
objetivas el daño probable». La autoridad judicial accionada también se abstuvo de
justificar la inaplicación del principio de divisibilidad previsto en la Ley 1712 de 2014.

12. La decisión viola directamente la Constitución por desconocimiento del
principio de publicidad, pues no es razonable afirmar que el acceso a la placa de un

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Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón

vehículo constituya una amenaza para la seguridad, cuando opera como criterio de
consulta registral ante organismos de tránsito.

Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del 25 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT
2.0 S.A.S. y vinculó a los terceros con interés.

14. Solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca copia
del expediente de la insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-00473-00.

Intervenciones

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca1 solicitó negar la solicitud de
amparo, pues la decisión se fundó en un juicio de ponderación que privilegió la
protección a la eventual afectación del derecho a la vida, integridad y seguridad de
los terceros sobre quienes recaía la petición.

16. En este caso la información no es divisible, porque la petición identificó de
forma plena a los ciudadanos respecto de quienes se requirió exponer la placa de
los vehículos. El accionante pretende proponer nuevamente la cuestión de si la
información que solicitó se encuentra sujeta o no a reserva, porque está inconforme
con el sentido de la decisión.

17. El Ministerio de Transporte2 indicó que la tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues el accionante pretende que el juez de tutela ejerza
las funciones del juez natural. Además, alegó que carece de legitimación porque la
demanda cuestiona únicamente la providencia que resolvió el recurso de
insistencia.

18. La Consesión RUNT 2.0 S.A.S.3 consideró que sobre el asunto recae cosa
juzgada material, porque el juez natural negó el recurso de insistencia que el actor
formuló y la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo para reiterar
la controversia.

19. Aseguró que no pretende negar el acceso, sino que el solicitante acredite las
exigencias que, por la naturaleza de la información, la ley le impone. Por ejemplo,
el consentimiento del titular o el requerimiento de una autoridad administrativa o
judicial.

1 Samai, índice 11.
2 Samai, índice 13.
3 Samai, índice 14.

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Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón

20. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca4 remitió
copia del expediente del recurso de insistencia objeto de esta acción.

21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.

III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela, conforme a
los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con
el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta
Corporación.

Problema jurídico
23. La Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

24. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si la
providencia del 17 de abril de 2025 adolece de los defectos invocados, por declarar
bien denegado el acceso a la información sobre la placa de los vehículos registrados
a nombre de determinadas personas, al considerar que aquella está sujeta a reserva
legal.

Análisis de los requisitos de procedibilidad

25. El accionante está legitimado para presentar la tutela, pues fue el recurrente
en el proceso de insistencia que dio origen a esta acción. La Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene legitimación
por pasiva, porque profirió la providencia a la que se le atribuye la vulneración.

26. La tutela satisface el requisito de inmediatez, pues la providencia se dictó el 17
de abril de 2026, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 22 de mayo del
año en curso. La tutela también satisface el requisito de subsidiariedad, porque el
trámite de la insistencia es de única instancia.

27. La acción reviste relevancia constitucional, pues se discute la vulneración de
derechos fundamentales, bajo argumentos que advierten sobre una indebida
interpretación y aplicación de las causales de reserva previstas en el artículo 28 de
la Ley 1712 de 2014, así como de la negación de acceso a la información a partir
de un juicio de ponderación carente de rigidez.

Estudio de los defectos atribuidos a la sentencia del 17 de abril de 2026

28. El accionante considera que la autoridad judicial accionada interpretó de
manera extensiva las causales que sustentan la reserva, para efectuar un juicio de

4 Samai, índice 12.
5 En sentencia T-482 de 2024, la Corte Constitucional consideró que «la decisión adoptada en el
trámite del recurso de insistencia tiene carácter jurisdiccional».

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Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón

ponderación de derechos basado en una presunción general de riesgo sin respaldo
probatorio objetivo, en perjuicio de los principios de publicidad y divisibilidad.

29. La Corte Constitucional6 reconoce que el acceso a la información es un derecho
fundamental que goza de especial protección jurídica. Mientras que su acceso es la
regla general, la restricción tiene carácter excepcional y solo procede bajo causales
expresamente previstas en la ley.

30. En reciente jurisprudencia de unificación, la Corte Constitucional7 precisó que
el artículo 28 de la Ley 1712 de 2024 impone una estricta carga de justificación para
negar el acceso a la información pública, que implica que las autoridades no pueden
limitarse a invocar de manera genérica la reserva, sino que deben sustentarla con
argumentos claros, concretos y suficientes.

31. La Corte también indicó que esta disposición incorpora el denominado «test del
daño», conforme al que el sujeto obligado debe demostrar: (i) que la información es
de naturaleza reservada o clasificada y; (ii) que su divulgación ocasionaría un daño
presente, probable y específico que supere el interés público de acceder a ella.

32. Este ejercicio de ponderación recae, en principio, sobre el sujeto obligado, quien
debe justificar rigurosamente tanto la naturaleza reservada de la información como
el daño que generaría su divulgación. Sin embargo, cuando dicha carga no se
cumple y surge una controversia judicial, corresponde al juez constitucional aplicar
la prueba del daño y valorar los derechos en tensión para determinar si procede el
acceso.

33. Revisada la providencia que se cuestiona, la Sala estima que no adolece de los
defectos que el actor invocó. La decisión está debidamente motivada y sustentada
en las causales legales que justifican la reserva, así como en el resultado de un
juicio de ponderación que se apega a la metodología exigida por la Corte
Constitucional para abordar el análisis de asuntos similares.

34. La autoridad judicial accionada concluyó que la solicitud comprometía la
privacidad e intimidad de las personas, información que, conforme al artículo 24.3
de la Ley 1755 de 2015, solo puede ser solicitada por su titular o por un tercero
expresamente facultado. Como el actor no acreditó ninguna de esas calidades, el
Tribunal consideró que, dado el contexto social y las condiciones de conflicto interno
del país, la entrega de dicha información podría generar un riesgo desproporcionado
a la vida, la integridad personal y la seguridad de los particulares involucrados.

35. El deber de ponderación exigido por la Corte supone el ejercicio valorativo de
las circunstancias particulares del caso para determinar el daño eventual que podría
causar la divulgación de la información frente a la restricción del acceso. Sin
embargo, no exige, como prende el actor, la acreditación probatoria del daño

6 Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
7 Sentencia SU-328 de 2025, M.P. Natalia Ángel Cabo. Criterio reiterado en Sentencia SU-018 de
2026, M.P. Lina Marcela Escobar Martínez.

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Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón

causado, toda vez que la ponderación se proyecta sobre un riesgo eventual o
probable, y no sobre un perjuicio ya consumado.

36. Tampoco se advierte que la autoridad haya desconocido el principio de
divisibilidad de la información, pues el actor pretendía obtener una constancia
relacionada con las placas de vehículos inscritos a nombre de determinadas
personas. Es decir, la información solicitada es inescindible y, por ende, no es
susceptible de fragmentación o anonimización sin comprometer los derechos
protegidos por la reserva.

37. El actor consideró que el Tribunal omitió valorar sistemáticamente las normas
que disponen que la información del RUNT pública, pero desconoce que la razón
de negar el acceso consistió en que la solicitud involucra datos personales e
información sensible y que fue justamente esa tensión la que se resolvió con la
ponderación.

38. La Sala también estima infundado el alegato sobre la irracionabilidad de la
restricción por ser la placa un criterio de consulta ante organismos de tránsito, pues
el hecho de que ese dato sea un criterio para consultar bases oficiales no implica
que cualquier persona tenga derecho a obtener la información asociada él, pues
admitirlo implicaría desconocer la posible afectación de derechos de terceros o la
creación de un riesgo desproporcionado en perjuicio de su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor José Arturo
Mórtigo Pinzón, conforme a lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03937-00
Accionante: José Arturo Mórtigo Pinzón

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

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