RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03940-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03940-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03940-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez. Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00 Accionante: Rafael Antonio Gil Morales Se declara la improcedencia de la demanda TECERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03940-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por Rafael
Antonio Gil Morales en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (antes CAJANAL) y las sentencias
proferidas el 15 de julio de 2011 y 21 de febrero de 2012 por el Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y las sentencias proferidas el 15 de
julio de 2011 y el 21 de febrero de 2012 por el Juzgado Tercero Administrativo de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente, mediante las cuales
se negaron las pretensiones de su demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la Caja Nacional de Previsión Social
(ahora UGPP) con el fin de que se le reconociera y pagara la pensión de jubilación
gracia. Se declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de
inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 22 de mayo de 2026, Rafael Antonio Gil Morales presentó demanda en ejercicio
de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
vida, salud, trabajo, honra, dignidad humana, debido proceso y familia, los cuales a su
juicio, fueron vulnerados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (antes CAJANAL) y las sentencias
proferidas el 15 de julio de 2011 y 21 de febrero de 2012 por el Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se
negó las pretensiones de la demanda y se confirmó la decisión de primera instancia,
respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm.

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Falta de inmediatez/ Reconocimiento

pensión de jubilación gracia / Personal nacional o nacionalizado

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

50001-33-31-003-2007-00201-00/01.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación2:

En consecuencia y con el debido respecto a todas y cada una de las Instituciones y
Autoridades Colombianas, especialmente a Ustedes, honorables Magistrados del
Consejo de Estado, me permito solicitar mediante la PRESENTE QUEJA, para que
exista una intervención ante CAJANAL, ahora UGPP, tendiente a la valoración de mi
proceso, que tenga como resultado el análisis y la valoración de cada una de mis
pruebas documentales, testimoniales y magnéticas, siempre referidas en más de 25
años de reclamación e insistencia y que tengan como resultado final y en su defecto:
LA INDEMNIZACIÓN DE MIS PERJUICIOS, DE MÁS DE 25 AÑOS DE RECLAMACIÓN
O LA INCLUSIÓN EN NÓMINA DE PENSIÓN GRACIA POR DERECHO ADQUIRIDO Y
POR DERECHO A LA IGUALDAD.3

En síntesis y conforme a lo expresado en este documento, solicito respetuosamente
amparar cda [sic] uno de mis derechos fundamentales y constitucionales referidos,
para que la UGPP me reconozca el derecho adquirido a la pensión gracia, por el
cumplimiento de cada uno de los requisitos legales, referidos.4 [Negrillas del texto
citado]

B. Hechos

De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud de
amparo son los siguientes:

3.Mediante Resolución núm. 004 de 1971, Rafael Antonio Gil Morales fue nombrado
docente en el “territorio Escolar del Río Vichada” y tomó posesión del cargo el 20 de
marzo de 1971.

4. Rafael Antonio Gil Morales laboró de manera continua e ininterrumpida en el servicio
docente desde el 20 de marzo de 1971 hasta el 20 de enero de 1998, fecha en la que
renunció al cargo de docente.

5.En febrero de 2002, el señor Gil presentó solicitud de reconocimiento y pago de
pensión de jubilación gracia ante la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante
CAJANAL.

6. Mediante Resolución núm. 20897 del 20 de julio de 2002, CAJANAL negó la solicitud,
tras determinar que no se acreditaron los 20 de años de servicio en la docencia oficial
en el orden departamental, distrital o municipal.

7.Al respecto, el señor Gil presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
y mediante Resolución núm. 27404 de 2002 se decidió no reponer el acto y por medio
de Resolución núm. 03090 de junio de 2003, se confirmó la decisión recurrida.

2 Se advierte que el escrito de tutela es impreciso y confuso. En ese sentido, el accionante no determina

con claridad los fundamentos fácticos y las pretensiones que motivan la presentación de la demanda
constitucional.
3 Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.
4 Índice 19 del expediente digital disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

8. El señor Gil presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CAJANAL con el fin de que se declarara la nulidad
de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación gracia y, a título de restablecimiento, se condenara a CAJANAL a que
reconociera una pensión mensual vitalicia a partir de la ejecutoria de la sentencia, con
inclusión del retroactivo pensional desde el momento en que se causó el derecho.

9. Mediante sentencia del 15 de julio de 2011, el Juzgado Tercero Administrativo de
Villavicencio negó las pretensiones de la demanda, al advertir que el demandante no
cumplía con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación gracia, ya
que su vinculación a la docencia oficial fue del orden nacional.

10. Eldemandante presentó recurso apelación, al considerar que reúne todos los
requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, por lo cual es procedente que
se revoque la sentencia del 15 de julio de 2011 y, en su lugar, se accedan a las
pretensiones de la demanda.

11. Por medio de sentencia del 21 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo del Meta
confirmó la decisión de primera instancia, tras determinar que el tiempo de servicio
prestado por el demandante como docente en el departamento del Vichada fue por
medio de la educación contratada del Estado con la Iglesia Católica, por lo cual su
vinculación es del nivel nacional, razón por la cual no cumple con los requisitos legales
para acceder a la pensión gracia.

C. Fundamentos de la vulneración

12. El accionante alega que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
gracia, al considerar que cumple los requisitos legales exigidos para acceder a dicha
prestación. Señaló que esta situación se encuentra respaldada por el hecho de que
otros docentes, así como sacerdotes y civiles, nacionales y nacionalizadas, que se
encontraban en circunstancias similares, obtuvieron el reconocimiento de dicha
prestación en el departamento del Vichada.

13. Indicó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron que su vinculación
fue de carácter nacionalizado, según consta en el certificado expedido el 3 de mayo de
2006 por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Vichada.

14. Asimismo, manifestó que las autoridades judiciales accionadas no efectuaron un
análisis integral del material probatorio allegado al proceso ordinario, por cuanto, a su
juicio, omitieron valorar elementos relevantes para establecer el cumplimiento de los
presupuestos necesarios para el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia. En
particular, señaló:

Que en cumplimiento de estos requisitos y demás, contemplados en las leyes: 113, 114, Y
116 DE 1.989 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES QUE NOS INDICAN Y
ESTABLECEN CLARAMENTE LOS REQUISITOS PARA SER ACREEDOR DEL
DERECHO ADQUIRIDO A LA PENSIÓN GRACIA, ENTRE LOS QUE SE RESALTA EL
TIPO DE VINCULACIÓN NACIONALIZADO Y NO NACIONAL, TAL COMO LO HAN
PRETENDIDO VER Y ANALIZAR, CAJANAL, LA UGPP Y AUTORIDADES REGIONALES
Y NACIONALES, POR DONDE HA PASADO MI PROCESO; POR EJEMPLO CUANDO

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

ME DICEN QUE LOS NACIONALES NO DEBEN RECIBIR PENSIÓN GRACIA; CUANDO
HUBO MUCHOS ERRORES Y PRUEBAS, DONDE DEMUESTRO QUE TAMBIEN SE
PAGARON PENSIONES DE GRACIA A SACERDOTES, MONJAS Y CIVILES, MÁS
CUANDO LO COMPRUEBA EL MISMO COORDINADOR DE EDUCACIÓN ESTATAL
CONTRATADA DE ESE ENTONCES Y CUANDO EN LA PRUEBA MAGNÉTICA ME DICE
Y EXIJE QUE YO DEBO RECIBIR LA PENSIÓN GRACIA, TAL COMO A OTROS
COLEGAS Y COMPAÑEROS: CAJANAL LES OTORGÓ LA PENSIÓN GRACIA Y ESTOS
TAMBIEN CUMPLIERON Y CUMPLIAN CON LOS MISMOS REQUISITOS EN ESA
ÉPOCA, LA CUAL CAJANAL Y LA UGPP LES RECONOCIERON ESTE DERECHO Y
DONDE PIDE EL SENOR COORDINADOR: QUE EL GOBIERNO NACIONAL DEBE
TAMBIEN DARME GARANTÍAS Y QUE LA RESPONSABILIDAD NO ES SOLO MÍA, SINO
TAMBIEN DE TODOS Y DEL ALTO GOBIERNO. DONDE ME DICE TAMBIEN: QUE LAS
COSAS NO SON MAL HECHAS, SINO HECHAS MUY MAL, CON MUCHOS ERRORES Y
MAL INTERPRETADAS PARA NO PAGAR..

(…)

Igual manera; Nunca se ha hecho un análisis de fondo de cada una de las PRUEBAS
APORTADAS AL PROCESO: DOCUMENTALES, TESTIMONIALES Y MAGNÉTICAS, que
a la fecha suman más de 7.000 FOLIOS; Es importante resaltar que estas pruebas
documentales, testimoniales y magnéticas, donde dichas pruebas DEBEN REPOSAR EN
SUS ORIGINALES EN CAJANAL (a color), AHORA EN LA UGPP Y QUE LAS HE
UTILIZADO EN MÁS DE 25 AÑOS CONTINUOS,Y CON TODAS LAS AUTORIDADES,
PARA DEMOSTRAR A CABALIDAD EL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS LEYES:
Presumo decir: que fueron errores de mala fe y que me cobijaron solo a mí, cuando me
pregunto: ¿Por qué CAJANAL DESAPARECIÓ MI EXPEDIENTE?,ES DECIR HUBO
OCULTAMIENTO DEL MATERIAL PROBATORIO ¿por qué hubo preferencias para unos,
y engaños y desconfianza para otros? Dando a entender el gobierno Nacional: Que los
docentes que laboramos lejos del territorio Nacional, no tenemos ni nos pertenecen los
mismos, ni Ningún derecho adquirido, ni son respaldados por las leyes, que también fueron
desconocidas por los abogados que ganaron dineros al representarnos pero que no
pudieron sacar los procesos adelante, tal como lo exige los derechos fundamentales y
constitucionales; que tampoco ellos nos representan muy bien y dejaron mi proceso
abandonado; Donde nosotros hacemos mucha patria y de heroísmo al venir a laborar en
esta región de Colombia, porque vinimos de muy lejos a prestar un servicio a la niñez y a
la comunidad. Y el gobierno nos respondió de esta manera negativa. Por lo que se debería
declarar nulo el fallo de la primera Instancia, según lo establecido y nos avizora
notablemente LA VULNERACION DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL
ARTICULO 29. [Subrayado y mayúsculas del texto citado]

D. Trámite procesal

15. Mediante auto del 27 de mayo de 20265, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado Tercero Administrativo de
Villavicencio y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social para que rindieran un informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela.

16. Por medio de auto del 30 de junio de 20266, se ordenó al accionante a que precisara
con la mayor claridad posible (i) el número de radicado correspondiente a las sentencias
que cuestiona en el trámite constitucional, (ii) los hechos u omisiones que motivan la
presentación de la solicitud de amparo y (iii) las pretensiones que persigue con su

5 Índice 4 del expediente digital disponible en Samai
6 Índice 15 del expediente digital disponible en Samai

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

17. La UGPP7 indicó que el accionante pretende utilizar la demanda de tutela como una
tercera instancia para que se revoque la decisión del Tribunal Administrativo del Meta
y, en su lugar, se conceda el reconocimiento de una mesada pensional a la cual no tiene
derecho, asunto que ya fue estudiado de acuerdo con la normativa aplicable y las
pruebas obrantes en el proceso ordinario.

18. Manifestó que no se ha causado ninguna afectación a las garantías fundamentales
del accionante, toda vez que sus actuaciones se han adelantado conforme a la Ley y en
cumplimiento del debido proceso, razón por la cual solicitó que se desvincule a la
entidad del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por
pasiva y se declare la improcedencia de la demanda de tutela.

19. El 11 de junio de 20268, el accionante allegó diversos elementos de prueba para
que fueran valorados dentro del presente trámite constitucional, entre ellos documentos
y audios relacionados con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así
como con su pretensión de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.

20. El 8 de julio de 20269, el accionante señaló el radicado del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, insistió en los fundamentos que expuso en su escrito de
tutela y remitió el expediente digital del trámite ordinario.

21. El Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Tercero Administrativo de
Villavicencio fueron debidamente notificados10, sin embargo, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por Rafael Antonio Gil Morales contra la UGPP,
el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

G. Solicitud de desvinculación

23. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la presente acción constitucional
formulada por la UGPP, por cuanto su vinculación al presente asunto obedece a que fue
demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la
demanda de tutela.

7 Índice 8 del expediente digital disponible en Samai
8 Índice 13 del expediente digital disponible en Samai
9 Índice 19 del expediente digital disponible en Samai
10 Índice 7 del expediente digital disponible en Samai

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

H. Cuestión previa

24. El escrito de tutela propone 3 discusiones: (i) respecto los actos administrativos
expedidos por la UGPP (antes CAJANAL), (ii) sobre la sentencia proferida el 15 de julio
de 2011 por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio que negó las pretensiones
de la demanda y (iii) frente a la providencia judicial proferida el 21 de febrero de 2012 por
el Tribunal Administrativo del Meta que confirmó la decisión de primera instancia.

25. Al respecto, la Sala se abstendrá de estudiar de manera autónoma los reparos
formulados contra la UGPP, toda vez que estos y los dirigidos contra las providencias
judiciales persiguen una misma finalidad: obtener el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación gracia, bien dejando sin efectos la decisión judicial cuestionada, o bien
mediante el examen directo de los actos administrativos que negaron dicha prestación.

26. Sobre las providencias judiciales que cuestiona el accionante, la Sala orientará su
análisis a la sentencia proferida el 21 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo
del Meta, por cuanto fue la decisión que puso fin al proceso ordinario.

I. Sentido de la decisión

27. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez, toda vez que el accionante no presentó su solicitud de amparo
en un término razonable. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia
de la demanda de tutela11.

J. El requisito de inmediatez

28. El artículo 8612 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra sometida a

11 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
12 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que
será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. (…)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional13 ha reiterado que
dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del requisito de inmediatez, en
virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse dentro de un término razonable y
proporcionado entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales y la interposición de la demanda.

29. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y
residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto las
vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir controversias que ya
se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo constitucional no
puede ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la seguridad jurídica y
desnaturalizaría su función como mecanismo de protección inmediata.

30. Por tal razón, aun cuando no existe en la Constitución ni en la ley un término fijo o
preestablecido para evaluar el cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al
juez de tutela examinar las circunstancias particulares de cada caso y determinar, en
atención a ellas, si la demanda fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior,
bajo el presupuesto que, en el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen
razonablemente la tardanza en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:

(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.14

31. La Corte Constitucional15 ha sido reiterativa respecto a la protección de la seguridad
jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, razón por
la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional y su
análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, debido a que:

13 Corte Constitucional. Sentencias T-461 de 2019, T-422 de 2025 y T-246 de 2015.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 108 DE 2018.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera
de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuales
son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del
derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.16.

32. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según
corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente, así:

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.17.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

33. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

34. En el sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia proferida el 21 de febrero de
2012 por el Tribunal Administrativo del Meta. Si bien el accionante no identificó de
manera expresa alguno de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, de conformidad con los reparos formulados frente
a la valoración del material probatorio, la Sala considera que estos pueden ser
analizados a partir de la posible configuración de un defecto fáctico, en particular, por la
presunta omisión en la apreciación de elementos de prueba que, a su juicio, resultaban
relevantes para resolver la controversia. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

35. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”18. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
18 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

36. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias19. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

37. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba20. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción21.

L. El caso concreto

38. Por medio del escrito de tutela el accionante cuestiona, en esencia, la conclusión a
la que arribó el Tribunal Administrativo del Meta al determinar que el docente Rafael
Antonio Gil Morales no acreditó los 20 años de servicios en planteles de docencia oficial
de carácter departamental, nacionalizado, distrital o municipal, toda vez que su
vinculación se dio por medio de la Iglesia Católica, cuyos nombramientos provenían por
ratificación del Ministerio de Educación y tenían la calidad de docentes nacionales, ya
que los emolumentos laborales estaban a cargo de la Nación, tal como era su caso en
particular.

39. Contrario a lo que afirmó el juez de segunda instancia, el accionante insiste en que
superó los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación gracia, por lo cual
solicita que se valoren, nuevamente, los elementos que, a su juicio, acreditan dicha
situación y que se accedan a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, correspondiente a que la UGPP (antes CAJANAL) pague
la prestación pensional reclamada y reconozca a su favor una indemnización por los
perjuicios causados, pretensión que, en todo caso, escapa de la órbita del juez
constitucional.

40. No obstante, se constató que la sentencia objeto de controversia fue notificada
mediante edicto fijado el 23 de febrero de 2012, de acuerdo con la actuación registrada
en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 50001-33-
31-003-2007-00201-01, consultado en la base de datos “Consulta de Proceso Nacional
Unificada de la Rama Judicial”.

41. En ese sentido, el accionante excedió ampliamente el término razonable para
promover la demanda de tutela contra la providencia judicial del 21 de febrero de 2012.
En efecto, la sentencia de segunda instancia fue notificada el 23 de febrero de 2012,
mientras que la solicitud de amparo se radicó el 22 de mayo de 2026, por lo cual
transcurrieron más de catorce años entre el conocimiento de la decisión que se
controvierte y la interposición del mecanismo constitucional.

19 Corte Constitucional. Sentencia SU-074 de 2014
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-424 de 2021
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

42. La Sala no desconoce que la jurisprudencia ha reconocido, excepcionalmente, la
flexibilización del término de seis meses para la presentación de la demanda de tutela
contra providencias judiciales, no obstante, dicha flexibilización sólo procede cuando
concurren las circunstancias extraordinarias descritas en el párrafo núm. 30 de esta
providencia.

43. Sin embargo, en el caso concreto no se advierte la configuración de ninguno de esos
supuestos que permita justificar la considerable demora en la interposición de la solicitud
de amparo, por el contrario, el accionante pretende revivir una controversia que ya fue
debidamente analizada y definida desde el año 2012 por el juez natural del asunto, pues
formula la misma pretensión consistente en el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación gracia y sustenta su inconformidad en los mismos argumentos y elementos
probatorios que propuso oportunamente dentro del trámite ordinario.

44. En efecto, en la demanda de tutela reitera que el Tribunal Administrativo del Meta
desconoció el acervo probatorio que demuestra que debe ser acreedor del “derecho
pensional adquirido”. Además, en el memorial allegado el 8 de julio de 2026, señaló que
ha insistido en tal pretensión por más de 25 años sin recibir una decisión favorable,
empero, no hizo referencia, ni aportó ningún elemento de prueba que permita flexibilizar
el requisito de inmediatez o que justifique la demora o inactividad procesal frente a la
presentación de la solicitud de amparo.

45. La Sala enfatiza en que, admitir el ejercicio de la demanda de tutela luego de que
transcurrió un término tan prolongado entre la notificación de la providencia judicial que
se cuestiona y la presentación de la demanda constitucional, sin que medie una
explicación objetiva, razonable y suficiente que justifique la demora en su interposición,
implicaría desconocer los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
desnaturalizaría la esencia subsidiaria, inmediata, residual y urgente de la demanda de
tutela y generaría una incertidumbre incompatible con la necesidad de preservar la
firmeza de las situaciones jurídicas consolidadas.

46. En virtud de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela
por falta del requisito de inmediatez, debido a que el accionante excedió ampliamente el
término previsto para presentar su solicitud de amparo y no advirtió ninguna razón que lo
imposibilitara a interponer el mecanismo constitucional oportunamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03940-00
Accionante: Rafael Antonio Gil Morales
Se declara la improcedencia de la demanda

TECERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.