Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03947-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03947-00
Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03947-00
Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela. Mora judicial. Niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Yerson Alejandro López Chacón contra
el Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El señor Yerson Alejandro López Chacón, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena con ocasión de la presunta mora
judicial en la admisión de la demanda que promovió contra la Nación -Ministerio de
Educación Nacional y la Universidad del Magdalena, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 47001-2333-
000-2025-00077-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:
2.1. El señor Yerson Alejandro López Chacón presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, el Ministerio
de Educación y la Universidad del Magdalena. En dicho proceso solicitó, como medida
cautelar, la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en los fallos
emitidos por la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad del Magdalena.
1 Indice 00002 del aplicativo Samai, certificado 6504C998A4E8B799 4A12782C82DB0F88 09E1F915B2B1F20A
250DEE0EE2642403.
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Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
2.2. El proceso fue asignado al Juzgado 52 Administrativo de la Sección Segunda Oral
del Circuito Judicial de Bogotá bajo el radicado núm. 11001-33-42-052-2025-00042-00,
autoridad que, mediante auto del 19 de marzo de 2025, remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Magdalena por considerar que carecía de competencia para conocer
del asunto.
2.3. El 18 de junio de 2025, el proceso fue repartido al despacho de la magistrada Marta
Lucia Mogollón Saker del Tribunal Administrativo de Magdalena, bajo el radicado núm.
47001-2333-000-2025-00077-00.
2.4. El 20 de junio de 2025, la magistrada Marta Lucia Mogollón Saker manifestó
impedimento y ordenó la remisión del expediente al Despacho 01 a cargo de la
Magistrada María Victoria Quiñonez Triana.
2.5. A su vez, el 21 de julio de 2025, la Magistrada María Victoria Quiñinez Triana también
manifestó impedimento para conocer del referido proceso y ordenó la remisión del
expediente al siguiente Despacho en turno, por lo que mediante oficio No. D01-714,
fechado 11 de agosto de 2025 fue remitido al despacho de la Magistrada Elsa Mireya
Reyes Castellanos.
2.6. Según lo afirmó el accionante, el 18 de julio de 2025, el 19 de enero de 2025 y el 10
de marzo de 2026 presentó memoriales de impulso dirigidos al despacho de la
Magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos, con el propósito con el fin de que resolviera
la admisión de la demanda y la medida cautelar solicitada.
2.7. En ese contexto, el señor Yerson Alejandro López Chacón sostuvo que, desde que
el expediente ingresó al despacho de la Magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos, no
se ha proferido decisión respecto de la admisión de la demanda ni de la medida cautelar
solicitada.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela 2
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la justicia y, en consecuencia, ordenar al Tribunal
Administrativo del Magdalena que de manera inmediata se pronuncie sobre la admisión
de la demanda y la medida cautelar solicitada.
3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, el actor manifestó, que la mora judicial
en la que ha incurrido la autoridad accionada le ha ocasionado un perjuicio irremediable
respecto de su mínimo vital, en tanto fue separado del ejercicio profesional y docente,
actividad que constituía su única fuente de ingresos, circunstancia que, según afirma, ha
repercutido negativamente en sus condiciones económicas y emocionales.
2 Indice 00002 del aplicativo Samai, certificado 6504C998A4E8B799 4A12782C82DB0F88 09E1F915B2B1F20A
250DEE0EE2642403.
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Así las cosas, el actor considera que resulta imperativo que el tribunal resuelva la medida
cautelar solicitada “ante la inminencia del perjuicio irremediable demostrado, pues la
mora judicial prolongada continúa vulnerando de forma diaria mi mínimo vital al impedir
el cese temporal de la inhabilidad que restringe mi derecho al trabajo”. Con fundamento
en ello, adujo que su situación evidencia una presunta denegación de justicia atribuible
al despacho judicial accionado.
3.3. En relación con el proceso disciplinario adelantado por la Universidad del magdalena,
sostuvo que ese se tramitó con desconocimiento de los principios consagrados en el
Código General Disciplinario, circunstancia que, según afirma, ha ocasionado graves
afectaciones a su salud mental, su situación económica y su mínimo vital.
Explicó que, confiando en la pronta respuesta de la administración de justicia, participó
en un concurso de méritos para proveer un cargo de docente en la Universidad Militar
Nueva Granada, el cual aprobó y en virtud del cual fue nombrado. No obstante, dicho
nombramiento fue posteriormente revocado como consecuencia de la inhabilidad
sobreviniente derivada del proceso disciplinario que actualmente controvierte mediante
el medio de control y cuya suspensión pretende obtener.
3.4. De otra parte, alegó la configuración un exceso ritual manifiesto, por considerar que
la autoridad judicial accionada ha dado prioridad a la aplicación rigurosa de las normas
procesales en detrimento de la resolución material del conflicto jurídico planteado en la
demanda.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 26 de mayo de 20263, se admitió la acción de tutela; se dispuso
la vinculación, en calidad de terceros con interés de la Nación-Ministerio de Educación
Nacional y la Universidad del Magdalena; y se ofició al Tribunal Administrativo del
Magdalena, para que remitiera al trámite constitucional el expediente identificado con el
radicado número 47001-2333-000-2025-00077-00.
4.2. La Nación-Ministerio de Educación Nacional4, rindió informe en el que alegó su
falta de legitimación en la causa por activa al no ser la entidad responsable de la acción
u omisión que presuntamente vulneró los derechos fundamentales del accionante.
Adicionalmente recordó la autonomía e independencia de los servidores judiciales y las
competencias del Ministerio.
4.3. La Universidad del Magdalena 5 sostuvo que debía ser desvinculada del presente
trámite en razón de que la entidad educativa no causó ningún agravio a los derechos
fundamentales invocados por el accionante en la tutela.
3 Índice 00004 del aplicativo Samai, con certificado núm. C968B668FCD3FE69 BA20ACD6EC32CD07
B00BCEAFA0DE9886 0166E51426440347.
4 Índice 00011 del aplicativo Samai, con certificado núm. 3E9CA471DDEE5C9D D73AFE52C8D29CE0
9C122156C6787AFD 27503525510D9BBE.
5 Índice 00013 del aplicativo Samai, con certificado núm. 873C289852928C9F 1DC47B0C1B9920E1
D592242925C474A5 0FBB5D8C33B86874.
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Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
4.4. La Magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos del Tribunal Administrativo del
Magdalena6, rindió informe en el que expuso las actuaciones surtidas dentro del proceso
ordinario. Señaló que el señor Yerson Alejandro López Chacón promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-
Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Magdalena. Indicó que,
inicialmente, el asunto fue repartido al Juzgado 52 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, despacho que dispuso remitir el expediente al Tribunal Administrativo del
Magdalena por razones de competencia.
Explicó que el proceso fue asignado, en primer lugar, al Despacho 005 de esa
corporación, a cargo de la magistrada Martha Lucía Mogollón Saker, quien se declaró
impedida para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente al Despacho 001.
Posteriormente, la magistrada María Victoria Quiñónez Triana, titular de este último
despacho, también manifestó su impedimento y dispuso el envío del expediente al
Despacho 004, a cargo de la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos
Finalmente, manifestó que, mediante auto del 3 de junio de 2026, declaró infundado el
impedimento formulado por la magistrada María Victoria Quiñónez Triana y ordenó
devolver el expediente al Despacho 001 para que continuara con el trámite
correspondiente. Con fundamento en ello, solicitó declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, al considerar que la situación que dio origen a la presente acción de
tutela cesó con la expedición de dicha providencia, mediante la cual se resolvió el
impedimento que impedía continuar el trámite del proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Yerson
Alejandro López Chacón al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que actúa como demandante en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm. 47001-2333-000-2025-
00077-00.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Magdalena por cuanto tiene a su cargo el proceso mencionado y la
parte accionante le atribuye la vulneración de sus garantías por la presunta mora para
admitir la demanda y resolver la medida cautelar solicitada.
6 Índice 00014 del aplicativo Samai, certificado núm. B61EBEBD90BD3DE5 9ECA2693A5F82C50
B79526AAAF51BE51 3CB8F22CC72A56AE.
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Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la presunta mora
judicial alegada en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley7.
Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4.1. Mora judicial
El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que
“[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán
perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 8 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.
No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara
que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de
7 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
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diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del
proceso sea irrazonable”9. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios
judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es
injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el
cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia10.
En la misma línea, la sentencia T-186 de 201711, la cual el accionante adujo como
fundamento jurídico para sustentar la ocurrencia de la mora injustificada, explica que para
que se concrete la lesión de derechos fundamentales por retardo judicial, es necesario
evaluar la “razonabilidad del plazo” y el “carácter injustificado” del incumplimiento.
Adicional, la jurisprudencia constitucional12 ha identificado unos supuestos en los cuales
puede presentarse mora judicial aun cuando el funcionario haya actuado con diligencia.
Entre estos se encuentran: i) cuando la complejidad del asunto impide observar
estrictamente los términos previstos por el legislador; ii) cuando concurren problemas
estructurales que generan congestión judicial y una excesiva carga laboral; y iii) cuando
se acreditan circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las
actuaciones judiciales con sujeción a los términos.
En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una
justificación debidamente acreditada que explique la mora 13. Lo anterior implica que, aun
cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una determinación,
dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una
decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se
advierte la existencia de un motivo válido que justifique el retraso, conforme al concepto
jurisprudencial de “mora judicial justificada” 14.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que se exponen a
continuación:
9
Ibidem.
10 Ibidem.
11 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2017.
12 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
13 SU-179 de 2021.
14 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado l a construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo
de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y pa ra ello ha
acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la
inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del
caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se
debaten en el trámite.”
6
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5.1. Del escrito de tutela se advierte que el accionante atribuye al Tribunal Administrativo
del Magdalena la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al considerar que incurrió en una mora judicial
injustificada al no pronunciarse sobre la admisión de la demanda ni sobre la medida
cautelar solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para sustentar dicha afirmación, indicó que la demanda fue presentada el 12 de febrero
de 2025 y que, pese a haber radicado varios memoriales de impulso, no se había
adoptado decisión alguna.
5.2. No obstante, del examen del expediente digital, de la información registrada en el
aplicativo SAMAI y del informe rendido por la autoridad judicial accionada, la Sala
constata que el trámite del proceso no ha permanecido inactivo. Por el contrario, se
observa que el curso de la actuación ha estado determinado por la formulación y
resolución de los impedimentos manifestados por las magistradas a quienes fue repartido
el conocimiento del asunto, circunstancia que explica la ausencia de un pronunciamiento
sobre la admisión de la demanda y la medida cautelar. En efecto, del expediente se
desprenden las siguientes actuaciones procesales:
En ese contexto, del informe rendido por la autoridad judicial accionada, así como de la
revisión del expediente digital, se constata que el trámite procesal ha comprendido las
siguientes actuaciones:
Fecha Tipo de actuación desarrollada Índice aplicativo Samai proceso
ordinario
Radicación y reparto del proceso al Tribunal 0001
9 de abril de 2025
Administrativo del Magdalena.
El Despacho 005 del Tribunal Administrativo 000315
de Magdalena a cargo de la magistrada
Martha Lucía Mogollón Saker manif estó
20 de junio de impedimento de acuerdo con la causal
2025 contenida en el numeral cuarto del artículo
130 del CPACA y ordenó remitir de manera
inmediata el expediente al Despacho 001 por
ser el siguiente en turno.
18 de julio de La parte demandante presentó memorial de 001216
2025 impulso procesal.
La magistrada María Victoria Quiñones 001317
Triana titular del Despacho 001 manif estó
impedimento para conocer del asunto al
encontrarse incursa en la causal
21 de julio de contemplada en el numeral 4 del artículo 130
2025 del CPACA, ordenó remitir el expediente al
Despacho 004 a cargo de la magistrada Elsa
Mireya Reyes Castellanos y ordenó la
suspensión del proceso hasta la resolución
de la legalidad del impedimento.
19 de enero de La parte demandante presentó memorial de 001918
2026 impulso procesal.
15 Certificado D4E95C98F386C808 E88D059159DF2F3917CA2C634F419318 ADC4CAD3B5888D40.
16 Certificado F4ABA0FB356E6CE0 55B4FA19C21D8330 3ECDBF28C4676BD7 157B315072502E80.
17 Certificado 3EFDCF1AC3BC2E73 67610A009CC6984C 776C9B1A03B2473B CC795FEE98C6237E.
18 Certificado E9A16C4378034584 FE5FE4B36AD09ACD 55DD31C293E7F72E B812D51E04F7C34B.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03947-00
Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
10 de marzo de La parte demandante presentó memorial de 002119
2026 impulso procesal.
El Despacho 004 con magistrada titular Elsa 002520
Mireya Reyes Castellanos decidió declarar
3 de junio de inf undado el impedimento presentado por la
2026 magistrada María Victoria Quiñones Triana y
ordenó la remisión del expediente al
Despacho 001.
La magistrada María Victoria Quiñones 003221
Triana titular del Despacho 001 prof irió auto
en el que mantuvo el impedimento
manif estado mediante providencia del 21 de
4 de junio 2026 julio de 2025, ordenó el envío del expediente
al despacho de la magistrada Elsa Mireya
Reyes Castellanos y ordenó suspender el
proceso hasta la resolución sobre la
legalidad del impedimento.
Se comunica auto que mantiene el 0036
23 de junio de
impedimento manif estado por la magistrada
2026
María Victoria Quiñones Triana.
5.3. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra acreditada una mora
judicial injustificada atribuible al Tribunal Administrativo del Magdalena respecto de la
decisión sobre la admisión de la demanda y la medida cautelar solicitada. En efecto, la
ausencia de un pronunciamiento de fondo no obedece a una conducta negligente o a la
inactividad de la autoridad judicial, sino a las sucesivas manifestaciones de impedimento
formuladas por las magistradas a quienes correspondió el conocimiento del asun to y a
las decisiones adoptadas para resolverlas.
Al respecto, conviene precisar que el régimen de impedimentos constituye una garantía
esencial del derecho al debido proceso y del principio de imparcialidad judicial. En esa
medida, cuando el funcionario judicial considera configurada alguna de las causales
previstas en la ley, está en el deber de manifestar su impedimento para que este sea
resuelto por la autoridad competente. Por consiguiente, la formulación de tales
manifestaciones no puede calificarse, por sí misma, como una dilación injustificada del
proceso, sino como el cumplimiento de un deber legal encaminado a preservar la
transparencia y objetividad de la función jurisdiccional.
Asimismo, del expediente digital se evidencia que cada uno de los impedimentos fue
sometido al trámite previsto en el ordenamiento procesal y resuelto por el despacho
competente dentro de un término razonable. En consecuencia, la ausencia de un
pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y la medida cautelar no es atribuible
a una actuación reprochable de la autoridad accionada, sino al desarrollo de incidencias
procesales propias del trámite, las cuales han impedido que se adopte una decisión de
fondo mientras se define cuál despacho debe asumir el conocimiento del asunto.
En ese mismo sentido, la Sala observa que el proceso ha permanecido en constante
impulso. De hecho, mediante auto del 3 de junio de 2026 se resolvió el impedimento
19 Certificado 478089C235FD5141 00B497628B73549D B1E990810A7A7FBE FFF7E9DEC5C4723B.
20 Certificado D71066076FB0CEEF 706454DC731E3F7D 600FEDEBC4294DD1 67024E2D7D691303.
21 Certificado 6C5A0532DAFBAEB6 526B6ED55284CF49 7611FF2FB2854F7F CF66BCE4534AB41C.
8
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formulado por la magistrada María Victoria Quiñónez Triana, actuación que demuestra
que el expediente ha continuado su curso conforme a las reglas procesales aplicables.
Por lo anterior, la Sala concluye que no se acreditó la actuación omisiva que el accionante
identifica como constitutiva de una mora judicial vulneradora de sus derechos
fundamentales. En consecuencia, se negará el amparo solicitado.
5.4. De otra parte, el accionante sostuvo que la falta de decisión sobre la medida cautelar
ha afectado su derecho al mínimo vital, debido a la imposibilidad de ejercer su actividad
académica como consecuencia de la sanción disciplinaria que controvierte en el proceso
ordinario.
No obstante, aun cuando la Sala comprende la relevancia de las circunstancias
expuestas por el actor, estas no desvirtúan la conclusión alcanzada respecto de la
inexistencia de una mora judicial injustificada. Como quedó demostrado, el Tribunal
Administrativo del Magdalena no ha desatendido el trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, sino que el proceso ha continuado su curso de
conformidad con las incidencias procesales que se han presentado.
Ahora bien, en cuanto a la insistencia del accionante para que se adopte una decisión
inmediata sobre la medida cautelar, la Sala precisa que el juez de tutela carece de
competencia para sustituir al juez natural en el ejercicio de las atribuciones que el
legislador le ha conferido. En consecuencia, no le corresponde ordenar el sentido, la
oportunidad o el contenido de la decisión que debe adoptarse dentro del proceso
contencioso-administrativo, pues ello supondría una injerencia indebida en la autonomía
e independencia de la función judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente exhortar al Tribunal Administrativo
del Magdalena para que, una vez superadas las circunstancias procesales que han
incidido en el trámite del asunto, adopte las decisiones que correspondan respecto de la
admisión de la demanda y de la solicitud de medida cautelar dentro de un plazo
razonable, de conformidad con los principios de celeridad y eficacia que orientan la
administración de justicia.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de tutela, por cuanto no se configura una mora
judicial injustificada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Yerson Alejandro López Chacón
en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
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Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
SEGUNDO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Magdalena que, una vez
superadas las circunstancias procesales que han incidido en el trámite, deberá resolver
sobre la admisión de la demanda y la procedencia de la medida cautelar solicitada dentro
de un plazo razonable.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
10
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