Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03947-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03947-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03947-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03947-01
Accionante: Yerson Alejandro López Chacón
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: Derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Presunta mora judicial. Trámite de impedimentos. REVOCA -
CONCEDE AMPARO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 3 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, a través de la cual
negó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
El señor Yerson Alejandro López Chacón, pretende que se protejan sus derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena, debido a una presunta
mora judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al que se le
asignó el radicado 47001-2333-000-2025-00077-00.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que fue docente de planta de la Universidad del Magdalena y se le surtió un proceso
disciplinario que dio como resultado destitución e inhabilidad por 11 años, debido a
que aportó unos artículos que no eran de su autoría.
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Que el 12 de febrero de 2025 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación -Ministerio de Educación y la Universidad del Magdalena-
y simultáneamente solicitó la suspensión provisional de los fallos disciplinarios. Que
inicialmente conoció el Juzgado 52 Administrativo de Santa Marta, sin embargo,
este lo remitió al Tribunal Administrativo del Magdalena.
Que el trámite sufrió demoras por impedimentos de magistradas. Que la magistrada
Marta Lucía Mogollón Saker se declaró impedida en junio de 2025 y luego, la
magistrada María Victoria Quiñónez Triana hizo lo mismo en julio y finalmente, el
expediente pasó al despacho de la doctora Elsa Mireya Reyes Castellanos. Que
presentó diversos memoriales de impulso procesal sin obtener decisión sobre la
admisión de la demanda ni sobre la medida cautelar.
Que se han vulnerado sus derechos fundamentales por la existencia de una mora
judicial injustificada, pues ha transcurrido más de un año desde la presentación de
la demanda sin que exista pronunciamiento sobre su admisión ni sobre la
suspensión provisional solicitada. Además, que esa demora produjo una
consecuencia concreta: mientras seguía vigente la inhabilidad, ganó un concurso y
fue nombrado docente de la Universidad Militar Nueva Granada, sin embargo, se
revocó su nombramiento debido a una inhabilidad sobreviniente y así perdió su
única fuente de ingresos, afectando su mínimo vital.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados, y que se ordene al Tribunal
Administrativo del Magdalena que dé prelación al proceso con radicado
47001233300020250007700, para que resuelva en la mayor brevedad lo solicitado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 26 de mayo de 2026, se admitió la acción, y se delimitó el objeto de estudio frente
a los hechos atribuidos al Tribunal Administrativo del Magdalena, entorno a la
presunta mora judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 47001-2333-000-2025-00077-00.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Magdalena -magistrada Elsa Mireya Reyes
Castellanos- inició con un recuento de lo ocurrido en el proceso. Expresó que la
demanda con solicitud de suspensión provisional llegó desde el Juzgado 52
Administrativo de Bogotá y que fue asignada inicialmente al despacho de la doctora
Mogollón Saker, quien se declaró impedida el 20 de junio de 2025.
Que, pasó al despacho de la doctora Quiñones, quien también manifestó
impedimento el 21 de julio de 2025, por lo que el expediente llegó finalmente a su
despacho.
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Que, el 3 de junio de 2.026, con posterioridad a la presentación de la tutela, el
Tribunal profirió auto mediante el cual declaró infundado el impedimento de la
magistrada Quiñones Triana y ordenó devolver el expediente a su despacho y que
continuara con el trámite correspondiente.
En virtud de lo anterior, el Tribunal sostiene que se configuró una carencia actual de
objeto por hecho superado, pues la situación que originó la tutela ya habría
desaparecido, pues se resolvió el impedimento que no permitía la continuación del
trámite.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Educación dijo que había falta de legitimación en la causa por
pasiva. Que no realizó ninguna acción u omisión que pueda haber vulnerado los
derechos del accionante y que no tiene competencia ni capacidad de intervención
frente a los asuntos objeto de disputa. Finalmente, solicitó su desvinculación.
La Universidad del Magdalena también adujo la falta de legitimación en la causa
por pasiva y expresó que, aunque los actos disciplinarios cuya suspensión
provisional solicita el accionante fueron expedidos por la propia Universidad, la
vulneración que se reclama en la tutela no deriva de dichos actos. En consecuencia,
se opuso a las pretensiones y solicitó su desvinculación.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 3 de julio de 2026, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, negó el amparo solicitado.
Dijo que el debido proceso comprende el derecho a obtener decisiones judiciales
sin dilaciones injustificadas. Sin embargo, aclaró que el simple vencimiento de los
términos no significa automáticamente que exista vulneración de derechos
fundamentales. Que es necesario determinar si el retraso carece de una justificación
razonable y puede atribuirse a negligencia o falta de diligencia del funcionario
judicial.
Que revisó el expediente y concluyó que el proceso no había permanecido inactivo
y que la falta de decisión sobre la admisión de la demanda y la medida cautelar
obedeció a sucesivos impedimentos.
Después del impedimento de la magistrada Mogollón Saker, la magistrada
Quiñones Triana también se declaró impedida y ordenó suspender el proceso. Que,
el 3 de junio de 2026, la magistrada Reyes Castellanos declaró infundado el
impedimento de la doctora Quiñones y devolvió el expediente a ese despacho; el 4
de junio la magistrada se mantuvo en el impedimento, devolvió nuevamente el
expediente y ordenó suspender el proceso hasta que se resolviera definitivamente
la cuestión.
Que estos impedimentos no constituyen por sí mismos una dilación injustificada,
pues son mecanismos destinados a garantizar la imparcialidad judicial. Que
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además, fueron tramitados conforme al procedimiento correspondiente y dentro de
términos razonables; por lo tanto, la falta de decisión sobre la admisión y la medida
cautelar no obedeció a negligencia o abandono del expediente, sino a incidencias
procesales que impedían determinar qué despacho debía conocer definitivamente
del asunto.
Sobre el perjuicio del accionante, reconoció la importancia de su mínimo vital y la
imposibilidad de ejercer su actividad docente, pero consideró que esas
circunstancias no permiten concluir que exista mora judicial injustificada.
En consecuencia, negó la tutela por no encontrar acreditada una mora judicial
injustificada, pero exhortó al Tribunal para que, una vez superados los
inconvenientes procesales relacionados con los impedimentos, resuelva la admisión
de la demanda y la medida cautelar dentro de un plazo razonable.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia, al considerar que sí se configuró una mora
judicial y por tanto una vulneración a sus derechos fundamentales. Manifestó que el
juez constitucional interpretó equivocadamente los impedimentos como una
justificación razonable de la demora, cuando la sucesión de impedimentos
demuestra la existencia de una mora judicial injustificada.
Analizó la jurisprudencia según la cual una mora puede estar justificada y sostuvo
que ninguno de los supuestos se presenta en el caso. Que lo que existe es un
procedimiento irregular y un “circulo vicioso” de impedimentos que se prolonga
desde que el expediente llegó al Tribunal.
Invocó diversos principios constitucionales e hizo especial énfasis en el artículo 228
de la Constitución, conforme al cual los términos procesales deben observarse con
diligencia.
Finalmente, solicitó revocar la decisión y que, en consecuencia, se protejan sus
derechos y se ordene de manera inmediata al Tribunal que decida tanto sobre la
admisión de la demanda como sobre la medida cautelar de suspensión provisional
de los actos disciplinarios que le impusieron la destitución e inhabilidad por 11 años.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) mora judicial y III) caso
concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
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protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Mora judicial
La Corte Constitucional ha explicado que el incumplimiento de los términos legales
para que el juez profiera las decisiones en los procesos que se encuentran a su
cargo, esto es, la mora judicial puede ocurrir por varias causas; por un lado, el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, casos en los cuales esa mora es injustificada, y del
otro, por la complejidad del asunto, la sobrecarga de trabajo y congestión judicial
que afrontan los jueces de la República, la que en consecuencia produce un
represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen en los plazos
estipulados por el legislador, eventos en los cuales la tardanza está justificada1.
Bajo ese entendimiento, ha establecido cuándo hay lugar a una protección
constitucional y las diferentes medidas de salvaguarda que se deben adoptar, según
el asunto, ante la comprobación de la mora judicial. Así lo expresó en sentencia SU-
179 de 2021:
«No obstante, aunque el incumplimiento de los términos judiciales
derive de causas ajenas a la actuación diligente del funcionario
judicial, la jurisprudencia constitucional, en atención a las
circunstancias particulares de la persona que solicita el amparo, ha
considerado posible que se adopten dos tipos de remedios
constitucionales. Por un lado, “ordenar excepcionalmente la alteración
del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un
sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial
supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste
con las condiciones de espera particulares del afectado”. Y, por el
otro, “en aquellos casos en que se está ante la posible
materialización de un [perjuicio irremediable], se puede ordenar
un amparo transitorio en relación con los derechos
fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial
competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la
controversia planteada”2 (Resaltó la Corte).
90. Si se comprueba que se trata de mora judicial justificada, no existe
violación de los derechos al debido proceso (en su faceta de obtener
1
En la sentencia SU-333 de 2020, reiterada por la sentencia SU-453 de ese mismo año, la Sala Plena de esta
corporación analizó el fenómeno de la mora judicial en el marco de las actuaciones adelantadas ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, los fundamentos generales de dichas providencias en
relación con las garantías al debido proceso sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos razonables, se
construyó, entre otros pronunciamientos, a partir de la línea jurisprudencial en materia de mora judicial en el
trámite del recurso extraordinario de casación en material laboral, por lo tanto, resulta pertinente su acotación.
2
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. En similar sentido, sentencias T-441 de 2015, T-186 de 2017,
T-052 de 2018 y T-346 de 2018.
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decisión sin dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable) y
acceso a la administración de justicia, comoquiera que la dilación en
la resolución del proceso no es imputable a la negligencia del tribunal
de casación, sino a otras causas, por ejemplo, problemas
estructurales de congestión judicial. Por estas razones, se niega el
amparo de los mencionados, disponiendo que el actor se someta al
sistema de turnos para recibir fallo. Sin embargo, excepcionalmente,
“[cuando] se está ante la posible materialización de un daño cuyos
perjuicios no puedan ser subsanados, se puede ordenar un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales
comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se
pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada”3.
Esta medida de protección transitoria exige la verificación de los
requisitos del perjuicio irremediable y la comprobación, por lo menos
sumaria, de la efectiva titularidad del derecho pensional»
Frente a la hipótesis de la mora judicial injustificada, señala el máximo tribunal de la
jurisdicción constitucional que como solución «bien puede ordenarse
excepcionalmente que se proceda a resolver o que se observen con diligencia los
plazos previstos en la ley, lo que en la práctica se traduce en una posible
modificación del sistema de turnos, salvo aquellos escenarios previamente
reconocidos por el legislador»4.
Ahora, si bien la jurisprudencia citada se refiere específicamente a la mora judicial
en el trámite del recurso extraordinario de casación en material laboral, lo cierto es
que sus fundamentos generales resultan aplicables a otras situaciones como la que
se estudia, en la que se alega una tardanza en la resolución de un trámite procesal.
Análisis del caso concreto
El recurrente insiste en que sí se configura una mora judicial y por tanto una
vulneración a sus derechos fundamentales, porque, en su sentir, no hay justificación
respecto a la mora cuando se presentan diversos y repetitivos impedimentos.
Esta Subsección, contrario a lo determinado por la primera instancia, sí encuentra
vulnerados los derechos fundamentales del actor; pues con independencia de que
se hayan presentado dos impedimentos, lo cierto es que el trámite legal de estos no
justifica la mora en la admisibilidad de la demanda en este caso específico.
A partir de los anexos allegados y de lo observado en samai, se evidencia que: i) el
9 de abril de 2025, se hizo la radicación y reparto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho al Tribunal Administrativo del Magdalena; ii) el 20 de
junio de 2025, manifestó impedimento la magistrada Mogollón; iii) el 21 de julio del
mismo año la magistrada Quiñones manifestó impedimento y ordenó la suspensión
del proceso hasta la resolución de la legalidad del impedimento; iv) el 3 de junio de
3
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
4
Corte Constitucional, sentencia T-441 de 2015.
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2026 la magistrada Reyes Castellanos decidió declarar infundado el impedimento
de la magistrada Quiñones y ordenó devolverle el expediente.
Salta a la vista que el impedimento manifestado el 21 de julio de 2025 por la
magistrada Quiñones solo fue objeto de pronunciamiento por la Sala el 3 de junio
de 2026, esto es, casi un año después de su formulación y solo a raíz de la
notificación de la acción de tutela.
No desconoce la Sala la congestión judicial existente, sin embargo, no puede
entenderse que transcurra un año completo para resolver un impedimento y que
debido a ello haya transcurrido tanto tiempo desde la presentación de la demanda
sin que exista pronunciamiento sobre su admisibilidad. Ello, pese a que la parte
demandante ha solicitado en varias oportunidades al Despacho impulsar el proceso.
Al respecto, el artículo 130 del CPACA establece las causales de impedimento de
los magistrados y jueces administrativos y el artículo 131 ibidem dispone que:
«El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata
el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia,
expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le
siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla,
asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe
con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al
correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso
en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario,
devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.»
De esta manera, el propio régimen legal de los impedimentos permite que su
definición se produzca sin dilaciones que impidan la continuación del proceso, pues
su decisión debe proferirse de plano.
Es claro para la Sala que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por el actor no se ha superado, pues aún no se le ha dado el trámite correspondiente
a la demanda.
La magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos no ofreció justificación o razón alguna
para la tardanza en la resolución del impedimento y menos, adujo alguna de las
circunstancias que la jurisprudencia constitucional ha reconocido como justificativas
de la mora judicial.
Adicionalmente, revisado el expediente en SAMAI, se observa que el 4 de junio de
2026 la magistrada Quiñones profirió «auto» mediante el cual dispuso «Mantener el
impedimento manifestado en auto del 21 de junio de 2025»; devolver el expediente
a la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos y suspender el proceso hasta tanto
aquel fuera resuelto.
Al respecto, se resaltar que, de conformidad con la Ley 1437 de 2011, artículo 131-
7, las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son
susceptibles de recurso alguno.
No comparte entonces la Sala, la postura de la primera instancia en cuanto
consideró que el proceso no se ha paralizado y que se ha dado a los impedimentos
el manejo que corresponde, pues se constata precisamente lo contrario.
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Así las cosas, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia conculcados al señor Yerson Alejandro López
Chacón y en tal sentido, revocará la sentencia del 3 de julio de 2026 proferida por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C para, en su lugar, conceder el amparo solicitado, para que se adopte
la decisión que corresponda frente al impedimento y se inicie el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 3 de julio de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia y en su lugar,
Segundo. TUTELAR los derechos al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocados por el señor Yerson Alejandro López Chacón.
Tercero. ORDENAR a la Sala del Tribunal Administrativo del Magdalena que
corresponda, con ponencia de la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos que
dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, si aún no lo ha hecho, resuelva sobre la manifestación del 4 de junio
de 2026, emitida por la doctora María Victoria Quiñones Triana y una vez resuelto
esto, la magistrada a quien corresponda decida con prioridad sobre la admisibilidad
de la demanda.
Cuarto. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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