Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03950-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03950-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA CLEMENCIA LUNA BARRAGÁN
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TRABAJO,
SEGURIDAD SOCIAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora MARTHA CLEMENCIA LUNA BARRAGÁN, actuando a
través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
1
En adelante Tribunal.
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protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al acceso a la
administración de justicia y al principio de primacía de la realidad
sobre las formas, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al
haber proferido la providencia de 11 de julio de 2025 dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2020-00076-02.
I.2. Hechos
Manifestó que prestó sus servicios como pedagoga en el INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)2 en el distrito
capital de Bogotá, a través de diferentes contratos de prestación de
servicios entre el 18 de febrero de 2009 y el 31 de diciembre de
2018.
Indicó que como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el ICBF, con el fin de que se declarara la existencia
de la relación laboral y se le pagaran las acreencias prestacionales
solicitadas, a la cual le fue asignado el número único de radicación
2020-00076-00.
2
En adelante ICBF.
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Arguyó que el proceso correspondió en primera instancia al
JUZGADO VEINTITRÉS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ3 que, en sentencia de 11 de agosto de 2023, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el ICBF, inconforme con lo anterior, interpuso recurso
de apelación, el cual fue decidido por el TRIBUNAL en sentencia de
11 de junio de 2025, a través de la cual revocó la decisión del a quo
y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se logró desvirtuar la autonomía e independencia que
caracterizan los contratos de prestación de servicios.
Refirió que interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, al estimar que la sentencia de segunda instancia
desconoció los precedentes judiciales relacionados con la existencia
de relaciones laborales encubiertas mediante contratos de prestación
de servicios en entidades públicas, el cual fue rechazado por
extemporáneo por el TRIBUNAL en auto de 7 de noviembre de 2025.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia judicial incurrió en defecto
fáctico por cuanto se negó a reconocer hechos que aparecían
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En adelante JUZGADO.
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claramente acreditados dentro del proceso ordinario, particularmente
la existencia del elemento de la subordinación.
Lo anterior, comoquiera que el TRIBUNAL reconoció expresamente
que prestó sus servicios personales al ICBF durante
aproximadamente 9 años, 10 meses y 13 días, ejecutando funciones
relacionadas directamente con el objeto misional de la entidad,
igualmente, aceptó que las labores desarrolladas no correspondían a
actividades ocasionales, autónomas o excepcionales, sino
permanentes requeridas para el cumplimiento de los fines
institucionales.
Destacó que las declaraciones rendidas por las señoras CARMENZA
MENA CUELLAR y ALICIA MEZA MOSCOTE acreditaban de
manera clara, coherente y concordante que cumplía horarios
institucionales, debía asistir obligatoriamente a reuniones y
capacitaciones, requería autorización para ausentarse de sus labores,
recibía instrucciones permanentes de superiores jerárquicos y
desarrollaba exactamente las mismas funciones que el personal de
planta, lo cual fue desconocido por la autoridad judicial accionada.
Aseguró que también incurrió en desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado, ya que pasó por alto la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021, proferida dentro del
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expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-
31-000-2013-01143-01, en la que se fijaron reglas para el asunto,
pues en esa oportunidad se reconoció la existencia de una relación
encubierta bajo contratos de prestación de servicios, al encontrar
acreditado el elemento de subordinación a partir de distintos indicios
derivados de la realidad material en que se ejecutaban las labores
contratadas.
Alegó que en dicha sentencia se estableció expresamente que “[…]
la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar […]
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación […]”.
Sumado a ello, sostuvo que el Consejo de Estado reconoció como
indicios relevantes de subordinación: i) el cumplimiento de horarios;
ii) la existencia de turnos; iii) la recepción de permanentes órdenes;
iv) la supervisión y control funcional; v) el desempeño de funciones
equivalentes a las desarrolladas por personal de planta y; vi) y la
inserción del contratista dentro del objeto misional de la entidad.
Destacó que, para el caso concreto, concurrían precisamente los
mismos supuestos fácticos desarrollados en la referida sentencia de
unificación, por lo que era evidente que se apartó injustificadamente
del precedente vinculante fijado por el Consejo de Estado.
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De igual manera, refirió que la sentencia de 27 de septiembre de
2023, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”-
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
proferida dentro del expediente identificado con el número único de
radicación 11001-32-42-048-2021-0073-01, constituye un
precedente relevante en materia de contrato realidad.
Señaló que se cumple con los requisitos generales para que proceda
el estudio de la presente acción de tutela, especialmente el
presupuesto de la inmediatez, comoquiera que mediante providencia
de 7 de noviembre de 2025 el TRIBUNAL rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo que es a partir
de ese momento en el que se debe empezar a contabilizar el término
de 6 meses dispuesto por la jurisprudencia para el efecto; sumado a
ello, se deben descontar los períodos correspondientes a la vacancia
judicial, Semana Santa, sábados, domingos y festivos.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] 2. Solicito, Honorables Magistrados, se revoque la sentencia
de segunda instancia de fecha del once (11) de julio de dos mil
veinticinco (2025), el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “E” bajo el
radicado 11001-33-35-023-2020-00076-02 de conformidad con
los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos y en consecuencia
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se le paguen las prestaciones sociales a mi apoderado de la señora.
3. Que se ordene al Tribunal accionado emitir una nueva sentencia
respetando los principios constitucionales y los derechos
fundamentales invocados, corrigiendo las vulneraciones advertidas
en la presente acción […]”. (Destacado pertenece al texto)
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL y el INPEC solicitaron que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia o, en subsidio, que
se deniegue el amparo deprecado.
I.5.2.- El JUZGADO guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia 11 de julio de 2025, proferida por el
TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2020-00076-02.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, habida cuenta
que, a juicio de la actora, incurrió en defecto fáctico por cuanto
pasó por alto los hechos que acreditaban la existencia del elemento
de la subordinación, especialmente los testimonios rendidos por las
señoras CARMENZA MENA CUELLAR y ALICIA MEZA MOSCOTE.
Alegó que también incurrió en desconocimiento del precedente
judicial dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021, proferida dentro del
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expediente número 05001-23-31-000-2013-01143-01, en la que se
fijaron reglas aplicables en su caso.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
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la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”4.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo6:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. […]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo. […]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable. […]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de
la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener
en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras7;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado8;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión9;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales10;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta11.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
7
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 12, la
providencia de 11 de julio de 2025, aquí cuestionada, fue notificada
a las partes vía correo electrónico, el 14 de ese mes y año, por lo
que en aplicación de los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 201113, se entiende debidamente notificada el 16 del
mismo mes y anualidad.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 21 de mayo de 202614, esto es,
transcurrido más de 6 meses, superando así el término que ha
sido estimado por la jurisprudencia como término razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de la providencia de 11 de
julio de 2025, aquí cuestionada.
De otra parte, en el escrito introductorio, la actora solicitó la
flexibilización en el conteo del término, en tanto presentó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue resuelto
de manera desfavorable por el TRIBUNAL el 7 de noviembre de
2025.
Sobre el particular, la Sala destaca que las razones aducidas por la
12
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333024201900
266020500123
13
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
14
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013335023202000
076022500023
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Actora: MARTHA CLEMENCIA LUNA BARRAGÁN
actora no justifican la inactividad o tardanza en la presentación de
la solicitud de amparo, toda vez que en tratándose de acciones de
tutela contra providencias judiciales, el término con el que cuenta el
interesado para promoverla se determina por la fecha en la que se
surte debidamente la notificación de la decisión que presuntamente
vulneró sus derechos fundamentales, sin que para tal efecto pueda
considerarse como válido el argumento presentado, pues la
providencia proferida dentro del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia es absolutamente autónoma e
independiente de la actuación censurada15, además que este fue
rechazado por extemporáneo.
Así mismo, tampoco resulta de tal validez la apreciación de la actora
tendiente a que se descuenten los períodos correspondientes a la
vacancia judicial, Semana Santa, sábados, domingos y festivos,
comoquiera que el conteo del término de la inmediatez, como se
mencionó en líneas anteriores, es de 6 meses contados a partir del
día siguiente en que se efectuó debidamente la notificación de la
providencia cuestionada.
Así las cosas, teniendo en cuenta que en la presente acción de tutela
no se evidenció situación que se enmarque en alguno de los
15
En igual sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras, en providencia de 13 de marzo de 2025,
dentro del expediente número 2025-00758-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201716, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de
inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
16
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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