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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03951-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03951-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), actuando por conducto de apoderada judicial, en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03951-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03951-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), actuando por conducto
de apoderada judicial, en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al “debido proceso en
conexidad con el acceso a la administración de justicia, junto con los principios de
seguridad jurídica previstos en los artículos 13, 29, 229 de la Constitución Política de
Colombia”, supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia del 20 de
noviembre de 20251 que confirmó la sentencia de primera instancia proferida el 27
de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 25000-23-37-000-2021-00738-00/01/02.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que la sociedad Alimentos
Cárnicos S.A.S. instauró una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones RDO-2020-00644 del 5 de
junio de 2020 y RDC-2021-01722 del 30 de agosto de 2021, expedidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio de su función fiscalizadora de aportes al
Sistema de Protección Social.

3. En el trámite contencioso, la demandante cuestionó la inclusión de diversos
conceptos en el ingreso base de cotización, entre ellos la bonificación por concurso
de metas, primas de productividad, auxilios de alimentación, transporte, teletrabajo,

1
La decisión fue notificada el 25 de noviembre de 2025 y cobró ejecutoria el 2 de diciembre de 2025
2 Presentada el 22 de mayo de 2026

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gimnasio y otras asignaciones respecto de las cuales alegó la existencia de pactos
de desalarización y naturaleza no salarial.

4. Mediante sentencia del 27 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados y ordenó efectuar una nueva liquidación, al considerar
que varios de los conceptos discutidos no integraban el ingreso base de cotización
o debían someterse a las reglas sobre desalarización y límite del cuarenta por ciento
(40 %).

5. Inconformes con esa determinación, las partes interpusieron recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante
sentencia del 20 de noviembre de 2025, providencia que confirmó la nulidad parcial
declarada en primera instancia y mantuvo la orden de reliquidación conforme a los
criterios fijados en el fallo.

2.2. Fundamento jurídico

6. La entidad accionante estimó vulnerados sus derechos fundamentales al
“debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia, junto con
los principios de seguridad jurídica previstos en los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política”, al considerar que la sentencia proferida el 20 de noviembre de
2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado reconoció efectos a determinados
pactos de desalarización sin constatar que estos se encontraran plenamente
acreditados para el período fiscalizado, en contravía de las reglas fijadas por la
Sentencia de Unificación de 9 de diciembre de 2021.

7. Como eje central de su inconformidad, la UGPP alegó la configuración de un
defecto fáctico, por cuanto, en su criterio, la autoridad judicial tuvo por demostrada
la existencia de pactos de desalarización sin verificar aspectos que consideró
indispensables para establecer su eficacia probatoria, tales como la fecha de
vigencia de los acuerdos, la identificación de las partes suscribientes, la temporalidad
correspondiente al año 2016 y la existencia de los elementos necesarios para
determinar su alcance jurídico.

8. Sobre esa misma base argumentativa, sostuvo que la providencia accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, pues desde
la perspectiva de la parte accionante, desconoció la regla cuarta de la Sentencia de
Unificación núm. 25185 de 20213, conforme a la cual el pacto de desalarización debe
encontrarse plenamente probado mediante los medios de prueba pertinentes.
Expuso que, a su modo de ver, la Sección Cuarta reconoció los efectos de tales
acuerdos sin constatar previamente que satisficieran el estándar probatorio exigido
por dicha decisión de unificación.

9. Asimismo, afirmó que el precedente citado fue indebidamente aplicado, toda
vez que la autoridad judicial acudió a las reglas relativas al límite del cuarenta por
ciento (40 %) previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, pese a que, según
su entendimiento, no se encontraba acreditado el presupuesto previo para ello,
consistente en la demostración suficiente de los pactos de exclusión salarial respecto

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de Unificación núm. 25185 de 2021,
rad. 05001-23-33-000-2016-02496-01 (25185), MP Milton Chávez García.

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de los trabajadores involucrados.

10. De igual forma, cuestionó la motivación de la sentencia, al estimar que la
orden de reliquidación impartida a la UGPP no precisó cuáles acuerdos satisfacían
las exigencias derivadas de la jurisprudencia de unificación ni individualizó los casos
en los que procedía reconocer los efectos de la desalarización, circunstancia que, a
su juicio, generaba incertidumbre respecto del alcance de la decisión.

11. Finalmente, sostuvo que la interpretación acogida por la Sección Cuarta
comprometía los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema de
Seguridad Social, en la medida en que permitía excluir conceptos del ingreso base
de cotización a partir de pactos cuya suficiencia probatoria, según la postura de la
accionante, no había sido debidamente establecida dentro del proceso judicial.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«PRIMERO: Sírvase H. Magistrado reconocerme personería jurídica para actuar
como apoderada judicial de la UGPP, en esta acción constitucional.

SEGUNDO: Solicito se sirva CONCEDER la presente acción de tutela declarando
la violación a los Derechos Fundamentales al Debido Proceso, defensa y
contradicción y Acceso a la Administración de Justicia que le asiste a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES - UGPP, transgredidos por CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA.

TERCERO: Solicito DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida el 20 de noviembre de 2025 por la SALA CUARTA- SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – CONSEJO DE ESTADO mediante la cual
se resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del
expediente con número de radicado No. 25000233700020210073802, con
fundamento en las razones expuestas a lo largo de este escrito.

CUARTO: ORDENAR a la SALA CUARTA- SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – CONSEJO DE ESTADO emitir una nueva providencia de
segunda instancia, en el que se valore si los pactos de desalarización constituyen
plena prueba, esto es, si cumplen los requisitos mínimos, tales como fecha, firmas,
temporalidad, etc, aplicando las reglas de la sentencia de unificación 25185 de 2021
del Consejo de Estado.» (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 1 de junio
de 20264 a través del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Cuarta
como accionada y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, a la sociedad Alimentos Cárnicos S.A.S. y a los demás intervinientes
en el proceso referido como terceros interesados. Asimismo, ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia y
reconoció personería a la apoderada de la parte actora.

2.4.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta,
Subsección A5 informó que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por Alimentos Cárnicos S.A.S. se declaró la nulidad parcial de
los actos de la UGPP y se ordenó reliquidar los aportes únicamente respecto de los
4
Índice 4 del aplicativo SAMAI
5
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trabajadores que acreditaron pactos de desalarización asociados a la Bonificación
por Concurso de Metas, con observancia del límite previsto en el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010. Precisó que dicha decisión fue confirmada posteriormente por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

14. Sostuvo que la solicitud amparo resultaba del todo improcedente teniendo en
cuenta que la UGPP no agotó instrumentos procesales como la aclaración o
adición de la sentencia y, además, porque el supuesto defecto fáctico se
fundamentó en argumentos nuevos relacionados con la validez formal de los pactos
de desalarización, aspectos que no fueron planteados al sustentar el recurso de
apelación. Agregó que la discusión en segunda instancia se limitó al número de
trabajadores amparados por la orden judicial y no a la suficiencia probatoria de los
pactos.

15. Finalmente, indicó que la tutela pretende reabrir un debate jurídico ya definido
por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y convertir el amparo en una
tercera instancia, razón por la cual solicitó que la acción fuera declarada
improcedente o, subsidiariamente, que se negaran las pretensiones.

2.4.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado6 se opuso al amparo solicitado y
explicó que el fallo de 20 de noviembre de 2025 confirmó la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual limitó expresamente los efectos de la
desalarización a los trabajadores respecto de quienes se acreditó la existencia del
correspondiente pacto de exclusión salarial.

16. Afirmó que la tutela incumple el requisito de relevancia constitucional, pues la
UGPP pretende convertir el amparo en una instancia adicional para cuestionar la
valoración probatoria efectuada por los jueces naturales. Destacó que durante la
apelación la entidad únicamente discutió que la orden no podía aplicarse a la
totalidad de los trabajadores que percibieron la bonificación, pero no cuestionó la
validez, suficiencia o requisitos formales de los pactos de desalarización.

17. Asimismo, descartó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental invocados, al señalar que las decisiones judiciales verificaron la
existencia de los pactos aportados al expediente y limitaron sus efectos a los
trabajadores cobijados por ellos. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo.

2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 20197 y demás normas concordantes.

6
Índice 17 del aplicativo SAMAI
7 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la delimitación del estudio de los defectos en sede constitucional

19. De manera preliminar, la Sala estima necesario delimitar el ámbito del control
constitucional, pues, aunque la UGPP estructuró su censura a partir de distintos
defectos, la lectura integral del escrito de tutela permite advertir que todos los reparos
formulados confluyen en una misma inconformidad relacionada con la valoración
probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada.

20. En ese entendido, la entidad accionante sostuvo que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado reconoció efectos jurídicos a determinados pactos de
desalarización sin verificar que estuvieran debidamente acreditados para el período
fiscalizado de 2016, pese a que, en su criterio, la regla cuarta de la Sentencia de
Unificación 25185 de 2021 exige que tales acuerdos se encuentren plenamente
probados.

21. A partir de esa premisa, la UGPP construyó los restantes cargos. Así, el
alegado desconocimiento del precedente se fundó en la supuesta inobservancia de
la referida regla de unificación; la falta de motivación se hizo derivar de la ausencia
de un pronunciamiento específico sobre ciertos elementos de acreditación de los
pactos; y la indeterminación que atribuye a la orden de reliquidación se sustentó,
igualmente, en la alegada insuficiencia de los soportes probatorios aportados al
proceso.

22. Visto lo anterior, la Sala advierte, en primer lugar, que el cargo por presunto
desconocimiento del precedente carece de autonomía argumentativa suficiente para
ser analizado de manera independiente, toda vez que la UGPP se limitó a invocar la
regla cuarta de la Sentencia de Unificación 25185 de 2021, sin explicar de forma
concreta cómo la providencia cuestionada se apartó de dicha subregla, más allá de
cuestionar la valoración probatoria realizada por la Sección Cuarta respecto de los
pactos de desalarización.

23. Bajo ese escenario, esta Subsección observa que los reproches relativos al
alegado desconocimiento del precedente, a la supuesta insuficiencia de motivación
y a la indeterminación que, según la accionante, presenta la orden impartida, no
constituyen censuras autónomas, pues todas parten de una misma premisa
argumentativa: que la Sección Cuarta tuvo por acreditados determinados pactos de
desalarización sin que, en criterio de la UGPP, existiera prueba suficiente para ello.

24. Por consiguiente, tales cuestionamientos serán examinados de manera
conjunta a partir del estudio del defecto fáctico propuesto, en tanto constituyen
manifestaciones de una misma inconformidad relacionada con la apreciación y el
alcance otorgados por la autoridad judicial accionada al material probatorio obrante
en el expediente.

25. Ahora bien, dado que la acción de tutela se dirigió exclusivamente contra la
sentencia de segunda instancia proferida el 20 de noviembre de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, y por tratarse de la providencia que puso fin al litigio
ordinario, el examen constitucional se concentrará en la corrección de los
razonamientos allí contenidos, sin perjuicio de las referencias estrictamente

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necesarias a la decisión de primer grado en cuanto fueron acogidas y confirmadas
por dicha autoridad judicial.

26. En consecuencia, la Sala abordará el estudio del defecto fáctico invocado por
la accionante y, dentro de ese marco, examinará los argumentos asociados al
alegado desconocimiento de la Sentencia de Unificación 25185 de 2021, a la
presunta insuficiencia de motivación y a la supuesta indeterminación de la orden de
reliquidación, por cuanto, como se expuso en precedencia, tales reproches no fueron
desarrollados con autonomía argumentativa suficiente y se encuentran
inescindiblemente ligados a la controversia probatoria planteada en la solicitud de
amparo.

3.3. Problema jurídico

27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, con ocasión de su providencia del 20 de noviembre de 20258 que confirmó
la sentencia de primera instancia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-37-
000-2021-00738-00/01/02, incurrió en un defecto fáctico, y si con ello presuntamente
vulneró los derechos fundamentales invocados por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

3.4. Procedencia de la acción de tutela

28. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

29. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

30. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la

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La decisión fue notificada el 25 de noviembre de 2025 y cobró ejecutoria el 2 de diciembre de 2025

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protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

31. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

32. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, es decir el
26 de noviembre de 2025, y la fecha en que esta cobró ejecutoria, lo cual ocurrió el
2 de diciembre de esa anualidad y la presentación de la acción de tutela realizada el
22 de mayo de 2026.

3.4.1.4. El asunto sometido a consideración de la Sala reviste relevancia
constitucional, en la medida en que se orienta a establecer la posible vulneración de
los derechos fundamentales al «debido proceso en conexidad con el acceso a la
administración de justicia, junto con los principios de seguridad jurídica previstos en
los artículos 13, 29, 229 de la Constitución Política de Colombia», configurando
presuntamente un defecto fáctico, el cual se encuentra razonadamente planteado.

33. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

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3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

34. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional9 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa10, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las indebidas valoraciones
probatorias determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva11, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

35. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un
análisis individual y conjunto de los elementos probatorios» 12.

36. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

37. En el asunto sometido a consideración de la Sala, la UGPP sostuvo que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico al reconocer
efectos jurídicos a determinados pactos de desalarización sin verificar que estos se
encontraran plenamente acreditados para el período fiscalizado de 2016. En
particular, afirmó que la providencia censurada omitió constatar aspectos como la
fecha de suscripción de los acuerdos, la identificación de sus partes, su vigencia y
su correspondencia temporal con el período objeto de fiscalización.

38. La Sala advierte que no comparte esa conclusión, pues de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico no se configura por la simple
discrepancia frente a la valoración probatoria efectuada por el juez natural, sino
cuando la decisión judicial carece de sustento probatorio o se apoya en

9
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
10
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
11
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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apreciaciones ostensiblemente arbitrarias, caprichosas o irrazonables, circunstancia
que no se evidenció en el presente asunto.

39. En ese entendido, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que
la Sección Cuarta no reconoció indiscriminadamente los efectos de la desalarización
ni dio por acreditados pactos indeterminados. Por el contrario, confirmó la decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la base de considerar
demostrada la existencia de acuerdos de exclusión salarial respecto de la
bonificación discutida y de aplicar a dichos acuerdos las reglas fijadas en la
Sentencia de Unificación 25185 de 202113.

40. Asimismo, la providencia cuestionada delimitó expresamente el alcance
subjetivo de la decisión y precisó que los efectos de la desalarización únicamente
cobijaban a los trabajadores respecto de quienes se encontraba acreditado el
correspondiente pacto de exclusión salarial. En consecuencia, carece de sustento la
afirmación según la cual la Sección Cuarta habría extendido tales efectos a la
totalidad de trabajadores que percibieron la Bonificación por Concurso de Metas14.

41. Bajo ese contexto, el cuestionamiento formulado por la UGPP no
demuestra la ausencia de soporte probatorio de la decisión, sino su
desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por el juez natural a partir de las
pruebas obrantes en el expediente. No obstante, la acción de tutela no constituye
una instancia adicional destinada a sustituir las valoraciones probatorias efectuadas
por los jueces ordinarios cuando estas resultan razonables y encuentran respaldo en
el material probatorio recaudado.

42. A lo anterior se suma que la discusión planteada en esta sede
constitucional no coincide con la que fue sometida a consideración de la
Sección Cuarta al resolver la apelación. En ese entendido, la providencia
evidencia que la inconformidad de la UGPP se concentró en el alcance de la orden
impartida por el Tribunal y en la identificación de los trabajadores cobijados por ella,
mas no en la ausencia de fechas, firmas, vigencia o temporalidad de los pactos de
desalarización15.

43. En ese escenario, no resulta jurídicamente admisible atribuir a la
autoridad judicial accionada la obligación de pronunciarse sobre aspectos que
no constituyeron materia de controversia en la segunda instancia. El debate
que ahora propone la UGPP en torno a requisitos formales específicos de los
acuerdos de desalarización no hizo parte del problema jurídico resuelto por la
Sección Cuarta y, por lo mismo, no puede erigirse posteriormente en fundamento de
una supuesta vía de hecho.

13
Providencia del 26 de noviembre de 2025. - «... Sobre este asunto se tiene que en la parte considerativa de la sentencia de
primera instancia el a quo reconoció el carácter salarial de esta bonificación por cuanto, de conformidad con la política de
reconocimiento implementada por la compañía, su pago obedecía al cumplimiento de requisitos como tiempo de prestación de
servicios y cargo; todo lo cual se asimilaba a los denominados porcentajes sobre ventas de que trata el artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo. No obstante, precisó que las partes de la relación laboral podían pactar que determinados conceptos
que en principio son salariales no lo sean, y como en este caso la sociedad demostró la existencia del acuerdo de exclusión
respecto de la bonificación aquí discutida, aceptó esta desalarización siempre y cuando su pago no superara el tope del 40%
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Esta decisión solo cobijaba a los trabajadores que contaran con el respectivo pacto, tal
como fue previsto en la sentencia de unificación de esta Corporación.»
14
Ibidem. - «Esta decisión solo cobijaba a los trabajadores que contaran con el respectivo pacto, tal como fue previsto en la
sentencia de unificación de esta Corporación»
15
Ibidem. - «La demandada sostiene que la orden dada por el tribunal respecto de dicho concepto solo podía cobijar a aquellos
trabajadores frente a los cuales se probó la existencia del pacto de desalarización (447 empleados), mientras que para los
demás, es decir, aquellos que no contaran con ese acuerdo, debía incluirse en el ingreso base de cotización como factor
salarial»

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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44. De igual forma, la parte accionante no identificó una prueba concreta que
hubiera sido omitida, tergiversada o apreciada de manera arbitraria por la autoridad
judicial accionada. Su argumentación parte de una valoración alternativa de ciertos
documentos que, a su juicio, no satisfacen el estándar de acreditación exigido por la
sentencia de unificación; no obstante, omitió individualizar las pruebas
supuestamente ignoradas y demostrar la incidencia decisiva que tendrían en el
sentido de la decisión cuestionada.

45. Por el contrario, del expediente se evidencia que la existencia de los pactos
de exclusión salarial sí fueron objeto de análisis por parte de los jueces de la causa.
De hecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca examinó expresamente los
soportes documentales allegados al proceso y concluyó que tales acuerdos habían
sido demostrados respecto de la bonificación objeto de discusión, conclusión que
posteriormente fue confirmada por la Sección Cuarta.

46. Tampoco prospera el argumento relativo a la supuesta indeterminación de la
orden impartida pues lejos de tratarse de una decisión ambigua o imposible de
ejecutar, la providencia16 estableció un criterio objetivo y verificable para su
cumplimiento, consistente en efectuar la reliquidación únicamente respecto de
aquellos trabajadores que hubieran suscrito la correspondiente cláusula de
desalarización.

47. Visto lo anterior, la tesis de la UGPP supone que el juez constitucional
reemplace el análisis probatorio efectuado por los jueces de la causa y adopte una
conclusión distinta sobre el mérito de los documentos aportados al proceso. No
obstante, semejante pretensión desconoce el carácter excepcional de la tutela
contra providencias judiciales y el ámbito restringido del control constitucional
respecto de la valoración probatoria realizada por el juez natural.

48. En consecuencia, la Sala concluye que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado no incurrió en una valoración probatoria arbitraria, caprichosa o
manifiestamente irrazonable. Por el contrario, resolvió la controversia con
fundamento en el material probatorio obrante en el expediente, delimitó
expresamente los efectos de la desalarización a los trabajadores respecto de
quienes se acreditó la existencia del correspondiente pacto y desestimó el recurso
de apelación formulado por la UGPP con base en consideraciones razonadas y
suficientes.

49. Así las cosas, la inconformidad planteada por la entidad accionante se
contrae, en esencia, a controvertir las conclusiones probatorias adoptadas por el juez
natural y a proponer una reinterpretación del acervo probatorio desde una óptica
distinta a la acogida en el proceso ordinario.

50. Tal circunstancia resulta insuficiente para estructurar el defecto fáctico

16
«... Posteriormente, en la parte resolutiva el juez de primera instancia ordenó «a la UGPP que realice una nueva liquidación
en la que se (i) reliquide, calcule, y de ser el caso, elimine los ajustes de los trabajadores que suscribieron cláusula de
desalarización y que devengaron la Bonificación por Concurso de Metas (Actuar y Ganar) atendiendo el límite del 40% (artículo
30 de la Ley 1393 de 2010)» De conformidad con lo expuesto, el recurso de apelación de la UGPP no tiene fundamento,
puesto que lo que hizo el tribunal fue precisamente aceptar la desalarización de la bonificación por concurso de metas
únicamente frente aquellos empleados que contaran con la respectiva cláusula, lo que a su vez significaba que frente
aquellos que no la tuvieran debía proceder su inclusión en el ingreso base de cotización de manera total por tratarse
de un concepto salarial de los que trata el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Se niega el asunto. ». Negrillas
de esta Sala.

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alegado y, por ende, conduce a negar el amparo solicitado, así como los reproches
derivados que la UGPP vinculó al supuesto desconocimiento de la Sentencia de
Unificación 25185 de 2021, a la alegada insuficiencia de motivación y a la pretendida
indeterminación de la orden de reliquidación.

51. En suma, esta Subsección encuentra que la UGPP no logró demostrar la
existencia de una valoración probatoria arbitraria, irrazonable o caprichosa por parte
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Antes bien, los argumentos expuestos
revelan una inconformidad con las conclusiones adoptadas por el juez natural y con
el alcance otorgado al material probatorio obrante en el expediente, circunstancia
que resulta insuficiente para estructurar un defecto fáctico susceptible de
comprometer la validez constitucional de la providencia cuestionada. En
consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.

52. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), actuando por conducto de apoderada judicial, en contra del Consejo
de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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