Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03955-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03955-00
Accionante: M.P.H.J 1.
Accionados: Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y otro
Tema: Derecho al debido proceso administrativo. Provisión de cargo en
propiedad. Desvinculación del cargo en provisionalidad.
Protección especial a madre cabeza de familia. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora M.P.H.J, en nombre
propio, en contra del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
ANTECEDENTES
La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, trabajo, estabilidad laborar reforzada, seguridad social, mínimo vital,
dignidad humana, salud del núcleo familiar, igualdad material y confianza legítima,
los cuales considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, con
ocasión de la expedición de un acto administrativo de nombramiento en propiedad
que dispuso su desvinculación del cargo que ocupaba en provisionalidad.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La señora M.P.H.J narró que se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde hace
más de 16 años, con desempeño continuo en cargos del área penal, tanto en
1 Debido a solicitud expresa de la accionante1,se dispuso en el auto admisorio la reserva y tratamiento
restringido de la información sensible, con el fin de evitar la divulgación de datos personales, familiares,
médicos y laborales, incluyendo la identidad de los integrantes de su núcleo familiar; de acuerdo con la
Circular núm. 10 de 2022 de la Corte Constitucional.
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juzgados municipales como de circuito. - Archivo Central.
Que cuenta con 55 años y tiene 1.333,29 semanas cotizadas al Sistema General de
Pensiones, por lo que cumple la totalidad del requisito de semanas y solo le resta
aproximadamente 1 año y 7 meses para cumplir la edad pensional, circunstancia
que, en su sentir, la ubica como sujeto de especial protección constitucional.
Que en atención a dicha condición, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla le reconoció estabilidad laboral reforzada y, mediante Resolución de
Sala plena número 074 del 7 de mayo de 2025, la nombró en provisionalidad en el
cargo de Juez Trece Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla, luego de la desvinculación del titular en propiedad.
Que pese a la protección reforzada reconocida, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico incluyó el referido despacho judicial dentro de los cargos
ofertados para provisión por concurso de méritos, sin adoptar medidas de
armonización entre el principio de mérito y su situación particular.
Que mediante Acuerdo CSJATA26-94 del 14 de abril de 2026 se conformó lista de
elegibles para proveer, entre otros, el Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla, lista que fue remitida al Tribunal Superior
para efectos de nombramiento en propiedad
Que en el marco del «Asunto Administrativo No. 048 de 2026», el Tribunal requirió
a la accionante para que, en un término de veinticuatro (24) horas, allegara su
historia laboral y se pronunciara frente al trámite administrativo, requerimiento que
evidenció el conocimiento de su condición pensional. No obstante, la Sala Plena
adoptó la decisión de fondo de manera prácticamente concomitante al vencimiento
del plazo otorgado, sin que se garantizara un ejercicio real y efectivo del derecho de
defensa ni se reflejara en el acto administrativo, análisis alguno de las
manifestaciones de la accionante.
Que mediante Resolución de Sala Plena No. 0134 del 20 de mayo de 2026, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla nombró en propiedad al señor
Pablo Andrés Villamil Duarte en el cargo ocupado por la accionante y dispuso la
terminación de su nombramiento en provisionalidad a partir de la posesión del
designado.
Que, el acto administrativo cuestionado se limitó a invocar de forma genérica el
principio de mérito, sin motivar de manera específica la decisión frente a la
estabilidad laboral reforzada ni examinar alternativas menos lesivas, tales como su
reubicación en vacantes equivalentes existentes o previsibles dentro del distrito
judicial.
Que tiene a cargo a su señora madre de 84 años con múltiples patologías graves y
una hija adulta con trastorno mental crónico, quienes dependen material y
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funcionalmente de la estabilidad laboral y del acceso continuo al -sistema
Archivo Central.
de
seguridad social de la accionante.
PRETENSIONES
Que se ampare el derecho invocado y, en consecuencia:
Se deje sin efectos la Resolución de Sala Plena No. 0134 del 20 de mayo de 2026,
en cuanto dispuso su desvinculación del cargo que ocupaba en provisionalidad.
Se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que profiera una
nueva decisión debidamente motivada, en la cual se evalúen de forma expresa y
razonada las medidas administrativas disponibles para armonizar el derecho de
carrera del aspirante con la protección constitucional reforzada que la ampara como
prepensionada.
Se garantice su continuidad laboral hasta la consolidación del derecho pensional,
mediante reubicación en un cargo equivalente o mediante otra medida efectiva
dentro de las competencias de la autoridad nominadora.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 29 de mayo de 2026 se admitió la acción de tutela; se negó la medida provisional
solicitada2 y se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla indicó que la accionante
fue designada inicialmente en provisionalidad en el cargo de Juez Trece Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla mediante Resolución
de Sala Plena No. 3.977 del 19 de enero de 2021, y que, posteriormente, el 7 de
mayo de 2025, la Sala Plena reconoció su condición de prepensionada y decidió
mantener su vinculación en provisionalidad cuando el cargo pasó de vacancia
temporal a definitiva.
Expuso que el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante Acuerdo
CSJATA26-94 del 14 de abril de 2026, formuló lista de candidatos para proveer en
propiedad los Juzgados Sexto y Trece Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Barranquilla, lista integrada por dos aspirantes.
Una vez recibida dicha lista, el Tribunal adelantó el trámite administrativo
correspondiente y sometió el asunto a consideración de la Sala Plena, corporación
que, en sesión del 14 de mayo de 2026, decidió dar prevalencia a los derechos de
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Solicitó la suspensión del acto administrativo contenido en la Resolución de Sala Plena No. 0134 del 20 de
mayo de 2026, mientras se decidía de fondo la presente acción de tutela.
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• Archivo
carrera judicial y al principio de mérito, y nombró en propiedad al señor Pablo Central.
Andrés
Villamil Duarte, decisión formalizada mediante la Resolución No. 0134 del 20 de
mayo de 2026, la cual fue debidamente notificada. Indicó además que el designado
aceptó el cargo el 1.º de junio de 2026.
Afirmó que las decisiones adoptadas por el Tribunal se ajustan a lo dispuesto en la
Ley 270 de 1996, y que el trámite administrativo de nombramiento en propiedad se
surtió conforme a las reglas legales y constitucionales que rigen la carrera judicial.
Sostuvo que no se produjo vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante.
Informó que el 19 y 21 de mayo de 2026 la señora M.P.H.J presentó derechos de
petición, en los cuales solicitó información sobre su condición de prepesionada, la
inclusión del despacho en el concurso de méritos, la existencia de vacantes
equivalentes, así como el acceso al expediente y actuaciones del asunto
administrativo No. 048 de 2026, incluyendo decisiones, actas, análisis de
alternativas de reubicación y medidas de protección laboral, además, el Tribunal
indicó que los términos legales para responder aún se encontraban en curso al
momento de la interposición de la tutela, por lo cual solicitó negar el amparo, al
considerar que la acción se presentó de manera anticipada, y declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico guardo silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela; III) estabilidad laboral reforzada de
prepensionados IV) protección constitucional de la mujer cabeza de familia; y V)
análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela - Archivo Central.
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
Ha dicho la Corte Constitucional 3 que:
«…el amparo constitucional no es, por regla general, el mecanismo
judicial de protección de los derechos laborales pues, para el efecto, los
interesados tienen la posibilidad de activar las acciones judiciales
pertinentes ante la jurisdicción ordinaria laboral o la jurisdicción de lo
contencioso administrativa, según corresponda. Sin embargo, cuando el
accionante es un sujeto de especial protección constitucional o una
persona en condiciones de debilidad manifiesta, la existencia de medios
judiciales de defensa debe ser apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia e idoneidad para amparar adecuadamente los derechos
fundamentales.»
De ahí que cuando se invoca la estabilidad laboral reforzada, deba examinarse el
asunto, a fin de determinar si se cumplen los requisitos para la protección
constitucional.
Estabilidad laboral reforzada de prepensionado.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-003 de 2018, unificó su jurisprudencia
en relación con la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a
pensionarse y estableció que la condición de prepensionado no se deriva de
cualquier expectativa pensional, sino de una situación concreta en la que el
trabajador se encuentra próximo a cumplir los requisitos para acceder a la pensión
y requiere la continuidad en el empleo para garantizar la consolidación de ese
derecho.
«Cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es
3 Ver, entre otras, sentencia T- 311 de 2025
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el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo - Archivo
de Central.
semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es
beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable,
dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera
posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se
frustra el acceso a la pensión de vejez».
En ese sentido, la Corte ha indicado que:
1) La protección se reconoce cuando el trabajador se encuentra en una
situación de proximidad real y verificable al cumplimiento de los
requisitos legales, especialmente cuando aún requiere del vínculo
laboral para completar dichos requisitos.
2) La estabilidad reforzada no tiene carácter automático, sino que exige
la demostración de los presupuestos fácticos que evidencien la
necesidad de protección.
3) La finalidad de la medida consiste en evitar que la desvinculación
afecte de manera desproporcionada el acceso efectivo a la pensión.
De igual forma, la Corte ha señalado que esta protección no puede desconocer el
principio de mérito en el acceso a los cargos de carrera, de manera que su
aplicación exige un ejercicio de armonización constitucional que depende de la
acreditación concreta de los presupuestos de vulnerabilidad.
Protección constitucional de la mujer cabeza de familia
La Corte Constitucional en sentencia T 246 de 2022 señaló que la protección
especial a favor de las mujeres cabeza de familia se deriva tanto del artículo 13 de
la Constitución, que dispone el deber de velar por la igualdad real y efectiva de los
grupos tradicionalmente discriminados y proteger a las personas en circunstancias
de debilidad manifiesta, como de su artículo 43, que prevé el deber especial de
apoyar a estas personas y a su grupo familiar, «en consideración a la difícil
situación a la que deben enfrentarse al asumir de forma solitaria las tareas de
crianza y de sostenimiento […], permitiéndoles oportunidades en todas las esferas
de su vida y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos» 4.
La Corte estima que la categoría de «cabeza de familia» no sólo comprende a la
madre que asume el cuidado de sus hijos menores o en situación de
discapacidad 5, sino que se extiende a aquella mujer de quien dependen otras
personas que, por causa debidamente comprobada, se encuentran incapacitadas
para trabajar; entre estas, incluso, el cónyuge o compañero permanente 6.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-724 de 2009.
5 Corte Constitucional, Sentencia T 016 de 2008
6 Corte Constitucional, Sentencia T 016 de 2008
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• Archivo Central.
Quien aduce ser beneficiaria de esta forma de estabilidad laboral reforzada debe
acreditar las siguientes exigencias:
1) Tener a cargo la responsabilidad de hijos menores o de personas
incapacitadas para trabajar 7.
2) Que la responsabilidad sea exclusiva, por cuanto no recibe ayuda alguna
por parte de los demás miembros de la familia o, en caso de recibirla, exista una
deficiencia sustancial entre lo requerido para satisfacer el mínimo vital de los
sujetos a su cargo y lo recibido, siendo, en la práctica, el sustento del hogar una
responsabilidad exclusiva y solitaria de la madre 8.
3) Que la responsabilidad sea de carácter permanente, derivada, «(i) no solo
de la ausencia o abandono del hogar por parte de la pareja, sino por constatarse
que aquella se sustrae del cumplimiento de las obligaciones que tal condición
exige, o (ii) porque la pareja no asume la responsabilidad que le corresponde por
algún motivo relacionado con una incapacidad física, sensorial, síquica o mental,
“ó, como es obvio, por la muerte» 9.
Análisis del caso concreto
La señora M.P.H.J. considera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, defensa, trabajo,
estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo vital, dignidad humana,
igualdad material y confianza legítima, con ocasión de la expedición de la
Resolución de Sala Plena No. 0134 del 20 de mayo de 2026 10.
De los anexos de la demanda y demás elementos allegados al expediente, la Sala
observa lo siguiente:
• Mediante resolución de Sala Plena No. 0134 del 20 de mayo de 2026, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla efectuó el
nombramiento en propiedad y dispuso la terminación de la vinculación
provisional de la accionante.
• Mediante resolución de Sala Plena Ordinaria No. 074 del 7 de mayo de 2025
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla nombró a la
accionante en provisionalidad en el cargo de Juez Trece Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla.
7 Corte Constitucional, Sentencia T 016 de 2008
8 Corte Constitucional, Sentencia T 016 de 2008
9 Corte Constitucional, Sentencia T 016 de 2008
10 Resolución mediante la cual se dispuso el nombramiento en propiedad del señor Pablo Andrés Villamil
Duarte y la terminación de la vinculación en provisionalidad de la accionante.
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• - Archivo
Mediante Acuerdo CSJATA26-94 del 14 de abril de 2026, se conformó Central.
la lista
de elegibles para proveer los cargos de Juzgado Sexto y Trece Penal
Municipal con Función de Control de Garantía de Barranquilla.
• La señora M.P.H.J. radicó derechos de petición el 19 y 21 de mayo de 2026,
en los cuales solicitó información sobre el reconocimiento y alcance de su
condición de prepensionada; explicación acerca de la inclusión del despacho
que ocupaba dentro del concurso de méritos; identificación de vacantes
equivalentes en el distrito judicial; y acceso al expediente, actuaciones y
decisiones surtidas dentro del Asunto Administrativo número 048 de 2026,
incluyendo actas, análisis efectuados y eventuales alternativas de
reubicación, dichas peticiones se encontraban pendientes de respuesta y
para cuando se presentó la solicitud de tutela no había vencido el término
legal de respuesta, sin embargo, el Tribunal aportó al expediente los oficios
del 9 y 12 de junio de 2026, en las cuales dio respuesta de fondo a cada uno
de los requerimientos, informó sobre el trámite administrativo adelantado, la
conformación de la lista de elegibles, la situación de las vacantes en el distrito
judicial y la inexistencia de margen de maniobra para la reubicación, así como
las razones por las cuales la accionante no ostenta la condición de
prepesionada en los términos de la jurisprudencia constitucional. Con lo
anterior se observa que no se configura vulneración del derecho fundamental
de petición.
• Aportó también la accionante el reporte de semanas cotizadas en pensión,
expedido por Colpensiones correspondiente a enero de 1996 hasta mayo de
2026.
A partir del material probatorio, la Sala observa que la desvinculación de la
accionante se produjo como consecuencia del nombramiento en propiedad de un
aspirante que superó el concurso de méritos, circunstancia que configuró una causal
objetiva, legitima y constitucionalmente válida en el marco del sistema de carrera
judicial, para lo cual realizó un procedimiento administrativo y una ponderación de
derechos.
En relación con la alegada condición de prepesionada, la Sala advierte que no se
acreditan los supuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para el
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada en dicha calidad, en la medida en
que la protección se predica, de forma estricta, respecto de quienes se encuentran
próximos a consolidar su derecho pensional y requieren de la continuidad laboral
para completar los requisitos exigidos por la ley, especialmente el número de
semanas de cotización.
En el presente caso, si bien obra certificación de las 1333,29 semanas cotizadas,
no se demuestra una situación de riesgo cierta e inminente de frustración del
derecho pensional que haga necesaria la protección excepcional del juez
constitucional, ni se acredita que la desvinculación impida materialmente el acceso
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a la pensión en los términos exigidos por la jurisprudencia aplicable. - Archivo Central.
En ese sentido, la sola referencia a la proximidad del requisito de edad o a
circunstancias personales no resulta suficiente para activar el amparo reforzado, en
ausencia de prueba concreta sobre la afectación directa e inmediata del derecho a
la pensión.
Además, se advierte que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
allegó al expediente memorial del 10 de junio de 2026, mediante el cual aportó copia
de la respuesta de fondo otorgada a la accionante, y posteriormente, mediante
escrito del 16 de junio del presente año, dio alcance al informe de tutela, adjuntando
nuevamente las respuestas emitidas el 9 y 12 de junio de 2026, en las cuales
atendió de manera íntegra las solicitudes de la accionante y le explicó por qué no
era beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada de prepensionada.
En relación con la protección que solicita con base en su condición de madre cabeza
de familia se tiene lo siguiente:
La accionante manifestó tener a cargo a su madre, persona de avanzada edad con
múltiples patologías médicas y a su hija Nathalie Sareth Celemin Hernández con
una discapacidad; en relación con las cuales aportó la historia clínica de la madre y
un certificado donde consta que la hija tiene un diagnóstico de trastorno bipolar
grave.
Tales elementos no son suficientes para acreditar los presupuestos exigidos por la
jurisprudencia constitucional para el reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada; pues lo cierto es que no explicó la accionante por qué la responsabilidad
económica y asistencial recae de forma exclusiva o predominante sobre ella; es
decir no indicó que no tenga o pueda tener apoyo de otros familiares, tanto en
relación con las necesidades de su señora madre como las de su hija.
Adicionalmente, consultada la página de la ADRES, las personas que se relacionan
en el escrito de tutela como madre e hija de la accionante se encuentran afiliadas al
sistema de salud en el régimen contributivo, ambas como cotizantes, la primera en
la E.P.S SANITAS S.A.S, y la segunda en la E.P.S Salud total S.A.
En conclusión, los elementos obrantes en el proceso no permitan concluir que la
accionante sea la única proveedora económica del núcleo familiar ni que exista una
situación de desprotección derivada de la ausencia de otros obligados, razón por la
cual no se configura el supuesto fáctico necesario para el reconocimiento de
estabilidad laboral reforzada por esta condición.
Así las cosas, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración a los derechos
fundamentales invocados, ni la existencia de una situación de especial protección
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, en consecuencia, se
negará el amparo solicitado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03955-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora M.P.H.J, conforme a
las consideraciones expuestas.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
10
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