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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03958-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03958-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del abogado Sady Andrés Orjuela Bernal para actuar en nombre propio en el presente trámite constitucional, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03958-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03958-00
Accionantes: FREDY GARCÍA TRUJILLO Y OTRO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional – legitimación
en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la
parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y de la Nación –
Fiscalía General de la Nación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 28 de mayo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, actuando en nombre propio y
como apoderado judicial del señor Fredy García Trujillo, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima3 y de la Nación – Fiscalía

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Se precisa que se notificó como accionados Tribunal Administrativo del Tolima y a la

Nación – Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, se vinculó al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué, a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso. De otro lado, se requirió al abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, para que allegara
el poder especial conferido por Fredy García Trujillo, para la presentación de esta solicitud de amparo.
También, en atención a que el abogado manifestó que presentaba la acción en nombre propio, al ser
«beneficiario de un porcentaje de la sentencia que se presenta como título ejecutivo», se le requirió para
que aportara el documento que le confiere tal calidad para acreditar su legitimación en la causa por activa.
3 Se precisa que el actor en múltiples ocasiones hace referencia al Consejo de Estado como accionado por

su razonamiento en la providencia acusada, pero la decisión que se cuestiona fue proferida en primera
instancia el 29 de agosto de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y
en segunda instancia el 13 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima. Por ello, la
autoridad judicial accionada es el Tribunal Administrativo del Tolima, no el Consejo de Estado. Las
referencias al Consejo de Estado se pueden ver, por ejemplo, en lo siguiente: «En consecuencia, dichas
actuaciones constituyen verdaderas obligaciones de hacer, las cuales fueron completamente ignoradas

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Accionantes: Fredy García Trujillo y otro
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
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General de la Nación. Con la solicitud de amparo, pretenden que se le protejan
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la «efectividad de los
principios», al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. La parte actora le adjudica la transgresión de sus garantías
constitucionales al auto proferido el 13 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante el que se revocó parcialmente providencia
del 29 de agosto de 2025 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué y, en su lugar, libró mandamiento de pago de la obligación
dineraria contenida en la sentencia declarativa, pero no frente a las obligaciones
de hacer4. Esto, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado
73001-33-33-001-2025-00102-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se protejan los derechos fundamentales de los cuales soy titular como
beneficiario de un porcentaje de la sentencia; los de mi cliente Dr. FREDY
GARCIA TRUJILLO, previstos en PREAMBULO, los artículos 1 (respeto a la
dignidad humana); 2 (servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los
principios); 29 (debido proceso); 229 (acceso a la administración de justicia);
previstos en la Constitución Política de Colombia y cuales quiera otro que
resulte probado dentro del presente tramite, vulnerados por la NACIÓN –
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL
DEL TOLIMA, al desconocer abierta y directamente el contenido de su PROPIA
SENTENCIA (Que ordena reconocer prima especial y reliquidar
prestaciones – APORTES A PENSIONES), la Ley 1437 de 2011, artículos
189, 192, 195; en los Artículos 2.8.6.1.1., 2.8.6.2.1., 2.8.6.2.2., 2.8.6.2.3.,
2.8.6.2.4., 2.8.6.3.1., 2.8.6.4.1., 2.8.6.4.2., 2.8.6.5.1., 2.8.6.6.1., y 2.8.6.6.2.,
Decreto 1068 de 2015; Decreto artículos 2.8.6.5.1. y 2.8.6.5.1., Decreto 2469 de
2015; artículos 1 y 2, Decreto 1342 de 2016; Arts. 426, 428 y 433 C.G.P.; Art.
1610 C.C., las normas de preparación, implementación y ejecución del
presupuesto concretamente y los perjuicios que se derivan de las sentencias
contenciosas, además de su propio precedente.
2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene dejar sin efectos jurídicos la
providencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, del 13
de noviembre de 2025, radicado. 73001-33-33-001-2025-00102-01, en el que
"negó librar mandamiento de pago por la obligación dineraria contenida en la
sentencia del 3 de noviembre de 2022 por obligaciones de hacer".
3. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al CONSEJO DE ESTADO
– SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA –
SUBSECCIÒN A, C.P. LUIS EDUARDO MESA NIEVES, proferir providencia en
reemplazo que revoque el auto datado el 13 de noviembre de 2025 proferido

tanto por el Tribunal Administrativo del Tolima como por el Consejo de Estado en las providencias
cuestionadas».
4 El actor considera que la negativa en librar mandamiento de pago por «las obligaciones de hacer […]

como la reliquidación de las prestaciones y el pago del cálculo actuarial a la entidad administradora de
fondos de pensiones, así como […] el reconocimiento y pago de los perjuicios compensatorios y
moratorios derivados de las obligaciones de hacer, y finalmente las obligaciones de hacer previstas en la
Ley 1437 de 2011, artículos 189, 192, 195; en los Artículos 2.8.6.1.1., 2.8.6.2.1., 2.8.6.2.2., 2.8.6.2.3.,
2.8.6.2.4., 2.8.6.3.1., 2.8.6.4.1., 2.8.6.4.2., 2.8.6.5.1., 2.8.6.6.1., y 2.8.6.6.2., Decreto 1068 de 2015;
Decreto artículos 2.8.6.5.1. y 2.8.6.5.1., Decreto 2469 de 2015; artículos 1 y 2, Decreto 1342 de 2016; Arts.
426, 428 y 433 C.G.P.; Art. 1610 C.C., las normas de preparación, implementación y ejecución del
presupuesto concretamente y perjuicios previstos en la sentencia presentada para su ejecución en favor
del Dr. FREDY GARCIAL TRUJILLO» desconoce la sentencia declarativa proferida el 3 de noviembre de
2022 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene por radicado 73001-33-33-001-2020-00005-00 y que
quedó debidamente ejecutoriada.

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por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, y en su lugar se ordené
librar mandamiento de pago por las obligaciones de hacer previstas en la
sentencia que se presentó para el cobro, tales como la reliquidación de las
prestaciones y el pago del cálculo actuarial a la entidad administradora de
fondos de pensiones, así como que regulan el reconocimiento y pago de los
perjuicios compensatorios y moratorios derivados de las obligaciones de hacer,
y finalmente las obligaciones de hacer previstas en la Ley 1437 de 2011,
artículos 189, 192, 195; en los Artículos 2.8.6.1.1., 2.8.6.2.1., 2.8.6.2.2.,
2.8.6.2.3., 2.8.6.2.4., 2.8.6.3.1., 2.8.6.4.1., 2.8.6.4.2., 2.8.6.5.1., 2.8.6.6.1., y
2.8.6.6.2., Decreto 1068 de 2015; Decreto artículos 2.8.6.5.1. y 2.8.6.5.1.,
Decreto 2469 de 2015; artículos 1 y 2, Decreto 1342 de 2016; Arts. 426, 428 y
433 C.G.P.; Art. 1610 C.C., las normas de preparación, implementación y
ejecución del presupuesto concretamente y perjuicios previstos en la sentencia
presentada para su ejecución en favor del Dr. FREDY GARCIAL TRUJILLO.
4. Que se exhorte al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, para que en
adelante y en asuntos similares ordene librar mandamiento de pago por
obligaciones de hacer. [Sic]

1.2. Hechos

4. Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-001-2020-
00005-00, declaró que el señor Fredy García Trujillo, en su calidad de fiscal
delegado de la Fiscalía General de la Nación, tenía derecho al reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, desde el
31 de marzo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, dispuso
efectuar los descuentos de ley y actualizar las sumas reconocidas conforme al
artículo 187 del CPACA. Esa providencia quedó ejecutoriada el 23 de
noviembre de 2022.

5. Según se expuso en la solicitud de ejecución, el 7 de junio de 2024 la
parte actora requirió a la Nación – Fiscalía General de la Nación para que diera
cumplimiento a la referida sentencia. Señaló que, pese al tiempo transcurrido
desde la ejecutoria del fallo, la entidad no había expedido el acto administrativo
de cumplimiento ni había efectuado el pago correspondiente.

6. Con fundamento en lo anterior, el señor Fredy García Trujillo, por
conducto de apoderado judicial, promovió proceso ejecutivo a continuación de
la sentencia, con el fin de que se librara mandamiento de pago por las sumas
correspondientes a la prima especial reconocida, los intereses de plazo y
moratorios reclamados, así como por una obligación de hacer consistente en
que la entidad demandada expidiera la resolución de cumplimiento del fallo. De
manera subsidiaria, solicitó el reconocimiento de perjuicios compensatorios y,
adicionalmente, pidió que se ordenara al director de presupuesto de la entidad
realizar un curso en la ESAP.

7. El proceso se repartió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué, que, mediante providencia del 29 de agosto de 2025, negó
el mandamiento de pago. Como sustento, consideró, de una parte, que no era

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posible establecer con claridad la obligación dineraria cuyo pago se pretendía,
en tanto no se allegaron de manera completa las certificaciones salariales
necesarias para liquidar la condena, especialmente las correspondientes al
período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2020.

8. De otra parte, precisó que la expedición del acto administrativo de
cumplimiento no constituía una obligación de hacer autónoma susceptible de
ejecución por esta vía, sino un acto preparatorio para el pago de las sumas
eventualmente adeudadas. Con fundamento en ello, negó también las
pretensiones relativas a perjuicios moratorios, perjuicios compensatorios y la
orden de capacitación solicitada.

9. Inconforme con esa determinación, la parte ejecutante interpuso recurso
de apelación. En síntesis, sostuvo que la sentencia base de ejecución contenía
no solo una obligación de dar, sino también obligaciones de hacer derivadas de
su cumplimiento, tales como la liquidación de la condena, la expedición del acto
administrativo correspondiente y la realización de las actuaciones
presupuestales y administrativas necesarias para materializar el pago. Agregó
que, por ello, resultaba procedente librar mandamiento por perjuicios moratorios
y, en subsidio, por perjuicios compensatorios, con fundamento en los artículos
426, 428 y 433 del Código General del Proceso.

10. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de
Oralidad, mediante providencia del 13 de noviembre de 2025. En esa decisión,
la corporación revocó parcialmente el auto apelado, en cuanto había negado
librar mandamiento de pago por la obligación dineraria contenida en la
sentencia del 3 de noviembre de 2022, y dispuso que se librara el
correspondiente mandamiento respecto de dicha obligación, en lo que resultara
viable. No obstante, confirmó la negativa en lo demás, esto es, en cuanto a las
pretensiones encaminadas a obtener el cumplimiento de supuestas
obligaciones de hacer, así como el reconocimiento de perjuicios moratorios y
compensatorios por ese concepto.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte actora indicó que la solicitud de amparo acredita todos los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. Sostuvo que las
providencias censuradas vulneraron sus derechos fundamentales al negar la
posibilidad de ejecutar, junto con la condena dineraria, las obligaciones de
hacer que —en su criterio— se desprendían de la sentencia del 3 de noviembre
de 2022, dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Fredy García Trujillo contra la Fiscalía General de la
Nación. Afirmó que el fallo judicial no solo reconoció el derecho al pago de la
prima especial de servicios, sino que impuso a la entidad condenada la
necesidad de desplegar una serie de actuaciones administrativas, contables y
presupuestales indispensables para materializar su cumplimiento.

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12. En ese sentido, alegó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo, pues interpretaron de manera restrictiva el
alcance del título ejecutivo y desconocieron que de las sentencias proferidas
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo pueden derivarse no solo
obligaciones de dar, sino también obligaciones de hacer, cuando el
cumplimiento del fallo exige actuaciones concretas de la administración.

13. En particular, señaló que se desconocieron los artículos 189, 192 y 195
del CPACA; el artículo 65 de la Ley 179 de 1994; los artículos 2.8.6.1.1,
2.8.6.2.1, 2.8.6.2.2, 2.8.6.2.3, 2.8.6.2.4, 2.8.6.3.1, 2.8.6.4.1, 2.8.6.4.2, 2.8.6.5.1,
2.8.6.6.1 y 2.8.6.6.2 del Decreto 1068 de 2015; los artículos 1 y 2 del Decreto
1342 de 2016; y los artículos 422, 426, 428 y 433 del Código General del
Proceso. Con ese fundamento, la actora manifestó que la sentencia que sirve
de título ejecutivo imponía a la entidad condenada la realización de diversas
actuaciones administrativas, presupuestales y contables, tales como liquidar las
sumas reconocidas, expedir el acto administrativo de cumplimiento, efectuar los
registros presupuestales correspondientes, adelantar los trámites internos para
hacer efectivo el pago y notificar la respectiva decisión.

14. En su criterio, esas actuaciones constituían verdaderas obligaciones de
hacer, claras, expresas y exigibles, cuya ejecución no podía ser descartada por
el juez ejecutivo bajo el entendimiento de que se trataba apenas de actos
instrumentales o preparatorios.

15. También señaló que se configuró un defecto procedimental, en la
medida en que, a su juicio, las autoridades accionadas excedieron el examen
propio de la etapa inicial del proceso ejecutivo. Explicó que, de conformidad con
los artículos 426, 428 y 433 del Código General del Proceso, así como con el
«precedente» vinculante del Consejo de Estado5, en esa fase el juez debía
limitarse a verificar la existencia del título y la formulación de las pretensiones
indemnizatorias en debida forma, sin anticipar un juicio de fondo sobre la
procedencia de los perjuicios moratorios y compensatorios ni sobre la
naturaleza jurídica de las obligaciones reclamadas. En su criterio, ese debate
debía reservarse para la etapa de excepciones, a iniciativa de la parte
ejecutada.

16. La parte actora adujo, además, que las providencias accionadas
desconocieron el precedente judicial6 que, en su sentir, reconoce que de las

5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P: María

Adriana Marín; Auto interlocutorio del 24 de marzo de 2020, radicado número: 27001-23-33-000-
201600150-01.
6 Al respecto, la parte actora citó las siguientes decisiones: i) auto del 24 de marzo de 2020, proferido por

el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia de la consejera María Adriana Marín,
radicado 27001-23-33-000-2016-00150-01 (63578); ii) auto del 30 de octubre de 2020, proferido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero,
radicado 44001-23-33-000-2016-01291-01 (64239); iii) sentencia del 30 de mayo de 2024, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar,
radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022); iv) auto del 25 de julio de 2016, proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, con ponencia del consejero William Hernández Gómez, radicado

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sentencias condenatorias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo pueden derivarse no solo obligaciones de dar, sino también
obligaciones de hacer susceptibles de ejecución, así como perjuicios moratorios
y, en determinados eventos, compensatorios por su incumplimiento. Sostuvo
que las autoridades accionadas no explicaron por qué se apartaban de esas
decisiones ni desarrollaron una razón suficiente para desechar su aplicación al
caso concreto.

17. En síntesis, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué no podían limitarse
a afirmar que la expedición del acto administrativo de cumplimiento y las demás
actuaciones necesarias para ejecutar la condena eran meros actos
instrumentales carentes de autonomía, pues, en su criterio, la jurisprudencia
invocada reconoce precisamente que ese tipo de actuaciones puede integrar
obligaciones de hacer exigibles judicialmente. Añadió que tampoco podían
negar, desde la etapa de mandamiento, las pretensiones relativas a perjuicios
moratorios y compensatorios, porque —según la línea jurisprudencial que
invocó— esas discusiones debían surtirse dentro del trámite ejecutivo y ser
objeto de contradicción por la parte ejecutada.

18. También, alegó que las autoridades accionadas incurrieron en una
violación directa de los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política,
pues, al impedir la ejecución integral del fallo judicial, hicieron nugatorio el
restablecimiento del derecho reconocido a favor de Fredy García Trujillo y
tornaron ineficaz la sentencia que sirve de fundamento al proceso ejecutivo.

19. Por último, en su escrito, hizo referencia a que la Fiscalía General de la
Nación no habría adelantado las actuaciones necesarias para el cumplimiento
material de la sentencia base de ejecución, tales como la liquidación de las
sumas reconocidas, la expedición del acto administrativo correspondiente y la
realización de los trámites presupuestales y contables orientados al pago. En su
criterio, esa situación incidía en la imposibilidad de obtener la ejecución integral
del fallo judicial.

1.4. Intervenciones

20. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó que se niegue el amparo,
al considerar que no vulneró derecho fundamental alguno de la parte actora.
Señaló que la tutela pretende reabrir la discusión jurídica suscitada en el
proceso ejecutivo respecto de la procedencia del mandamiento de pago en la

11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-2014); v) sentencia del 9 de septiembre de 2021, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra
Vélez, radicado 76001-23-33-000-2015-00265-02; vi) sentencia del 12 de julio de 2018, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, con ponencia de la consejera María Elizabeth García González,
radicado 81001-23-33-003-2017-00042-01; vii) sentencia STL1600-2024, que atribuye a la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral; y viii) sentencia STL17337-2024, que igualmente señala como
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Así mismo, las sentencias C-
590/2005, T-553/95, T-431/12, T-712/16 y C-208/23 de la Corte Constitucional.

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forma solicitada por el ejecutante, particularmente en lo relacionado con las
denominadas obligaciones de hacer y los perjuicios reclamados por su
presunto incumplimiento. Añadió que la decisión cuestionada fue adoptada con
fundamento en normas vigentes, en la jurisprudencia aplicable y en las pruebas
obrantes en el expediente, por lo que no se configuraron los defectos alegados.
En ese sentido, sostuvo que la acción de tutela no puede ser empleada como
una tercera instancia para controvertir una interpretación razonada adoptada
por el juez natural.

21. Por su parte, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué pidió que se declare improcedente y, en subsidio, se niegue la solicitud
de amparo. Como sustento, hizo una relación de las actuaciones adelantadas
dentro del proceso ejecutivo promovido por Fredy García Trujillo contra la
Fiscalía General de la Nación, e indicó que la controversia actual recae
exclusivamente sobre el auto del 13 de noviembre de 2025 proferido por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio del cual se revocó parcialmente
la decisión de primera instancia y se dispuso librar mandamiento de pago solo
respecto de la obligación dineraria.

22. Expuso, además, que las actuaciones administrativas orientadas al
cumplimiento de la sentencia —como la expedición de actos de
reconocimiento, liquidación y pago— son actuaciones instrumentales para
materializar una condena pecuniaria, mas no obligaciones autónomas de hacer
ejecutables a través del medio de control ejecutivo. Igualmente, manifestó que
no había soporte normativo para acceder a perjuicios moratorios o
compensatorios adicionales, dado que los artículos 192 y 195 del CPACA
regulan expresamente las consecuencias de la mora en el pago de condenas
dinerarias contra entidades públicas. Por último, afirmó que la presente acción
constitucional pretende reabrir un debate jurídico ya definido por las
autoridades judiciales competentes.

23. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y,
además, su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

24. Indicó que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados no se deriva de una actuación propia de esa entidad, sino de las
providencias adoptadas por las autoridades judiciales accionadas dentro del
proceso ejecutivo. En esa medida, sostuvo que no existe relación de
causalidad entre su actuación y la afectación alegada por la parte actora, ni
competencia suya para adoptar la decisión que se pretende por vía de tutela.
Adicionalmente, señaló que el mecanismo constitucional está siendo utilizado
para reabrir una discusión legal ya definida en sede judicial, sin que se advierta
una vulneración arbitraria o desproporcionada de derechos fundamentales.

1.5 Manifestación de impedimento.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03958-00

25. Encontrándose el asunto en trámite para proferir sentencia de primera
instancia, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 17
de junio de 2026, manifestó su impedimento para conocer del caso, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal7. No obstante, mediante auto del 18 de junio de 2026, el
magistrado ponente declaró infundada la aludida manifestación.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, y la improcedencia de la presente acción
de tutela por no encontrarse acreditado el requisito general de relevancia
constitucional en cuanto a los reproches frente a la decisión cuestionada.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales

27. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto,
previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se
declarará improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

7 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: [...]

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación
procesal.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388

de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho;
y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.

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29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no
cumple con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa
a exponerse.

2.1.2. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

30. La Sala advierte que el señor Fredy García Trujillo12, está legitimado en la
causa por activa, porque fue la parte demandante al interior del medio de
control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta vía.

31. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima, y la
Fiscalía General de la Nación está legitimado en la causa por pasiva por haber
proferido la decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional. Así
mismo, la Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada al conformar
la parte pasiva de la presente acción constitucional.

32. Ahora, la Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación del
presente trámite tras señalar que no tiene legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, la Sala negará la mentada petición, comoquiera que su
vinculación al presente trámite se realizó en calidad de accionada.

2.1.3. Legitimación en la causa por activa del abogado Sady Andrés
Orjuela Bernal.

33. El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 10 dispone que la acción de
tutela puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados
sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante legal, apoderado judicial o, incluso, a través de la figura de la
agencia oficiosa.

34. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela
ante los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó, desde la
sentencia T-416 de 1997, que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de
la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de
las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

35. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló que
la legitimación en la causa por activa en estos procesos se predica siempre de
los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, la Corte Constitucional13 ha indicado que, de conformidad con el

12 l abogado Sady Andrés Orjuela Bernal allegó el poder especial para la presentación de la acción
constitucional.
13 Ver sentencia T-531 de 2002.

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Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico permite cuatro posibilidades
para la promoción de la acción de tutela: i) el ejercicio directo de la acción de
tutela; ii) el ejercicio por medio de representantes legales (menores de edad,
incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); iii) ejercicio por medio de
agente oficioso y, iv) por medio de apoderado judicial, caso en el cual se exige
que sea abogado titulado y al escrito de la acción se debe anexar el poder
especial para el caso.

36. En relación con lo anterior, cuando quien promueve la tutela actúa en
nombre propio, debe acreditarse, al menos sumariamente, la condición en la
que afirma comparecer, esto es, la titularidad o el interés directo respecto de
los derechos fundamentales cuya protección constitucional se solicita 14. En
consecuencia, la ausencia de titularidad del derecho, el interés directo o
inidoneidad de los documentos necesarios para demostrar la representación
judicial o la calidad en que se dice actuar impide tener por acreditada la
legitimación en la causa por activa y conduce a la improcedencia del
mecanismo de amparo.

37. En el presente caso, la Sala advierte que Sady Andrés Orjuela Bernal no
se encuentra legitimado en la causa por activa, como pasa a explicarse.

38. Al revisar la solicitud de amparo, el despacho advirtió que no se habían
allegado los documentos necesarios para acreditar la legitimación en la causa
por activa con la que se promovía la acción constitucional. En ese sentido, se
requirió al abogado Sady Andrés Orjuela Bernal para que, en el término de dos
días, allegara: i) el poder especial conferido por Fredy García Trujillo para la
presentación de esta acción de tutela y ii) el documento que le confiriera la
calidad de «beneficiario de un porcentaje de la sentencia», condición en la que
afirmó actuar personalmente.

39. Encontrándose el expediente al despacho para proferir fallo de primera
instancia, el abogado allegó el poder especial que lo habilita para presentar la
presente acción constitucional en nombre del señor Fredy García Trujillo.

40. De igual forma, allegó un contrato de prestación de servicios suscrito con
el señor Fredy García Trujillo, con el fin de acreditar su legitimación en la causa
por activa, y en consecuencia actuar en nombre propio, al ser «beneficiario de
un porcentaje de la sentencia que se presenta como título ejecutivo». Sin
embargo, dicho documento, por sí mismo, carece de la idoneidad para
acreditarle como legitimado en la causa por activa, toda vez que, por un lado,
la sentencia ordinaria objeto del recaudo en el proceso ejecutivo en que se
emitió la Providencia reprochada en esta vía constitucional no reconoce
expresamente un derecho particular en su favor, que lo habilite a presentar la
solicitud de amparo, sino a su poderdante. De igual manera, el auto
demandado que revocó parcialmente la decisión de primera instancia que negó

14 Ver, entre otras, las sentencias T-176 de 2011 y T-511 de 2017.

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el mandamiento de pago, para librar solo por las obligaciones de dar y no por
las de hacer, tampoco le reconoció ningún derecho, precisamente porque el
título ejecutivo sobre el cual recae ese mandamiento es la sentencia dictada en
el proceso ordinario.

41. Por otro lado, el reconocimiento de las obligaciones derivadas de dicho
contrato de prestación de servicios, no corresponde ventilarlo por esta vía
constitucional.

42. Pese a que se puede advertir el interés del profesional del derecho en el
pago de la sentencia judicial, para que a su vez le sean cancelados sus
honorarios, como se dijo, ello no tiene la virtualidad de otorgarle la legitimación
en la causa por activa para participar de la solicitud de amparo.

43. En ese sentido, y como ya fue señalado anteriormente en el acápite
teórico, la jurisprudencia ha sostenido que, en principio, solamente los sujetos
procesales se encuentran legitimados para controvertir a través de la acción de
tutela las decisiones o actuaciones que se dicten en el curso de un proceso,
razón por la cual, al no encontrar que el señor Orjuela Bernal haya sido
integrante de los extremos de la litis, no se evidencia que sea titular de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

44. En consecuencia, se declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Sady Andrés Orjuela Bernal como «beneficiario de un
porcentaje de la sentencia que se presenta como título ejecutivo», sin
embargo, se seguirá aceptado su desempeño como apoderado judicial de la
parte actora, en atención al poder debidamente conferido y allegado al
expediente tutelar.

2.1.4. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional15, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que
el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que
el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión
judicial; y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no
se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

45. En el presente asunto, la parte actora atribuyó la violación de sus
derechos fundamentales a la providencia dictada el 13 de noviembre de 2025
por el Tribunal Administrativo del Tolima, pues en su sentir se en su expedición
se incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, así como en

15 Sentencia SU-215 de 2022.

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desconocimiento del precedente judicial y violación directa de los artículos 1, 2,
29 y 229 de la Constitución Política.

46. Como sustento de tales cargos, sostuvo que esa corporación interpretó
de manera restrictiva el alcance del título ejecutivo, desconoció que de la
sentencia del 3 de noviembre de 2022 podían derivarse obligaciones de hacer
autónomas y ejecutables, anticipó indebidamente un juicio de fondo en la etapa
inicial del trámite ejecutivo y se apartó de las decisiones jurisprudenciales que,
en su criterio, avalaban la posibilidad de librar mandamiento respecto de tales
obligaciones y de los perjuicios moratorios y compensatorios derivados de su
incumplimiento.

47. No obstante, la Sala advierte que esos reproches, aunque formulados
bajo la invocación de causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, no concretan una controversia de naturaleza
constitucional, sino una inconformidad con la solución jurídica acogida por el
Tribunal Administrativo del Tolima en sede de apelación.

48. En efecto, la discusión planteada se contrae a determinar: i) si de una
sentencia que reconoce y ordena pagar una condena dineraria pueden
derivarse obligaciones de hacer autónomas y ejecutables; ii) si actuaciones
como la liquidación de la condena, la expedición del acto administrativo de
cumplimiento, la apropiación presupuestal y los trámites contables deben
entenderse como obligaciones exigibles en sede ejecutiva; y iii) si era
procedente librar mandamiento de pago por perjuicios moratorios y
compensatorios con fundamento en los artículos 426, 428 y 433 del Código
General del Proceso.

49. Se trata, entonces, de una discusión sobre el alcance y aplicación de
normas del CPACA, del Código General del Proceso y de la regulación
presupuestal invocada por la parte actora, mas no de un problema
constitucional autónomo que, por sí mismo, habilite la intervención excepcional
del juez de tutela.

50. En esa línea, el defecto sustantivo alegado no se traduce, para efectos
del requisito de relevancia constitucional, en una tensión autónoma con el texto
superior, sino en la discrepancia del accionante con la lectura que acogió el
Tribunal sobre el alcance del título ejecutivo y sobre la posibilidad de derivar de
él obligaciones de hacer separadamente exigibles. De igual manera, el defecto
procedimental que se invoca descansa en la tesis según la cual la autoridad
judicial habría excedido el examen propio de la etapa inicial del mandamiento;
sin embargo, ese reparo también permanece atado a la interpretación del
trámite ejecutivo y de los artículos 426, 428 y 433 del Código General del
Proceso, es decir, a una discusión sobre el alcance del procedimiento legal
aplicable al caso.

51. Por su parte, el supuesto desconocimiento del precedente se plantea a

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partir de la afirmación de que el Tribunal debió acoger determinadas
providencias que, a juicio de la parte actora, autorizaban la ejecución de
obligaciones de hacer y el reconocimiento de perjuicios; sin embargo, no
acredita la existencia de supuestos fácticos análogos entre las decisiones
citadas y su caso concreto, más allá de traer a colación apartes de las
decisiones judiciales. Con todo, ese señalamiento se dirige, en esencia a
controvertir la solución jurídica adoptada en la providencia cuestionada.

52. Finalmente, la invocada violación directa de la Constitución aparece
construida como consecuencia de esa misma inconformidad con la
interpretación judicial del régimen legal del proceso ejecutivo.

53. Aunado a lo anterior, de la providencia cuestionada se evidencia que el
Tribunal Administrativo del Tolima manifestó que, frente a las pretensiones no
contenidas en el título base de ejecución, el proceso debía ceñirse
estrictamente al título y a las sumas líquidas o liquidables que de él se
desprenden. Del mismo modo, indicó que la aplicación del artículo 433 del
Código General del Proceso supone la existencia de una obligación de hacer
ejecutable en esa vía y un incumplimiento posterior al mandamiento, y expresó
que, en este caso, la expedición de un acto administrativo para cumplir la
sentencia constituía un acto instrumental que viabilizaba el pago, pero no
transformaba la condena dineraria en una obligación autónoma de hacer
susceptible de ejecución separada.

54. Igualmente, señaló que no procedía el reconocimiento de perjuicios
compensatorios, en tanto ello produciría una doble indemnización frente a un
mismo incumplimiento y desbordaría los límites objetivos del título. Tales
manifestaciones ponen de presente que el reparo del actor recae,
precisamente, sobre la lectura jurídica acogida por el Tribunal acerca del
contenido y alcance del título ejecutivo. Así, por ejemplo, expuso puntualmente
lo siguiente:

Respecto del artículo 433 del CGP, relativo a obligaciones de hacer, su
aplicación exige la existencia de una obligación de hacer ejecutable en esa vía
y un incumplimiento posterior al mandamiento, una vez vencido el plazo
prudencial fijado por el juez. En este asunto, la expedición de un acto
administrativo para cumplir la sentencia es un acto instrumental que viabiliza el
pago, pero no transforma la condena dineraria en una obligación autónoma de
hacer susceptible de ejecución separada. Tampoco procede reconocer
perjuicios compensatorios por una supuesta obligación de hacer, pues ello
produciría una doble indemnización frente a un mismo incumplimiento, cuando
la ley ya prevé intereses moratorios (arts. 192 y 195 del CPACA) y el CGP
circunscribe la ejecución al contenido del título (arts. 422 y 424). El artículo 428
del CGP que contempla hipótesis específicas de ejecución por perjuicios no se
adecua a una condena esencialmente de dar como la aquí examinada.

55. De igual forma, tampoco desvirtúa esta conclusión el planteamiento
según el cual la Fiscalía General de la Nación no habría adelantado las

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actuaciones necesarias para el cumplimiento material de la sentencia, tales
como la liquidación de las sumas reconocidas, la expedición del acto
administrativo correspondiente o la realización de trámites presupuestales y
contables orientados al pago. Lo anterior, por cuanto dicha circunstancia no se
propone en la demanda como un problema constitucional autónomo e
independiente, sino como parte del mismo reproche según el cual el Tribunal
debió librar mandamiento de pago por las supuestas obligaciones de hacer
derivadas del fallo judicial. En esa medida, también ese señalamiento
permanece inserto en la discusión estrictamente legal sobre la procedencia y
alcance del mandamiento ejecutivo.

56. En ese orden, la Sala observa que la solicitud de amparo busca, en
esencia, que se deje sin efectos la providencia del 13 de noviembre de 2025 y
que se ordene, en su reemplazo, se adopte una nueva decisión conforme a la
lectura que propone la parte actora sobre la naturaleza de las obligaciones
derivadas de la sentencia base de ejecución y sobre la procedencia de los
rubros reclamados. De ese modo, lo pretendido es reabrir el debate jurídico ya
surtido dentro del proceso ejecutivo y obtener, por vía constitucional, una
solución judicial acorde con su propia comprensión del régimen aplicable, como
si la acción de tutela constituyera una instancia adicional para revisar la
corrección de la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del
Tolima.

57. Respecto de lo anterior, la Sala estima conveniente precisar que, de
conformidad con las sentencias SU-215 de 2022, y SU-573 de 2019 proferidas
por la Corte Constitucional, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando se trata de una controversia estrictamente legal, o económica con
connotaciones particulares o privadas que no representen un interés general.
En ese sentido, como la discusión planteada por el accionante se limita a
cuestionar el criterio interpretativo y valorativo del tribunal en la decisión
judicial, y no involucra la interpretación y alcance de un derecho fundamental,
la acción de tutela resulta improcedente.

58. En consecuencia, la Sala evidencia que los reproches presentados por la
parte actora reflejan una mera inconformidad con la decisión del tribunal
accionado. Por lo tanto, se advierte que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que
la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.

59. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a verificar problemas
de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales de la causa. Por ende, la Sala

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declarará la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del
abogado Sady Andrés Orjuela Bernal para actuar en nombre propio en el
presente trámite constitucional, de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.

TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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