Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03960-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03960-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03960-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03960-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandante: Patricia Cabrera Velandia
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por falla en
el servicio al deber de protección y seguridad del retenido /
Inmediatez
Decisión: Declarar improcedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Patricia Cabrera Velandia, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Patricia Cabrera Velandia promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental a la igualdad, el cual consideró vulnerado con
ocasión de las sentencias proferidas el 18 de febrero del 2020 y el 8 de junio de 2022
por el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
respectivamente, en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 11001-33-37-043-2017-00219-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó2 demanda en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la finalidad
de que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados por la muerte de
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
2 En conjunto con su núcleo familiar.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
Paula Alejandra Torres Cabrera en instalaciones del pabellón femenino de la Unidad
Permanente de Justicia de Bogotá ya que no se le removió el cordón de la sudadera,
elemento con el que se quitó la vida.
2.2. El Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia del 18 de febrero del 2020 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la Policía Nacional no ejerció acciones que indujeran a Paula
Alejandra Torres Cabrera al suicidio, debido al corto tiempo entre el traslado al
establecimiento y su deceso. Máxime cuando se siguió en debida forma el protocolo
de traslado de la víctima a la Estación de Policía y a la sala de reclusión, y de las
fotografías obrantes en el proceso, se desprendió que el cordón rojo era parte de su
pantalón y podía ser fácil de esconder. En contra de esta decisión interpuso recurso
de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
en sentencia del 8 de junio de 2022 confirmó la decisión del a quo, al considerar que
se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues si
bien se acreditó la falla del servicio durante la requisa realizada a Paula Alejandra
Torres Cabrera, antes de su ingreso al pabellón femenino de la Unidad Permanente
de Justicia de Bogotá, pues no se removió el cordón de la sudadera, lo cierto es que
la misma no fue determinante en la consumación del daño porque las autoridades no
tenían cómo prever o evitar el daño autoinfligido, máxime cuando la regulación en
situaciones de retención como medida de protección, no resultaba obligatorio
mantener una vigilancia, monitoreo o supervisión permanente, personal o directa
frente a las personas.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales por
cuanto pese a existir identidad fáctica con el proceso de reparación directa
identificado con el radicado 25000-23-36-000-2018-00160-00/01, en este último sí se
declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Policía Nacional por la
muerte de Paula Alejandra Torres Cabrera, mediante las sentencias proferidas el 11
de diciembre de 2018 y el 23 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, respectivamente.
2.5. Asimismo, se acreditó el requisito general de la inmediatez ya que «si bien, el
fallo que puso de presente la vulneración de [su]s derechos fundamentales de [a]cceso a la
administración de Justicia e [i]gualdad, fue emitido por la subsección C de la sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el día 23 de septiembre del año 2024,
solo tuv[o] conocimiento de esa decisión hasta el día 15 de diciembre del año 2025 cuando
asist[ió] a la audiencia de formulación de imputación contra la Patrullera de la Policía Nacional
ALEJANDRA KATHERINE ESPAÑA GARZÓN por el delito de Prevaricato por omisión».
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO: tutelar mis derechos fundamentales de Acceso a la Administración de
Justicia e Igualdad que fueron vulnerados el Juzgado cuarenta y tres (43) Administrativo
de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., y la subsección C. de la sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión del medio de control Reparación
directa radicado 11001 – 33 – 37 – 043 – 2017 – 00219 – 00 (01)
SEGUNDO: Dejar sin efecto la providencia proferida el día 18 de febrero del año 2020 por
el Juzgado cuarenta y tres (43) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.,
confirmada en segunda instancias el día ocho (08) de junio de dos mil veintidós (2022)
por la subsección C. de la sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control Reparación directa radicado 11001 – 33 – 37 – 043 – 2017 –
00219 – 00 (01).
TERCERO: Ordene al Juzgado cuarenta y tres (43) Administrativo de Oralidad del Circuito
de Bogotá D.C. profiera una nueva decisión dentro del medio de control Reparación
directa radicado 11001 – 33 – 37 – 043 – 2017 – 00219 – 00 (01), accediendo a las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la Policía Nacional asumió posición
de garante sobre mi hija PAULA ALEJANDRA TORRES CABRERA cuando decidió
protegerla y para ese efecto la trasladó a las instalaciones de la Unidad Permanente de
Justicia de Puente Aranda, declarando que no prospera la excepción “Culpa exclusiva de
la víctima”. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Cuarta3 requirió que se declarara improcedente la petición de
amparo por no acreditar los requisitos generales de la inmediatez y la relevancia
constitucional. Lo anterior, por cuanto profirió sentencia de primera instancia el 18 de
febrero de 2020, «la cual fue confirmada por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de septiembre de 2022» (sic), mientras que,
la tutela se interpuso el 25 de mayo de 2026, por lo cual es claro que transcurrió un
lapso superior a 6 meses.
5. Asimismo, la verdadera intención de la demandante es reabrir el debate
concluido en el proceso para hacer prevalecer el criterio interpretativo propio, sin que
se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de las autoridades judiciales.
6. La Policía Nacional4 solicitó que se negara la petición de amparo ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados. Máxime, cuando
no se acreditó el requisito general de la inmediatez por cuanto la tutela fue presentada
el 25 de mayo de 2026, mientras que la notificación de la sentencia de segunda
3 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «14_MemorialWeb_Respuesta-
202603960Respuesta(.pdf) NroActua 16».
4 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado «18RECIBEMEMORIAL_GS2026016583SEGEN(.pdf)
NroActua 17».
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C se realizó el 26 de septiembre de 2022, es decir, trascurrió más de 3
años, 7 meses y 29 días.
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C5 requirió que se declarara improcedente la solicitud de tutela, o en su
defecto, se negara, por cuanto no acreditó los requisitos generales de la relevancia
constitucional y de la inmediatez, pues la inconformidad se limitó a reabrir un debate
que ya fue resuelto en sede ordinaria y la decisión enjuiciada fue proferida el 8 de
junio del 2022 y notificada el 26 de septiembre del mismo año, por lo que acudió al
mecanismo casi 4 años después.
8. Diego Rodríguez Castañeda6 y Juan Sebastián Torres Cabrera7
coadyuvaron la solicitud de amparo con el propósito de respaldar en su integridad las
pretensiones, comoquiera que ostentan la calidad de demandantes y víctimas dentro
del proceso de reparación directa identificado con el radicado 11001–33–37–043–
2017–00219–00, ya que resulta claro que se vulneró su derecho fundamental a la
igualdad, pues pese a que tiene identidad fáctica y probatoria con el expediente
identificado con el radicado 25000-23-36-000-2018-00160-00, este último si fue
fallado de forma favorable.
9. Asimismo, se acreditó el requisito general de la inmediatez, pues si bien la
sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del último proceso referido
(iniciado por el padre de la víctima) fue proferida el 23 de septiembre de 2024, solo
tuvieron conocimiento real, efectivo y material de dicho pronunciamiento judicial el 15
de diciembre de 2025, en el marco del proceso penal que se adelanta contra la
patrullera de Alejandra Katherine España Garzón por el delito de prevaricato por
omisión.
2. Consideraciones
10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) la solicitud de coadyuvancia; iii)
procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema
jurídico; y v) análisis de la Sala.
5 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado
«22RECIBEMEMORIAL_MASD1100103150002026(.pdf) NroActua 18».
6 Ver índice 24 de Samai. Archivo denominado «31_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-
PRONUCIAMIENTODEDI(.pdf) NroActua 24».
7
Ver índice 25 de Samai. Archivo denominado «32_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-
PRONUNCIAMIENTOSEBA(.pdf) NroActua 25».
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
2.1. Competencia
11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro.
2.2. La solicitud de coadyuvancia
1. En el sub examine se evidencia que Diego Rodríguez Castañeda y Juan
Sebastián Torres Cabrera presentaron memoriales en los que manifestaron su
intención de coadyuvar las pretensiones de la parte demandante, esto, al ser los
demandantes dentro de proceso de reparación directa identificado con radicado
11001-33-37-043-2017-00219-01, objeto del presente trámite constitucional.
2. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, «[…] [p]or el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]», en cuanto a la
coadyuvancia en solicitud de tutela, dispuso que «[q]uien tuviere un interés legítimo en
el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud […]».
3. En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado el alcance de esta figura
en los siguientes términos:
«[…] Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición
antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado
del proceso. Luego, si el juez de tutela haya acreditado el interés del tercero o terceros
intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que
para el efecto se señale una forma específica para hacerlo. En este respecto, en la
sentencia T- 435 de 2006, se expuso lo siguiente:
“En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la conculcación
de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso de tutela pueden
intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses”.
[…] Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona
o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del mismo
pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como fin
esencial del Estado: “…facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan…”, como también la efectividad del artículo 29 de la Constitución, en lo atinente a
la garantía del derecho al debido proceso […]» [sic]9.
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
9 Sentencia T-349 de 2012 de la Corte Constitucional. Al respecto: consultar también: sentencia T-
304 de 1996 y T-269 de 2012.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
4. En este orden de ideas, la Sala considera que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 71 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 4 del Decreto 306
de 1992, la solicitud de coadyuvancia puede presentarse en cualquier instancia del
proceso mientras no se haya proferido sentencia de única o de segunda instancia en
la que se identifique el interés que les asiste. Condiciones que acreditaron Diego
Rodríguez Castañeda y Juan Sebastián Torres Cabrera.
5. En la medida en que los intervinientes expusieron las razones por las cuales
tienen un interés directo en el presente trámite, pues lo cierto es que hicieron parte
del medio de control cuestionado. Razón por la cual, la Sala accederá a
sus solicitudes de coadyuvancia.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
14. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
15. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
18. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de
tutela presentada por Patricia Cabrera Velandia satisface el requisito de procedencia
general de la inmediatez?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez
19. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez,
como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»16.
20. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de
2016 estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de
la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de
esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso que
la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por
resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso»17
21. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 201418, respecto al término razonable
para presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. […]»
2.4.2. Sobre el caso concreto
22. Patricia Cabrera Velandia acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
las sentencias proferidas el 18 de febrero del 2020 y el 8 de junio de 2022 por el
Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, respectivamente,
en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-
37-043-2017-00219-01, mediante las cuales se negaron las pretensiones
indemnizatorias.
23. Una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al expediente, se tiene
que la providencia acusada del 8 de junio de 2022, que puso fin al proceso, fue
16 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
18 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
notificada mediante correo electrónico del 26 de septiembre del mismo año19 y la
solicitud de tutela fue radicada el 25 de mayo de 202620, lo cual permite concluir, que
la parte demandante acudió ante el juez constitucional después de haber transcurrido
más de tres (3) años de encontrarse ejecutoriada la providencia que considera
vulneradora de sus derechos fundamentales.
24. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al plazo
de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.
1. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar
cada caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío de la demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto
bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza
acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que permita
desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera
excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»21.
2. En concordancia con lo anterior, si bien la demandante pretendió que el
término de inmediatez fuese contabilizado desde que conoció de la sentencia
favorable proferida dentro del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 25000-23-36-000-2018- 00160-01, lo cierto es que dichos argumentos no
tienen la entidad suficiente para flexibilizarlo, pues lo cierto es que tuvo conocimiento
de la decisión desfavorable en su proceso desde que la misma se le notificó. Por lo
cual, aceptar sus argumentos equivaldrían a admitir que los usuarios de la
administración de justicia cuando se percaten de la existencia de decisiones
favorables en casos análogos pudieran acudir al amparo con la finalidad de dejar sin
efectos sentencias ejecutoriadas, cuando las mismas ya hicieron tránsito a cosa
juzgada.
3. Conclusión
3. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la inmediatez, la solicitud de amparo presentada por Patricia Cabrera
Velandia en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.
19
Ver índice 17 del proceso de reparación directa identificado con el radicado
11001333704320170021901. Archivo denominado
«12_NOTIFICACIONELECTRONICADESENTENCIA_NOT(.pdf) NroActua 17».
20 Visible en índice 1 del expediente de tutela.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03960-00
Demandantes: Patricia Cabrera Velandia
4. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Aceptar la solicitud de coadyuvancia de Diego Rodríguez Castañeda y Juan
Sebastián Torres Cabrera.
Segundo. Declarar improcedente, por no superar el requisito de inmediatez, la
solicitud de tutela presentada por Patricia Cabrera Velandia en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Juzgado
Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.