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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03962-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03962-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03962-00 (6256)
Accionante: Asociación Sindical de Profesores Universitarios Tolima
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

Tema: tutela por mora judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad. Subtema
2: carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la Asociación Sindical de Profesores
Universitarios Tolima contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

1. Síntesis del Caso

El señor Félix Salgado Castillo, en calidad de presidente de la Asociación Sindical
de Profesores Universitarios Tolima (ASPU Tolima), presentó escrito de tutela con
la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
petición, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima con
ocasión de la mora judicial en la que, en su criterio, incurrió la referida autoridad al
no proferir sentencia de primera instancia dentro del expediente con radicado núm.
73001-23-33-000-2024-00328-00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos y argumentos de la tutela

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03962-00, índice 2, certificado 938C034117199485
FE911781206C399F 04A795AFA95E812E 5560E4AF197C1EE2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03962-00 (6256)
Accionante: Asociación Sindical de Profesores Universitarios Tolima
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

2. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU Tolima) presentó
demanda el 30 de octubre de 2024 contra la Universidad del Tolima, en ejercicio del
medio de control de nulidad, con el objeto de que se anulara el Acuerdo núm. 029
del 26 de febrero de 2024 que reglamentó «el concurso público de méritos para
profesores de carrera de la Universidad del Tolima».

3. Afirmó que el Tribunal no ha proferido decisión de fondo en el referido proceso
judicial, pese a que este ingresó al despacho el «5 de mayo de 2026». De lo
expuesto, argumentó que la omisión de la autoridad accionada generó una
afectación en los docentes de la Universidad del Tolima dentro de sus cargos
públicos.

2.2. Pretensiones de la tutela

4. La ASPU Tolima solicitó al juez constitucional que amparara sus derechos
fundamentales al debido proceso y de petición y, en consecuencia, que ordenara lo
siguiente2:

[…] al Tribunal Administrativo del Tolima dar una respuesta de fondo y/o fallo del
proceso judicial con radicado 73001233300020240032800 3.

2.3. Trámite procesal

5. El despacho ponente, mediante auto del 27 de mayo de 20264, admitió la
demanda, vinculó en calidad de terceros con interés a la señora Clara Lucía Pradilla
Torres y a la Universidad del Tolima; requirió el expediente ordinario objeto de
controversia; solicitó al señor Félix Salgado Castillo que remitiera el certificado de
existencia y representación legal de la Asociación Sindical de Profesores
Universitarios Tolima; tuvo como pruebas los documentos aportados con la
demanda; y ordenó las notificaciones de rigor.

6. Posteriormente, el señor Félix Salgado Castillo presentó memorial el 4 de junio
de 2026 en el que aportó el certificado solicitado en el auto admisorio.

2.4. Intervenciones

7. La Universidad del Tolima5 manifestó que la demora del despacho y el paso
del tiempo no constituyen la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que no demostró cómo fueron afectados.

8. Adicionalmente, refirió que la mora es un «fenómeno» estructural que impacta
a la administración de justicia y que el represamiento de procesos impide que se
cumplan los plazos previstos por la ley, por lo que no supone una actuación
descuidada o dolosa de los funcionarios judiciales; por ello, expresó que debía
negarse la acción.

2
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03962-00, índice 2, certificado 938C034117199485
FE911781206C399F 04A795AFA95E812E 5560E4AF197C1EE2, pág. 2.
3
Se transcribe incluso con errores de texto.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03962-00, índice 4.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03962-00, índice 16.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03962-00 (6256)
Accionante: Asociación Sindical de Profesores Universitarios Tolima
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

9. El Tribunal Administrativo del Tolima6 remitió a esta corporación el expediente
del medio de control de nulidad, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones
del escrito de tutela.

10. La señora Clara Lucía Pradilla Torres guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por la ASPU Tolima contra el Tribunal Administrativo
del Tolima.

3.2. Legitimación en la causa

12. La legitimación en la causa por activa de la ASPU Tolima se encuentra
acreditada porque es la demandante en el proceso de nulidad con radicado núm.
73001-23-33-000-2024-00328-00.

13. También, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Tolima, debido a que es la autoridad que, según la accionante,
incurre en mora judicial.

3.3. Problema jurídico

14. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la petición de la tutelante? En concreto, es
necesario establecer si ¿se incurrió en mora judicial en el proceso de nulidad
identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2024-00328-00?

3.4. La acción de tutela en casos de mora judicial

15. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido
proceso es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones
injustificadas y dentro de plazos razonables, esto, conforme con lo dispuesto en la
Ley 1957 de 2019 que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía
procesal en las actuaciones de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los
siguientes escenarios:

[L]a Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces
de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide
que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior

6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03962-00, índice 11, certificado A3363F9C493C6D79
CC5B9B796B6C58FF 27F014B3E09B364B 4FB832528CFD246C.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03962-00 (6256)
Accionante: Asociación Sindical de Profesores Universitarios Tolima
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad)7.

16. De acuerdo con lo expuesto, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es un prerrequisito haber sido diligente dentro
del proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de
los funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.

17. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a
la autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes
razones:

[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”8.

3.5. Caso concreto

18. En el asunto bajo estudio, la ASPU Tolima consideró vulnerados sus derechos
fundamentales por el Tribunal Administrativo del Tolima, toda vez que no se ha
proferido sentencia de primera instancia dentro del expediente con radicado núm.
73001-23-33-000-2024-00328-00.

19. Argumentó que la omisión en la que incurre el Tribunal al no proferir una
decisión pese a que el proceso ingresó al despacho el «5 de mayo de 2026», genera
una afectación a los docentes de la Universidad del Tolima en el ejercicio de sus
cargos públicos.

20. Pues bien, revisada la plataforma Samai, la Sala observa que en el proceso
ordinario objeto de repartos se han efectuado las siguientes actuaciones:

• Auto del 20 de noviembre de 2024 que inadmite demanda (índice 04).
• Auto del 31 de enero de 2025 que admite demanda de nulidad (índice 11).
• Auto del 31 de enero de 2025 que corre traslado de la solicitud de medida
cautelar (índice 13).
• Auto del 27 de febrero de 2025 que requiere a la autoridad demandada
(índice 29).
• Auto del 28 de febrero de 2025 que niega medidas cautelares (índice 36).
• Auto del 24 de abril de 2025 que rechaza recurso de apelación contra el que
resolvió las medidas cautelares, por extemporáneo (índice 49).
• Manifestación del 4 de junio de 2026 en el que el magistrado ponente se

7
Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03962-00 (6256)
Accionante: Asociación Sindical de Profesores Universitarios Tolima
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

declaró impedido para conocer el proceso por tener vínculo contractual con
la Universidad (índice 56).

21. En este punto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha manifestado
en su jurisprudencia que puede ocurrir que en el transcurso del trámite de la tutela
y antes de que el juez profiera sentencia, el objeto jurídico de la acción desaparezca,
«ya sea porque se obtuvo lo pedido [hecho superado], se consumó la afectación
que pretendía evitarse [daño consumado]9, porque ocurrieron hechos a partir de
los cuales se pierde interés en la prosperidad del amparo o resulta imposible llevar
a cabo las pretensiones [situación sobreviniente]»10.

22. En particular, la situación sobreviniente ocurre cuando «las circunstancias
fácticas que originaron la acción varían porque el actor asume una carga que no le
correspondía, un tercero satisface la pretensión principal, el accionante ha perdido
interés en el resultado del proceso o resulta imposible llevar a cabo las
pretensiones».

23. En el asunto bajo estudio, la Sala encuentra que, después de la interposición
de la acción, ocurrida el 22 de mayo de 2026, y antes de que se profiriera el fallo de
primera instancia, el magistrado del despacho segundo del Tribunal Administrativo
del Tolima manifestó, el 4 de junio de 2026, encontrarse impedido para conocer del
proceso. En consecuencia, el 5 de junio de 2026 ordenó remitir el expediente al
despacho sexto de esa corporación para que se pronunciara sobre dicha
manifestación.

24. Ahora, si bien la declaración de impedimento del magistrado ponente del
proceso ordinario no satisface la pretensión de amparo, consistente en que se emita
sentencia de primera instancia; lo cierto es que sí impide que se pueda proferir un
eventual fallo de tutela en el que se ordene al Tribunal dictar decisión de fondo, pues
el expediente pasó al despacho del magistrado siguiente en turno para resolver
sobre el referido impedimento, autoridad que, en principio, solo tiene competencia
para ello.

25. Así las cosas, al margen de que la Sala no observe una dilación
desproporcionada e injustificada de las actuaciones efectuadas en el proceso
ordinario, la solicitud de tutela formulada por la ASPU Tolima perdió su razón de ser
como mecanismo extraordinario de protección de derechos fundamentales, motivo
por el que la Sala declarará la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

4. Conclusión

26. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección declarará la
improcedencia de la tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo del Tolima,
por haberse configurado la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

9
Corte Constitucional, sentencia T-215 de 2023.
10
Corte Constitucional, sentencias T-053 de 2025 y T-344 de 2022.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03962-00 (6256)
Accionante: Asociación Sindical de Profesores Universitarios Tolima
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Declarar improcedente por carencia actual de objeto, por situación
sobreviniente, la tutela interpuesta por la Asociación Sindical de Profesores
Universitarios Tolima contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones
expuestas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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