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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03969-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03969-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Mauricio Pava Lugo, por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 22 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ______________________________________________________________________ Demandante: Mauricio Pava Lugo Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2026-03969-00 TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03969-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03969-00
Accionante: MAURICIO PAVA LUGO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela por presunta mora judicial – declara carencia actual de
objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Mauricio Pava Lugo, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Primera, a efectos de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, y a la tutela judicial efectiva.

La vulneración de las citadas garantías la atribuyó a la tardanza de la autoridad
judicial accionada en resolver la medida cautelar que formuló al interior del medio
de control de nulidad que se tramita bajo el radicado 11001-03-24-000-2026-
00044-00, y que promovió contra la Presidencia de la República.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Segundo. Ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, y en particular al despacho que actualmente tiene a cargo el
proceso de nulidad radicado No. 11001032400020260004400, que resuelva de

1 La cual fue radicada el 25 de mayo de 2026 con secuencia: 6346

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Demandante: Mauricio Pava Lugo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03969-00

fondo la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de
la Resolución No. 471 del 22 de diciembre de 2025.

Tercero. Vincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, DAPRE, y a la Presidencia de la República, en su condición de
autoridades relacionadas con la expedición, defensa e implementación de la
Resolución No. 471 del 22 de diciembre de 2025, acto administrativo objeto del
proceso de nulidad dentro del cual se presentó la solicitud cautelar pendiente.

Cuarto. Conceder la medida provisional solicitada en la sección correspondiente
de esta acción, que consiste en ordenar de manera inmediata, provisional y
transitoria que el Consejo de Estado tome una decisión sobre la solicitud cautelar
pendiente en un plazo determinado, y suspender todos los actos administrativos,
operativos, logísticos, presupuestales o materiales relacionados con la instalación,
activación, ejecución o puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal
previstas, hasta que se resuelva la solicitud de medida cautelar en el proceso de
nulidad.

Quinto. Ordenar al despacho judicial accionado rendir informe sobre el estado
actual de la solicitud de medida cautelar, la fecha en que quedó en estado de
decisión, las actuaciones surtidas desde el vencimiento del traslado y las razones
por las cuales no se ha proferido decisión de fondo.

Sexto. Ordenar las demás medidas que el despacho estime necesarias para
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales invocados y evitar
que la mora judicial haga nugatorio el control cautelar solicitado2.

De igual forma, solicitó como medida provisional que se ordene a la Sección
Primera de esta Corporación que:

«adopte, dentro de un plazo perentorio, una decisión sobre la solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional presentada dentro del proceso de nulidad
radicado No. 11001032400020260004400, e impulse de forma urgente el trámite
correspondiente. A su vez se solicita ordenar la suspensión de los efectos de la
Resolución No. 471 del 22 de diciembre de 2025, o, subsidiariamente, la suspensión
de todos los actos administrativos, operativos, logísticos, presupuestales o
materiales dirigidos a instalar, activar, ejecutar o poner en funcionamiento las Zonas
de Ubicación Temporal allí previstas, hasta tanto el Consejo de Estado resuelva la
solicitud cautelar pendiente.»

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de
20113, los señores Mauricio Pava Lugo y Nicolás Dupont Bernal promovieron

2 Transcripción literal que puede contener errores.
3 ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que

se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse,
o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

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demanda contra la Presidencia de la República, a efectos de que se declarara la
nulidad de la Resolución No. 471 de 2025 «por la cual se establecen zonas de
ubicación temporal en el marco del espacio de conversación socio-jurídico
autorizado por medio de la Resolución núm. 257 de 2024 y se dictan otras
disposiciones», por considerar que la misma se profirió sin competencia y con
infracción de las normas en que debía fundarse.

El proceso correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección Primera que,
mediante auto del 24 de febrero de 2026 admitió la demanda con relación al señor
Mauricio Pava Lugo y aceptó el desistimiento del señor Dupont Bernal,
disponiendo continuar el proceso únicamente respecto del primero.

En igual sentido, y mediante providencia de la misma fecha se dio traslado a la
medida cautelar presentada en el escrito de demanda, conforme a lo previsto en
el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011; el cual le fue notificado a las partes
mediante estado del 3 de marzo siguiente.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora manifestó que ante la tardanza derivada de la autoridad judicial
accionada en resolver la medida cautelar que le fue solicitada, le están siendo
vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez que, desde el 9 de marzo del
presente año se venció el término con el que contaba la parte demandada para
pronunciarse al respecto.

Precisó que, pese a lo anterior, para la fecha en que se radicó el mecanismo
constitucional de la referencia, habían transcurrido más de dos (2) meses sin que
existiera un pronunciamiento de fondo que atendiera su solicitud.

Afirmó que la omisión de la autoridad desconoce lo previsto en el artículo 233 de
la Ley 1437 de 2011, según el cual, «el auto que decida las medidas cautelares
deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo
para que el demandado se pronuncie sobre ella».

Aseveró que la falta de resolución frente a lo solicitado le impide obtener una
respuesta judicial dentro del término legal otorgado frente a una medida elevada
con carácter urgente, y cuya finalidad es evitar que la Resolución No. 471 de 2025
produzca efectos materiales antes de que se determine su legalidad y se
determine de manera previa si la misma respeta los límites constitucionales y
legales que regulan el orden público, la seguridad de las comunidades y las
competencias de las autoridades penales y judiciales.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro.

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Refirió que en el presente asunto se configura un perjuicio irremediable que
justifica la intervención urgente del juez constitucional conforme a las disposiciones
previstas en el artículo 86 de la Constitución Política, por tratarse de una afectación
grave, actual o inminente de derechos fundamentales.

Respecto a la inminencia, señaló que la Fiscalía General de la Nación informó que
ya existe un listado de 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de
Colombia aceptado de buena fe por la Oficina del consejero Comisionado de Paz,
con miras a iniciar un desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado
hacia dichas zonas. Situación que demuestra que el riesgo no es hipotético ni
eventual, sino actual y próximo.

En cuanto al perjuicio grave señaló que la falta de pronunciamiento frente a la
medida cautelar puede permitir que la Resolución No. 471 de 2025 produzca
efectos materiales antes de que el juez natural se pronuncie sobre su suspensión
provisional, aseverando que dichos efectos comprometen bienes constitucionales
de alta relevancia, como la eficacia del control judicial, el principio de legalidad, la
seguridad pública, la ejecución de órdenes de captura, la cooperación judicial
internacional, los derechos de las víctimas, la autonomía territorial y las garantías
de las comunidades ubicadas en los territorios concernidos.

En lo concerniente a la urgencia, precisó que la referida medida sólo conserva
utilidad si se decide antes de que el acto demandado despliegue plenamente sus
efectos, pues un pronunciamiento posterior a la instalación o implementación
material de las Zonas de Ubicación Temporal podría resultar tardía e insuficiente,
ya que el daño constitucional consistiría precisamente en que el control judicial
llegue cuando la actuación administrativa ya haya producido las consecuencias
que la suspensión provisional buscaba evitar.

Por último, señaló que la tutela es impostergable, debido a que el paso del tiempo
amenaza con hacer nugatoria la protección judicial solicitada dentro del proceso
de nulidad instaurado, pese a que la misma fue diseñada para preservar la eficacia
de la sentencia y evitar que actos administrativos presuntamente contrarios al
ordenamiento sigan produciendo efectos mientras se determina su legalidad.

Conforme a lo expuesto, aseveró que la intervención del juez constitucional resulta
necesaria para ordenar una decisión inmediata sobre la solicitud cautelar
pendiente, sin sustituir al juez natural ni predeterminar el sentido de su decisión.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 2 de junio de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción constitucional y
ordenó notificar al magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro que integra el

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Consejo de Estado, Sección Primera4 como parte demandada.

Adicionalmente vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a la
Nación, Presidencia de la República5, [extremo pasivo del medio de control de
nulidad].

Asimismo, resolvió negar la medida cautelar presentada junto con el escrito de
amparo, al considerar que en el sub examine no se acreditaron los presupuestos
necesarios para su decreto, dado el trámite breve y sumario en el que se resuelve
la presente acción constitucional, y que garantiza además los principios de
celeridad y de acceso efectivo a la administración de justicia.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección primera

El consejero ponente del Despacho respecto del cual se predica la mora rindió
informe en el que manifestó que, contrario a lo señalado por el actor en el presente
asunto no existe una mora judicial injustificada que vulnere sus derechos
fundamentales, toda vez que, en el medio de control formulado se han adelantado
las actuaciones propias conforme al trámite procesal correspondiente, agotándose
cada una de las etapas y permitiendo que las partes realicen sus respectivas
intervenciones.

Refirió que la tardanza en resolver la medida cautelar solicitada obedece a
circunstancias objetivas y razonables, relacionadas tanto con la carga procesal
existente en el Despacho como con la situación general de congestión que afecta
a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; para el efecto, indicó que en la
actualidad tiene a su cargo más de mil trescientos sesenta y cinco (1.365)
procesos, a los cuales, en estricto orden de ingreso o de paso al despacho, se les
ha venido impartiendo el trámite correspondiente.

Así mismo, señaló que la Secretaría de la respectiva Sección remitió al Despacho
el cuaderno de medidas cautelares el 16 de marzo de 2026 y que, a la fecha,
existen aproximadamente ochenta (80) procesos en la misma etapa procesal,
frente a los cuales se ha venido adelantando el correspondiente trámite conforme
al turno respectivo.

4 Enviada a: notifpcordoba@consejodeestado.gov.co lbastidasg@consejodeestado.gov.co
notifcmantilla@consejodeestado.gov.co lmartinezf@consejodeestado.gov.co
notifnpena@consejodeestado.gov.co dmontezumac@consejodeestado.gov.co
crodriguezf@consejodeestado.gov.co notifgosorio@consejodeestado.gov.co
5 notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

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Por último, señaló que, pese a que el actor es insistente en precisar que la medida
cautelar reviste un carácter de urgencia, ni en la demanda, ni en el escrito de
medida cautelar, el señor Mauricio Pava Lugo solicitó su decreto en los términos
del artículo 234 del CPACA; es decir, pudiendo ejercer un mecanismo dentro del
proceso contencioso que acompasara la supuesta urgencia que ahora manifiesta,
no lo hizo, y en dicho entendido, no es de recibo que dicha urgencia sea alegada
en el marco del amparo constitucional.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se denieguen las pretensiones
formuladas por el actor.

1.6.2. Presidencia de la República

A través del delegado del Departamento Administrativo, allegó escrito en el que
manifestó que, en el presente asunto no se evidencia de manera clara la existencia
de una mora judicial injustificada conforme lo exigido por la Corte Constitucional
en reiterada jurisprudencia.

Manifestó que, conforme lo indicó la Oficina del Consejo Comisionado de Paz, la
solicitud de suspensión provisional no demuestra ni prueba que la Resolución
Presidencial 471 del 22 de diciembre de 2025 genere, en caso de no suspenderse,
un peligro grave o inminente y derive en perjuicio que sea difícil de reparar en el
futuro, como la vulneración de derechos fundamentales o la afectación grave de
intereses públicos o privados. Por el contrario, la resolución habilita un proceso de
sometimiento al Estado de derecho a actores armados que han causado y siguen
causando daños a la población civil y a los intereses del país.

Afirmó que, contrario a lo señalado por el tutelante la mencionada resolución busca
la desmovilización gradual y progresiva del «(a) EGC» en las zonas de ubicación
temporal, reduciendo con ello su actuación y su armamento, protegiendo de dicho
modo a la población civil, y generando mejoras sustanciales del orden público
mediante un mecanismo temporal y controlado de ubicación, en aras de avanzar
en el proceso de paz hasta su desmovilización definitiva y desmantelamiento.

Precisó que, en ningún punto de la solicitud de suspensión provisional se aportaron
pruebas que demuestren los perjuicios causados o que causaría el pluricitado acto,
máxime cuando éste busca incidir precisamente de forma positiva en la garantía
de los derechos de la población y en mejorar las condiciones de seguridad y orden
público en el territorio a través del uso de herramientas legales vigentes que
propenden por la solución pacífica de los conflictos.

Indicó que, en el presente asunto a la parte actora le correspondía demostrar que
la presunta mora judicial en la que habría incurrido la autoridad judicial accionada

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se encontraba injustificada, sin que dicha circunstancia hubiese ocurrido y por tal
virtud, la acción de tutela debía ser declarada improcedente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Colegiatura es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación6, por cuanto se dirige
contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

¿El Consejo de Estado, Sección Primera, incurrió en mora judicial injustificada
debido a la tardanza en resolver la medida cautelar formulada por la parte
actora al interior del medio de control de nulidad que se tramita bajo el radicado
11001-03-24-000-2026-00044-00, y que promovió contra la Presidencia de la
República?

Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia; (iii) la mora judicial, (iv) la carencia actual de objeto
y, (v) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando

6 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024

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no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución8, del derecho fundamental al debido
proceso9 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia 10.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»11.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas
de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la
objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del
fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»12.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:

«[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”13, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con
lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad.

7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
8 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué

casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
9 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas
y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
10 Sentencia T-006 de 1992.
11 Sentencia T-476 de 1998.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
13 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas
[…]»14.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia15 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»16.

2.5. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes17.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»18.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable

14 Ibídem.
15 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el

Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías
y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional”.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
18 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones. (Resaltado propio)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial19, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.6. Carencia actual de objeto

La Corte Constitucional ha explicado en varias ocasiones20 que la acción de tutela
ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario que se encuentra al
alcance de todas las personas, con el fin de brindar la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales; circunstancia que ha sido denominada por la
jurisprudencia como una carencia actual de objeto.

Al respecto, el mencionado cuerpo colegiado mediante sentencia SU-522 de 2019
sintetizó las categorías a partir de las cuales puede configurarse la citada figura, a
saber: (i) el daño consumado; (ii) el hecho superado y (iii) la situación
sobreviniente. Sobre el segundo de ellos, la Alta Corporación en la sentencia T-
411 del 30 de septiembre de 2024, señaló que:

19 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad.
76001-23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-
03-15-000-2023-06923-01.
20 Sentencia T-411 del 30 de septiembre de 2024

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En ocasiones, la alteración o desaparición de las circunstancias que dieron origen a
la presunta vulneración de los derechos conlleva a que la acción de amparo pierda
su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial. La
jurisprudencia constitucional ha agrupado estos casos bajo la categoría de “carencia
actual de objeto.

65. De ese modo, es claro que la acción de tutela tiene como propósito proteger de
manera efectiva los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o en
riesgo. Sin embargo, si la situación problemática se ha resuelto antes de que el juez
emita su decisión, cualquier pronunciamiento adicional sería innecesario, ya que no
tendría un efecto práctico. Este es el fundamento del concepto de "carencia actual
de objeto". Es decir, el juez de tutela no está para emitir opiniones o decisiones sin
impacto cuando ya no existe una posible vulneración de derechos fundamentales
por resolver.

Con base en el referido marco, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido
que:

A efectos de definir si operó o no el fenómeno del hecho superado, la Corte ha
identificado que, para su verificación, es necesaria la concurrencia de tres requisitos.
A saber: (i) que ocurra una modificación en los hechos que originaron la
acción; (ii) que esa modificación implique la satisfacción integral de las pretensiones
de la demanda; y (iii) que sea resultado de una conducta asumida por la parte
demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó por un hecho
imputable a esta.

35. Si bien el juez constitucional “no está obligado a proferir un pronunciamiento de
fondo” en estos casos, sí puede referirse a los hechos que dieron lugar a la
presentación de la acción de tutela, para (i) condenar su ocurrencia, (ii) advertir
sobre su falta de conformidad constitucional, o para (iii) conminar al accionado para
evitar su repetición.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre antes o después del fallo de primera instancia, lo que indica que el juez
podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para
determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal.

En estas situaciones, aunque la vulneración de las garantías constitucionales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados21.

21 Corte Constitucional. Sentencia T-228 del 17 de junio de 2024.

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2.7. Caso concreto

Como se señaló de manera previa, el señor Mauricio Pava Lugo, atribuyó a la
Sección Primera de esta Corporación la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y a la
tutela judicial efectiva, debido a la tardanza en la que de manera presunta habría
incurrido por no haber resuelto dentro del término legal concedido, la medida
cautelar elevada al interior del medio de control identificado de manera precedente.

Con ocasión a la notificación efectuada por la Secretaría de esta corporación,
la autoridad accionada allegó escrito en el que realizó un recuento de las
actuaciones surtidas al interior del proceso que ahora ocupa la atención de la Sala,
destacando que la solicitud aludida no había sido tramitada debido a
circunstancias objetivas y razonables, relacionadas tanto con la carga procesal
existente en el Despacho como con la situación general de congestión que afecta
a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; resaltando que en la actualidad
tiene a su cargo más de mil trescientos sesenta y cinco (1.365) procesos, a los
cuales, en estricto orden de ingreso o de paso al despacho, se les ha venido
impartiendo el trámite correspondiente.

De cara a lo anterior, y al verificar el Sistema de Gestión Judicial Samai, para
conocer las últimas actuaciones que se han llevado a cabo al interior del referido
proceso, se encontró lo siguiente:

En este orden, se colige que, encontrándose en curso la acción de tutela de la
referencia, esto es, el 12 de junio de 2026, la autoridad judicial accionada resolvió
la medida cautelar elevada por la parte interesada dentro del medio de control de
nulidad con radicado 11001-03-24-000-2026-00044-00, actuación que fue
notificada a las partes por estado del 16 de junio siguiente.

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En dicho entendido, se declarará la carencia actual de objeto superado, toda vez
que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto de los
derechos fundamentales del tutelante; de ahí que cualquier orden que se imparta
por parte de esta Sala resultaría inane debido a que la posible vulneración cesó
con la actuación de la autoridad enjuiciada.

Al respecto, esta colegiatura en anteriores oportunidades22 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

En línea con lo expuesto , se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.

Así las cosas, en el presente asunto se declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado en relación con las pretensiones invocadas por la parte actora,
toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto de
los derechos fundamentales del accionante, de ahí que cualquier orden que se
imparta por parte de esta sala resultaría inane debido a que la posible vulneración
cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Mauricio Pava Lugo, por las razones
expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

22 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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