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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03976-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03976-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo. NO ACCEDER a la desvinculación de la Empresa Katerin Tour Ltda y del señor Edilberto Ramírez, por cuanto la vinculación se realizó en calidad de terceros con interés. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03976-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03976-00
Accionante: Juan Vicente Suárez Zambrano
Accionados: Parqueadero El Cortijo RP y otros

Tema: Derechos al trabajo, vida digna, mínimo vital, y administración de
Justicia. Petición al interior de procesos judiciales. Investigación a
cargo de la Fiscalía Seccional 56 de Bogotá. DECLARA
IMPROCEDENTE

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Vicente Suárez
Zambrano, en contra del Parqueadero El Cortijo RP, de la Fiscalía General de la
Nación, de la Policía Nacional de Colombia y, de la Personería Distrital de Bogotá.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, a la
vida digna, al mínimo vital y a la administración de Justicia, que considera
vulnerados, ya que según indica, las accionadas no han realizado las actuaciones
correspondientes para la recuperación y restitución de un vehículo de su propiedad.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que a los señores Juan Vicente Suárez Zambrano y Carlos Alberto Suárez
Zambrano, les fue adjudicado el vehículo tipo buseta Chevrolet, placas WMZ-584
mediante escritura pública núm. 1025 del 9 de mayo de 2025 de la Notaría 48 de
Bogotá, en el proceso de sucesión de su señora madre, María Rubiela Zambrano
de Suárez. Que dicho vehículo se encuentra afiliado a la Empresa Katerin Tour Ltda
y presta servicio de transporte escolar a la Institución Gimnasio Vermont.

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Que los herederos y propietarios presentaron varias denuncias ante las Fiscalías 56
y 423 Locales de Bogotá en contra del señor Edilberto Ramírez, conductor
designado por la fallecida señora María Rubiela Zambrano de Suarez; quien se
apropió irregularmente del vehículo.

Que esa persona retiró el vehículo del sitio habitual de parqueo y lo trasladó a otro
lugar «Parqueadero denominado ‘EL CORTIJO RP’ (…) pero dicho Parqueadero
figura a la entrada del mismo de forma física en un letrero como ‘Villa Nohora’
ubicado en la carrera 119 con calle 81 cerca a la calle 80»-, para su provecho
personal.

Que en las Fiscalías locales señaladas cursa el proceso penal por dichas denuncias,
bajo el mismo número de radicado 110016000050-2025-65936; que no ha
avanzado absolutamente, no han ordenado las diligencias de recuperación y
entrega de dicho automotor ni ha sido elevado al Juez Penal de Garantías y Juez
Penal de Conocimiento.

Que el 5 de julio de 2025, los señores Juan Vicente Suárez Zambrano y Carlos
Alberto Suárez Zambrano, solicitaron a la Fiscalía 56 Local de Bogotá, que la
denuncia inicialmente formulada por abuso de confianza fuera reclasificada
típicamente, como hurto de vehículo automotor y que la Fiscalía adelantara las
labores necesarias para la recuperación y entrega inmediata del vehículo, con el
apoyo de la Policía Nacional, a fin de garantizar sus derechos de propiedad.

El accionante considera que la retención indebida del vehículo y la omisión de las
autoridades competentes en ordenar su recuperación vulneran sus derechos
fundamentales a la propiedad privada, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad
humana, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados, y se ordene:

A las Fiscalías 56 y 423 Locales de Bogotá, en coordinación con la Dirección
Nacional de la Policía Nacional y con intervención de la Personería Distrital, de la
Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y demás entidades
de control, en un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, la práctica
inmediata de retiro y entrega judicial del vehículo automotor, actualmente retenido
en el parqueadero “El Cortijo RP” (Villa Nohora).

TRÁMITE DEL PROCESO

El 29 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela, se vincularon como terceros
interesados los señores Carlos Alberto Suárez Zambrano y Edilberto Ramírez, la
Empresa Katerin Tour Ltda y el Colegio Gimnasio Vermont y se corrieron los
respectivos traslados.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Fiscalía General de la Nación guardó silencio

La Personería de Bogotá, D.C manifestó que no procede el amparo frente a esta
entidad, pues tras verificar en sus sistemas de información no encontró que el
accionante hubiera radicado solicitud alguna relacionada con los hechos de la tutela,
y lo narrado no corresponde a omisiones propias de la Personería, razón por la cual
no se advierte vulneración de derechos fundamentales atribuibles a ella. Indicó que
la pretensión principal está dirigida a las Fiscalías 56 y 423 Locales de Bogotá y son
estas las llamadas a responder de fondo.

La Policía Nacional de Colombia, Metropolitana de Bogotá Indicó que, no
procede el amparo en su contra, pues el vehículo de placas WMZ-584 no registra
órdenes de aprehensión ni inmovilización vigentes en el sistema institucional
12AUT, y cualquier actuación depende de una orden judicial; señaló que no ha
vulnerado derechos fundamentales del accionante, ya que no es la autoridad
competente para impulsar diligencias de recuperación ni solicitar restitución de
vehículos ante jueces penales, configurándose así la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

Agregó que el accionante incurrió en temeridad al presentar varias acciones de
tutela sobre los mismos hechos, pretensiones y fundamentos, sin aportar elementos
nuevos ni justificación válida, razón por la cual solicitó declarar la improcedencia de
la acción constitucional.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Empresa Katerin Tour Ltda. expresó que no procede el amparo frente a esta
sociedad; que el vehículo de placas WMZ-584 se encuentra afiliado
administrativamente a la empresa, pero dicha vinculación no le otorga tenencia,
posesión ni custodia material del automotor, por lo que desconoce su ubicación y
paradero actual.

Señaló que las actuaciones narradas por el accionante corresponden al conductor
denunciado, al parqueadero accionado y a la presunta inactividad de las Fiscalías
vinculadas, sin que exista conducta activa u omisiva atribuible a la empresa que
vulnere derechos fundamentales; lo que configura una falta de legitimación en la
causa por pasiva.

El señor Edilberto Ramírez manifestó que no procede el amparo; que mantuvo una
relación convivencial con la señora María Rubiela Zambrano de Suárez (Q.E.P.D.)
desde el año 2003 hasta su fallecimiento en noviembre de 2024, razón por la cual
inició proceso declarativo de unión marital de hecho ante el Juzgado Diecinueve de
Familia de Bogotá, en el cual los accionantes son parte demandada.

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Adujo que, pese a conocer dicho litigio, los señores Juan Vicente Suárez Zambrano
y Carlos Alberto Suárez Zambrano adelantaron la sucesión en la Notaría 48 de
Bogotá, ocultando la existencia del proceso y declarando falsamente que no había
otros herederos.

Que las actuaciones narradas por los accionantes corresponden a su propia
conducta de mala fe en la sucesión y a intentos de despojo sobre bienes de la
sociedad patrimonial, sin que exista actuación por su parte que vulnere derechos
fundamentales; lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva.

No se presentaron más intervenciones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para decidir sobre la tutela solicitada, la Sala abordará los siguientes temas: i)
generalidad de la acción de tutela; ii) derecho de petición al interior de procesos
judiciales; iii) temeridad en la acción de tutela; y iv) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Derecho de petición al interior de procesos judiciales

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado social
de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.

En relación con el ejercicio del derecho de petición ante las autoridades judiciales,

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ha dicho la Corte Constitucional que existen dos clases de solicitudes, dentro de las
cuales encontramos:

«(…) (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas
por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que
rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015. (…)» 1 (negrilla
fuera de texto original)

Ahora, si la petición se refiere a asuntos ajenos a un proceso judicial, es meramente
administrativa y se aplican las reglas previstas en la Ley 1755 de 2015 y, se predica
que la respuesta debe ceñirse y respetar el núcleo irreductible de este derecho
fundamental, el cual, para la jurisprudencia constitucional consiste en prontitud, que
se resuelva de fondo y se notifique debidamente la respuesta al solicitante.

La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la temeridad
en la acción de tutela:

«(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar (…)».

Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe consagrado
constitucionalmente, que se ve perjudicado en el evento en que se presentan varias
acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente probado y sin que
medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la administración de
justicia.

Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii)
identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.

1 Ver sentencias SU 076 de 2022 y T 394 de 2018

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Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que constituye un
ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial
del Estado como también los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa. Al efecto, un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.

Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria si
la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b)
el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que aparecieron
con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir
la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva acción de
amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos
efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión1.

Análisis del caso concreto

El señor Juan Vicente Suárez Zambrano estima que las Fiscalías 56 y 423 Seccional
Bogotá, la Policía Nacional, la Personería Distrital de Bogotá y el Parqueadero El
Cortijo RP, transgreden sus derechos fundamentales invocados, al no adoptar los
procedimientos estimados y medidas necesarias para recuperar y dar celeridad en
la entrega del vehículo.

Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente la Sala observa:

1. Noticia criminal número110016000050202565936, fechada 19/06/2025

2. Escrito del 5 de julio de 2025, dirigido a la Fiscalía 56 Seccional de Bogotá, en el
cual solicita la readecuación del tipo penal de la denuncia instaurada, y la

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coordinación efectiva con las autoridades correspondientes para la recuperación y
entrega del vehículo.2

3. Auto admisorio del proceso de tutela 11001-31-09-006-2026-00133-00 del
Juzgado 006 Penal del Circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá, donde
aparece como demandante el señor Juan Vicente Suárez Zambrano y los
accionados son Fiscalía 56, Local, Fiscalía 553 Local, Parqueadero El Cortijo y la
Policía Nacional.

4. Auto admisorio de tutela 2026-0220 del Juzgado Cincuenta y Seis (56) Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, donde es demandante el señor
Juan Vicente Suárez Zambrano y los accionados son: Fiscalías 56 Local Unidad de
Conciliación Pre-Procesal Casa de Justicia de Fontibón, 423 Local Unidad de
Conciliación Pre-procesal de Barrios Unidos, y 553 Local de Bogotá; el Parqueadero
El Cortijo Rp, La Dirección General de la Policía Nacional y Como Vinculados la
Defensoría del Pueblo Sede Bogotá D.C, Personería Distrital de Bogotá,
Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Transporte, Alcaldía Local
de Engativá y la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República.

En ambos casos coinciden el demandante y algunos demandados; además se
refieren al proceso radicado 110016000050202565936 de la Fiscalía, sin embargo,
no se puede establecer que los hechos y pretensiones sean idénticas; pues no se
aportaron al expediente copias de las solicitudes de tutela correspondientes.

Se consultó la página de Consulta de Procesos Nacional Unificada y no se logró
obtener más información; de manera que no es posible acreditar con ello la
identidad de causa y objeto de las solicitudes de tutela, por lo tanto, no se puede
establecer la configuración de los supuestos de una actuación temeraria ni de la
cosa juzgada.

Por otro lado, la Sala advierte que la solicitud que elevó el actor ante la Fiscalía 56
Seccional Bogotá dentro del proceso NUC 110016000050-2025-65936; cuyo asunto
es: «Solicitud de modificación de la denuncia: abuso de confianza a hurto de
vehículo automotor» no exige una respuesta en los términos que dispone la Ley
1755 de 2015.

Se trata de una actuación en el marco de una investigación judicial, cuya resolución
o pronunciamiento al interior del procedimiento respectivo ha de sujetarse a las
etapas procesales previstas para tal efecto. En ese entendido resulta improcedente
la tutela del derecho de petición. Igualmente, teniendo en cuenta que no se
aportaron mayores elementos al proceso, tampoco es posible emitir un
pronunciamiento sobre una posible mora en dicho trámite.

En relación con las pretensiones encaminadas a que se ordene a las Fiscalías 56 y
423 de Bogotá, la práctica inmediata del retiro y entrega judicial del vehículo

2 Expediente, índice Samai 02

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automotor, estas resultan improcedentes, pues no le está dado al Juez
Constitucional intervenir en asuntos a cargo de otras autoridades, cuando no se
aportaron elementos que permitan establecer la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales por parte de la entidad y menos aún, cuando no se
sustentó ni se acreditó un perjuicio irremediable que autorice dicha intervención.

En relación con la petición de desvinculación elevada por la Policía Nacional, por
sustracción de materia, al declararse improcedentes las pretensiones que
involucran a la entidad, no se hace necesario resolver la solicitud.

Se negará la desvinculación de la empresa Katerin Tour Ltda y Edilberto Ramírez,
teniendo en cuenta que su vinculación se realizó en calidad de terceros con interés.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta, conforme
a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo. NO ACCEDER a la desvinculación de la Empresa Katerin Tour Ltda y
del señor Edilberto Ramírez, por cuanto la vinculación se realizó en calidad de
terceros con interés.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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