Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03977-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03977-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03977-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Primero (1.°) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03977-01
Demandante: MYRIAM CECILIA PINZÓN MUÑOZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Tutela contra acto administrativo – confirma la improcedencia por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación radicada por la señora Myriam Cecilia
Pinzón Muñoz contra la sentencia de 3 de julio de 2026, por medio de la cual, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” declaró la improcedencia por
no superar el requisito de subsidiariedad.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz, en nombre propio, el 25 de mayo de 2026,
radicó acción de tutela con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales
al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada.
Las referidas garantías constitucionales, las consideró transgredidas con ocasión a
que por medio de la Resolución 135 de 20 de mayo de 2026, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga, nombró en propiedad al señor Carlos Mario
Frías Rubio como Juez Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bucaramanga1, cargo que la señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz ocupaba en
provisionalidad.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:
1.Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, seguridad social y
estabilidad laboral reforzada.
2. Ordenar al Tribunal Superior de Bucaramanga que garantice mi permanencia en el
cargo o me reubique en uno equivalente, hasta que se consolide mi derecho pensional
y sea incluida en nómina de pensionados.
1
Ello, como resultado del concurso de méritos promovido mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018 (Convocatoria 27).
Demandante: Myriam Cecilia Pinzón Muñoz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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3. Dejar sin efectos cualquier acto administrativo que ordene mi desvinculación hasta
que se cumpla lo anterior.
4. En caso de no ser posible, ordenar al Consejo superior de la judicatura o al Consejo
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, en un término igual al
concedido a la entidad nominadora, estudie y adopte las medidas necesarias, con el
propósito de que se logre la reubicación de la accionante o acoger cualquier otra
decisión que resulte idónea, para garantizar el derecho aquí protegido. 2
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:
1.3.1. La señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz, adujo que se desempeñaba en
provisionalidad como como Juez 27 Penal Municipal con Función de Conocimiento
de Bucaramanga desde el 5 de marzo de 2025.
1.3.2. Manifestó que, a pesar de que el 10 de febrero de 2026, le informó al Consejo
Seccional de Santander que tenía calidad de prepensionada, por medio de la
Resolución número 135 de 20 de mayo de 2026, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, nombró en propiedad al señor Carlos Mario Frías Rubio
como Juez Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, cargo
que como se indicó, la señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz ocupaba en
provisionalidad.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz, adujo que sus derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada,
estaban siendo transgredidos, dado que, a pesar de las autoridades accionadas
tenían conocimiento de su situación, no se le notificó sobre alguna medida de
reubicación que le garantizara su transición al status de pensionada.
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 27 de mayo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C” admitió la presente acción de tutela y ordeno notificar a la
accionante, así como al Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga.
Como tercero con interés, vinculó al señor Carlos Mario Frías Rubio, y negó el
decreto de una medida provisional de carácter urgente que consistía en ordenarle al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que reubicara a la actora en
un cargo similar al que ostentaba, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la admisión de la presente acción constitucional.
2
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.
1.6.1. Carlos Mario Frías Rubio
Por medio de memorial, adujo que su participación en el caso objeto de debate se
limitó al trámite del concurso de méritos, el cual surtió en igualdad de condiciones
con los demás participantes y en el que obtuvo el derecho a ocupar el cargo por
mérito propio.
Manifestó que no se oponía a que se protejan los derechos fundamentales de la
accionante, si ello es lo que procede conforme al ordenamiento constitucional y la
jurisprudencia aplicable.
No obstante, indicó que se oponía en cuanto a la pretensión relacionada con que
se deje sin efectos la Resolución número 135 de 20 de mayo de 2026 por medio de
la cual se ordenó su nombramiento en propiedad, dado que dicho acto
administrativo es legal, válido y constitucional, y sus efectos no deben ser
suspendidos respecto de su posesión y ejercicio del cargo.
Finalmente, dijo que la señora Pinzón Muñoz conocía de la provisionalidad del cargo
que estaba ocupando, que por definición está sujeta a ser desplazada cuando el
cargo se provea en carrera.
1.6.2. Consejo superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander
En su escrito, expuso que no es competente para revocar, modificar o dejar sin
efectos nombramientos de jueces en propiedad, toda vez que dicha facultad
corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora, que en este caso es el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Lo anterior, «en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley
en materia de provisión de cargos de la Rama Judicial, sujetándose al marco
normativo y a las reglas establecidas dentro de la Convocatoria 27».
Asimismo, indicó que cualquier inconformidad respecto del nombramiento
efectuado deberá ventilarse a través de los mecanismos judiciales o administrativos
idóneos previstos en el ordenamiento jurídico, sin que resulte procedente que esta
Corporación adopte decisiones orientadas a dejarlo sin efectos, pues la única
función que ejerce esta Corporación es la remisión de las listas a los tribunales
respectivos con sujeción a lo dispuesto por la Unidad de Carrera Judicial.
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1.6.3. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura
En su intervención dijo que «carece de competencia material para decidir sobre el
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada, toda vez que, en virtud del
artículo 131 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y la Circular CJC22
2 de 2022, dicha atribución corresponde de manera exclusiva al Tribunal Superior
de Bucaramanga».
1.6.4. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
Expuso que su actuación se ajustó al marco legal y jurisprudencial. Indicó que, si
bien la actora solicitó el 8 de abril de 2026 el reconocimiento de su estabilidad laboral
reforzada por encontrarse a menos de un año de pensionarse, la corporación recibió
la lista de elegibles el 23 de abril de 2026 y, mediante la Resolución 135 del 20 de
mayo de 2026, designó en propiedad al señor Carlos Mario Frías Rubio.
Adicionalmente, aseguró que por medio de la Resolución 176 de 26 de mayo de
2026, negó la solicitud de fuero de la señora Pinzón Muñoz, bajo el argumento de
que quienes ocupan cargos en provisionalidad tienen una estabilidad relativa que
permite su desvinculación por causas objetivas, como la provisión en propiedad.
Además, precisó que «la accionante acreditó 1.264 semanas cotizadas y le restaban
cerca de 5 meses para cumplir la edad, por lo que no se advirtió riesgo de frustración
de su derecho pensional. Sostuvo que la condición de prepensionado no otorga
inamovilidad absoluta y que acceder a la petición implicaba desconocer el principio
del mérito y los derechos adquiridos del elegible».
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 3 de julio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C” declaró la improcedencia por no superar el requisito de
subsidiariedad.
Para fundamentar la decisión aseguró que la señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir el acto administrativo reprochado en sede constitucional, porque es el
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales
invocados y por ende el escenario propicio para debatir los supuestos fácticos y
normativos propuestos; sumado a que no se evidenció la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Además, la Sala consideró que la controversia jurídica planteada en el escrito inicial
no se limitó únicamente a la pérdida del cargo en provisionalidad tras el
nombramiento en propiedad del señor Carlos Mario Frías Rubio, sino que parte de
la base de que la tutelante es titular de la calidad de prepensionada y, por ende,
tiene un fuero de protección.
Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga por medio
de la Resolución número 176 de 2026, determinó que, a contrario sensu, no se vería
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frustrado el derecho pensional de la señora Pinzón Muñoz, toda vez que ya acreditó
el número de semanas cotizadas requeridas y solo le resta alcanzar la edad. En
consecuencia, la estabilidad reforzada reclamada no se encuentra plenamente
consolidada o, al menos, constituye un asunto litigioso respecto a los supuestos
fácticos para acceder a esa protección, cuya resolución no le corresponde al juez
constitucional, sino que debe dirimirse, en primer lugar, ante el juez natural a través
de las vías ordinarias.
En ese orden de ideas, concluyó reiterando que la controversia que propone la
tutelante debe ventilarse mediante «los causes ordinarios previstos en el
ordenamiento jurídico», por lo que es claro que no se supera el requisito de
subsidiariedad.
1.8. Impugnación
La señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz, por medio de escrito allegado el 19 de
agosto de 20263, impugnó la decisión de 3 de julio de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” en la que declaró la improcedencia por
no superar el requisito de subsidiariedad.
La accionante solicitó que se revoque la decisión del a quo, para que en su lugar se
conceda el amparo deprecado, puesto que indicó que la misma sostiene
erradamente que debe acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin embargo, tal mecanismo resulta «absolutamente ineficaz e inidóneo».
Además, indicó que la sentencia de 3 de julio de 2026 incurrió en un defecto fáctico,
puesto que cumplirá la edad requerida para acceder a la pensión de vejez el próximo
22 de octubre de 2026, y al momento de su desvinculación (mayo de 2026) se
encontraba a menos de seis (6) meses de consolidar su status pensional.
Frente al punto, manifestó que «la condición de prepensionada y la protección
derivada de la estabilidad laboral reforzada se encuentran plenamente acreditadas,
al punto que la misma administración de la carrera judicial incluyó un asterisco de
advertencia en la plaza ofertada. Negar la procedencia de la tutela ante una
situación tan nítida oscurece de contenido la protección constitucional a los sujetos
de especial protección».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la señora
Myriam Cecilia Pinzón Muñoz contra la sentencia de 3 de julio de 2026, por medio
de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” declaró la
improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, modificado
por el Acuerdo 434 de 2024.
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La sentencia se notificó el 14 de agosto de 2026.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 3 de julio de 2026, en la que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “C” declaró la improcedencia porque no superó el requisito de
subsidiariedad.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e
improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces, y (iii) el
caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones
u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.
Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir
sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se
use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.4. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.4
4
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
6
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La jurisprudencia estableció que, debido al principio de subsidiariedad, los conflictos
relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por
las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente
ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta
acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo 5.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»6.
2.5. Caso concreto
En este caso, a juicio de la señora Myriam Cecilia Pinzón Muñoz, sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral reforzada, están siendo transgredidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Lo anterior, con fundamento en que por medio de la Resolución número 135 de 20
de mayo de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, nombró
en propiedad al señor Carlos Mario Frías Rubio como Juez Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bucaramanga, cargo que la señora Myriam Cecilia
Pinzón Muñoz ocupaba en provisionalidad.
En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” en fallo
de 3 de julio de 2026, declaró la improcedencia por no superar el requisito de
subsidiariedad, puesto que la accionante cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir el acto administrativo reprochado en
sede constitucional al ser el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de sus
garantías, y por ende el escenario propicio para debatir los supuestos fácticos y
5
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
6
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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normativos propuestos; sumado a que no se evidenció la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Inconforme con la decisión del a quo, la accionante impugnó y adujo que el referido
mecanismo resulta «absolutamente ineficaz e inidóneo».
En este punto, esta Sala de Decisión debe poner de presente que confirmará la
sentencia de 3 de julio de 2026, con ocasión a que la señora Pinzón Muñoz está
inconforme con el nombramiento en propiedad del señor Carlos Mario Frías Rubio
como Juez Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, cargo
que ella ocupaba en provisionalidad, y dicha designación se hizo por medio de la
Resolución número 135 de 20 de mayo de 2026.
Pues bien, el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela. Por lo tanto, por regla general, la acción de tutela no procede para
controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.
Lo anterior, en razón a que la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a través de los
respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
ese orden, tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 del CPACA, proceden los medios de control de nulidad simple y
nulidad y restablecimiento del derecho.
Como consecuencia de lo dicho, esta Sección pone de presente que los reproches
expuestos por la señora Pinzón Muñoz en sede de tutela, están dirigidos a
cuestionar un acto administrativo de naturaleza particular y concreta, como lo es la
Resolución 135 de 20 de mayo de 2026, acto que es susceptible de ser demandado
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del
CPACA7.
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«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y
cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
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Además, en este mecanismo, la señora Pinzón Muñoz cuenta con la posibilidad de
proponer medidas cautelares en cualquier tiempo que, de considerarse urgentes
por el juez administrativo, se adoptarán desde la presentación de la solicitud y sin
necesidad de notificar a la otra parte, de conformidad con el artículo 234 de la Ley
1437 de 20118.
Finalmente, y en relación con el estado de prepensionada que pone de presente la
señora Pinón Muñoz, la Sala precisa que la pretensión de reubicación supone que
el juez de tutela desplace el análisis propio del juez natural, pues exige valorar la
legalidad del acto administrativo por medio del cual se proveyó el cargo y se nombró
al señor Carlos Mario Frías Rubio como Juez Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bucaramanga. Tales aspectos deben debatirse a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el cual la
accionante puede solicitar, como ya se dijo en precedencia, medidas cautelares,
incluso de urgencia, si estima que existe riesgo actual para sus derechos.
Aunado a lo anterior, la Sala al igual que el juez de primera instancia tampoco
evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que torne procedente este
mecanismo constitucional, de manera que se confirmará la decisión de 3 de julio de
2026, en la que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” declaró la
improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2026, en la que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” declaró la improcedencia por no
superar el requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
8
«ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud
y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no
es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los
recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete».
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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