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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03979-00

Fecha
30 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03979-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura. Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud de tutela presentada por Miguel Alberto Castellanos Echeverri contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Oficina de Cobro Coactivo. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03979-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro1

Tema: Derecho de petición
Decisión: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Miguel Alberto Castellanos Echeverri, en
ejercicio del mecanismo constitucional de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

1. Miguel Alberto Castellanos Echeverri promovió solicitud de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura y otro para que se ampararan sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la defensa, a la publicidad
administrativa y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud elevada el 28 de abril
de 2026, ante el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Oficina de Cobro Coactivo.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El 28 de abril de 2026, presentó derecho de petición ante la Oficina de Cobro
Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a los correos electrónicos:
Medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y
ccobcoabta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

1
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Oficina de Cobro Coactivo.
2 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado « 8ED_002_002scritoDeTutel(.pdf) NroActua 2.pdf».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

2.2. Lo anterior, con el propósito de que se declarara la prescripción de las
obligaciones derivadas de los procesos de cobro coactivo identificados con los
radicados 110040790000201500516, 110010790000201700011 y
110010790000201700214. Asimismo, solicitó la nulidad de las actuaciones
administrativas por vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa, al
considerar que fueron indebidamente notificadas, toda vez que no se tuvo en cuenta
que se encontraba privado de la libertad, circunstancia que le impidió ejercer
oportunamente sus garantías procesales.

2.3. La entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales por cuanto hasta la
fecha de la presentación de la solicitud de amparo no ha recibido respuesta de fondo
a su solicitud.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA: Que se amparen mis derechos fundamentales de petición, debido
proceso, defensa, publicidad administrativa y acceso a la administración de justicia.

SEGUNDA: Que se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – OFICINA DE COBRO COACTIVO emitir
respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y debidamente notificada respecto del
derecho de petición presentado el 28 de abril de 2026.

TERCERA: Que se ordene a la entidad accionada pronunciarse expresamente sobre: • la
solicitud de prescripción,
• la nulidad de las actuaciones administrativas,
• las irregularidades de notificación,
• y la garantía del derecho de defensa. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo Superior de la Judicatura3 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues dentro de sus funciones no se encuentran
los procesos de cobro coactivo, ya que ello le corresponde a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.

5. La División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal4 pretendió que
se declarara la carencia actual de objeto por existir hecho superado, comoquiera que
la petición elevada por el demandante ya fue resuelta por medio del oficio
DEAJGCC26-6359 que fue enviado a las direcciones de correo electrónico
pensionesmiguelcastellanos@gmail.com y andresanga0124@gmail.com.

3 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado
«21RECIBEMEMORIAL_Memorial_O726RespuestaTutela1(.pdf) NroActua 9.pdf».
4
Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado «18_MemorialWeb_Respuesta-
INFORMEACCIONDETU(.pdf) NroActua 8.pdf».

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

2. Consideraciones

6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas – delimitación del asunto a
decidir – falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela –
derecho de petición; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 20215 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra del
Consejo Superior de la Judicatura y otro.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Delimitación del asunto a decidir

8. De acuerdo con las pretensiones de amparo elevadas por Miguel Alberto
Castellanos Echeverri, se observa que, si bien alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, publicidad administrativa y acceso a la
administración de justicia, lo cierto es que, formalmente, no nos encontramos ante un
escenario en el que aquellos se vean comprometidos. Por lo tanto, la presunta
vulneración no gira propiamente en torno a estos derechos, sino que, del contenido
de la tutela y lo acreditado en el expediente, se evidenció que se trata de una petición
que no había sido respondida por la autoridad demandada, por esta razón, la Sala
estudiará y decidirá acerca del amparo solicitado por el demandante en atención a
su posible vulneración.

2.2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De

5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

10. La Corte Constitucional6 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

11. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación del asunto al
considerar que no se le atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la
petición de amparo.

12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue
en calidad de demandada, al ser identificada como tal por la parte demandante, y en
aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se
negará su solicitud.

2.3. Problema jurídico

13. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si en el presente
asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado con ocasión de
la respuesta del 10 de junio del 2026 otorgada el demandante, respecto de la petición
objeto del amparo?

2.4. Procedencia de la solicitud de tutela

14. El artículo 86 constitucional señala que , «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

6 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]».

15. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia10, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.1. Sobre el derecho de petición

16. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
petición ha señalado la Corte Constitucional:

«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros
mecanismos de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición, como
lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la vía
gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso para
el peticionario acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la respuesta
a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se adopte la
decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud formulada o
no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.

Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de
evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho de
petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de
tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]».

En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, «[t]oda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo cual no solo
implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley, sino que esta sea
suficiente, efectiva y congruente.

2.4.2. Sobre el caso concreto

17. Miguel Alberto Castellanos Echeverri acudió al juez de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental, y, en consecuencia, se ordenara al Consejo

10 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Oficina de
Cobro Coactivo emitir respuesta de fondo a la petición, elevada el 28 de abril de 2026.

18. Al respecto, de las pruebas obrantes en el expediente se observa:

18.1. El 28 de abril de 2026, el demandante presentó derecho de petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Oficina de Cobro Coactivo a los correos electrónicos:
Medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y
ccobcoabta@cendoj.ramajudicial.gov.co, en los siguientes términos:

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

18.2. De la anterior, obra el siguiente soporte de trazabilidad:

18.3. LaDivisión de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, otorgó respuesta mediante correo
electrónico del 10 de junio de 2026, mediante el cual remitió el oficio DEAJGCC26-
6359, a los correos electrónicos pensionesmiguelcastellanos@gmail.com y
andresanga0124@gmail.com, así:

«[…] La División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura se permite dar respuesta a lo requerido mediante
petición donde se solicita la prescripción de los procesos de cobro coactivo que se
adelanten en su contra con radicados 110040790000201500516,
110010790000201700011 y 110010790000201700214.

En primer lugar, me permito informar que en virtud de lo dispuesto en los artículos 136 de
la Ley 6ª de 1992 y 5 de la Ley 1066 de 2006, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial tiene la facultad de ejercer el cobro coactivo para hacer efectivos los créditos
exigibles a favor suyos y de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura; función a cargo
de la División de Cobro Coactivo adscrita a la Unidad de Asistencia Legal. Es preciso
indicar que los procesos de cobro coactivo que estaban a cargo del Ministerio de Justicia
y del Derecho, relacionados con multas impuestas en procesos judiciales por infracción al
Estatuto Nacional de Estupefacientes, fueron transferidos al Consejo Superior de la
Judicatura, tal y como se encuentra establecido en los artículos 11 de la Ley 1743 de 2014
y 20 del Decreto 272 de 2015.

Se hace necesario resaltar que la Ley 2197 de 2022 en su artículo 6°, modificó la
competencia del cobro coactivo de las obligaciones impuestas a título de condena (multas)
dentro de los procesos penales; jurisdicción coactiva que está en cabeza del Ministerio de
Justicia y del Derecho de las obligaciones exigibles a partir del 25 de enero de 2022.

Asimismo, me permito indicarle que la División de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial- DEAJ, para el manejo jurídico y financiero de todos
sus procesos a nivel nacional, cuenta con un aplicativo para la gestión de cobro coactivo,
el que luego de verificado por los radicados 110040790000201500516,
110010790000201700011 y 110010790000201700214, se evidencio lo siguiente:

Proceso 110040790000201500516: Terminado por pago total de la obligación con
resolución 01 de 20 abril de 2016

Proceso 110010790000201700011: Terminado por prescripción de la acción de cobro con
resolución DEAJGCC26-6158 del 06 de junio de 2026 (se anexa con esta respuesta)

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

Proceso 110010790000201700214: Terminado por anulación del registro con resolución
001 de 19 de noviembre de 2018, debido a que era un proceso duplicado, puesto que la
obligación se venía cobrando dentro del proceso de cobro coactivo
110010790000201700011

De esta manera se deja atendida su petición, no sin antes resaltar que cualquier
información adicional que requiera, puede solicitarla al correo electrónico
noticoactivo@deaj.ramajudicial.gov.co , siendo necesario informarle que si desea copia
de las resoluciones anteriores al año 2021, según el acuerdo PCSJA21-11830 de 17 de
agosto de 2021, se debe pagar el arancel correspondiente al desarchive de cada proceso
por la valor de $6.900 por cada uno y la digitalización de cada resolución por valor de $250
por folio digitalizado, teniendo en promedio cada resolución 3 páginas, consignación que
debe realizar en la cuenta 3-0820- 000755-4 denominada CSJ- GASTOS ORDINARIOS
DEL PROCESO – CUN Convenio 14975. […]».

18.4. La anterior, con el siguiente soporte de trazabilidad:

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

18.5. Respecto de lo anterior, la Sala entiende que el objeto de la petición y la tutela
ppresentadas era lograr respuesta de fondo respecto a la prescripción y nulidad de
los procesos de cobro coactivo de la referencia, lo cual, en efecto, se materializó.
Pues, se le informó que el proceso 110040790000201500516 se terminó por pago
total de la obligación, el 110010790000201700011 finalizó por prescripción y el
110010790000201700214 por anulación del registro al tratarse de un trámite
duplicado.

18.6. Talcomo quedó acreditado, la División de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura atendió la
petición presentada por el demandante mediante el oficio del 10 de junio de 2026
enviado a los correos electrónicos autorizados para tal fin, con lo cual finalizó la
conducta vulneradora alegada, lo cual ocurrió posterior a la radicación de la solicitud
de tutela (25 de mayo de 2026).

18.7. A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues, durante el trámite de la solicitud de amparo, la División de
Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial atendió la
solicitud de la parte demandante (10 de junio de 2026).

18.8. La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 201911, respecto del fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:

«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción
de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se
superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha
superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los
ha garantizado […]».

3. Conclusión

19. En este orden de ideas, quedó superada la vulneración de derechos
fundamentales alegada por Miguel Alberto Castellanos Echeverri de forma que la
Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
presentada contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Oficina de Cobro Coactivo.

20. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

11 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03979-00
Demandante: Miguel Alberto Castellanos Echeverri

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
de tutela presentada por Miguel Alberto Castellanos Echeverri contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Oficina de
Cobro Coactivo.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

10

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