Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03988-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03988-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03988-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03988-00
Accionante: Jorge Arturo Salgado Restrepo
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Jorge Arturo Salgado Restrepo, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial contra el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital, la
seguridad social y la igualdad, con ocasión de la expedición de las sentencias del 25
de septiembre de 2024 y 26 de noviembre de 2025, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-054-2023-00382-
01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Jorge Arturo Salgado Restrepo interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa nacional, con
la finalidad de que se inaplicaran por excepción de inconstitucionalidad, los decretos
que fijaron los sueldos básicos del personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza
Pública para los años 1997, 1999 y 2001 a 2004.
3. De igual forma, solicitó que se declare la nulidad del Oficio del 28 de junio de 2023,
mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas de la aplicación del IPC durante dichos periodos y, a título
de restablecimiento del derecho, el pago indexado de tales diferencias desde su
causación y hasta su retiro del servicio.
4. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 25 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al
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Acción De Tutela
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Accionante: Jorge Arturo Salgado Restrepo
considerar que el reajuste de las asignaciones de retiro con fundamento en el IPC
únicamente beneficia a quienes percibían dicha prestación entre 1997 y 2004, y no al
personal que se encontraba activo durante ese periodo.
5. En consecuencia, concluyó que el demandante no tenía derecho al reajuste de la
asignación básica mensual devengada en actividad, pues para los años reclamados
percibía salario y no asignación de retiro, y su remuneración fue incrementada
conforme a los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional.
6. En sede de apelación, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 26 de noviembre de
2025, confirmó la decisión judicial anterior.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social,
dignidad humana e igualdad, al avalar incrementos salariales inferiores al IPC durante
los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, sin exigir una justificación suficiente
por parte del Estado ni aplicar los principios de progresividad y no regresividad de los
derechos sociales previstos en el artículo 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, los artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
8. Asimismo, consideró desconocidos los artículos 93, 215, 334 y 373 de la
Constitución Política, relativos al bloque de constitucionalidad, la prohibición de
desmejorar derechos sociales y la protección del poder adquisitivo de la moneda y
del salario. Igualmente, afirmó que las providencias cuestionadas desconocieron el
precedente constitucional, en particular la sentencia C-815 de 1999, relativa a la
protección del poder adquisitivo del salario.
9. Por otro lado, estimó que se incurrió en un defecto fáctico y para ello argumentó lo
siguiente: «citamos jurisprudencia de la Corte Constitucional que desarrolló el
derecho convencional y cómo su violación se presumía inconstitucional con la
posibilidad de ser desvirtuada como toda presunción iuris tantum. Sin embargo, se
ignoró como prueba o se valoró inadecuadamente».
10. Finalmente, alegó un defecto sustantivo, debido a que, a su juicio, «los órganos
judiciales accionados fueron coparticipes, con la entidad matriz productora de los
actos administrativos, de la violación de los arts. 13, 29, 48, 93, 334 y 373 de la Carta
por falta de aplicación en las sentencias del Juzgado 12 y del TAC».
2.3. Pretensiones
11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital y seguridad social.
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SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictar una sentencia de
reemplazo en donde se acceda a las pretensiones de la demanda de Nulidad y
restablecimiento del derecho, desestimadas por dicho órgano judicial. O en su
defecto, que el mismo órgano encargado de resolver esta acción, dicte la aludida
sentencia en los términos solicitados».
2.4. Intervenciones
12. Por medio del auto del 1° de junio de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y a la Nación –
Ministerio de Defensa como tercero interesado en el resultado del proceso.
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C: sostuvo que en la sentencia de segunda instancia decidió con suficiente
motivación las razones de la apelación, se examinaron las pruebas allegadas al
proceso, las normas pertinentes y se pronunció sobre el pago del reajuste salarial en
su asignación básica conforme al IPC, estableciendo que no era procedente en su
caso, debido a que era aplicable únicamente para los que percibían asignaciones de
retiro entre los años de 1997 y 2004, siempre que le fuera más favorable.
14. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá afirmó
que no incurrió en ninguna acción u omisión que vulnere o amenace las garantías
constitucionales del accionante. Por el contrario, aseguró que el proceso ordinario se
surtió con estricta observancia de los presupuestos, etapas y ritualidades legales
propias del medio de control, de modo que garantizó los derechos fundamentales de
las partes.
15. Adicionalmente, sostuvo que el escrito de tutela carece de la carga argumentativa
necesaria para cuestionar una decisión judicial, pues, aunque invocó la vulneración
de algunos derechos fundamentales no expuso de qué manera la autoridad judicial
los vulneró ni demostró su materialización, sino que únicamente demostró su
inconformidad con la decisión adoptada. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela o, en su defecto, se declare su improcedencia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
17. La parte accionante dirige la acción de tutela contra las sentencias proferidas el
25 de septiembre de 2024 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá y el 26 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Sin embargo, esta última confirmó la decisión judicial de primer grado
y así, resolvió de manera definitiva el asunto. Por lo tanto, no existe mérito suficiente
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para que esta Subsección se pronuncie respecto de la sentencia del 25 de septiembre
de 2024.
18. Por otro lado, aunque la parte accionante consideró que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, lo cierto es que no indicó qué
pruebas considera que la autoridad judicial accionada valoró de manera indebida y
qué disposiciones jurídicas estima desconocidas, inaplicadas o interpretadas de
manera incorrecta.
19. Por el contrario, argumentó que se transgredieron los artículos 1, 13, 29, 48, 53,
93, 215, 334 y 373 de la Constitución Política; 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y; se desconoció la
sentencia C-815 de 1999, relativa a la protección del poder adquisitivo del salario.
20. Por ende, esta Subsección no se pronunciará sobre los defectos alegados, pero
sí sobre una posible violación directa de la Constitución Política y desconocimiento
del precedente judicial, en el evento en que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de
evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los
medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un
perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
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inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.2 En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.3.3. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.4. Se observa igualmente que la presentación1 del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que adquirió ejecutoria la última providencia cuestionada2.
3.3.5. La parte accionante no alegó una irregularidad procesal.
3.3.6. Esta Subsección encuentra acreditada la relevancia constitucional, pues la
parte accionante alega una vulneración iusfundamental derivada de la presunta
configuración de los defectos por violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial. causales que se encuentran debidamente
fundamentadas. Aunado a ello, no se pretende habilitar una tercera instancia del
proceso ordinario, en tanto, como se dijo, las causales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial se encuentran debidamente argumentadas.
3.3.7. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.
24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial.
25. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce específicamente
los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos fundamentales de los
ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar
una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se
apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez
1 25 de mayo de 2026.
2 4 de diciembre de 2026.
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se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por
alguna de las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho al
debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen
la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por
cuanto se apartan de sus mandatos con base en argumentos infraconstitucionales. A
este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional
reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que
una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados».
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
26. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, precisó que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por
tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos
anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión».
27. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
28. Respecto del precedente vertical, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
29. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico
sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón
central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos
fácticos relevantes de cada caso.
30. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en
casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de
la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad
ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de
discriminación.
31. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por
parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
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3.6. Análisis de los presuntos defectos por violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto
32. Teniendo en cuenta que los argumentos formulados para sustentar los presuntos
defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y el desconocimiento
del precedente judicial se encuentran intrínsecamente relacionados, esta Subsección
procederá a abordarlos de manera conjunta, a fin de efectuar un análisis integral y
sistemático del problema jurídico planteado.
33. La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos alegados, pues, al avalar incrementos salariales inferiores al IPC
durante los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, sin exigir una justificación
suficiente por parte del Estado, transgredieron los artículos 1, 13, 29, 48, 53, 93, 215,
334 y 373 de la Constitución Política; 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y; se desconoció la sentencia C-815
de 1999, relativa a la protección del poder adquisitivo del salario.
34. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada expuso lo siguiente:
«Es pertinente indicar que, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, regula lo atinente al
incremento anual de las pensiones con base en el Índice de Precios al Consumidor y
no de los salarios.
Por ello, cuando la entidad demandada pagó la remuneración mensual en servicio al
actor, con base en los decretos de salarios que fueron expedidos año tras año por el
Gobierno Nacional, actuó conforme lo dispone la Constitución y la Ley, por lo que, no
es viable jurídicamente que el método fijado por la ley para el reajuste de las pensiones
sea aplicado al reajuste de los salarios, distinción que no vulnera el principio de
igualdad.
La Policía Nacional y las Fuerzas Militares tienen un régimen distinto a los demás
empleados públicos, en razón a su especialidad y reglamentación por lo que, prevé el
reconocimiento y reajuste de la asignación básica mensual, mediante decretos
proferidos por el Gobierno Nacional año a año, por disposición legal, sin que ello
implique, desconocimiento de derechos de orden constitucional.
Ahora bien, se encuentra acreditado al proceso que al demandante le fue reconocida
asignación de retiro con el grado de Mayor General del Ejército Nacional, a partir del
14 de octubre de 2020, con el salario percibido en actividad y las partidas computables
correspondientes; consecuentemente el primer aumento de la prestación tuvo
ocurrencia únicamente hasta el 1 de enero de 2021.
Así las cosas, la Sala debe indicar que el incremento anual con base en el IPC, aplica
únicamente a las asignaciones de retiro o pensiones, y no es asimilable a la asignación
salarial, razón por la cual, no es procedente el reajuste solicitado por el demandante.
Así las cosas, no puede hablarse de una afectación patrimonial anterior al año 2021,
en tanto que sería a partir de esa fecha que se configuraría la diferencia negativa
respecto de los demás pensionados a quienes se les incrementó su mesada en el
porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor certificado para el año
2020; sin embargo, como quedó visto previamente, para esa anualidad ya no existía
diferencia entre el incremento de las asignaciones de retiro y las pensiones.
Se precisa que el artículo 53 de la Constitución Política, se refirió por un lado al
incremento de los salarios y por otro al reajuste periódico de las pensiones, situaciones
que fueron desarrolladas normativamente así: (i) En relación con los salarios y sus
prerrogativas, a través de la Ley 4 de 1992, norma de la cual, se derivan los decretos
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anuales de reajuste de los salarios expedidos por el Ejecutivo; (ii) En materia de
pensiones, el Congreso de la República expidió la ley 100 de 1993, en cuyo artículo
14 dispuso que el reajuste de las pensiones se hace con sujeción a la variación del
IPC.
Acceder a lo pretendido en la demanda seria extender lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, que ordena el incremento anual de las pensiones de conformidad
con el IPC, a los miembros del Ejército Nacional que se encontraban en actividad,
desde el 1º de enero del año 1997 y siguientes, sin que exista ningún fundamento ni
jurídico, ni legal que así lo disponga.
En el mismo sentido, los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional,
establecieron los porcentajes que se le debieron aplicar al demandante y, en este caso,
no se demuestra que los incrementos que le realizó al actor anualmente la entidad
demandada, se hicieran por debajo de los porcentajes establecidos por el Gobierno.
No es procedente declarar la excepción de inconstitucionalidad de los Decretos 122
de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de
2003 y 4158 de 2004, como lo solicita la parte actora, en consideración a que, del
estudio realizado, no se evidencia una innegable contradicción entre tales
disposiciones normativas y la Constitución Política. Esta misma excepción fue objeto
de estudio y negada en la sentencia citada en precedencia proferida el 13 de mayo de
2021, por el Consejo de Estado, en un caso similar al aquí examinado.
(…)
Así las cosas, observa la Sala que, no le asiste razón al demandante, al solicitar el
reajuste de su asignación mensual conforme al IPC, toda vez, que la asignación básica
mensual en actividad de los miembros de la Fuerza Pública debe ser reajustada
conforme a los Decretos anuales de aumento salarial dictados por el Gobierno
Nacional para la Fuerza Pública, los cuales, se encuentran asistidos de presunción de
legalidad».
35. Del análisis del expediente digital se advierte que el señor Salgado Restrepo parte
de una premisa equivocada al sostener que los incrementos salariales de los
miembros de la Fuerza pública deben indexarse con base en el IPC, en la medida en
que, tal como lo expuso la autoridad judicial accionada, el artículo 53 de la
Constitución Política distingue entre salario y reajuste pensional, mientras la fijación
del régimen salarial de los servidores públicos está supeditado a las directrices de la
Ley 4 de 1992, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 regula de forma exclusiva el
reajuste anual de las pensiones conforme al IPC.
36. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó
acertadamente que no existe sustento legal ni constitucional que permita extender la
regla de actualización prevista para las pensiones al régimen salarial de los miembros
de la Fuerza Pública, máxime cuando, como se explicó previamente, los incrementos
salariales fueron fijados por el Gobierno Nacional a través de decretos expedidos con
fundamento en la Ley 4 de 1992, los cuales gozan de presunción de legalidad y por
consiguiente, no pueden ser inaplicados o desconocidos ante aumentos inferiores a
la inflación.
37. En ese orden de ideas, no es cierto que se incurriera en un desconocimiento de
los artículos 1, 13, 29, 48, 53, 93, 215, 334 y 373 de la Constitución Política; 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Protocolo de San
Salvador, pues la inconformidad del accionante no obedece a una verdadera
transgresión de los derechos fundamentales en cuestión ni del principio de
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progresividad de los derechos sociales, sino a una interpretación errónea del
ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto.
38. Ahora bien, tampoco resulta de recibo para esta Subsección que la parte
accionante alegue un desconocimiento de la sentencia C-815 de 1999 de la Corte
Constitucional, toda vez que en dicha decisión no se impone la obligación de indexar
todos los salarios del sector público al IPC ni se derogaron las competencias
atribuidas al gobierno nacional por la Ley 4 de 1992, por el contrario, se enfoca en los
parámetros para fijar el salario mínimo legal mensual vigente, supuesto que no resulta
aplicable al caso bajo análisis.
39. En conclusión, esta Subsección considera que la autoridad judicial accionada no
incurrió en los defectos por violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial, sino que se encuentra demostrado que
realizó un análisis apropiado de la normatividad aplicable al caso concreto sin
apartarse de la jurisprudencia invocada por la parte actora. Por ende, se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.
40. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Jorge Arturo Salgado Restrepo, de conformidad con los argumentos expuestos
previamente.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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