Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03989-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03989-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03989-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03989-01
Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
Tema: Tutela1 por presunta mora judicial en el trámite de una acción
de tutela
Decisión: Confirmar la decisión que negó el amparo y declara improcedente
la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad, la
pretensión de compulsar copias ante las autoridades penales y
disciplinarias competentes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 26 de mayo
de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual negó las pretensiones de la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 2 de marzo de 2026, el señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez promovió una
acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio
de Relaciones Exteriores con el propósito de proteger el derecho fundamental a
elegir mediante el sufragio para garantizar materialmente la posibilidad de votar
desde el Ecuador en las elecciones presidenciales de 2026.
3. El proceso correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bogotá que, mediante auto del 9 de marzo de 2026 resolvió avocar conocimiento.
4. Con posterioridad, dicha autoridad, a través de la sentencia del 13 de marzo de
2026 resolvió negar el amparo deprecado, al considerar que era necesario
inscribir previamente la cédula en el censo electoral en las fechas previamente
establecidas por el órgano electoral. El 18 de marzo de 2026, la parte actora
presentó impugnación contra la anterior decisión.
1 Acción de tutela presentada el 25 de mayo de 2026
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5. El 24 de marzo de 2026, le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, autoridad judicial que, a
través de providencia del 28 de abril de 2026, confirmó la anterior decisión porque
la inscripción de la cédula en el censo electoral no se realizó de manera oportuna.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte actora sostuvo que el Tribunal vulneró los derechos fundamentales
invocados en protección con ocasión de una presunta mora judicial, al no resolver
la impugnación dentro del término de los 20 días que establece el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en tanto, el mecanismo constitucional tenía como
propósito garantizar su participación en las elecciones presidenciales de 2026
desde Ecuador, lo cual, considera a su vez que constituye un defecto
procedimental absoluto.
7. Asimismo, alega los defectos fáctico y sustantivo «por omisión probatoria,
junto a su incorrecta sustanciación y apreciación del escrito de tutela, y a la
errónea aplicación normativa de las disposiciones, preceptos y reglas que rigen
el trámite de la acción». Así como también, un defecto orgánico por «falta de
competencia de la autoridad decisora».
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Disponer y asegurar la totalidad de medios y condiciones materiales y
logísticas, en coherencia y garantía con el derecho al mínimo vital; y en
función del pleno ejercicio del derecho humano y fundamental del solicitante
a elegir mediante el sufragio en condiciones de secreto, e igualdad, y en
garantía de los derechos de asilo, refugio, protección internacional, y de
principios jurídicos y políticos de orden superior, como los de ciudadanía
universal y garantía de no devolución. En atención a la situación fáctica
descrita y a los hechos que sean de su conocimiento.
2. Adóptense las medidas pertinentes para evitar la ocurrencia de
posteriores perjuicios irremediables de la misma o de diversa naturaleza,
con ocasión de la expuesta situación fáctico – jurídica; y con respecto al
proceso electoral del presidente Iván Cepeda Castro, en la primera vuelta
que concluirá el 31 de mayo de 2026.
3. Ordénese la reparación material y simbólica de los daños antijurídicos
emergentes, la indemnización de perjuicios causados, y el reconocimiento
de costas y agencias en derecho a favor del solicitante, respecto de cada
una de las fallas en el servicio y de los agravios reprochados por la
injustificada vulneración a su derecho de elegir en el proceso 8 de marzo de
la calenda, y por las restricciones injustificadas de acceso a la administración
de justicia
4. Ordénese la reparación material y simbólica de los daños antijurídicos
emergentes, la indemnización de perjuicios causados, y el reconocimiento
de costas y agencias en derecho a favor del solicitante, respecto de cada
una de las fallas en el servicio y de los agravios identificados en los hallazgos
del proceso.
5. Ordene a las Autoridades administrativas y entidades de la Organización
Electoral – Ministerio de Relaciones Internacionales, Registraduría Nacional
del Estado Civil, disponer y asegurar la totalidad de medios y condiciones
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materiales para el ejercicio del derecho humano y fundamental del
solicitante, a elegir mediante el sufragio en condiciones de secreto e
igualdad, y en garantía de los derechos de asilo, refugio, protección
internacional, y de principios jurídicos y políticos de orden superior, como los
de ciudadanía universal y garantía de no devolución. En atención a la
situación fáctica descrita y a los hechos que sean de su conocimiento.
6. Compulse copias y remita las denuncias ante los órganos de
investigación competentes a saber, Procuraduría General de la Nación,
fiscalía general de la nación, Comisión de disciplina Judicial.
7. Falle ultra y extra patita.» (Sic a toda la cita)
2.4. Trámite procesal
9. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 26 de mayo de 2026,
en el que ordenó notificar a la Subsección C, de la Sección Tercera, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, a la Secretaría de la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado Primero promiscuo
Municipal de Funes (Nariño), a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
ministro de Relaciones Exteriores, a la Defensoría del Pueblo y al Centro de
Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Girardot.
2.5. Intervenciones
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C luego referirse al trámite impartido al proceso de tutela, indicó que
no incurrió en mora judicial, pues, de conformidad con el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, el término para decidir la impugnación es de 20 días contados a
partir de la recepción del expediente y, en el presente asunto el expediente fue
repartido el 24 de marzo de 2026, por lo que el término para emitir la sentencia
de segunda instancia vencía el 28 de abril siguiente; en consecuencia, el fallo de
tutela proferido el 28 de abril de 2026 fue emitido dentro del término legal,
descartándose así la existencia de una mora judicial.
11. Por otro lado, manifestó que no se evidencia la existencia de una vía de hecho,
pues el accionante no demostró la configuración de alguno de los defectos
específicos que habilitan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, teniendo en cuenta que la decisión adoptada resolvió de
fondo la impugnación, se sustentó en el ordenamiento jurídico y en los hechos
acreditados en ese momento, por lo que no se observan actuaciones arbitrarias,
caprichosas o carentes de motivación.
12. Finalmente, sostuvo que la acción de tutela era improcedente, toda vez que lo
que pretendía el accionante con su interposición era reabrir un debate jurídico ya
decidido por el juez constitucional, lo cual desconoce el carácter subsidiario y
residual de la acción de tutela, que no constituye una instancia adicional o un
mecanismo para controvertir la interpretación razonada del juez institucional.
13. ElJuzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
después de realizar un recuento de las actuaciones surtidas al interior del trámite
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del proceso de tutela, manifestó que, fue el Tribunal quien profirió la decisión de
segunda instancia el 28 de abril de 2026, por ende, emitió el auto de obedecer y
cumplir el 7 de mayo de 2026.
14. ElJuzgado Primero promiscuo Municipal de Funes solicitó ser
desvinculado, dada la ausencia de vulneración alguna a los derechos del
accionante.
15. La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca pidió negar el amparo, debido a que cumplió oportunamente las
actuaciones que le correspondían dentro del trámite de la tutela, en tanto, el
aludido proceso fue repartido y remitido al despacho sustanciador, el 24 de marzo
de 2026, la sentencia de segunda instancia fue registrada, firmada y notificada el
6 de mayo de 2026, conforme consta en el sistema SAMAI, y posteriormente fue
remitida a la Corte Constitucional el 20 de mayo de 2026
16. El Ministerio de Relaciones Exteriores requirió ser desvinculado por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones formuladas no
guardaban relación con sus funciones legales ni con actuaciones atribuibles a la
entidad.
17. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió ser desvinculada por falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues no ha incurrido en actuación u
omisión que comporte afectación de los derechos fundamentales invocados en
protección.
18. No se rindieron más informes.
2.6. Sentencia impugnada
19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia del 26 de junio de 2026 negó el amparo y las solicitudes de
desvinculación formuladas por el Juzgado Primero promiscuo Municipal de Funes
(Nariño) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
20. Al respecto, indicó que no existió mora judicial ni retardo injustificado atribuible
a la autoridad demandada, en la medida que la impugnación fue resuelta dentro
del término legal previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, una vez
excluido del cómputo el período de vacancia judicial correspondiente a la
Semana Santa.
21. Al respecto, indicó que, del análisis de las actuaciones procesales se
evidenciaba que el expediente fue recibido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 24 de marzo de 2026; sin embargo, para el cómputo del término
legal aplicable debe tenerse en cuenta que entre el 30 de marzo y el 3 de abril
de 2026 transcurrió el período de vacancia judicial correspondiente a la Semana
Santa, durante el cual los términos judiciales permanecieron suspendidos, razón
por la cual dicho lapso no resultaba computable para efectos de determinar la
oportunidad de la decisión adoptada por el juez de segunda instancia.
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2.7. Impugnación
22. La parte actora después de insistir que el Tribunal incurrió en mora judicial,
precisó que la solicitud de amparo no se sustentó exclusivamente en el
incumplimiento del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
sino también en la configuración de defectos orgánico, procedimental, sustantivo
y fáctico contra la decisión del 28 de abril de 2026; así como en la existencia de
un supuesto fraude procesal que, a su juicio, afectó las actuaciones y
providencias proferidas en la acción de tutela anterior, por ende, afirmó que la
sentencia recurrida resolvió parcialmente la controversia porque omitió
pronunciarse sobre la totalidad de los cargos formulados en la demanda de tutela.
23. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada y
conceder el amparo de sus derechos fundamentales invocados en protección, en
consecuencia, pidió adoptar medidas que le permitan ejercer el sufragio de
manera extemporánea en los distintos procesos electorales, ordenar la
indemnización “prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991” y compulsar
copias ante las autoridades penales y disciplinarias competentes, y resolver el
asunto ultra y extra petita.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
25. Para la Sala es menester precisar que le asiste razón al accionante cuando
manifiesta en el escrito de impugnación que el a quo omitió pronunciarse sobre
la totalidad de los cargos formulados en la demanda de tutela, particularmente,
respecto de la presunta configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental y orgánico; así como la disposición de medidas para el ejercicio
del derecho a elegir mediante el sufragio, el reconocimiento de una
indemnización y la compulsa de copias ante las autoridades penales y
disciplinarias competentes, y resolver el asunto ultra y extra petita.
3.3. Problema jurídico
26. Deconformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Subsección C, de la Sección Tercera, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, vulneró los derechos fundamentales debido proceso, acceso
2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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a la administración de justicia, petición, igualdad y defensa como consecuencia
de una presunta mora judicial dentro del trámite de la acción de tutela con
radicado 11001-33-34-002-2026-00076-01.
27. Asimismo, deberá establecerse si la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo, orgánico y procedimental absoluto, al proferir la
decisión del 28 de abril de 2026.
28. Finalmente, la Sala examinará si en el marco del presente mecanismo
constitucional resulta procedente adoptar medidas dirigidas a garantizar el
ejercicio del derecho al sufragio, ordenar el reconocimiento de una
indemnización, compulsar copias ante las autoridades penales y disciplinarias
competentes, y emitir un pronunciamiento ultra y extra petita, en un acápite que
se denominará otras decisiones.
3.4. Mora judicial injustificada
29. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos3.
30. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo;
y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento
jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas
salvedades reconocidas por el legislador4.
31. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos
perjuicios se tornen irreparables.
32. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la Corte
Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar la
violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
3 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
4 Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con
las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras
el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de
un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.
3.4.1. Análisis de la presunta mora judicial
33. La parte accionante considera que el Tribunal vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección porque incurrió en una presunta mora
judicial, al no resolver la impugnación dentro del término de los 20 días que
establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en tanto, el mecanismo
constitucional tenía como propósito garantizar su participación en las elecciones
presidenciales de 2026 desde Ecuador.
34. Consultado el aplicativo de SAMAI se tiene que el proceso fue repartido al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 24
de marzo de 2026; sin embargo, como lo indicó el juez constitucional de primer
grado para el cómputo del término legal que establece el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, debe tenerse en cuenta que entre el 30 de marzo y el 3 de abril
de 2026 transcurrió el período de vacancia judicial correspondiente a la semana
santa, lapso en el que los términos judiciales permanecieron suspendidos, razón
por la cual dicho lapso no resultaba computable para efectos de determinar la
oportunidad de la decisión adoptada por el juez de segunda instancia.
35. Así las cosas, para la Sala emerge con claridad que el fallo de tutela proferido
el 28 de abril de 2026 fue emitido dentro del término establecido en el
ordenamiento jurídico para tal fin, por tanto, no resulta viable declarar que la
autoridad judicial accionada incurrió en una conducta de mora judicial
injustificada, pues, para que ello ocurra debió demostrarse que la autoridad
judicial actuó con negligencia y desidia frente a sus deberes constitucionales y
legales y, en el caso de autos, como quedó visto, no ocurrió, por ende, no hay
una trasgresión del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.
36. Así las cosas, la Sala procederá a confirmar la decisión de primer grado que
negó el amparo deprecado respecto de la presunta mora, de conformidad con los
argumentos expuestos en el presente proveído.
3.5. De la acción de tutela contra una sentencia de tutela
37. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
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irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
38. Ahora bien, es preciso poner de presente que, después de un largo período
en el que se determinó la improcedencia absoluta de la tutela contra sentencia
de tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 627 de 2015, estableció el
carácter excepcional de este mecanismo de protección constitucional cuando se
pudiera constatar que se trata de un caso de fraude. En la referida providencia
señaló:
«4.3.1. Entre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales está el de que no se trate de una sentencia de
tutela. En la Sentencia SU-1219 de 2001, a partir de un caso en el cual se
cuestiona que la acción de tutela fallada por un juez era improcedente, este
tribunal planteó el siguiente problema jurídico: “¿Puede interponerse una acción
de tutela contra una sentencia de tutela, alegando que se ha incurrido en una vía
de hecho?”. La respuesta fue negativa. Sin embargo, conviene no perder de vista
las particularidades del caso, que el propio tribunal destacó al unificar su
jurisprudencia sobre la materia, en los siguientes términos:
(…)
4.3.2. En este contexto, que es imprescindible para comprender la Sentencia SU-
1219, este tribunal fija la regla de la no procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela, que se funda en la consideración de que es importante
evitar que la sentencia de tutela pueda ser objeto de la acción de tutela, pues con
ello “la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto
de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales”. Así, pues, admitir una nueva acción de tutela “sería como
instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la
revisión de un proceso de tutela ya concluido”, lo que es contrario a la
Constitución y a las normas reglamentarias en la materia. Y lo es, porque una vez
ha concluido el proceso de selección “opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional”, que tiene un trato diferente respecto de la cosa juzgada no
constitucional (…)
4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de
tutela
4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que
la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en
ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del
cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la
decisión del juez.
En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos
partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica y
necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de la
decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
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a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se
ha dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del
fallo”.
En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”.
Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el
juez o con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la existencia de fraude
en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se
materialice, este tribunal advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia,
lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las
consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta
Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, “hacer
que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando
la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el precepto
fraus omnia corrumpit”.
Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este
caso particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada,
pues la decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así,
han pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de
revisión de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de
selección para revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve
(2009). En efecto, el auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos
mil siete (2007), mientras que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio
de dos mil diez (2010). Como se observa, ambos términos son muy inferiores al
máximo que la legislación permite para el recurso extraordinario de revisión en
materia civil. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento para
considerar que esta medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de
un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no
se está refiriendo a si les asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los
demandantes, solo se pronuncia sobre una causa específica en la cual se
evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece que el fraude lo
corrompe todo.
(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
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fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional»5.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración de los defectos sustantivo,
fáctico, orgánico y procedimental absoluto.
39. Realizado el análisis del escrito de tutela, en concordancia con los requisitos
previamente establecidos, se observa que el único argumento planteado por la
parte accionante deriva de su inconformidad con la decisión judicial adoptada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C.
40. Además, el señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez no expuso circunstancias
de fraude o cosa juzgada fraudulenta que puedan evidenciar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados. Situación que tampoco es advertida por
esta Sala de decisión.
41. En consecuencia, se recuerda al accionante que la improcedencia de la
acción de tutela frente a una providencia de la misma naturaleza se deriva del
criterio jurisprudencial consolidado, que ha reiterado la imposibilidad de
impugnar, mediante la acción constitucional, una sentencia dictada en el marco
de una acción de tutela previa.
42. Lo anterior, dado que aceptar una postura contraria implicaría que la
resolución del conflicto se extendiera de manera indefinida, en detrimento tanto
de la seguridad jurídica como del efectivo goce de los derechos fundamentales,
5Corte Constitucional, sentencia SU 627 de 2015, magistrado ponente: Mauricio González
Cuervo.
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
principios fundamentales orientados a garantizar una protección clara, estable y
oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren
vulnerados o amenazados.
43. En virtud de lo anterior, al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos
previamente señalados, esta Sala de Subsección procederá a declarar la
improcedencia de la acción de tutela respecto de la presunta configuración del
defecto fáctico, sustantivo, orgánico y procedimental absoluto.
3.6. Otras decisiones
44. El accionante pidió que se ordene a las autoridades electorales disponer los
medios materiales y logísticos necesarios para garantizar su derecho al sufragio
desde Ecuador. Asimismo, requirió que se le permita ejercer ese derecho de
manera extemporánea respecto de los procesos electorales en los que, según
afirmó, no pudo participar.
45. Sobre particular, la Sala anticipa que no accederá a lo solicitada comoquiera
que las elecciones presidenciales ya se celebraron, de modo que no resulta
material ni jurídicamente posible retrotraer esos procesos electorales para
habilitar el ejercicio individual y extemporáneo del voto, máxime cuando un juez
constitucional ya se pronunció al respecto y determinó que era necesario que el
accionante inscribiera previamente la cédula en el censo electoral en las fechas
previamente establecidas por el órgano electoral, lo cual al parecer no ocurrió.
46. En ese sentido, se le recuerda al actor que, para participar en futuras
elecciones desde el exterior, deberá realizar oportunamente los trámites de
inscripción y actualización del puesto de votación ante la Registraduría Nacional
del Estado Civil o las autoridades consulares competentes.
47. De otra parte, el demandante pidió que se ordene la reparación material y
simbólica de los daños presuntamente ocasionados y que se reconozca la
indemnización prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
48. Al respecto, la Sala no encontró acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales invocados en protección ni una actuación clara e
indiscutiblemente arbitraria atribuible a las autoridades accionadas, pues, por el
contrario, se estableció que la impugnación fue decidida dentro del término
previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y que la acción de tutela es
improcedente al dirigirse contra una decisión de la misma naturaleza.
49. Máxime cuando la acción de tutela no es el mecanismo judicial dispuesto para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado ni para obtener la reparación
integral de los perjuicios derivados de la actividad judicial o administrativa
comoquiera que el ordenamiento jurídico contempla otros mecanismos ordinarios
para tal fin.
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
50. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de indemnización deprecada por el
actor, sin perjuicio de los medios de control que estime procedente ejercer ante
la jurisdicción competente.
51. Ahora, el actor solicitó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación,
la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, al considerar que las actuaciones cuestionadas podrían configurar
fraude procesal, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y faltas
disciplinarias.
52. No obstante, la Sala considera que dicho reparo no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la
medida que no es función del juez constitucional sustituir la facultad que tiene la
parte actora de denunciar ante dichas autoridades, ni suplir la competencia de
otras entidades del Estado.
53. Por lo anterior, la Sala procederá a declarar improcedente la pretensión
relacionada con la compulsa de copias por falta del requisito de subsidiariedad,
de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia.
54. De otro lado, el actor solicitó que el juez constitucional resuelva el asunto ultra
y extra petita.
55. Sobre el particular, se precisa que la facultad del juez de tutela para adoptar
medidas que excedan lo expresamente solicitado tiene como finalidad garantizar
una protección integral y efectiva de los derechos fundamentales cuando la
vulneración se desprenda claramente de los hechos y de las pruebas obrantes
en el expediente.
56. En el asunto bajo examen no se acreditó una afectación fundamental que haga
necesario adoptar medidas distintas o adicionales a las solicitadas, razón por la
que dicho requerimiento no tiene vocación de prosperidad, por ende, la Sala
procederá a negarlo.
57. En consecuencia, la Sala negará las solicitudes encaminadas a permitir el
ejercicio extemporáneo del derecho al sufragio, ordenar la reparación material y
simbólica de los daños y reconocer la indemnización prevista en el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991, así como emitir un pronunciamiento ultra y extra petita;
asimismo, declarará improcedente, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, la pretensión de compulsar copias ante las autoridades penales
y disciplinarias competentes, de conformidad con los argumentos expuestos en
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 5 de junio de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto de la
presunta mora judicial, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia.
Segundo: Negar las solicitudes encaminadas a permitir el ejercicio
extemporáneo del derecho al sufragio, ordenar la reparación material y simbólica
de los daños y reconocer la indemnización prevista en el artículo 25 del Decreto
2591 de 1991, así como emitir un pronunciamiento ultra y extra petita, por las
consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la sentencia.
Tercero: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad, la pretensión de compulsar copias ante las autoridades penales
y disciplinarias competentes, de conformidad con los argumentos expuestos en
la presente providencia.
Cuarto: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Quinto: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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