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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03990-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03990-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora Diana Lucía Osorio Clavijo por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03990-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03990-00
Demandante: DIANA LUCÍA OSORIO CLAVIJO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2004.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 25 de mayo de 2026, la señora Diana Lucía Osorio
Clavijo, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil, con el fin de que se le aplique el principio de favorabilidad y se
le amparen sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido
proceso y a la igualdad.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de las sentencias
del 24 de febrero de 2026 y 27 de agosto de 2025, proferidas, en su orden, por las
autoridades judiciales accionadas, mediante las cuales se denegó el reconocimiento
de la pensión de jubilación, conforme a las previsiones del Decreto 1214 de 1990.
Todo en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 68679-33-33-003-2024-00010-00/01, que promovió en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:

Demandante: Diana Lucía Osorio Clavijo
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03990-00

1. AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social (art. 48 C.P.), al
trabajo (art. 25 C.P.), a la favorabilidad laboral (art. 53 C.P.), al debido proceso (art. 29
C.P.) y a la igualdad (art. 13 C.P.) de la señora DIANA LUCÍA OSORIO CLAVIJO.

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de febrero
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del expediente radicado
No. 68679333300320240001001.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término de diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia
en la que aplique el principio de favorabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de
la Constitución Política y reconozca el derecho pensional de la accionante con
fundamento en el artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990, valorando los tiempos
discontinuos acreditados tanto en el Concejo Municipal de Cimitarra como en el Ejército
Nacional.

4. SUBSIDIARIAMENTE, de no prosperar las pretensiones anteriores, se ORDENE al
Tribunal Administrativo de Santander proferir una nueva sentencia en la que realice el
análisis de la situación de la accionante bajo el principio de favorabilidad del artículo 53
constitucional, motivando expresamente por qué descarta o acoge cada una de las
interpretaciones posibles del artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990.

1.3. Hechos

La tutelante se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Relató que nació el 27 de octubre de 1973 y fue designada, en provisionalidad, en
el cargo de secretaria del Concejo de Cimitarra, mediante Resolución 151 del 31 de
julio de 1993, cargo del cual tomó posesión el 1º de agosto siguiente.

Narró fue nombrada que en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional en
un empleo de libre nombramiento y remoción en el grado de Adjunto Tercero (D3),
por Orden Administrativa de Personal OAP 1074 del 20 de abril de 1995, a partir del
25 de mayo siguiente. Plaza en la que permaneció hasta el 1º de septiembre de
2022.

Afirmó que completó 28 años de servicio en las entidades atrás referenciadas,
según certificado de tiempo emitido por el Sistema de Administración de Talento
Humano SIATH.

Precisó que solicitó, el 16 de agosto de 2023, de la administración el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación, en los términos del artículo 99 del Decreto
1214 de 19901, reclamación que fue negada a través del Oficio
RS20230828PS020207 – MDN - DVGSEDB-DIVRI del 28 de agosto de 2023.

Expuso que acudió a la jurisdicción, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual fue repartido al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de San Gil; instancia que, mediante sentencia del 27 de agosto

1 El empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional que sirva veinte (20) años

discontinuos al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional o a otras entidades oficiales, y llegue a
la edad de cincuenta y cinco (55) años si es varón, o cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho
a partir de la fecha de su retiro a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, tomando
como base las partidas señaladas en el artículo 102 de este Estatuto.

2
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Demandante: Diana Lucía Osorio Clavijo
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
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de 2025, denegó las pretensiones de la demanda. La decisión se basó, en el
siguiente recuento:

El régimen pensional previsto en el Decreto 1214 de 1990 cobija al personal civil que
haya estado vinculado en esa calidad con antelación a la entrada en vigor del Sistema
General de Seguridad Social.

El Decreto 1214 de 1990 no le resulta aplicable a la demandante pues su ingreso, como
personal civil al servicio del Ejército Nacional, se dio el 25 de mayo de 1995, es decir,
con posterioridad a la entrada en vigor del Régimen General de Pensiones establecido
por la Ley 100 de 1993, que cobro vigor el 1º de abril de 1994.

Si bien la actora prestó sus servicios en el municipio de Cimitarra con anterioridad al
01 de abril de 1994 -fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993- esa situación
no da lugar a que, una vez se vinculara como empleada pública no uniformada del
Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), esto es, el 25 de mayo de 1995, su régimen
pensional fuera distinto al previsto en la Ley 100 de 1993, en tanto que la calidad como
personal civil de esa cartera ministerial, la adquirió cuando ya estaba vigente el régimen
general de pensiones aplicable; además, no acreditó el ingreso al sector defensa así
hubiese tenido algún tipo de interrupción, con anterioridad al 1º de abril de 1994, para
verificarse la procedencia de una pensión de jubilación por tiempos discontinuos

Refirió que el Tribunal Administrativo de Santander, a través del fallo del 24 de
febrero 2026, confirmó lo decidido por el a quo, con fundamento en que:

Como la demandante se posesionó como personal civil del Ministerio de Defensa el 25
de mayo de 1995, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, debe
someterse a esta última normativa, por cuanto no forma parte del personal exceptuado
para efectos de pensión, es decir, no tiene derechos adquiridos que se deban
garantizar.

Si bien la señora Osorio Clavijo para obtener el reconocimiento de la pensión de
jubilación por tiempo discontinuo acredita vinculación con el concejo municipal de
Cimitarra en el período comprendido entre el 31 de julio de 1993 y el 28 de marzo de
1994, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad
Social Integral, lo cierto es que a la luz de lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, el
mismo es aplicable solo a quienes «integran el personal civil del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el
Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía
Nacional». En ese orden, al no avizorarse que la actora tuvo una vinculación con el
Ministerio de Defensa con anterioridad al 1º de abril de 1994 no le es aplicable el
régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

1.4. Sustento de la vulneración

La actora aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Adujo que las autoridades judiciales accionadas (i) soslayaron que el artículo 99 del
Decreto 1214 de 1990 permite acumular tiempos de servicio discontinuos, como los
prestados en el Concejo de Cimitarra (de agosto de 1993 a marzo de 1994); y (ii)
trasladaron, sin fundamento alguno, la restricción contenida en el artículo 279 de la
Ley 100 de 19932 para convertirla en un requisito adicional.

2 Norma dirigida a determinar cuál régimen general aplica.

3
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Estimó que el artículo 2793 de la Ley 100 de 1993 define el campo de aplicación del
régimen general, no los requisitos del régimen especial. Añadió que usar aquella
norma para agregar una nueva exigencia al artículo 99 del Decreto 1214 equivale a
modificar, por vía judicial, una norma especial vigente, lo que configura un defecto
sustantivo.

Enfatizó que el defecto sustantivo se configura cuando el juez aplica una norma de
manera manifiestamente errónea, «añadiéndole condiciones que el legislador no
estableció (C-590/05, SU-448/11)», tal como ocurre en este caso, pues el tribunal y
juez accionados pasaron por alto que el artículo 99 del Decreto 1214 de 1990
posibilita acumular tiempos discontinuos con «otras entidades oficiales», sin
necesidad de acreditar una vinculación con el sector defensa con anterioridad al 1º
de abril de 1994.

Precisó que, en caso de aceptarse, que existe una ambigüedad interpretativa
respecto de si puede acogerse al artículo 99 del Decreto 1214 de 1990 con tiempos
laborados en otras entidades oficiales antes de la Ley 100 de 1993, debe acudirse
al artículo 53 de la Constitución Política que ordena resolver esa duda en favor suyo,
por ser el lado débil de la relación laboral.

Iteró que negarle «la aplicación del régimen especial bajo el cual prestó sus
servicios durante casi tres décadas, con base en una interpretación que la propia
norma no impone, resulta manifiestamente contrario al principio de protección del
trabajador que inspira el artículo 53 constitucional».

Insistió en que las autoridades judiciales accionadas añadieron un cuarto requisito
al artículo 99 del Decreto 1214 de 19904, esto es, «haber estado vinculado al
Ministerio de Defensa antes del 1° de abril de 1994». Presupuesto que fue
construido jurisprudencialmente a partir de una norma diferente: el artículo 279 de
la Ley 100 de 1993.

Consideró que las sentencias del 24 de febrero de 2026 y 27 de agosto de 2025
omitieron «confrontar el material probatorio — que acreditaba sin discusión los tres
requisitos del artículo 99 del Decreto ley 1214 de 1990 — con el texto de dicha
norma, haciendo en cambio una valoración incompleta que prescindió de la regla
más favorable».

1.5. Trámite y contestación

Mediante auto del 27 de mayo de 2026 se inadmitió la acción de tutela con el fin de
que la parte actora allegara el poder especial con los requisitos establecidos en el
artículo 5º de la Ley 2213 de 2022 o en el artículo 74 del Código General del
Proceso, requerimiento que fue atendido oportunamente.

3
«ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de
la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
[…]»
4 Ser empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional; acreditar 20 años de

servicio discontinuos y haber cumplido 50 años de edad si es mujer.

4
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Por auto del 11 de junio de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar
a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander y al juez
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

Así mismo, se ordenó vincular al ministro de Defensa Nacional y al comandante del
Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1 El Ministerio de Defensa Nacional evidenció que la accionante no especificó
los defectos en que incurrieron las sentencias cuestionadas.

Destacó que este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, sin
sustentar el por qué se consideran los derechos fundamentales invocados.

Manifestó que, en todo caso, no se puede soslayar que las decisiones acusadas en
sede ordinaria (nulidad y restablecimiento del derecho) atendieron acertadamente
las reglas del precedente vinculante y obligatorio, sin que ello causara agravio en
los derechos fundamentales de la tutelante.

1.5.2 El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil
sostuvo que su decisión se fundamentó en una interpretación sistemática y
razonable del artículo 99 del Decreto 1214 de 1990, en armonía con el artículo 279
de la Ley 100 de 1993, disposición que fue declarada exequible por la Corte
Constitucional (C-665/96 y C-1143/04) y que establece que el régimen especial de
defensa no aplica a quienes ingresaron al sector con posterioridad al 1° de abril de
1994, como ocurre con la actora (ingreso en mayo de 1995).

Subrayó que (i) su valoración probatoria fue completa y (ii) el principio de
favorabilidad no resulta aplicable porque la norma es clara y no existe duda
interpretativa.

Pidió que declare la improcedencia de este mecanismo o, en su defecto, se
deniegue el amparo perseguido.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2004.

2.2. Cuestión previa

Si bien el escrito inicial de este mecanismo está dirigido contra lo decidido por el
Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil, la sala se centrará solo en la sentencia del 24 de febrero

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de 2026 que confirmó la denegatoria de las pretensiones de la demanda y, por ende,
puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la tutelante, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, la sala deberá establecer si el
Tribunal Administrativo de Santander desconoció el principio de favorabilidad y
vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido
proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 24 de febrero de 2026,
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68679-33-33-003-2024-00010-00/01.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos
adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y
(iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a

5 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido

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estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la sala, la señora Diana Lucía Osorio Clavijo presentó
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander, porque en la
sentencia del 24 de febrero de 2026, incurrió en defectos sustantivo y fáctico, y
desconocimiento del principio de favorabilidad, por cuanto: (i) soslayó que el artículo
99 del Decreto 1214 de 1990 permite acumular tiempos de servicio discontinuos,
como los prestados en el Concejo de Cimitarra (de agosto de 1993 a marzo de
1994); (ii) trasladó, sin fundamento alguno, la restricción contenida en el artículo 279
de la Ley 100 de 19936 para convertirla en un requisito adicional; y (iii) omitió
resolver cualquier divergencia interpretativa a su favor.

Para descender al caso concreto, se observa que el Tribunal Administrativo de
Santander, a través de la sentencia del 24 de febrero de 2026, confirmó el fallo del
a quo que denegó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, porque el régimen
pensional previsto en el Decreto 1214 de 1990 solo es aplicable al personal civil que
haya estado vinculado, bajo dicha calidad, antes de la entrada en vigor del Sistema
General de Seguridad Social, caso en el cual, si se satisfacen las exigencias propias
de la norma en cada caso particular, los servidores no uniformados consolidarían el
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por tiempo continuo
o discontinuo.

Dicha autoridad precisó que (i) el Decreto 1214 de 1990 no era aplicable a la
demandante pues su ingreso, como personal civil al servicio del Ejército Nacional,
se dio el 25 de mayo de 1995; y (ii) no podía considerarse la vinculación con el
Concejo de Cimitarra:

[…] se debe precisar en primera medida, que los empleados públicos del Ministerio de Defensa
Nacional vinculados en esa calidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, se regirán por lo dispuesto en la Ley 1214 de 1990 y, en consecuencia, tendrán derecho,
una vez reunidos los requisitos exigidos en esta norma, al reconocimiento de la pensión de
jubilación por tiempo continuo y/o discontinuo. En el caso de aquellos que no tengan vinculación
con el Ministerio de Defensa antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se le debe
aplicar esta última, de conformidad con la excepción de aplicabilidad del Sistema de Seguridad
Social Integral dispuesta en su artículo 279:

“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se
vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de
las Corporaciones Públicas. (…)” (Negrilla y subraya fuera de texto).

Por lo anterior, al encontrarse acreditado que la demandante se posesionó como personal civil
del Ministerio de Defensa el 25 de mayo de 1995, con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993 debe someterse a dicha normatividad, por cuanto no formaba parte del
personal exceptuado para efectos de pensión, es decir, no tiene derechos adquiridos que se
deban garantizar.

Por último, se precisa que, si bien la señora Osorio Clavijo para obtener el reconocimiento de la
pensión de jubilación por tiempo discontinuo acredita vinculación con el concejo municipal de
Cimitarra en el periodo comprendido entre el 31 de julio de 1993 y el 28 de marzo de 1994, esto
es, con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social Integral, lo cierto
es que a la luz de lo dispuesto en el decreto 1214 de 1990, el mismo es aplicable solo a quienes

6 Norma dirigida a determinar cuál régimen general aplica.

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Demandante: Diana Lucía Osorio Clavijo
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03990-00

“integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, las personas
naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en
las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional”, por lo que al no avizorarse vinculación con el
Ministerio de Defensa no le es aplicable el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa
y la Policía Nacional.

En consecuencia, al aplicarle al presente asunto el Sistema de Seguridad Social Integral
contenido en la Ley 100 de 1993, no le asiste derecho a la demandante al reconocimiento de la
pensión de jubilación dispuesta en el Decreto 1214 de 1990, por lo cual se confirmará la
sentencia apelada.

Sobre el particular, la sala encuentra que los argumentos que expone la accionante
no cuentan con la carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la
trasgresión de derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de
lo ya manifestado en sede ordinaria, están encaminados a controvertir las
conclusiones a las que arribó el tribunal accionado, toda vez que, según su criterio,
tenía derecho a que se le reconociera la pensión de que trata el artículo 99 del
Decreto 1214 de 1990, máxime cuando le era posible acumular tiempos
discontinuos prestados con el Concejo de Cimitarra y le es aplicable el principio de
favorabilidad.

Acorde con lo analizado, se hace evidente que la tutelante busca imponer su criterio,
el cual estima más acertado, sobre el del Tribunal Administrativo de Santander, lo
cual denota un desconcierto respecto al sentido de la decisión; máxime si se tiene
en cuenta que esa autoridad judicial, (i) efectuó una interpretación armónica de la
normativa imperante; y (ii) aclaró que el tiempo de servicio discontinuo que se
pretende acumular no puede ser tenido en cuenta para efectos pensionales, porque
no fue prestado en calidad de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la
Policía Nacional y la justicia penal militar.

Sobre el particular, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.

Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.

En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por la actora no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y probatorios que ya fueron abordados y zanjados por el juez
natural, en el marco del Decreto 1214 de 1990.

Acorde con lo analizado y de los razonamientos expuestos en la acción de tutela,
concluye la sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por la
autoridad judicial, después de hacer un análisis de la norma que consideró aplicable,
así como de las pruebas obrantes, sin que sea permitido reabrir el debate ya
resuelto por el juez natural.

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En consecuencia, se considera que, si bien la accionante intenta exponer las
razones por las cuales considera que la corporación accionada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una
simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada.

Así las cosas, en principio, no es evidente la tensión entre derechos fundamentales
en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada que amerite la
intervención del juez constitucional.

En tal medida, esta sala de decisión declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
señora Diana Lucía Osorio Clavijo por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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