Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03991-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03991-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03991-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de junio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03991-00
Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Violación directa de la
Constitución y defecto sustantivo - Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia,
mediante las cuales se negó y confirmó, respectivamente, el reconocimiento y pago de
incrementos salariales conforme con el IPC, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Alfonso Vaca Torres
contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado 8 Administrativo de Bogotá.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 25 de mayo de 2026, Alfonso Vaca Torres, mediante apoderado,
presentó una acción de tutela contra el Juzgado 8 Administrativo de Bogotá
y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, mínimo vital y seguridad social, con ocasión
de las Sentencias de 16 de diciembre 2024 y 12 de noviembre de 20252,
proferidas, respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-
35-008-2023-00382-00/01.
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 18 de noviembre de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03991-00
Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital y seguridad social.
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictar una sentencia de
reemplazo en donde se acceda a las pretensiones de la demanda de Nulidad
y restablecimiento del derecho, desestimadas por dicho órgano judicial. O en
su defecto, que el mismo órgano encargado de resolver esta acción, dicte la
aludida sentencia en los términos solicitados.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Mediante la Resolución No. 2561 de 30 de octubre de 2015, Alfonso
Vaca Torres fue retirado del servicio del Ejército Nacional, por solicitud
propia, con el grado de brigadier general del ejército del Comando
Vigésima Séptima Brigada – Mocoa.
5. 2) A través de la Resolución N. 9408 de 26 de noviembre de 2015 se le
reconoció y ordenó el pago de la asignación de retiro al señor Vaca Torres3.
6. 3) El 24 de abril de 2023, el accionante solicitó reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y de las prestaciones sociales a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional, debidamente ajustadas al valor con el IPC,
por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 20044.
7. 4) El Ministerio de Defensa – Comando General de las Fuerzas Militares
– Ejercito Nacional – Comando de Personal – Dirección de personal,
contestó a través de la Resolución No. 2023317001408531 de 27 de junio de
2023, en el sentido de negarla y adjuntó los certificados causados para los
años 1997 a 2004 conforme al grado ostentado y el porcentaje del
incremento respecto al IPC5.
8. 5) Alfonso Vaca Torres, mediante apoderado judicial, presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, con el objetivo de declarar la nulidad de la de la Resolución No.
3 Se trascribe: “ARTICULO 10. Ordenar el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro favor del señor Brigadier
General (RA) del Ejército ALFONSO VACA TORRES nacido el 23 de septiembre de 1962, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 79,155,452 de Bogotá, con cargo al presupuesto de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
a partir del 16 de enero de 2016 en cuantía del 95% del sueldo de actividad correspondiente a su grado en todo
tiempo, incluyendo dentro de liquidación las partidas computables de acuerdo con la Ley y conforme a lo
expuesto en la parte motiva de ésta providencia.”
4 Radicada bajo No. P20230424014047 ante el Ministerio de Defensa.
5 “me permito comunicar que no es posible atender de forma favorable su solicitud por conducto de esta
dependencia, debido a que la Secón de Nómina de Ejercito presupuesta las partidas incluidas en el Sistema de
Informática del Ministerio de Defensa Nacional, las cuales de acuerdo al Decreto Anual de Sueldos expedido por
el Departamento Administrativo de Función Pública, no contempla el reconocimiento de dicho incremento bajo
los parámetros solicitados en su petición.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03991-00
Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2023317001408531 de 27 de junio de 2023 que negó la solicitó
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y de las prestaciones
sociales, debidamente ajustadas al valor con el IPC, así como que se
declarara la excepción de inconstitucionalidad y de ilegalidad de los
Decretos 122 de 1997, 062 de 1999, 1463 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003
y 4158 de 2004. A título de restablecimiento del derecho se reconocieran las
diferencias salariales, prestacionales de carácter obligatorio y cotizaciones
a pensión que se suscitaron como consecuencia de la fijación del salario por
debajo del IPC por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 20046.
9. 6) Mediante Sentencia de 16 de diciembre de 2024, el Juzgado 8
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Explicó que
el régimen salarial de los miembros de la Fuerza Pública era un régimen
especial cuya regulación le correspondía al Gobierno Nacional, de
conformidad con la Ley 4 de 1992, de manera que los incrementos salariales
del personal en servicio activo debieron efectuarse conforme a los decretos
anuales expedidos para ese efecto y no mediante la aplicación del IPC
como criterio único.
10. Agregó que el reconocimiento de incrementos salariales inferiores al
IPC no implicó, por sí solo, una vulneración del derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario, en tanto puso de presente que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional7 y del Consejo de Estado8 indicaron que el Gobierno
Nacional podía considerar, además de la inflación, otros criterios como la
política macroeconómica, la racionalización del gasto público y la
6 Sus pretensiones fueron (se trascribe):
“DECLARATIVAS.
1.-Que se declare la excepción de inconstitucionalidad y de ilegalidad de los Decretos 122/97, 062/99, 1463/01,
745/02, 3552/03 y 4158/04, con base en la Constitución, art. 4° y CPACA, art. 148.
2.-Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del Oficio Radicado No. 2023317001408531: MDN-
COGFM-COEJC-SECEJ JEMGFCOPERDIPER-1.10, de fecha 27 de junio 2023, mediante el cual el Ministerio de
Defensa Nacional negó la reclamación administrativa formulada con el fin de que se pagaran las diferencias
salariales y prestacionales, suscitada con motivo de la fijación del salario en un porcentaje inferior al IPC de los
años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.
DE CONDENA.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones, a favor de mi mandante, que a continuación se precisan:
1.-Las diferencias salariales que se suscitaron como consecuencia de la fijación del salario por debajo del IPC por
los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, desde el momento en que se causaron hasta la fecha de terminación
de la relación laboral, debidamente indexadas.
2.-Las diferencias prestacionales de carácter ordinario tales como las que a título meramente enunciativo se
relacionan: cesantías, primas de todo orden y vacaciones, debidamente indexadas, que se originaron como
consecuencia de la fijación del salario por debajo del IPC por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, desde
el momento en que se causaron y hasta la fecha de finalización de la relación laboral, debidamente indexadas.
3.-Las diferencias prestacionales en cotizaciones para pensión, a cargo de ambas partes de la relación jurídico
laboral, que se originaron como consecuencia de la fijación del salario por debajo del IPC por los años 1997, 1999,
2001, 2002, 2003 y 2004, desde el momento en que se causaron y hasta la fecha de finalización de la relación
laboral, debidamente indexadas, las cuales deben girarse a la cuenta de afiliado en CREMIL. 4.-Que se condene
en costas a la parte demandada.”
7 Sentencias C-941 de 2003 y C-432 de 2004.
8 Se trascribe: “A su vez el Consejo de Estado, a partir de la sentencia del 17 de mayo de 2007, Expediente No.8464-
05, actor: José Jaime Tirado Castañeda, C.P. Dr. Jaime Moreno García, precisó que el reajuste pensional con
fundamento en el IPC le resultaba más favorable a los miembros de la Fuerza Pública que la aplicación de la Ley
4 de 1992 y los Estatutos de Personal que consagran el principio de oscilación, y estableció que dicho derecho
tenía como límite el 31 de diciembre de 2004 por cuanto a partir de esa fecha entró en vigencia el Decreto 4433
de 2004.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03991-00
Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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disponibilidad de recursos al fijar los aumentos salariales. Asimismo, sostuvo
que acceder a las pretensiones implicaría inaplicar los decretos que fijaron
la escala salarial de la Fuerza Pública y sustituir una competencia reservada
al Gobierno Nacional, sin que existiera una incompatibilidad manifiesta
entre esas disposiciones y la Constitución que justificara la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad.
11. 7) La anterior decisión fue apelada por Bladimiro Rincón Ávila, quien
solicitó que se revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la
demanda. Consideró que el juzgado interpretó de manera errónea el marco
constitucional, legal y jurisprudencial aplicable al caso. Sostuvo que la
decisión desconoció el deber del Estado de preservar el poder adquisitivo
del salario y pasó por alto que los incrementos salariales fijados para los años
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 fueron inferiores al índice de precios al
consumidor, sin que el Gobierno Nacional expresara las razones
económicas, fiscales o presupuestales que justificaran dicha decisión.
12. Afirmó que el fallo omitió aplicar el bloque de constitucionalidad, el
principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y el
precedente de la Corte Constitucional9 frente a la obligación de garantizar
que el reajuste salarial no fuera inferior a la inflación, así como el deber de
motivar las decisiones que implicaran una reducción del poder adquisitivo
del salario. Agregó que la sentencia desconoció que la pérdida del valor
real del salario produjo efectos sobre las prestaciones sociales y la
asignación de retiro y, a su juicio, validó la aplicación de unos decretos
salariales contrarios a la Constitución sin acudir a la excepción de
inconstitucionalidad, así como un trato desigual respecto de otros servidores
públicos cuyos salarios sí conservaron su poder adquisitivo. En consecuencia,
solicitó revocar la decisión apelada y acceder a las pretensiones de la
demanda.
13. 8) La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante Sentencia de 12 de noviembre de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia. Explicó que los salarios de los
miembros de la Fuerza Pública se fijaron mediante los decretos anuales
expedidos por el Gobierno Nacional, en desarrollo del régimen especial
previsto en la Constitución y en la Ley 4 de 1992, los cuales conservaron su
presunción de legalidad y cuya validez no fue desvirtuada ante la
jurisdicción competente. En ese sentido, sostuvo que el reajuste con base en
el IPC constituyó un beneficio reconocido por la ley y la jurisprudencia
únicamente para quienes percibían asignación de retiro o pensión, razón
por la cual no resultaba procedente extenderlo al personal en servicio activo
9 Sentencias SU-995 de 1999 y C-1064 de 2001.
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Decisión: Declara improcedente
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ni utilizarlo para modificar la base de liquidación de una prestación que el
demandante solo adquirió varios años después.
14. Asimismo, estimó improcedente la excepción de inconstitucionalidad
solicitada, al no advertir una contradicción manifiesta entre los decretos
salariales y la Constitución. Finalmente, desestimó los argumentos del recurso
de apelación relacionados con la Sentencia C-1064 de 2001, la falta de
motivación de los decretos y la ausencia de justificación de incrementos
inferiores al IPC, al considerar que tales cuestionamientos pretendían
controvertir la legalidad de los decretos salariales, asunto que debía
discutirse mediante las acciones judiciales previstas para ese propósito y que
no estaban dirigidos a desvirtuar la legalidad del acto administrativo
demandado.
15. El fundamento de la vulneración de derechos radicó, a juicio de la
parte actora, en que en las decisiones enjuiciadas se configuró una
violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente y un
defecto sustantivo y fáctico al presumir la legalidad de los decretos que
fijaron los incrementos salariales de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y
2004 por debajo del IPC y darles efectiva aplicación.
16. Frente al desconocimiento del precedente y el defecto fáctico indicó
que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar o apreciaron de
manera inadecuada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos aportada al proceso ordinario, sin
agregar más detalle de cuáles eran, específicamente, como sustento del
derecho a conservar el poder adquisitivo del salario. Además, indicó que
desconocieron las Sentencias SU-995 de 1999, SU-599 de 1995, C-634 de 2011
y C-815 de 1999 para expresar que (se trascribe) “es posible fundamentar un
derecho constitucional en cabeza de los trabajadores a mantener el poder
adquisitivo real del salario” y que, a su juicio, existía un deber de las
autoridades judiciales de ejercer control de convencionalidad.
17. Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo y una
violación directa de la Constitución, debido a que las providencias
desconocieron los artículos 13, 29, 48, 53, 93, 334 y 373 de la Constitución, el
bloque de constitucionalidad y los principios de progresividad y no
regresividad de los derechos sociales al aplicar decretos que, en su criterio,
iban en contra de los mandatos de la Constitución, concretamente del
artículo 53. En ese contexto, afirmó que, en las sentencias objeto de
reproche, aceptaron la fijación de incrementos salariales inferiores al IPC sin
exigir que el Gobierno Nacional justificara esa decisión, pese a que los
decretos salariales carecieron de motivación, ocasionaron una disminución
del poder adquisitivo del salario y generaron un trato desigual frente a otros
servidores públicos cuyos incrementos superaron el IPC.
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados10
18. El Juzgado 8 Administrativo de Bogotá11 puso de presente, luego de
realizar un recuento de los hechos que dieron respaldo a su decisión de
primera instancia, que el régimen salarial de los miembros de la Fuerza
Pública era especial y estaba sujeto a la Ley 4 de 1992, la cual le atribuía al
Gobierno Nacional la competencia exclusiva para fijar anualmente las
asignaciones básicas mediante decretos; que el IPC no era la única variable
para determinar el reajuste salarial de los servidores públicos y que los
incrementos inferiores a dicho índice no implicaban, por sí solo, vulneración
alguna al poder adquisitivo del accionante.
19. Agregó que durante los años reclamados el demandante se
encontraba en servicio activo y no percibía asignación de retiro, por lo que
no le resultaba aplicable la Ley 238 de 1995, que adicionó el parágrafo 4 del
artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Frente a la excepción de
inconstitucionalidad, indicó que su procedencia exige una incompatibilidad
clara y ostensible entre la norma cuestionada y la Constitución Política,
condición que no se verificó en el caso concreto.
20. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca12 realizó un recuento de los hechos y las normas utilizadas
para resolver el caso del que se derivó la sentencia enjuiciada, para advertir
que dicha providencia estuvo sustentada, tanto jurídica como
fácticamente, y respetó el debido proceso, con lo cual no se configuró
vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante.
21. Frente a las pretensiones, precisó que los decretos cuya inaplicación
se solicitó estuvieron amparados por la presunción de legalidad, no
desvirtuada en tiempo oportuno ante los jueces competentes, y que el
reajuste salarial con base en el IPC solo resultó aplicable a las asignaciones
de retiro del personal retirado de la Fuerza Pública, mas no a las
asignaciones del personal en servicio activo
22. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, a pesar de haber sido
notificados, guardaron silencio13.
10 Mediante Auto de 27 de mayo de 2026, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de
amparo, (2) tener como accionados a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Juzgado 8 Administrativo de Bogotá y, (3) vincular a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional, como tercero con interés en el asunto.
11 Índice 15 del aplicativo SAMAI.
12 Índice 16 del aplicativo SAMAI.
13 Como consta en el índice número 9 del aplicativo SAMAI.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
23. La Sala centrará el análisis en los reparos invocados respecto de la
Sentencia de 12 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues,
aunque también se enjuició la Sentencia de primera instancia, dictada por
el Juzgado 8 Administrativo de Bogotá, lo cierto es que, con ocasión del
recurso de apelación, la decisión del Tribunal fue la que resolvió el litigio.
Aunado a ello, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de
amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia,
la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.2. Fijación de la controversia
24. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez de segunda instancia,
al proferir la Sentencia de 12 de noviembre de 2025, incurrió en un defecto
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y una violación directa
de la Constitución, al negar el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, de cara a un
aumento del IPC.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
26. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional14.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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27. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto15; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario16; y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad17.
28. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202318,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
29. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte actora no
desplegó, en el escrito de tutela, la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, y pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente aspectos como lo era el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, de
cara a un aumento equitativo al IPC y la inaplicación, por excepción de
inconstitucionalidad, de los Decretos 122 de 1997, 062 de 1999, 1463 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.
30. Tal inconformidad fue planteada por el accionante, ante el juez del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través de la
demanda19 y en el escrito de apelación presentado en contra de la
15 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.
16 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
17 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
18 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
19 En la demanda presentada por el accionante se indicó (se trascribe): “CUARTO. Los decretos impugnados fijaron
los salarios por debajo del IPC, lo que es fácil comprobar mediante un simple contraste entre las fijaciones salariales
que resultaron conforme a los decretos y las que habrían resultado de haberse aplicado, como mínimo el IPC.
(…)
En que tales decretos establecieron un aumento salarial por debajo de la inflación, oficialmente decretada por el
DANE, con lo cual sus ingresos laborales perdieron poder adquisitivo. Mientras que el bloque de constitucionalidad
stricto sensu, conformado por la CP, art. 93 y los tres convenios citados, proclaman los principios de progresividad
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03991-00
Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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sentencia de primera instancia20, y, ahora, es reiterada en la acción de
tutela bajo la aparente vulneración de sus derechos fundamentales.
y no regresividad, los decretos demandados establecen salarios por debajo de la inflación, lo que constituye no
solo un atropello contra el sector laboral concernido, único damnificado que se sepa, puesto que al resto de los
servidores públicos si se les decretó, durante esos mismos años, el aumento salarial por encima de la inflación, lo
que configura de manera diáfana una desigualdad de trato, como más adelante se desarrolla in extenso. Y la
violación es de magnitud colosal pues mientras el bloque de constitucionalidad stricto sensu ordena que
prevalezcan en el derecho interno los convenios internacionales que versen sobre derecho humanos-y el derecho
al trabajo lo es-los decretos impugnados, por el contrario, hacen prevalecer la regresividad salarial. Tales decretos
regularon el salario del respectivo sector como si el siguiente mandato de la CP no existiera: “Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.
(…)
Mientras que la Constitución, art. 215 prohíbe desmejorar los salarios de los trabajadores en el estado de
emergencia económica, el Gobierno Nacional violó la prohibición en un estado de normalidad institucional.
Mientras que la Ley 4/92, art. 4° dice que el Gobierno Nacional debe anualmente modificar el sistema salarial de
los empleados públicos “aumentando sus salarios”, en este caso lo hizo en contravía de este presupuesto legal
donde al fijarse los estipendios por debajo de la inflación hay una disminución del poder adquisitivo. Así de un año
para otro, hubiere existido “aumento nominal”, lo cierto es que se generaba una acumulación del déficit
inflacionario.
(…)
Es obligación legal de reajustar el monto de la mesada pensional, conforme con el IPC, de conformidad con la
Ley 100/93, art. 14, igualmente debe suceder lo mismo con el salario de los funcionarios activos; de lo contrario,
dice el precedente constitucional se configura “un enriquecimiento del empleador” expresión textual de la Corte
Constitucional.
Es procedente que el Honorable Juez acuda a las potestades que le otorga el CPACA, art. 148 (control por vía de
excepción) para que se inapliquen los decretos mencionados en el hecho PRIMERO, porque son ostensiblemente
contrarios a la Ley 4/92, art. 2, lit. a) en cuanto vulneraron el derecho adquirido de mi mandante a la NO desmejora
salarial y lit. h) del mismo art. en cuanto NO justificó que la desmejora obedecía al cumplimiento de políticas
macroeconómicas del Estado.
(…)
Los decretos cuya INAPLICACIÓN se pide no se salvan del medio exceptivo porque no tienen NINGUNA
JUSTIFICACIÓN EXPRESA, como aquella de que las personas concernidas, entre ellos mi mandante, devenguen
más de dos SMLMV. No puede la jurisdicción acomodarle una justificación invisible en la norma porque eso sería
un grave atentado contra la separación de poderes ya que tal justificación solo concierne al ejecutivo y al
congreso; es decir, al combo Cono congreso a través de su ley de presupuesto-gobierno nacional. Es decir, ningún
juez de la república podría decir si el combo congresogobierno no lo dijo en sus decretos: “A ustedes señores
militares no les aumentaron el salario por encima de la inflación porque ganan más de 2 SMLMV”. Esa no es función
de la jurisdicción que debe mantenerse en el rango de lo dispuesto en la Constitución, en materia de separación
de poderes, según el art. 113 de la Constitución.”
20 En el recurso de apelación presentado por el accionante se indicó (se trascribe): “La sentencia impugnada en
este proceso acierta en que el criterio del IPC puede ser superado por no ser el único ya que pueden existir
circunstancias macroeconómicas, situaciones extraordinarias que exigen ahorro fiscal. El yerro de la sentencia
impugnada está en que tales circunstancias excepcionales NO aparecen en los decretos cuya inaplicación se
solicita ni tampoco se presentaron en la vida real. En Colombia, afortunadamente, nunca hemos pasado por la
situación que vivió Grecia entre 2010 y 2015 que la obligó a adoptar graves medidas de austeridad con recortes
de salarios y jubilaciones. La sentencia que habrá de resolver la apelación deberá ser cuidadosa en desmarcarse
del A quo ya que es absolutamente falso que la negación de las pretensiones encuentre abrigo la sentencia
1064/01).
Igualmente resulta impertinente la cita que hace la sentencia apelada de un pronunciamiento del Consejo de
Estado cuando dijo que el IPC no era la única variable económica a tener en cuenta para la fijación del salario
de los servidores públicos pues habría que tomar también en consideración “el peso de la situación real del país,
las finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del gasto público, entre otras”.
En realidad, de verdad lo expuesto por el Honorable Consejo de Estado es un auténtico desarrollo del
planteamiento de la Corte Constitucional en cuanto a la inexistencia de derechos absolutos y a la relativización
de los mismos. Confiamos en que la mayor cualificación judicial que los usuarios del servicio judicial esperamos de
un Tribunal, rectifique la posición del A quo y señale que los Decretos cuya inaplicación se solicita, como lo hemos
sostenido, NO tienen CONSIDERANDOS; siendo así, los criterios alternativos al IPC, reguladores de los aumentos
salariales, como son “el peso de la situación real del país, las finalidades de la política macroeconómica, la
ponderación racional del gasto público, entre otras” NO existen, jamás fueron sustentados. Al NO existir las
variables alternativas se impone la aplicación de la variable del IPC que reclamamos.
(…)
Es claro que, aparte de que la sentencia apelada no hizo un adecuado control de convencionalidad como lo
ordena la CIDH cuando hay involucrados derechos sociales, tampoco examinó la disposición perentoria
contendida en el art. 215 de la Carta, según la cual en los estados de excepción no pueden desmejorarse los
derechos sociales de los trabajadores. Cuando los decretos cuya inaplicación se solicita se expidieron el país
estaba bajo normalidad institucional por manera que no podía el Gobierno Nacional desmejorar la asignación de
actividad y, por ende, la asignación de retiro posterior de mi mandante.
(…)
La escala gradual porcentual consagrada en el Decreto 107/96 consagra una escalera salarial en la cual se parte
de un escaño mayor, que es el de GENERAL a la cual se le fija una asignación de actividad. La asignación de los
siguientes escaños es un porcentaje del escaño anterior. De modo que el problema NO es la escala gradual
salarial. El problema es si la asignación de actividad del escaño mayor, en cuanto fue determinada por debajo
del IPC, se ajusta a la Constitución y la Ley Marco.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03991-00
Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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31. La Sala evidenció que los reparos planteados fueron resueltos por el
juez natural, concretamente, por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que manifestó lo siguiente (se
trascribe):
“Argumenta el demandante que, en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004,
su salario fue reajustado en un porcentaje inferior al IPC del año
inmediatamente anterior, desconociendo lo dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución Política que protege la movilidad salarial de todos los servidores
públicos. En consecuencia, el accionante solicita el reajuste de su asignación
mensual con base en el IPC, para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004,
período en el que se encontraba en servicio activo.
Al respecto, se habrá de señalar que tal pretensión no puede prosperar, por
cuanto los decretos anuales sobre incrementos salariales expedidos por el
Gobierno Nacional, que en su momento fueron aplicables a la situación fáctica
del actor, se encuentran asistidos de la presunción de legalidad, no desvirtuada
en tiempo oportuno y en el escenario judicial frente a los jueces competentes.
Durante el período reclamado por el demandante, sus salarios básicos
mensuales fueron incrementados conforme los Decretos 122 de 1997, 62 de
1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 modificado por el
Decreto 4352 de 2004, expedidos por el Gobierno Nacional, los cuales como ya
se dijo, están asistidos de presunción de legalidad, por lo tanto, se puede afirmar
que la parte activa de la litis no fue afectada por desequilibrio alguno en la
fijación de su asignación básica mensual y menos aún en el ajuste anual de su
asignación de retiro, como quiera que para esa fecha no estaba percibiendo
dicha prestación.
Acceder a lo pretendido en la demanda sería tanto como extender al
demandante la aplicación del reajuste de conformidad con el IPC, para el
período comprendido entre 1997 a 2004, en el que no devengó asignación de
retiro o pensión, y por esa vía incrementar la base de liquidación pensional y las
correspondientes mesadas, estableciendo un tercer régimen de reajustes, sin
que exista fundamento legal que amerite un tratamiento de esa naturaleza o
que sustente jurídicamente una variación de la base pensional. El ajuste con
base en el IPC, ha sido aplicado y reconocido jurisprudencialmente al personal
de retirados de la Fuerza Pública, más no en servicio activo, de allí que deprecar
el incremento que se efectuó con el IPC a los retirados, para que se refleje luego
en la asignación de retiro, es por demás una petición no permitida por la Ley.
(…)
En el mismo sentido, el H. Consejo de Estado de tiempo atrás, verbigracia,
mediante sentencia del 17 de mayo de 2007, precisó que el reajuste pensional
con fundamento en el IPC le resulta más favorable a los miembros de la Fuerza
Pública que la aplicación de la Ley 4 de 1992 y los Estatutos de Personal que
consagran el principio de oscilación, pero adicionalmente estableció que el
derecho tiene como límite el 31 de diciembre de 2004, por cuanto a partir de
esa fecha entró en vigencia el Decreto 4433 de 2004.
(…)
Ni el Gobierno Nacional en sus decretos, ni la sentencia apelada pudieron demostrar cuáles son los criterios
alternativos distintos del IPC, que justifican un incremento por debajo de la inflación. Obsérvese que los decretos
cuya inaplicación se solicita NO tienen CONSIDERANDOS. Por ende carecen de motivación que, a la larga es una
causal autónoma de anulación. No hay memoria justificativa; no hubo deliberación pública, razones suficientes
para que se entienda violado el principio de progresividad de los derechos sociales o no regresividad.
Los Decretos cuya inaplicación se solicita están afectados con la presunción de inconstitucionalidad en cuanto
es al Gobierno Nacional y ahora la jurisdicción a quienes les corresponde destruir esa presunción con la
demostración del “peso de la situación nacional” y de las graves situaciones fiscales y presupuestales que
afrontaba el país en los años de los decretos. La presunción de inconstitucionalidad (ver demanda) prevalece
sobre la presunción de ilegalidad.”
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Las situaciones consolidadas para los retirados antes de 2004, tuvieron a su favor
múltiples sentencias de la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo,
que analizaron la procedencia del reajuste con el IPC no solo durante los años
en los que se presentó el desequilibrio entre el reajuste ordenado bajo el
principio de oscilación y el IPC, sino también hacia futuro. Es decir, es producto
de una decisión judicial Inter partes y de aplicación a los casos similares, que no
cobija los supuestos fácticos de esta demanda, pues el demandante no estaba
en la situación administrativa particular analizada por el Máximo Órgano de
Cierre en dichas sentencias.
De otra parte, (…) solicita se inapliquen los Decretos de aumento salarial antes
citados conforme a la excepción de inconstitucionalidad. Al respecto, la Sala
debe señalar entonces que de conformidad con lo sostenido por la
jurisprudencia, a la excepción de inconstitucionalidad debe recurrir el
funcionario judicial, para inaplicar una norma particular en cuestión, de la que
advierta, clara, evidente y notoria oposición a las disposiciones de la Carta
Política, puesto que, de no observar estas reglas, estaría atado a la voluntad de
cada juez, contraviniendo la presunción de constitucionalidad de las
disposiciones legales y reglamentarias y vulnerando el principio de seguridad
jurídica. De tal forma que, esta Instancia Judicial no encuentra una clara,
evidente y notoria oposición de los Decretos antedichos, con disposición
constitucional alguna, puesto que fueron expedido por el Gobierno Nacional
con plenas facultades constitucionales y legales para ello, además, alcanzaron
firmeza en los períodos de vigencia anual, se ejecutaron, surtieron plenos
efectos y su validez no ha sido controvertida judicialmente.
(…)
Ahora, el recurrente hizo referencia a la sentencia C-1064 de 2001 de la H. Corte
Constitucional, en la que el Alto Tribunal prescribió allí en términos generales el
deber de garantizar al servidor público su derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario, lo cual, no ha sido desconocido por el Gobierno
Nacional con la expedición de los Decretos Anuales que fijan los sueldos básicos
para los miembros de la Fuerza Pública tal como se explicó anteriormente.
(…)
Tales argumentos están orientados a atacar la legalidad de los decretos
expedidos por el Gobierno Nacional, de manera que, este no es el escenario
para desatar dichos reparos, pues se reitera, el actor cuenta con la potestad
de acusar la nulidad de tales decretos en la vía judicial respectiva. En todo caso,
estos juicios de reproche se refieren a vicios de forma, sin que puedan justificar
la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad o ilegalidad alegada en
la demanda.”
32. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, el cual puso
de presente las razones por las cuales consideró que existían fundamentos
suficientes para confirmar la decisión que no accedió a las pretensiones de
la demanda, entre ellas, que no se había desvirtuado la legalidad de los
actos administrativos demandados ni se justificó la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad solicitada.
33. Se aclara que las diferencias interpretativas que existieren entre la
parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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acción de tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional21.
2.4. Conclusión
34. En ese orden, la Sala, declarará la improcedencia de la acción de
tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Alfonso Vaca Torres, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello22.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
22 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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