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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03991-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03991-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del 18 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia de la acción. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Alfonso Vaca Torres Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-03991-01 SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03991-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03991-01
Demandante: ALFONSO VACA TORRES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma la declaratoria de
improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del
18 de junio de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 25 de mayo de 2026, el señor Alfonso Vaca Torres, por
conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales a seguridad social, al debido proceso, a la
igualdad de trato y al mínimo vital.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
12 de noviembre de 2025, que confirmó la decisión del 16 de diciembre de 2024
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-008-2023-00382-00/01, promovida contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

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Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03991-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo
vital y seguridad social.
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictar una sentencia de reemplazo
en donde se acceda a las pretensiones de la demanda de Nulidad y restablecimiento
del derecho, desestimadas por dicho órgano judicial. O en su defecto, que el mismo
órgano encargado de resolver esta acción, dicte la aludida sentencia en los términos
solicitados.
(…).

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el señor Alfonso Vaca Torres se sustenta en
los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia.

Relató el accionante que el gobierno nacional expidió los decretos 122 de 1997, 062
de 1999, 1463 de 2001, 745 de 2002, 3553 de 2003 y 4158 de 2004, mediante los
cuales se determina los salarios anuales invocando la ley marco de salarios y
prestaciones artículo 13 de la Ley 4° de 1992.

Aseguró que los decretos relacionados fijaron los salarios por debajo del IPC, lo que
le causó el siguiente déficit:

Señaló que, con fundamento en lo anterior, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la excepción de
inconstitucionalidad e ilegalidad de los decretos 122/97, 062/99, 1463/01, 745/02,
3552/03 y 4158/04. Así mismo, solicitó la nulidad del oficio radicado No.
2023317001408531: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIPER-1.10,

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Demandante: Alfonso Vaca Torres
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del 27 de junio 2023, mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional negó la
reclamación administrativa formulada. Y, a título de restablecimiento del derecho,
pidió que se ordenará a esa entidad el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones devengados.

El 16 de diciembre de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

(…)observa el juzgado que en presente caso la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
le reconoció asignación de retiro al demandante mediante la Resolución No. 9408 del
26 de noviembre de 2015, en cuantía equivalente al 95% del sueldo básico de
actividad para el grado y partidas legalmente computables efectiva a partir del 16 de
enero de 2016 y por tanto es claro, que para el periodo reclamado, no había sido
afectado con el desequilibrio del ajuste anual de las asignaciones de retiro entre la
oscilación y el IPC, ni le resultaba aplicable lo dispuesto en la Ley 238 de 1995, que
adicionó el parágrafo 4° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, porque para esa fecha
no estaba percibiendo asignación de retiro, requisito sine qua non para estar cobijado
por dicha norma, en tanto que la misma se encuentra dirigida únicamente a quienes
perciben asignación de retiro.

En consecuencia, observa el despacho que no le asiste razón a la parte actora al
solicitar en la demanda, el reajuste de su sueldo mensual para los años 1997, 1999,
2001, 2002, 2003 y 2004 conforme al IPC, toda vez que la asignación básica mensual
en actividad de los miembros de la Fuerza Pública debe ser reajustada conforme a
los Decretos anuales de aumento salarial dictados por el Gobierno Nacional para la
Fuerza Pública, y acceder a lo pretendido en la demanda, sería tanto como extender
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que ordena el incremento anual
de las pensiones de conformidad con el IPC, a los miembros de la Fuerza Pública que
se encontraban en actividad, desde el 01 de enero del año 1997 y siguientes, sin que
exista ningún fundamento ni jurídico, ni legal que así lo disponga.

Además, cuando la entidad demandada pagó la remuneración correspondiente a los
servicios prestados por el demandante para las anualidades referidas en precedencia,
con base en los decretos de salarios que fueron expedidos por el Gobierno Nacional,
vigentes para la época, no hizo cosa distinta que dar cumplimiento al mandato legal
contenido en la Ley 4ª de 1992.
(…).

El señor Alfonso Vaca Torres presentó recurso de apelación y solicitó suspensión
del proceso por prejudicialidad dado que, en la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca cursaba una demanda de nulidad que guardaba
relación con su caso.

Esta última solicitud fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C el 17 de septiembre de 2025, autoridad que,
además, profirió sentencia el 12 de noviembre de 2025, a través de la cual confirmó
la decisión de la primera instancia, bajo el siguiente argumento:

(…) los decretos anuales sobre incrementos salariales expedidos por el Gobierno
Nacional, que en su momento fueron aplicables a la situación fáctica del actor, se
encuentran asistidos de la presunción de legalidad, no desvirtuada en tiempo
oportuno y en el escenario judicial frente a los jueces competentes.

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Durante el período reclamado por el demandante, sus salarios básicos mensuales
fueron incrementados conforme los Decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2737 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 modificado por el Decreto 4352 de 2004,
expedidos por el Gobierno Nacional, los cuales como ya se dijo, están asistidos de
presunción de legalidad, por lo tanto, se puede afirmar que la parte activa de la litis
no fue afectada por desequilibrio alguno en la fijación de su asignación básica
mensual y menos aún en el ajuste anual de su asignación de retiro, como quiera que
para esa fecha no estaba percibiendo dicha prestación.

(…) el reajuste con base en el IPC, sólo procede para las asignaciones de retiro y
pensiones, por mandato legal y jurisprudencial, sin que sea dado aplicarlo para las
asignaciones mensuales del personal activo, puesto que, como quedó consignado en
párrafos anteriores, es el Gobierno Nacional quién tiene la facultad de establecer los
sueldos de los empleados de las fuerzas militares y sus correspondientes
incrementos, mediante los decretos que expide anualmente, los cuales
eventualmente, pueden ser demandados por el actor, si encuentra que los mismos
violan normas superiores. Por lo tanto, no surge el derecho al reajuste de la
asignación básica y prestaciones sociales de la época en que se encontraba en
servicio activo y menos aún de su asignación de retiro, pues dicha prestación la
devengó muchos años después.
(…)

1.4. Sustento de la petición

El accionante manifestó que el amparo solicitado cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, debido
a que la sentencia aquí cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

i) Fáctico, al considerar que se hizo una indebida valoración de las pruebas
arrimadas al proceso ordinario, lo que condujo a conclusiones erradas en cuanto se
omitió apreciar adecuadamente los hechos sin tener en cuenta el desarrollo del
derecho convencional realizado por la Corte Constitucional y la posibilidad de que
la presunción de legalidad sea desvirtuada, como toda presunción iuris tantum.

ii) Sustantivo, alegó que los operadores judiciales actuaron en contravía de los
artículos 13, 29, 48, 93, 334 y 373 de la Constitución Política, tanto en la sentencia
de primera como de segunda instancia. Resaltó que la jurisprudencia del Consejo
de Estado establece que el «defecto sustantivo también se aplica cuando hay una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión», lo que, a su
juicio, ocurrió en el presente caso.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 27 de mayo de 2026, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la demanda de tutela y ordenó notificar en calidad de accionados
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y al juez Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional como tercero con
interés.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 1
realizó un recuento de los hechos que dieron lugar a la decisión dictada en el trámite
de primera instancia y, a partir de allí, manifestó que el régimen salarial de los
miembros de la Fuerza Pública está sujeto a la Ley 4° de 1992, la cual atribuye al
gobierno nacional la competencia de fijar las asignaciones básicas anuales.

Resaltó que no era procedente el reajuste del salario mensual para los años 1997,
1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 conforme al IPC, toda vez que la asignación básica
mensual en actividad de los miembros de la Fuerza Pública es reajustada conforme
a los decretos anuales de aumento salarial dictados por el Gobierno Nacional, por
lo que acceder a lo pretendido por el accionante implicaría extender lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que estableció el incremento anual de las
pensiones de conformidad con el IPC, sin que exista ningún fundamento jurídico o
legal que así lo disponga.

Por último, advirtió que no es cierto que no se hayan valorado íntegramente los
argumentos expuestos en la demanda y los alegatos de conclusión, pues, por el
contrario, a esto explicó de manera suficiente y razonada por qué no resultaba
procedente acceder al reajuste salarial con fundamento en el IPC, ni a sus
consecuenciales efectos prestacionales. Afirmó que siempre se le garantizó el
debido proceso al accionante y la decisión judicial estuvo debidamente motivada.

Finalmente, remitió copia del proceso ordinario de primera instancia.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C2 solicitó negar el amparo invocado al no configurarse ninguna de las
causales excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales establecidas en las sentencias C-590 de 2005 y SU-198 de 2013 de la
Corte Constitucional.

Recalcó que la sentencia proferida en segunda instancia determinó que no existía
fundamento jurídico para acceder a las pretensiones de la demanda y que esta fue
sustentada jurídica y fácticamente sin vulnerar los derechos fundamentales del
señor Alfonso Vaca Torres.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante decisión del 18 de junio de 2026, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional.

1 Índice 15, SAMAI.
2 Índice 16, SAMAI.

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La decisión tuvo como fundamento que la parte accionante no desplegó una carga
argumentativa suficiente para explicar por qué la controversia tiene una marcada
trascendencia constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, sino que
pretendió reabrir un debate probatorio propio del juez natural, al solicitar que se
estudiaran «el reconocimiento y pago de las diferencias salariales para los años
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, de cara a un aumento equitativo al IPC y la
inaplicación, por excepción de inconstitucionalidad, de los Decretos 122 de 1997,
062 de 1999, 1463 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004».

Además, resaltó que la parte actora reiteró los argumentos expuestos en la
demanda y en el escrito de apelación del proceso ordinario, los cuales ahora
presenta como una aparente vulneración de sus derechos fundamentales. Por
último, aclaró que las diferencias interpretativas que existen entre el accionante y el
juez natural no constituyen por sí solas la justificación para que el juez de tutela
revise las decisiones del juez ordinario.

1.8. Impugnación

Mediante escrito presentado el 9 de julio de 2026, el accionante impugnó la decisión
y argumentó que el presente caso sí reviste relevancia constitucional por la
vulneración de los artículos 13, 29, 48, 93, 334 y 373 de la Constitución Política
explicados en el escrito de tutela.

Argumentó que el proceso ordinario y la decisión de primera instancia del trámite de
tutela desconocen del principio de progresividad y no regresividad de los derechos
sociales a la luz Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC).

Además, manifestó que la sentencia impugnada no abordó el fondo los
planteamientos constitucionales presentados en el escrito inicial, por lo que no
puede afirmarse que la tutela pretenda simplemente reabrir un debate ya resuelto.

Por tal motivo, solicitó que la decisión fuera revocada y en su lugar se accediera al
amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B el 18 de junio de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20193.

3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

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2.2. Cuestión previa

Precisa la sala que el accionante en su escrito de tutela estimó vulneradas sus
garantías constitucionales con ocasión de las sentencias del 12 de noviembre de
2025 y el 16 de diciembre de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección C y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, respectivamente.

No obstante, el estudio del presente caso se abordará a partir de los argumentos
contenidos en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por ser la decisión que puso fin al proceso objeto controvertido.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Vaca Torres
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados, iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012 4 , unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

4 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 2022, explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

Igualmente, enfatizó que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo

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objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer una
protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que supone que
el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.5

En el asunto que ocupa a la sala, el señor Alfonso Vaca Torres presentó acción de
tutela contra la sentencia del 12 de noviembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C confirmó el fallo
del 16 de diciembre de 2024, con el que el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con radicado 11001-33-35-008-2023-
00382-00/01, promovida contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.

En criterio del accionante, la aludida autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad de trato y al
mínimo vital, razón por la cual alegó la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, pues, a su juicio, el tribunal realizó una indebida valoración probatoria y
desconoció los artículos 13, 29, 48, 93, 334 y 373 de la Constitución Política, ya que
se requería un estudio profundo para fijar una política pública de limitación de
salarios.

Sobre el particular, la sala encuentra que los argumentos que expuso el tutelante
están dirigidos a plantear una inconformidad con la decisión proferida en segunda
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

5 El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».

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Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03991-01

Se hace evidente que el señor Vaca Torres pretende imponer su criterio, el cual
estima más acertado respecto de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, lo cual denota su inconformidad con el sentido de la decisión,
pues los señalamientos efectuados no pretenden evidenciar una actuación arbitraria
o irracional en la decisión cuestionada que muestre una afectación de sus garantías
ius fundamentales, sino, por el contrario, lo que buscan es que la acción de tutela
opere como una instancia adicional en la que se imponga una valoración del caso
distinta a la que utilizó el juez natural.

Así, encuentra la sala que los cargos planteados por el accionante denotan es una
discusión meramente legal sobre si tiene o no derecho a unas diferencias salariales
y prestacionales, con motivo de la fijación del salario en un porcentaje inferior al IPC
de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, pues a su juicio los mencionados
decretos le han generado un déficit porcentual desde el momento en que se
causaron hasta la fecha de terminación de la relación laboral.

En criterio de esta sección, el debate planteado por el aquí accionante no tiene carga
suficiente para superar el requisito de relevancia constitucional, ya que lo pretendido
es reabrir una discusión que ya fue zanjada por el juez ordinario en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Asimismo, recuerda la sala que formular un desacuerdo con las decisiones judiciales
y alegar una vulneración de las garantías fundamentales no conlleva que el asunto
tenga relevancia constitucional, puesto que se requiere que en la solicitud de
amparo prevalezca una argumentación solida que permita revisar la controversia en
procura de la protección de los derechos invocados, dado que, si este requisito no
se cumple, se restringe la posibilidad de que el juez constitucional para estudiar las
decisiones adoptadas por los jueces ordinarios.

Por lo expuesto, resulta evidente que las inconformidades planteadas por el
tutelante no superan el requisito de la relevancia constitucional y, por lo tanto, no se
procederá con su estudio de fondo. Así las cosas, la sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir
con este presupuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 18 de junio de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia de la
acción.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alfonso Vaca Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03991-01

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/

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