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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03992-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03992-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2026 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. 7 Radicación: Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01 Accionante: Isaías Castillo Orjuela Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03992-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01
Accionante: Isaías Castillo Orjuela
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA–
NIEGA.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 22 de mayo de 2026, el señor Isaías Castillo Orjuela interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección
A y el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, favorabilidad,
debido proceso, trabajo e igualdad.

2.Consideró que dichas prerrogativas fueron lesionadas con las sentencias del 18
de julio de 2025 y 23 de febrero de 20261, expedidas al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares, con la pretensión
de que se declarara la nulidad de la resolución mediante la cual se le negó la pensión
de jubilación, aplicando el artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990.

3.El Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá, mediante sentencia
del 18 de julio de 2025 negó las pretensiones de la demanda, por estimar que al
demandante no le resultaba aplicable el régimen pensional especial contenido en el
Decreto Ley 1214 de 1990, en atención a que su vinculación al Ministerio de Defensa
Nacional se produjo con posterioridad a la entrada en vigor del sistema general de
pensiones creado mediante la Ley 100 de 1993.

1 Notificada el 27 de febrero de 2026.
2 Radicado 11001-33-35-026-2024-00183-00/01.

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Radicación: Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01
Accionante: Isaías Castillo Orjuela
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A
por fallo de 23 de febrero de 2026 confirmó la decisión de primera instancia bajo el
mismo argumento, al considerar que el régimen pensional previsto en el Decreto
1214 de 1990 amparó al personal civil que estaba laborando en esa calidad en el
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Justicia Penal Militar con antelación a
la entrada en vigencia del sistema general de seguridad social, esto es, el 1º de abril
de 1994. Como el demandante se vinculó a la entidad demandada el 18 de
noviembre de 1999, no tenía derecho a que se le reconociera la pensión de jubilación
por tiempo discontinuo con base en la referida norma.

5. El señor Castillo afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
los siguientes defectos:

6. Defecto sustantivo, por cuanto el artículo 99 de la Ley 1214 de 1990 estableció
solo tres requisitos para adquirir la pensión de jubilación por tiempo discontinuo: (i)
ser empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional; (ii) acreditar
20 años discontinuos de servicios al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional u otras
entidades oficiales; y, (iii) haber cumplido 55 años si es hombre. Indicó haber
acreditado todos ellos porque es empleado público del Ministerio de Defensa desde
1999, cuenta con más de 27 años de servicio discontinuo entre la Imprenta Nacional
y el Ministerio de Defensa, y tiene 60 años. Sin embargo, las providencias acusadas
le negaron la pensión añadiendo un cuarto requisito inexistente en la norma, relativo
a que el vínculo previo a la Ley 100 de 1993 debía ser específicamente como
personal civil del Ministerio de Defensa.

7. Indicó que se vació el contenido la expresión “otras entidades oficiales” porque si
el artículo 99 sólo fuera aplicable a quien fue previamente personal civil del Ministerio
de Defensa, la frase no tendría ningún efecto jurídico; pues la normativa invocada
permite computar para efectos pensionales el tiempo servido en entidades estatales
distintas a la referida cartera o a la Policía Nacional, incluido el laborado en la
Imprenta Nacional de Colombia.

8.Adujo que también se confundieron dos normas, el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, en el cual se define qué régimen general aplica a cada servidor, y el 99 del
Decreto 1214 de 1990, que reglamenta los requisitos de una prestación específica.
Aseveró que las providencias tomaron la restricción de la primera norma y la usaron
para modificar los requisitos de la segunda.

9. Violación directa de la Constitución, específicamente del artículo 53 Superior,
al descartar la aplicación del principio de favorabilidad pese a que el artículo 99 del
Decreto Ley 1214 de 1990 admitía más de una interpretación razonable,
circunstancia que imponía acoger aquella que beneficiaba más al trabajador. La
expresión “otras entidades oficiales” del artículo 99 admite dos lecturas: (i) solo aplica
a quien fue previamente personal del Ministerio de Defensa (interpretación restrictiva
aplicada), o (ii) aplica a todo empleado del Ministerio de Defensa que acredite

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Radicación: Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01
Accionante: Isaías Castillo Orjuela
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

tiempos discontinuos en cualquier entidad oficial, incluyendo aquellas en las que
laboró antes de vincularse al Ministerio (interpretación favorable).

10. Defecto fáctico, debido a que las providencias cuestionadas no otorgaron la
relevancia debida a las pruebas relacionadas con su trayectoria laboral y pensional
anterior al 1º de abril de 1994, particularmente las cotizaciones registradas desde
1981 y el tiempo laborado en la Imprenta Nacional de Colombia, elementos que
permitían concluir que cumplía los requisitos para acceder a la pensión contemplada
en el artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990, porque tenía vínculos laborales 12
años antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Agregó que en las
providencias no se verificó si bajo la interpretación más favorable del artículo 99, ese
tiempo total permitía el reconocimiento pensional.

11. Desconocimiento del precedente constitucional porque las accionadas se
apartaron de la jurisprudencia relativa al efecto útil de las normas, a la prohibición de
incorporar exigencias no previstas por el legislador y al deber de aplicar la
interpretación más favorable al trabajador cuando concurran varias lecturas
plausibles de una misma disposición. Hizo relación a las sentencias T-462 de 2003,
SU-448 de 2011, T-012 de 2022, T-462 de 2003, T-1031 de 2001 y C-590 de 2005.

B. Sentencia de primera instancia

12.
En fallo de 25 de junio de 2026, el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A negó el amparo. Adujo que la decisión no obedeció a una creación
judicial arbitraria de requisitos o una aplicación caprichosa del ordenamiento, sino a
una interpretación sistemática del régimen pensional especial previsto para el
personal civil del sector defensa, construida a partir del artículo 279 de la Ley 100 de
1993 y de la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso-administrativo
relevante sobre la materia.

13.
Explicó que el Tribunal partió de la regla contenida en el artículo 279 ibídem, según
la cual el régimen especial regulado por el Decreto Ley 1214 de 1990 no cobija a
quienes se vincularon con posterioridad a la entrada en vigor del sistema general de
pensiones. A partir de ese razonamiento, acudió a la sentencia C-665 de 1996, al
concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del
22 de febrero de 2011 y a la sentencia proferida el 5 de octubre de 2023 por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, providencias que
coinciden con la posición aplicada.

14.
Por consiguiente, estimó que la conclusión según la cual el accionante no es
beneficiario del régimen especial no surgió de una lectura aislada del artículo 99 del
Decreto Ley 1214 de 1990, sino de una interpretación integral del sistema normativo
aplicable y de los criterios jurisprudenciales que regulan la materia.

15.
Expresó que no es cierto que se haya vaciado de contenido la expresión “otras
entidades oficiales”, pues lo que analizó el Tribunal fue que aquella regula la
posibilidad de acumular tiempos oficiales para efectos del cómputo exigido por la
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Radicación: Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01
Accionante: Isaías Castillo Orjuela
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

prestación, mientras que la determinación de las personas cobijadas por el régimen
especial deriva de las reglas de excepción y transición previstas por el legislador. Lo
cual estimó que es una interpretación jurídicamente posible, aunque distinta a la
defendida por el accionante.
16.
Sostuvo que, aunque la referida sentencia no analizó el supuesto fáctico
específico invocado por el accionante, sí estableció el criterio general para
comprender el alcance de la excepción prevista en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, diferenciando entre quienes ya pertenecían al régimen especial y quienes
ingresaron con posterioridad al nuevo sistema pensional.

17.
Estimó que la propia argumentación del accionante conducía a una conclusión
contraria a la perseguida, pues la jurisprudencia constitucional no ha resuelto de
manera específica un caso similar, por lo que no puede sostenerse que exista una
única interpretación constitucionalmente obligatoria, ni que el Tribunal estuviera
compelido a acoger la tesis propuesta en la demanda de tutela.

18.
Por otra parte, afirmó que tampoco prosperaba el reproche relacionado con el
principio de favorabilidad, pues la autoridad judicial lejos de ignorar dicho postulado
explicó expresamente que no advertía un conflicto normativo ni una duda
interpretativa que hiciera necesaria su aplicación. Con base en lo anterior, concluyó
que no había ausencia de motivación ni desconocimiento de un mandato
constitucional, sino una discrepancia frente a la conclusión del juez natural.

C. La impugnación

19.
La parte accionante sostuvo que la sentencia impugnada circunscribió el debate
a si el Tribunal incurrió en una creación arbitraria de requisitos al exigir una
vinculación anterior al 1° de abril de 1994; sin embargo, el verdadero núcleo del cargo
por defecto sustantivo era diferente, pues se ceñía a que no se analizó el segundo
elemento estructural del artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990, esto es, qué
tiempo es computable para efectos del conteo de los 20 años de servicio discontinuo.
Manifestó que el artículo 99 ibídem contiene dos elementos independientes, el sujeto
titular, el cual es el empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía
Nacional, y el tiempo computable, relacionado con 20 años discontinuos al Ministerio
de Defensa, a la Policía Nacional o a otras entidades oficiales. El Tribunal sólo
respondió al primer punto, existiendo una inaplicación parcial de la norma. Expuso
que la providencia impugnada intentó resolver esa tensión señalando que el Tribunal
interpretó la expresión “otras entidades oficiales” como referencia al cómputo del
tiempo y no como criterio de acceso al régimen, pero eso no se indicó en la
providencia objetada.

20.
Afirmó que se omitió analizar si un empleado civil que al momento de cumplir la
edad requerida estaba activo en el Ministerio de Defensa y acreditaba más de 20
años de servicio discontinuo en entidades oficiales podía ser sujeto titular del
derecho, aunque su ingreso hubiera ocurrido después de 1994. Arguyó que la
sentencia impugnada reconoció que el tema no ha sido resuelto
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Radicación: Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

jurisprudencialmente, lo que confirmaba que existía una duda interpretativa genuina
que activaba el principio de favorabilidad, sobre el cual se resolvió -en forma
contradictoria- que no existía conflicto normativo ni pluralidad de interpretaciones
posibles.
21.
Por otra parte, explicó que la providencia impugnada descartó el defecto fáctico al
señalar que la discrepancia recaía sobre las consecuencias jurídicas derivadas de
hechos probados y no sobre su valoración probatoria. No obstante, esa
caracterización fue imprecisa, porque el tiempo de servicios en la Imprenta Nacional
de Colombia no fue solo valorado de forma adversa, sino que no fue estudiado en
términos de computabilidad bajo el artículo 99.
22.
Concluyó que la situación del accionante configura un perjuicio irremediable que
exige protección constitucional reforzada, porque tiene más de 60 años, sirvió al
Estado durante más de 27 años y se encuentra próximo al retiro.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto

23.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.

E. Análisis del caso concreto

24. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pues si bien se

superan los presupuestos generales de procedencia4 de la acción de tutela contra
providencia judicial, no se acreditó la configuración de las causales específicas de
procedibilidad invocadas.

25. A pesar de que el actor alegó varios defectos contra la sentencia de 23 de febrero

de 2026, la Sala advierte que todos convergen en una misma inconformidad: la
interpretación que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección A realizó del artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990. Incluso el
alegado defecto fáctico depende de esa cuestión, pues sólo bajo el entendimiento
propuesto resultan relevantes las pruebas cuya valoración extraña el accionante.

26. Lo expuesto por el señor Castillo va encaminado a que el juez de tutela avale la

interpretación que propone sobre el artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990 en su
caso. A su juicio, esa normativa permite computar para efectos pensionales el tiempo

3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4 Elasunto es de relevancia constitucional, en tanto el debate suscitado pone en entredicho el respeto de
garantías constitucionales en punto al reclamo judicial que hizo la parte accionante, con el objeto de que se le
reconociera su pensión. Adicional a ello, no existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches
expuestos; se cumple el requisito de inmediatez (la providencia se notificó el 26 de febrero de 2026 y la tutela se
presentó el 22 de mayo de 2026); los accionantes identifican de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como el derecho; y no se controvierte una sentencia de tutela u otra providencia de
aquellas frente a las cuales este mecanismo constitucional es absolutamente improcedente.
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Accionante: Isaías Castillo Orjuela
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servido en entidades estatales distintas al Ministerio de Defensa o a la Policía
Nacional, concretamente, en la Imprenta Nacional de Colombia.

27. Sin embargo, en la decisión acusada el Tribunal sostuvo que, con fundamento en

el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990,
la sentencia C-665 de 1996 de la Corte Constitucional, el concepto emitido el 22 de
febrero de 2011 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y, la
decisión de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 5 de
octubre de 2023, era posible deducir que el empleado del Ministerio de Defensa
vinculado antes del 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación a partir de la
fecha en que sea retirado del servicio, luego de acumular 20 años de servicio
discontinuos al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional u otra entidad oficial, y
llegar a la edad de 55 años si es varón.

28. Del material probatorio recaudado dentro del proceso, encontró que el
demandante cotizó a Colpensiones (antes ISS) desde el 19 de junio de 1981 por
empleadores públicos y privados. Asimismo, prestó sus servicios a la demandada en
calidad de empleado público desde el 18 de noviembre de 1999, completando un
tiempo de servicio para el 6 de febrero de 2024 de 24 años, 1 mes y 19 días.

29. De acuerdo con ello y, conforme con la jurisprudencia relacionada, concluyó que

el régimen pensional previsto en el Decreto 1214 de 1990 ampara al personal civil
que haya estado vinculado en esa calidad a la cartera ministerial con antelación a la
entrada en vigor del sistema general de seguridad social. Por lo que, el demandante
no tenía derecho a que se le reconociera la pensión de jubilación por tiempo
discontinuo contemplada en el artículo 99 de dicho decreto.

30. Postura que esta Sala no encuentra contraevidente ni errada, en la medida en que

la accionada realizó un análisis no solo de las normas aplicables, sino también de la
jurisprudencia existente sobre la materia, la cual respalda su decisión de forma
concreta; debido a que aquellas coinciden en que el régimen pensional previsto en
el Decreto Ley 1214 de 1990 ampara al personal civil del Ministerio de Defensa y de
la Policía Nacional vinculado en esa calidad con anterioridad a la entrada en vigencia
del sistema general de seguridad social. Lo que el accionante entendió como la
creación de un nuevo requisito, no es más que una interpretación razonable que
privilegia el efecto útil de una norma en la que se contempla un régimen especial y,
por ende, implica una aplicación excepcional a las personas cobijadas por la norma
antes de la entrada en vigencia del sistema general de seguridad social.

31. En consecuencia, la autoridad accionada hizo un análisis completo, razonable y

adecuado del tema, sin desconocer las pruebas allegadas al plenario ni asignarles
un alcance irracional; tampoco incurrió en una aplicación errónea de las normas o de
la jurisprudencia, ni en una falta de motivación o vulneración de derecho fundamental
alguno. Por el contrario, la decisión cuestionada en esta sede encuentra claro
sustento en el principio de libre valoración judicial, independencia y autonomía del
juez.
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Radicación: Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01
Accionante: Isaías Castillo Orjuela
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

32. Adicional a lo anterior, tampoco tiene asidero alguno el reparo relacionado con

que se desconocieron las cotizaciones registradas desde 1981 y el tiempo laborado
en la Imprenta Nacional de Colombia; pues de la lectura del fallo se evidencia que sí
fueron considerados los aportes realizados por el actor desde el mencionado año
tanto con empleadores públicos como privados, a pesar de que no se nombraron de
forma específica en la decisión. Sin embargo, lo importante era determinar -como lo
hizo el Tribunal- cuándo ingresó el señor Castillo Orjuela como civil a la entidad
demandada, si antes o después de entrar en vigor el sistema general de seguridad
social, pues de ello dependía el régimen aplicable.

33. Aunado a lo anterior, la Sala no encuentra motivos para reprochar la conclusión

del Tribunal, según la cual no era posible acudir al principio de favorabilidad, por
cuanto no existía conflicto normativo ni diversas interpretaciones razonables de una
misma disposición; ya que el asunto se trató de una aplicación de las normas en el
tiempo conforme al momento en que la persona ingresó a laborar en el Ministerio de
Defensa, tal como lo mencionó la accionada.

34. Ahora,pese a que el actor alega que existen posibles interpretaciones de la
norma, ese es el concepto personal que tiene, sin que exista algún tipo de soporte
normativo o jurisprudencial que respalde su postura.

35. En efecto, aunque el señor Castillo Orjuela identifica los derechos fundamentales

que estima vulnerados, y encamina sus reparos a estructurar las referidas causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, los argumentos
expuestos no son suficientes para ello, pues el análisis sustantivo y probatorio
adelantado por el Tribunal se estima adecuado y no es posible derivar de aquel la
vulneración de derechos fundamentales que sustenta la solicitud de amparo.

36.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 25 de junio
de 2026 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A,
que negó la acción de tutela.

37.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2026 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

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Radicación: Radicación: 11001-03-15-000-2026-03992-01
Accionante: Isaías Castillo Orjuela
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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