Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03993-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03993-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03993-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de septiembre de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Demandante: JHON ALBERT ARANGO ARBOLEDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
REVOCA LA DECISIÓN QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
Y AMPARA FRENTE A UNOS DEFECTOS Y NIEGA EN LOS
RESTANTE.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia mediante la cual el tribunal accionado
modificó el reconocimiento de horas extras efectuado en su favor. La Sala revocará la decisión
que declaró improcedente la acción por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, por una
parte, negará el defecto sustantivo, pero por otra, amparará únicamente en lo relacionado con la
forma de liquidar las 82 horas extras reconocidas al actor.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante en contra de la sentencia
del 16 de julio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:
“Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la ESE
Metrosalud, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Jhon Albert Arango Arboleda, quien actúa mediante apoderada judicial, contra
la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las
razones aquí expuestas (…)”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original – SAMA,
índice 02, fl. 4I).
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
Mediante escrito presentado el 25 de mayo de 20261, el señor Jhon Albert Arango
Arboleda promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia
para que le fueran amparados sus derechos fundamentales del debido proceso, trabajo,
mínimo vital y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 21 de abril de 2026, proferida dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-33-33-005-2015-00785-01 y, por
tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital del señor
JHON ALBERT ARANGO ARBOLEDA.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTO PARCIALMENTE la Sentencia No. 092 del
21 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, únicamente en cuanto al numeral PRIMERO de su parte
resolutiva, relativo al reconocimiento de horas extras.
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una
nueva decisión en la que liquide y reconozca las horas extras del demandante
con base en el criterio de la jornada máxima semanal de 44 horas previsto en
el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, computando como suplementario todo
el tiempo laborado en exceso de dicha jornada semanal, y en la que cada hora
extra se liquide de manera íntegra según su modalidad, esto es, al 125% la
diurna, al 175% la nocturna, al 225% la diurna laborada en dominical o festivo
y al 275% la nocturna laborada en dominical o festivo, incluyendo en todos los
casos el valor ordinario de la hora efectivamente laborada, tal como lo hizo el
juez de primera instancia.
CUARTA. En subsidio, ORDENAR al Tribunal que adopte la interpretación más
favorable al trabajador conforme al artículo 53 de la Constitución”.(SAMAI -
índice 2).
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Se desempeñó como auxiliar de enfermería al servicio de la Empresa Social del Estado
Metrosalud y cumplió sus funciones mediante el sistema de turnos.
2) Le solicitó a Metrosalud el reconocimiento y pago del reajuste por los dominicales y
festivos laborados, los descansos compensatorios, las horas extras causadas por superar
la jornada de 44 horas semanales y el reajuste de sus salarios y prestaciones sociales,
petición que fue negada mediante el Oficio 2510/4.3 del 27 de abril de 2015.
1 SAMAI, índice 02.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
3) Promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la ESE
Metrosalud, en la que solicitó la nulidad de dicho acto administrativo y el reconocimiento
y pago de las horas extras laboradas por encima de la jornada máxima semanal, el
reajuste correspondiente al trabajo dominical y festivo y la reliquidación de las
prestaciones sociales.
4) Mediante sentencia del 22 de mayo de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la
prescripción de las acreencias anteriores al 27 de abril de 2012 y ordenó, entre otros
aspectos, el reconocimiento y pago de las horas extras causadas entre esa fecha y el 31
de agosto de 2019.
5) Para establecer el trabajo suplementario, el juzgado examinó los turnos acreditados
en el expediente con base en una jornada máxima de 44 horas semanales y verificó la
información contenida en el dictamen pericial frente a las demás pruebas allegadas al
proceso, en consecuencia, reconoció 831 horas extras durante el periodo objeto de
condena.
6) La ESE Metrosalud interpuso recurso de apelación para cuestionar, entre otros
aspectos, el reconocimiento de las horas extras y la forma en que se determinó la jornada
laboral aplicable al demandante.
7) Mediante sentencia del 21 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia
modificó parcialmente el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia y confirmó
las demás determinaciones por considerar que a los empleados públicos del orden
territorial les resulta aplicable el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que establece una
jornada laboral de 44 horas semanales y, tratándose de empleados que laboran por el
sistema de turnos, la jornada efectivamente trabajada corresponde a 190 horas
mensuales, una vez descontado de las 220 horas mensuales el tiempo destinado al
descanso remunerado.
8) Por consiguiente, revisó los cuadros de turnos correspondientes a los años 2012 a
2015 y determinó los meses en los que superó las 190 horas efectivamente laboradas, al
tiempo que tuvo en cuenta la información suministrada por el perito respecto de las horas
causadas con posterioridad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
9) Como resultado de esa operación ordenó reconocer y pagar 82 horas extras laboradas
entre el 27 de abril de 2012 y la fecha de retiro del demandante de la entidad, con base
en el valor hora obtenido en razón de una jornada de 44 horas semanales y discriminó
las horas según hubieran sido laboradas en jornada ordinaria diurna, nocturna o festiva.
Fundamento de la vulneración
La parte actora alegó que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución.
En relación con el defecto sustantivo, por una parte, sostuvo que el tribunal aplicó de
manera manifiestamente equivocada los artículos 33 y 36 del Decreto 1042 de 1978,
porque, aunque reconoció que la jornada ordinaria de los empleados públicos
corresponde a 44 horas semanales, determinó la existencia del trabajo suplementario
únicamente cuando se superaran 190 horas efectivamente laboradas al mes.
Las 190 horas mensuales no constituyen una jornada máxima autónoma susceptible de
compensación, sino el equivalente aritmético de las 44 horas semanales utilizado para
otros fines, de modo que el derecho al reconocimiento del trabajo suplementario se causa
desde el momento en que se supera la jornada máxima semanal, luego entonces el
criterio adoptado permitió compensar dentro de un mismo mes las semanas en las que
se excedieron las 44 horas con aquellas en las que se laboró un número inferior.
De otra parte, respecto del mismo defecto, cuestionó la estructura remuneratoria de las
horas extras reconocidas, porque el tribunal indicó en los cuadros de liquidación que
debía reconocerse el recargo del 25% para las horas extras diurnas y del 75% para las
nocturnas, sin mencionar el valor ordinario de la hora efectivamente laborada; sin
embargo, en su criterio, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, la
remuneración del trabajo suplementario comprende el valor ordinario de la hora más el
recargo legal correspondiente.
Finalmente, sostuvo que los anteriores defectos violaron de manera directa los artículos
25 y 53 de la Constitución Política, pues desconocieron el derecho al trabajo, la
remuneración del trabajo efectivamente prestado, la remuneración mínima vital y móvil,
la primacía de la realidad y la irrenunciabilidad de los beneficios laborales.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
Actuación procesal
Mediante auto del 28 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes de la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia; asimismo, vinculó como terceros
con interés, al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín y a la ESE
Metrosalud, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).
Sentencia de primera instancia
A través de fallo del 16 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Para arribar a esa conclusión efectuó un recuento de las decisiones adoptadas en el
proceso ordinario y consideró que la controversia estaba dirigida a reabrir el debate
relacionado con la liquidación de las horas extras, aspecto que había sido objeto de
pronunciamiento por el juez natural.
En relación con el cuestionamiento sobre la remuneración de las horas extras, entendió
que el actor reprochaba que se hubiera reconocido únicamente el valor de los recargos
porcentuales y no el valor de la jornada laborada en dominicales y festivos.
Frente a ello, señaló que el tribunal había confirmado la decisión de primera instancia
sobre ese concepto y que, si el demandante no estaba de acuerdo con lo resuelto, debió
interponer recurso de apelación, el cual únicamente fue presentado por la ESE
Metrosalud.
Finalmente, respecto del cuestionamiento relativo a la utilización del límite de 190 horas
mensuales, estimó que los reparos sobre la liquidación de las horas extras ya habían sido
resueltos dentro del proceso ordinario y que la acción de tutela pretendía utilizarse como
una instancia adicional.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
Impugnación
La parte demandante impugnó y, en primer lugar, sostuvo que la sentencia de tutela no
examinó el segundo defecto sustantivo realmente formulado en la demanda, pues
entendió que la inconformidad recaía sobre el reajuste del trabajo dominical y festivo,
cuando el reproche estaba dirigido a la forma de remunerar las horas extras reconocidas
por el tribunal, respecto de las cuales, según afirmó, únicamente se ordenó pagar los
recargos del 25% o 75%, sin incluir el valor ordinario de la hora.
En segundo término, indicó que el asunto sí tiene relevancia constitucional, porque la
interpretación adoptada por el tribunal redujo de 831 a 82 el número de horas extras
reconocidas, esto es, eliminó 749 horas que habían sido verificadas en primera instancia,
sin que se hubiera controvertido la base fáctica relativa a los turnos y horarios
efectivamente laborados.
Además, reiteró que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 establece una jornada
máxima de 44 horas semanales y que las 190 horas mensuales corresponden
únicamente a su equivalente aritmético, por lo que no constituyen un límite autónomo que
permita compensar semanas de exceso con semanas de menor trabajo.
Por último, insistió en que, conforme al artículo 36 ibidem, la hora extra debe remunerarse
con el valor ordinario de la hora más el recargo legal correspondiente.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía al Tribunal Administrativo de
Antioquia con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 21 de abril de
2026, mediante la cual se modificó parcialmente el reconocimiento de horas extras
efectuado en favor del actor.
En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción por falta de relevancia constitucional, por considerar que los cuestionamientos
formulados estaban dirigidos a reabrir un debate de legalidad resuelto por el juez natural.
La parte demandante impugnó esa decisión porque, en su criterio, el asunto sí tiene
relevancia constitucional y la sentencia de tutela no examinó el segundo defecto
sustantivo realmente planteado, relacionado con la estructura remuneratoria de las horas
extras.
2.1. Análisis de los requisitos generales de procedencia
Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez2; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
pues los reparos formulados por la parte actora se originan en la sentencia de segunda
2 La providencia se notificó el mismo 21 de abril de 2026 y la tutela se presentó el 25 de mayo siguiente,
esto es, en el término de los seis meses.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
instancia cuestionada, en la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia adoptó como
parámetro para establecer el trabajo suplementario las 190 horas efectivamente
laboradas al mes y modificó la forma de remunerar las horas extras reconocidas,
aspectos que no pudieron ser controvertidos con anterioridad.
En consecuencia, las inconformidades planteadas no corresponden a asuntos que el
actor hubiera podido discutir previamente en el trámite ordinario, sino que recaen sobre
determinaciones adoptadas al resolverse el recurso de apelación, razón por la cual la
Sala encuentra superado el requisito de relevancia constitucional y procederá al estudio
de los defectos alegados.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, accederá
parcialmente al defecto sustantivo, por las siguientes razones:
a. Caracterización del defecto sustantivo
i) Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas
luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”3.
ii) La Corte Constitucional estableció4 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal
razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido
proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de
normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
3 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso5.”.
Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto
1) El primer reparo formulado por la parte actora consiste en que el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto sustantivo por considerar que las horas
extras se causaban cuando se superaran 190 horas efectivamente laboradas al mes y no
cada vez que se excediera la jornada máxima de 44 horas semanales prevista en el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
2) Para la Sala este argumento no está llamado a prosperar, toda vez que la autoridad
judicial demandada no desconoció que la jornada laboral aplicable al demandante era de
44 horas semanales, sino que, a partir de ese límite, estableció el número de horas que
debían ser efectivamente laboradas al mes por quienes prestan sus servicios mediante
el sistema de turnos, decisión que a juicio de esta Sala es razonable y corresponde al
ejercicio legítimo de los principios de autonomía e independencia judicial.
3) En efecto, en su decisión el tribunal explicó que la jornada de 44 horas semanales
distribuida en seis días corresponde a 7,33 horas diarias y que, al multiplicar ese valor
por los 30 días del mes, se obtienen aproximadamente 220 horas mensuales, de las
cuales 30 corresponden al descanso remunerado, por lo que concluyó que el tiempo
efectivamente laborado equivale a 190 horas mensuales.
4) Con fundamento en lo anterior, consideró que, para quienes prestan sus servicios
mediante el sistema de turnos, era posible que en una determinada semana se superaran
las 44 horas, siempre que no se excedieran las 190 horas efectivamente laboradas al
mes, razón por la cual verificó mensualmente los turnos cumplidos por el actor y
reconoció como suplementario el tiempo que superó dicho límite.
5) Para resolver la presente controversia, lo primero que la Sala debe señalar es que la
demandante ostentaba la calidad de empleada pública vinculada con una Empresa Social
5 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
del Estado, por lo cual le resulta aplicable el Decreto Ley 1042 de 1978, norma que regula
la jornada laboral, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como las
condiciones salariales para los empleados de la Rama Ejecutiva del poder público en el
orden nacional, territorial y en entidades descentralizadas.
6) Al respecto, la Sección Segunda de esta corporación adoptó la tesis según la cual, la
jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden territorial está
gobernada por el Decreto 1042 de 1978 y ha señalado que, aunque dicho decreto es
aplicable a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sus efectos
se extienden también a los del orden territorial por disposición del artículo 2 de la Ley 27
de 1992 y del artículo 87 de la Ley 443 de 19986.
7) Así las cosas, contrario a lo sostenido por la parte actora, con base en esa norma la
interpretación que ella propone no resulta ajena a la jurisprudencia de esta Corporación,
quien en sentencia del 19 de febrero de 20157, utilizada como fundamento en la
providencia en cuestión, al analizar la jornada de un empleado público sometido al
sistema de turnos, se consideró que la jornada ordinaria de 44 horas semanales prevista
en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 equivale a 190 horas mensuales y, a partir de
dicho parámetro, se estableció el tiempo suplementario susceptible de reconocimiento.
8) En esa oportunidad se determinó que, si el empleado había laborado 360 horas
mensuales y la jornada ordinaria correspondía a 190, las 170 horas restantes constituían
tiempo adicional a la jornada ordinaria, sin perjuicio de los límites previstos para su pago
en dinero en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978.
9) Por tanto, aunque la parte actora propone una interpretación distinta, según la cual el
trabajo suplementario debe establecerse exclusivamente mediante la verificación de las
horas laboradas en cada semana, lo cierto es que el criterio acogido por la autoridad
judicial demandada resulta razonable.
10) En esas condiciones, no se advierte que la interpretación efectuada por el tribunal
resulte arbitraria o irrazonable, por consiguiente, la discrepancia de la parte actora con el
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, Sentencia del 1 de marzo de 2012, exp. 23001-23-
31-000-2002-90526-01(0832-08).
7 Rad. 25000-23-25-000-2010-00780-01 (3594-13), CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
parámetro utilizado para establecer las horas extras no permite tener por configurado el
defecto sustantivo alegado.
3.1. Sobre la forma de remuneración de las horas extras reconocidas
11) El segundo reparo consiste en que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
defecto sustantivo porque, respecto de las 82 horas extras reconocidas, ordenó
únicamente el pago de los recargos del 25 % y 75 %, sin incluir el valor ordinario de la
hora efectivamente laborada, por lo cual aquellas debieron liquidarse al 125%, 175%,
225% y 275%, según la modalidad en que fueron causadas.
12) Para resolver este cuestionamiento resulta necesario acudir a las razones expuestas
en la providencia cuestionada, pues el tribunal, al determinar la jornada ordinaria del
actor, explicó expresamente qué tiempo se encontraba remunerado con la asignación
mensual y cuál debía considerarse trabajo suplementario. En ese sentido, señaló:
“Conforme lo explicado, el salario devengado mensualmente comprende el pago
de 30 días, en el que se incluye por semana el descanso remunerado, sobre una
jornada de 44 horas semanales y/o 220 mensuales, pero la jornada laboral que
efectivamente debe ser laborada es de 190 horas mensuales, en razón a que las
otras 30 horas remuneradas corresponden a los días que están destinados para
el descanso y cuya remuneración se entiende incluida dentro de la asignación
básica mensual.
(...).
Así entonces, para la Sala resulta claro que, en el caso del demandante, su
jornada laboral es de 44 horas semanales, sin embargo cuando se labora bajo
el sistema de turnos, es posible que en una semana sobrepasara el número de
44 horas, las cuales no puede exceder de 190 efectivamente laboradas al mes,
porque 30 debían ser descansadas, llegando así a 220 horas por cada mes”.
13) De acuerdo con lo anterior, la propia autoridad judicial diferenció las 220 horas
remuneradas mensualmente de las 190 que, en su criterio, correspondían al tiempo
efectivamente laborable y, a partir de esa distinción, determinó que el trabajo que
excediera estas últimas constituía trabajo suplementario susceptible de reconocimiento.
En efecto, indicó:
“Entonces, sí lo laborado por el demandante si se sobrepasa el límite de 190
horas mensuales, hay lugar al pago de horas extras de las cuales sólo se
pueden pagar en dinero 50 horas extras al mes, de conformidad con los límites
establecidos en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, pues si el tiempo
laboral fuera de la jornada ordinaria supera dicha cantidad, el excedente debe
reconocerse en tiempo compensatorio.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
(...) para determinar cuántas horas laboró mensualmente el señor Jhon Albert
Arango Arboleda y en consecuencia, si hay lugar al reconocimiento y pago de
las horas extras solicitadas.”.
14) Sin embargo, una vez establecidas las horas que excedieron dicho parámetro, el
tribunal consideró que su remuneración debía limitarse al correspondiente recargo del
25% o 75%, según fueran diurnas o nocturnas y, respecto de las horas extras dominicales
y festivas, sostuvo que únicamente debía cancelarse el respectivo recargo porque el valor
de la hora ordinaria ya se encontraba comprendido en la asignación mensual.
15) Es precisamente en este punto en el que la parte actora advierte la contradicción de
la providencia, pues, por una parte, el tribunal determinó que las 82 horas objeto de
reconocimiento excedieron el tiempo que consideró efectivamente comprendido dentro
de la jornada ordinaria y, por otra, al establecer su remuneración concluyó que el valor
ordinario de esas mismas horas ya había sido pagado mediante la asignación mensual.
16) Esa conclusión adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que, al desarrollar
el régimen jurídico del trabajo en dominicales y festivos, la misma autoridad judicial
explicó que la remuneración del trabajo efectivamente realizado constituye un
componente distinto del correspondiente recargo. Para el efecto transcribió la
jurisprudencia de la Sección Segunda en los siguientes términos:
“Así pues, el valor de la retribución total por un día festivo laborado se compone
de tres factores, si se concede el descanso compensatorio; y de cuatro factores,
si no se otorga tal descanso compensatorio así:
a) El valor del trabajo efectivamente realizado en día festivo, que se remunera
según el tiempo servido (número de horas).
b) Un recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado.
c) El valor de un día ordinario de trabajo en el que el servidor descansará. (este
valor se entiende incluido en la remuneración mensual o quincenal del servidor).
d) Dependiendo del caso, el valor de un día ordinario de trabajo si no se otorgó
el descanso compensatorio a que hace referencia el literal anterior (...).”.
17) De esa manera, la propia providencia distinguió entre el valor del trabajo
efectivamente realizado, el recargo correspondiente y aquellos componentes cuya
remuneración sí se encuentra incluida en la asignación mensual; esa distinción resulta
relevante porque las 82 horas objeto de controversia fueron reconocidas por el tribunal
precisamente como tiempo laborado por fuera de la jornada ordinaria que previamente
había fijado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
18) Además, la jurisprudencia de la Sección Segunda ha explicado que el trabajo
suplementario corresponde al prestado en horas distintas de la jornada ordinaria y que,
de conformidad con los artículos 36 y 37 del Decreto 1042 de 1978, su remuneración
comporta los recargos del 25% y 75% para las horas extras diurnas y nocturnas,
respectivamente.
19) En otro pronunciamiento8, al examinar las liquidaciones efectuadas por esos
conceptos, se han identificado las horas extras diurnas al 125%, las nocturnas al 175%,
las dominicales diurnas al 225% y las dominicales nocturnas al 275%.
20) En esas condiciones, el defecto advertido no deriva simplemente de que el tribunal
hubiera utilizado las expresiones recargo del 25% y recargo del75 %, pues aquellas
corresponden a los porcentajes previstos en los artículos 36 y 37 del Decreto 1042 de
1978, sino de la conclusión según la cual el valor ordinario de las horas que previamente
había reconocido como trabajo adicional a la jornada ordinaria ya se encontraba
comprendido en la asignación mensual.
21) En efecto, si conforme con las propias premisas de la providencia la asignación
mensual remuneraba la jornada ordinaria y los correspondientes descansos y las 82
horas reconocidas excedieron el tiempo efectivamente laborable comprendido en aquella,
no resultaba consecuente considerar que el valor del trabajo realizado durante esas horas
adicionales también se encontraba satisfecho con la misma asignación.
22) Por consiguiente, la Sala encuentra configurado el defecto sustantivo alegado en este
aspecto, pues la interpretación adoptada condujo a reconocer la existencia de trabajo
suplementario efectivamente realizado y, al mismo tiempo, a considerar remunerado su
valor ordinario dentro de la asignación correspondiente a la jornada ordinaria, con lo cual
se excluyó uno de los componentes de la remuneración del tiempo adicional reconocido
al demandante.
21) En consecuencia, se dejará parcialmente sin efectos la sentencia enjuiciada y se
ordenará proferir una nueva, de conformidad con las razones expuesta en la parte motiva
de esta providencia.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 3 de junio de 2021, rad. 05001-23-33-000-2017-00616-02 (4585-19), CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revócase la sentencia del 16 de julio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y, en su lugar, ampárase el derecho fundamental al debido proceso
del señor Jhon Albert Arango Arboleda, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
1º) Déjase parcialmente sin efectos la sentencia del 21 de abril de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 05001-33-33-005-2015-00785-01, únicamente en lo
relacionado con la forma de liquidar las 82 horas extras reconocidas al señor Jhon Albert
Arango Arboleda.
2º) Ordénase al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en
relación con el aspecto dejado sin efectos, con observancia de las consideraciones
expuestas en esta sentencia.
3º) Niéganse las demás pretensiones de la solicitud de amparo.
4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
6º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
15
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03993-01
Actor (a): Jhon Albert Arango Arboleda
Acción de tutela
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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