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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03996-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03996-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), conforme con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela instaurada por José Luis Palencia Mato en calidad de agente oficioso de César Augusto Mercado Vides, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03996-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03996-00
Accionante: José Luis Palencia Mato en calidad de agente oficioso de César
Augusto Mercado Vides
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión
Oral y el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo

Temas: Tutela contra providencias judiciales. Tutela contra tutela. Cosa
juzgada fraudulenta.

Decisión: Declarar la improcedencia de la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela formulada por José Luis Palencia Mato en calidad
de agente oficioso de César Augusto Mercado Vides contra el Tribunal
Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral y el Juzgado 11
Administrativo de Sincelejo.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 25 de mayo de 2026, José Luis Palencia Mato en calidad de agente
oficioso de César Augusto Mercado Vides presentó una acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al mínimo vital, vivienda digna, reparación integral, salud, igualdad y al
acceso efectivo a la justicia, los cuales fueron presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral, mediante la
sentencia proferida el 11 de mayo de 2026 y el Juzgado 11 Administrativo de
Sincelejo, mediante la sentencia proferida el 27 de marzo de 2026.

2. Como medida de amparo, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 11 de
mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de
Decisión Oral y, en su lugar, ordenar al Tribunal que profiera una nueva decisión
dentro del trámite de segunda instancia de la acción de tutela promovida contra la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), mediante la
cual se resolvió la impugnación presentada contra el fallo de 27 de marzo de 2026
emitido por el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo.

3. Como fundamento fáctico de la solicitud de amparo, la parte actora indicó
que es víctima del conflicto armado colombiano por el desplazamiento forzado,
ocurrido el 18 de febrero de 1993 en zona rural del departamento de Córdoba,
Bolívar. Manifestó que se encuentra inscrito de forma oficial en el Registro Único de
Víctimas (RUV) bajo el ID de hogar 2981707 desde la época de los hechos.

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4. Sostuvo que, actualmente cuenta con 54 años y padece una condición de
analfabetismo funcional, dado que su nivel educativo no supera el tercer grado de
primaria incompleto. Expresó su condición de pobreza extrema y marginalidad
certificada por el Estado Colombiano mediante la clasificación SISBEN A1 del
Departamento Nacional de Planeación.

5. El 16 de diciembre de 2025, la parte actora presentó escrito de petición ante
la UARIV solicitando el estado actual en el RUV, razones de la falta de ayuda
humanitaria, valoración socioeconómica inmediata, información de trámites
pendientes y orientados sobre rutas de atención. Mencionó que no obtuvo respuesta
alguna por dicha autoridad.

6. Ante el silencio administrativo, manifestó que, interpuso una acción de tutela
que fue asignada al Juzgado 2 Penal del Circuito de Corozal bajo el radicado
702153104002-2026-00001-00.

7. Indicó que, durante las dos instancias de la tutela1 ante el Juzgado 2 Penal
del Circuito de Corozal y el Tribunal Superior de Sincelejo, la UARIV guardó un
silencio absoluto que derivó en un fallo de amparo puramente formal; en este, los
despachos judiciales declararon improcedente la protección a la reparación integral
y limitaron el amparo exclusivamente al derecho de petición, ordenando una
respuesta en 48 horas que la entidad atendió mediante radicado 2026-0147960-01.

8. Manifestó que, mediante resolución N° 04102019-621760 del 11 de mayo
de 2020, la UARIV había reconocido de manera formal el derecho de la parte actora
a recibir la indemnización administrativa. No obstante, tras más de 5 años desde la
expedición del acto administrativo no se materializó el desembolso económico, y
que la UARIV guardó silencio al respecto en el primer trámite constitucional.

9. Expresó que, el 11 de marzo de 2026, interpuso una segunda acción de
tutela ante el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo, invocando la violación de los
derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, igualdad, reparación
directa, debido proceso administrativo, vivienda digna y salud, pretendiendo
órdenes de ejecución material. En la cual la UARIV guardó silencio por segunda vez
consecutiva en el trámite constitucional.

10. El 26 de marzo de 2026, la parte actora radicó un memorial con un análisis
matemático de las inconsistencias que considera sobre el método de priorización
(MTP) aplicado por la entidad.

11. Indicó que el 27 de marzo de 2026, el juzgado 11 Administrativo de
Sincelejo dictó sentencia declarando la cosa juzgada y, pretermitió el memorial
técnico aportado y se abstuvo de aplicar los efectos obligatorios de la presunción
de veracidad ante el silencio de la UARIV.

12. Señaló que, impugnada la decisión, la Sala Primera de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo de Sucre profirió providencia el 11 de mayo de 2026. En esta
revocó la improcedencia respecto a la cosa juzgada y reconoció en la parte motiva
el estado de abandono institucional por 32 años y la vulnerabilidad extrema de la

1 Proceso registrado con radicado No. 702153104002-2026-00001-00.

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parte actora, limitó las órdenes en la parte resolutiva a exigir a la UARIV que
«informe la fecha programada de pago», denegando todas las pretensiones
materiales y de ayuda humanitaria.

13. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora señaló que las
providencias judiciales controvertidas configuran una flagrante transgresión de los
derechos fundamentales invocados, por la concurrencia de los defectos sustantivo,
fáctico, y procedimental absoluto.

14. Argumentó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional vinculante, debido a que inaplicó de
forma absoluta las subreglas vinculantes contenidas en el precedente
constitucional2. Señaló que dichas normas ordenan de manera perentoria la
inclusión inmediata en ayuda humanitaria, el desembolso prioritario y la
flexibilización de turnos presupuestales para aquellas víctimas históricas que
presenten condiciones de vulnerabilidad extrema (SISBEN A1) y un tiempo de
espera desproporcionado (32 años desde el hecho victimizante y más de 5 años en
mora de pago de la indemnización).

15. Alegó que se incurrió en un defecto fáctico por omisión de valoración
probatoria y desatención de la presunción de veracidad; debido a que ambos
despachos judiciales pretermitieron la aplicación imperativa del artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991, el cual obligaba a dar por ciertos los hechos de la demanda
ante el doble silencio procesal de la UARIV. Asimismo, la primera instancia omitió
valorar el memorial de objeción técnica al MTP del 26 de marzo de 2026, mientras
que utilizó indebidamente como defensa de la entidad accionada un documento
aportado por el accionante como prueba de cargo.

16. Alegó que la sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto
procedimental absoluto derivado de una contradicción lógica e insalvable entre su
parte motiva y su parte resolutiva, lo que la jurisprudencia constitucional denomina
amparo aparente. Indicó que, resulta jurídica y conceptualmente incongruente que
el ad quem haya construido un robusto soporte argumentativo de 25 páginas en el
que valida, visibiliza y condena la flagrante vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para terminar, dictando una orden idéntica a la del
juez revocado, consistente de manera restrictiva en un simple deber de informar.
Expresó que esta orden carece de idoneidad y eficacia material frente a la práctica
administrativa de la UARIV, entidad que de forma sistemática dilata los
desembolsos escudándose en la «disponibilidad presupuestal», lo que se traduce
en un fallo cosmético que vacía de contenido la protección constitucional y perpetua
la desprotección del accionante.

17. Adujó que el Tribunal también incurrió en un defecto procedimental por
incongruencia omisiva al abstenerse de pronunciarse de fondo y resolver sobre la
pretensión material inclusión y giro de la ayuda humanitaria de emergencia. Así
mismo, evadió el fondo de la controversia y restringió el amparo a un mandato
formal, los jueces accionados crearon una nueva situación de cosa juzgada sobre
las pretensiones sustanciales. Esto despoja a la victima de recursos judiciales,

2 T-377 de 2022, T-083 de 2017, T-205 de 2021 y el auto 219 de 2011.

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incurriendo en una revictimización institucional proscrita por el artículo 8 de la Ley
1448 de 2011.

Intervenciones3

18. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarará la falta de
legitimación en la causa por pasiva debido a que, sus facultades constitucionales y
legales se circunscriben a la vigilancia superior de la conducta oficial, la prevención,
la intervención y el control de gestión. Por ende, no administra el Registro Único de
Víctimas (RUV), no define la procedencia de ayudas humanitarias, no liquida ni paga
indemnizaciones, ni aplica el Método Técnico de Priorización (MTP), siendo estas
competencias exclusivas de la UARIV, careciendo de facultades para revocar o
modificar decisiones judiciales cuestionadas por el accionante.

19. Indicó que tras una verificación rigurosa en los aplicativos misionales de la
entidad (SIM Y DOKUS), se constató que no reposa ninguna queja, petición,
solicitud de intervención o actuación preventiva radicada por el señor Cesar Augusto
Mercado Vides o por su agente oficioso. En consecuencia, al no existir una petición
previa dirigida al órgano de control, no es posible imputarles una omisión
administrativa ni una vulneración directa a los derechos fundamentales invocados.

20. Finalmente, precisó con fundamento en el artículo 5 del Decreto 2591 de
1991 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional4, que la legitimación pasiva
exige la correcta identificación y nexo material de la autoridad responsable de la
amenaza o vulneración, y toda vez que no existe acervo probatorio que vincule
alguna participación en los hechos de la demanda ni cuenta con la capacidad
jurídica para satisfacer las pretensiones materiales de la acción, se configura una
falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad y, en consecuencia, solicitó
ordenar su desvinculación del presente trámite constitucional.

21. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó que
se declarará la improcedencia de la acción constitucional en lo que respecta a la
UARIV por falta de legitimación en la causa por pasiva y, consecuentemente,
ordenar su desvinculación del proceso.

22. Sostuvo que la vinculación efectuada por el despacho adolece de un defecto
procedimental absoluto. El núcleo de la presente acción constitucional cuestiona de
manera directa las providencias judiciales dictadas por el Tribunal Administrativo de
Sucre – Sala Primera de Decisión Oral y el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo.
Por ende, la UARIV carece por completo de facultades para intervenir, revisar o
pronunciarse sobre actuaciones surtidas en un procedimiento judicial que le es
ajeno.

23. Precisó con fundamento en la jurisprudencia de la Corte constitucional5,
que, al no ser la entidad responsable de la presunta vulneración de los derechos

3 Mediante Auto de 27 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal

Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral y el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo y
Vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y a la Procuraduría
General de la Nación.
4 Auto 257 de 2006 y la sentencia T-110228 de 1997
5 Sentencia T-1001 de 2006

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fundamentales invocados por el accionante, se configura una falta de legitimación
pasiva que vicia de nulidad su vinculación.

24. Indicó que se configuraba la inexistencia de objeto jurídico, toda vez que
imponer una orden o trámite a cargo de la UARIV dentro de este escenario procesal
equivaldría a crear una obligación irreal e irracional en abierta vulneración al debido
proceso. En sustento de lo anterior citó la sentencia C-337 de 1993, explicó que
toda obligación jurídica debe ser real, realizable y proporcionada a las capacidades
y órbitas de competencia del sujeto obligado; de ahí que, dado que el ordenamiento
jurídico vigente en particular la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4800 de 2011 y el
Decreto 1084 de 2015 distribuye de manera rigurosa las cargas estatales,
resultando en un contrasentido legal exigirle la resolución de pretensiones que
desbordan por completo su marco legal y competencial.

25. Argumentó que, respecto a la función de acompañamiento, la UARIV aclaró
que, si bien el señor Cesar Augusto Mercado Vides se encuentra debidamente
incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, el fin natural de la unidad consiste en coordinar y brindar
acompañamiento a la población afectada para el restablecimiento de sus derechos.
No obstante, precisó que dicho rol de coordinación no le otorga injerencia ni
competencia legal para definir o resolver de fondo los trámites y pretensiones
particulares exigidos por el extremo actor en la demanda de tutela, toda vez que
tales asuntos corresponden a órbitas ajenas a las funciones que le fueron
expresamente consagradas en el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011.

26. Finalmente, reitero la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
a los hechos que originaron el debate constitucional6. Al no obrar dentro del
expediente prueba alguna que demuestre una acción u omisión arbitraria por parte
de unidad que represente un perjuicio para las garantías constitucionales de la parte
actora.

27. El Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo solicitó que se declarará la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto negar el amparo solicitado por
el accionante. Enfatizó que la sentencia de tutela proferida por su despacho el 27
de marzo de 2025 no fue un acto caprichoso. Por el contrario, se estructuró con
estricto apego y respaldo en las normas sustanciales y la jurisprudencia que regulan
tanto el derecho de petición como el derecho a la indemnización administrativa de
las víctimas de desplazamiento forzado.

28. Indicó que el despacho realizó un análisis riguroso de los elementos de
convicción aportados al expediente para contrastar la veracidad de la vulneración
endilgada a la UARIV. Al constatar la situación de vulnerabilidad del accionante, el
juzgado determinó amparar algunos de los derechos invocados y denegar otros,
fundamentando dicha gradualidad en la valoración objetiva de las pruebas y en el
principio de la sana crítica judicial.

29. Argumentó que el trámite constitucional garantizó plenamente el debido
proceso del accionante, al punto que este pudo ejercer válidamente su derecho a
impugnar la decisión de primera instancia. Resaltó que dicha impugnación permitió

6 Citó la sentencia T-091 de 1993

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la revisión integral del caso por parte del Tribunal, el cual extendió en mayor
proporción la protección de los derechos fundamentales del accionante, frente a la
UARIV. Con ello, se demuestra que la red de protección constitucional funcionó
adecuadamente sin causar perjuicio o indefensión material al interesado.

30. El juzgado advirtió que la pretensión de someter a juicio las sentencias
previstas de tutela desborda los fines de esta acción preferente, de modo que
acceder a las pretensiones del actor equivaldría a abrir una brecha indebida,
permitiendo de forma indirecta que las discrepancias con los fallos de primera y
segunda instancia se conviertan en una irregular «tercera revisión». Bajo esa línea,
concluyó que el amparo solo debe otorgarse en los términos precisos que autorizan
la ley y la jurisprudencia, y no bajo las exigencias o el alcance particular que
caprichosamente configure la parte actora en su escrito de tutela, por lo que, al no
configurarse una actuación arbitraria u omisiva por parte del despacho, la
providencia atacada debe mantenerse incólume.

II. CONSIDERACIONES
Competencia

31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

32. La Procuraduría General de la Nación y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) solicitaron su desvinculación del
presente trámite constitucional, al considerar que carecen de legitimación en la
causa por pasiva.

33. La Sala no accederá a dicha solicitud. Si bien es cierto que el objeto de la
presente acción de tutela consiste en cuestionar providencias judiciales y no
actuaciones administrativas de la UARIV o de la Procuraduría General de la Nación,
también lo es que estas entidades intervinieron dentro del trámite constitucional
cuyas decisiones ahora se controvierten y, además, las órdenes cuya modificación
pretende el accionante recaen directamente sobre la UARIV.

34. En consecuencia, la Sala negará las solicitudes de desvinculación
formuladas por la UARIV y la Procuraduría General de la Nación.

Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia de la misma naturaleza, el
Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral y el Juzgado 11
Administrativo de Sincelejo vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad
humana, al mínimo vital, vivienda digna, reparación integral, salud, igualdad y al
acceso efectivo a la justicia de César Augusto Mercado Vides con ocasión a las
sentencias de 11 de mayo de 2026 y de 27 de marzo de 2026.

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Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

36. Como quiera que la acción de tutela promovida por José Luis Palencia Mato
en calidad de agente oficioso de César Augusto Mercado Vides se dirigió contra una
providencia de tutela, concretamente, la sentencia de 11 de mayo de 2026 mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral resolvió
la impugnación de la providencia proferida el 27 de marzo de 2026 por el Juzgado
11 Administrativo de Sincelejo, esta Subsección precisa que la Corte Constitucional
ha fijado una estricta y restrictiva excepción para evaluar la procedencia de las
acciones de tutela que se dirigen contra fallos de su misma naturaleza7.

37. Esta restricción busca salvaguardar los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, evitando la proliferación indefinida de debates constitucionales, bajo
el entendido de que el único mecanismo de control y unificación para estos juicios
es el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional. En tal sentido, cuando
la sentencia cuestionada proviene de un juez o tribunal distinto de la Corte
Constitucional, la tutela solo puede proceder de manera excepcional, bajo el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta (fraus omnia corrumpit). Sin embargo, ello
exige que concurran simultáneamente los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales y tres requisitos adicionales específicos

38. Frente a lo anterior, la Subsección no evidencia que se haya acreditado el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. La parte accionante no demuestra de
manera clara y suficiente que la sentencia de tutela fue el resultado de una
actuación fraudulenta, objetiva y determinante, dirigida a engañar al juez
constitucional o a manipular el proceso mediante el ocultamiento, tergiversación o
simulación de hechos o pruebas relevantes, de tal entidad que comprometa la
legitimidad de la decisión judicial.

39. Por ello, se debe recordar que la simple inconformidad con el contenido
jurídico de la sentencia o la existencia de eventuales errores en su fundamentación
no satisfacen, por sí solos, el estándar excepcional exigido por la jurisprudencia.

40. Por el contrario, en el escrito de tutela presentado se advierte que se insiste
sustancialmente en los mismos argumentos que sustentaron la solicitud de amparo
inicial; es decir, aquella que fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal
Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral, a través del fallo de 11 de
mayo de 2026. Dichos planteamientos se encuentran dirigidos a debatir la
protección derivada de su condición de víctima de desplazamiento forzado, su
extrema vulnerabilidad socioeconómica certificada en el nivel SISBEN A1, el
analfabetismo funcional que padece, el menoscabo a su derecho al mínimo vital y
la necesidad de adoptar acciones afirmativas materiales encaminadas a corregir los
presuntos yerros aritméticos del Método de Priorización (MTP) y a obtener el pago

7 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. «4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por

otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii)
se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto
de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.»

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de la indemnización administrativa reconocida desde el año 2020; aspectos que
denotan una inconformidad material con lo resuelto por los jueces de instancia y no
la configuración de una causal excepcional de procedibilidad.

41. La Sala estima pertinente recordar que la utilización de expresiones como
ilegal, arbitraria o fraudulenta para calificar una providencia judicial no releva a quien
promueve la acción de tutela de la carga de demostrar los presupuestos objetivos
que habilitan excepcionalmente su procedencia. La configuración de la cosa
juzgada fraudulenta exige acreditar, de manera clara y suficiente, que la decisión
judicial fue producto de un fraude, de un engaño procesal o de una actuación
ostensiblemente contraria al orden constitucional que comprometa la validez misma
de la providencia. En el presente asunto, ninguna de esas circunstancias se
encuentra demostrada, pues el accionante se limita a reiterar las razones por las
cuales considera que el Tribunal debió resolver de manera distinta el conflicto
sometido a su consideración.

42. Así las cosas, la controversia planteada por el accionante corresponde a un
desacuerdo con la interpretación y valoración efectuadas por el juez constitucional
que conoció de la impugnación, circunstancia que, por sí sola, no permite estructurar
una hipótesis de cosa juzgada fraudulenta. Como no se acreditó la existencia de
fraude ni de alguna situación excepcional que comprometa la legitimidad de la
sentencia cuestionada, la Sala declarará improcedente el presente amparo
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Procuraduría General de la Nación y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), conforme con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela instaurada por
José Luis Palencia Mato en calidad de agente oficioso de César Augusto Mercado
Vides, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

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Demandante: José Luis Palencia Mato en calidad de agente oficioso de César Augusto
Mercado Vides

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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