Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04001-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04001-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04001-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-04001-001
Accionante : INSE GROUP S.A.S.
Accionado : Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Vinculado : Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
Acción : Tutela
Tema : Mora judicial
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por INSE GROUP S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. INSE GROUP S.A.S., que actúa por intermedio de su representante legal,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
3. Por consiguiente, solicita «ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander […]
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: INSE GROUP S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
que, dentro de un término razonable siguiente a la notificación del fallo de tutela, profiera las
providencias necesarias para impulsar el proceso y continúe con el trámite correspondiente dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 54001-23-33-
000-2021-00308-00 […]».
1.3 Hechos2
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
parte accionante, se puede evidenciar que, la sociedad demandante, el Siete (7) de
Diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021), en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de obtener
la nulidad de la Resolución núm. 0440 del Trece (13) de Abril de Dos Mil Veintiuno
(2021), «por medio de la cual se cancela un levante» y de la Resolución núm. 1006 del
Nueve (9) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), a través de la cual, se resolvió un
recurso de reconsideración. Dichos actos fueron expedidos por la Dirección
Seccional de Aduanas de Cúcuta.
5. De ese asunto conoció el Tribunal Administrativo de Norte de Santander 3 que
mediante auto del Catorce (14) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022) admitió la
demanda, ordenó las notificaciones correspondientes y corrió traslado de la medida
cautelar. Posteriormente, el 24 de marzo siguiente, se rechazó la reforma de la
demanda y el 7 de abril de ese año, negó la medida cautelar.
6. Inconforme con la decisión que, rechazó la reforma de la demanda, la parte
accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. No obstante,
a través de providencia del Veintiséis (26) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), el
Tribunal confirmó su decisión y concedió la apelación para ante el superior.
7. El expediente fue remitido al Consejo de Estado el Treinta y Uno (31) de Mayo de
Dos Mil Veintidós (2022). Mediante auto del Veinticinco (25) de Abril de Dos Mil
Veinticuatro (2024), la Sección Primera de esta Corporación resolvió el recurso de
alzada. Según la parte actora, el proceso regresó al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander el Diez (10) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).
2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
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Proceso núm. 54001-23-33-000-2021-00308-00.
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8. De otra parte, la sociedad tutelante señaló que, con ocasión de la redistribución
ordenada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
mediante Acuerdo núm. CSJNSA24-128 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil
Veinticuatro (2024), el proceso fue remitido inicialmente al Despacho del magistrado
Bernardino Carrero Rojas el 15 del mismo mes y año. No obstante, una vez recibida
la decisión del Consejo de Estado, el expediente retornó al despacho del magistrado
Ángel Ignacio Álvarez Silva, donde ingresó el 24 de octubre siguiente, con anotación
«PARA PROVEER, con actuaciones del Honorable Consejo de Estado».
9. Desde esa fecha, INSE GROUP S.A.S. ha presentado varios memoriales de
impulso procesal, con el fin de obtener celeridad en el trámite. Sin embargo, afirmó
que, no ha recibido una respuesta sustancial ni se ha proferido actuación que
impulse efectivamente el proceso.
10. Finalmente, manifestó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela,
habían transcurrido «más de cuatro (4) años y cinco (5) meses desde la radicación de la
demanda, y más de un año y siete meses» desde que el expediente regresó del Consejo
de Estado, sin que se evidenciara impulso del proceso «hacia la fijación del litigio o la
etapa subsiguiente». En su criterio, dicha situación configura una mora judicial
injustificada y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.
II. TRÁMITE PROCESAL
11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del
Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander; y (ii) dispuso vincular a la DIAN, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción
12. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Norte de Santander4 solicitó negar el
amparo, al considerar que, no incurrió en mora judicial injustificada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por INSE GROUP
4
Visible a índice 13 de SAMAI.
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S.A.S. Explicó que, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo núm.
PCSJA23-12125 del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023),
creó el Despacho 6 en esa Corporación. Luego, en cumplimiento del Acuerdo núm.
CSJNSA24-128 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil veinticuatro (2024), expedido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, el proceso fue
redistribuido a ese Despacho el 10 del mismo mes y año.
13. De otro lado, indicó que, el Despacho conoce un volumen significativo de
procesos de primera instancia, dentro de los cuales, también se presentan
solicitudes de impulso procesal y, por tanto, ese tipo de requerimientos deben
atenderse en condiciones de igualdad, sin que su presentación otorgue prelación
frente a otros asuntos. Agregó que, el exceso de carga laboral, la congestión judicial,
el incremento de acciones constitucionales que, por su naturaleza, tienen un trámite
preferente, la complejidad de algunos de los asuntos sometidos a su conocimiento
y la limitada planta de personal inciden en su capacidad de respuesta.
14. Finalmente, informó que ha puesto en conocimiento de la sociedad accionante el
estado del proceso y que mediante auto del Veinticuatro (24) de Junio de Dos Mil
Veintiséis (2026), obedeció y cumplió lo resuelto por el Consejo de Estado en la
providencia que confirmó el rechazo de la reforma de la demanda. Una vez
ejecutoriada esa decisión, el expediente ingresará nuevamente al Despacho, con la
prelación correspondiente, para determinar si procede dictar sentencia anticipada o
convocar a audiencia inicial. Por tanto, concluyó que, la mora alegada no obedece
a una actuación negligente o injustificada, como lo pretende la parte tutelante.
15. 2.1.2 La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
16. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
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3.2 La acción
17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico
18. Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
incurrió en mora judicial injustificada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 54001-23-33-000-2021-00308-00, al no adoptar
las decisiones necesarias para continuar su trámite y, en consecuencia, si ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante; o si, por el
contrario, en el presente asunto se configura una carencia actual de objeto por
hecho superado.
3.4 Carencia de objeto por hecho superado
19. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando
ellos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública5; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece,
se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como
resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la
Corte Constitucional6 ha definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:
4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que
la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del
juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”7. Al respecto se ha establecido
que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar
5
Artículo 86 de la Carta Política.
6
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra
Porto.
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un daño consumado o un hecho superado.
4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de
tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 8. En este supuesto, no es
perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es
que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”9 (Subrayado por fuera del
texto original).
4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200810, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho
superado, a saber:
“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca
de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].
20. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por
el contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha,
esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por
hecho superado.
3.5 Caso concreto
21. En el caso bajo estudio, INSE GROUP S.A.S. acude al mecanismo de amparo
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales, al considerar
que, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en mora judicial
injustificada, porque, desde octubre de 2024 no había adoptado decisión alguna que
permitiera continuar el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento núm.
54001-23-33-000-2021-00308-00.
8
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
9
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
10
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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22. La Sala no desconoce que ha transcurrido un tiempo considerable desde la
radicación de la demanda, ocurrida el Siete (7) de Diciembre de Dos Mil Veintiuno
(2021). No obstante, también se observa que, el proceso fue redistribuido al interior
del Tribunal y asignado al Despacho 6. Además, según lo informado por el
magistrado conductor, su trámite se ha visto afectado por la carga laboral y la
limitada planta de personal.
23. Pese a ello, revisadas las actuaciones jurídico-procesales surtidas al interior del
proceso ordinario, la Sala observa que, mediante auto del Veinticuatro (24) de Junio
de Dos Mil Veintiséis (2026)11, la autoridad accionada obedeció y cumplió lo resuelto
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que confirmó la decisión que rechazó
la reforma de la demanda. Una vez ejecutoriada esa decisión, el expediente ingresó
nuevamente al despacho el 7 de julio siguiente, con el fin de continuar con el trámite
que en derecho corresponda.
24. En ese contexto, la Sala considera que, en el presente asunto se configura una
carencia actual de objeto por hecho superado, pues, la pretensión de la sociedad
accionante fue satisfecha durante el trámite de la tutela. En efecto, el demandado
adoptó las medidas necesarias para impulsar el proceso y permitir su curso
mediante la providencia del Veinticuatro (24) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
y el posterior ingreso del expediente al Despacho. Por tanto, ha cesado la conducta
que se consideraba como vulneradora de los derechos fundamentales invocados.
IV. DECISIÓN
25. Por las razones expuestas, y comoquiera que los hechos que han dado lugar al
ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite constitucional,
se impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
11
Decisión notificada mediante estado del 26 de junio de 2026.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04001-00
Accionante: INSE GROUP S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente
al amparo de los derechos fundamentales invocados por INSE GROUP S.A.S., por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
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