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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04002-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04002-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la sociedad Almagrario S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04002-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

3 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04002-00
Accionante: Almagrario SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04002-00
Accionante: Almagrario SA
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela-carácter subsidiario del amparo.– Declara improcedente. Petición-El artículo
23 de la Constitución Política prevé el derecho de presentar peticiones ante las autoridades y a obtener
una respuesta oportuna de estas. Petición en actuaciones judiciales -Se regula por los códigos
procesales y no por la primera parte del CPACA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Almagrario S.A. contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Almagrario S.A., actuando por conducto de su representante legal 1, interpuso acción
de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición
y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la falta de respuesta a las
distintas solicitudes presentadas dentro del proceso identificado con el radicado núm.
25000-23-26-000-2011-00696-0.

En particular, señaló que los días 7 de julio de 2025, 3 y 19 de septiembre de 2025
radicó varias peticiones encaminadas a obtener la conversión de unos títulos
judiciales a órdenes de la Superintendencia de sociedades, sin que, a la fecha de
interposición de la presente acción constitucional, hubiere recibido respuesta.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 2:

1Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 7E55C05C7C20DE0C ACB8D425DCA1801A
36B7B03E9389DA82 1A39318160E76F0A.
2 Ibídem

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Accionante: Almagrario SA

2.1. Almagrario S.A. promovió una acción contractual contra de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, cuyo conocimiento correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B bajo el
radicado 25000-23-26-000-2011-00696-01, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 27 de junio de 2013, negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Entretanto, mientras se tramitaba el referido proceso, el 26 de abril de 2019,
mediante auto núm. 2019-01-167032, la Superintendencia de Sociedades admitió a
Almagrario S.A. al proceso de reorganización empresarial.

2.3. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso
recurso de apelación; por tanto, el 16 de julio de 2021 la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia en la cual decidió revocar el fallo
de primera instancia y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda y, entre
otros aspectos, condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
al pago de un valor de ciento cincuenta y cinco millones doscientos noventa y cuatro
mil pesos m/cte ($155.294.000), valor que se encuentra constituido en depósito
judicial en el despacho de conocimiento.

2.4. Los días 7 de julio de 2025, 3 y 19 de septiembre de 2025, la sociedad accionante
radicó varios memoriales mediante los cuales solicitó a la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la conversión de los títulos
judiciales órdenes de la Superintendencia de Sociedades, autoridad ante la cual se
adelanta el proceso de reorganización empresarial. No obstante, afirmó que, a la
fecha no ha obtenido respuesta a dichas solicitudes.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela 3

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) declarar que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales de petición y
de acceso a la administración de justicia; ii) amparar los derechos fundamentales
invocados; y iii) ordenar a dicha autoridad judicial que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a convertir, a órdenes de la
Superintendencia de Sociedades, los dineros consignados en el despacho.

3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que la falta de
pronunciamiento respecto de las peticiones presentadas vulnera su derecho de
acceso a la administración de justicia. En apoyo de esta afirmación invocó la
sentencia C-353 de 2022 de la Corte Constitucional, en la que se desarrolló el
alcancé de dicha garantía fundamental.

3.3. Asimismo, señaló que los términos para resolver las peticiones se encuentran
regulados en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y que uno de los elementos

3 Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 7E55C05C7C20DE0C ACB8D425DCA1801A
36B7B03E9389DA82 1A39318160E76F0A.

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Accionante: Almagrario SA

esenciales del derecho de petición consiste en que la respuesta sea pronta, oportuna
y de fondo. Agregó que este derecho también resulta exigible respecto de las
actuaciones surtidas en sede administrativa, por constituir una manifestación directa
del artículo 23 de la Constitución Política, de conformidad con lo señalado por la
Corte Constitucional en las sentencias T-457 de 1994, T-294 de 1997, T-332 de 2015
y T-051 de 2023.

3.4. Finalmente, afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, no ha emitido una respuesta de fondo dentro del término
legal respecto de las solicitudes presentadas, circunstancia que, en su criterio,
configura la vulneración de su derecho fundamental de petición.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 26 de mayo de 20264, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; ordenó notificar a la autoridad accionada; tuvo como
pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela y requirió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, para que remitiera
al trámite constitucional el expediente identificado con el radicado número 25000-23-
26-000-2011-00696-01.

4.2. La magistrada ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca 5, rindió informe solicitado, en el que sostuvo que
el derecho fundamental de petición no resulta procedente respecto de solicitudes
formuladas dentro de un proceso judicial.

En ese sentido, señaló que, conforme con el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado, las solicitudes presentadas en el curso de un proceso judicial no pueden
analizarse desde la perspectiva del derecho fundamental de petición ni del derecho
de acceso a la administración de justicia, pues deben formularse y resolverse de
acuerdo con las normas procesales que regulan el respectivo trámite. Precisó que,
tratándose de actuaciones administrativas del juez, la solicitud se rige por las
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; mientras que, cuando se refiere a actuaciones jurisdiccionales, debe
sujetarse a las reglas propias del proceso. Con fundamento en ello, solicitó declarar
improcedente el amparo invocado.

Asimismo, informó que, mediante auto del 2 de junio de 2026, el despacho puso en
conocimiento de los sujetos procesales la solicitud presentada por la accionante y
corrió traslado de esta por el término de tres (3) días para que se pronunciaran al
respecto.

4 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. DA3FCB10357040D7 59E76A47C0EF7768
02B2ACFE8EF23A02 54956E16D233CC9D.
5 Índice 00012 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 52B7C8904E469294 8D31A16F5FDB5B7C

9139A5168781028E CE3852DB38848F25

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Accionante: Almagrario SA

Finalmente, explicó que, dada la naturaleza del asunto, la solicitud requiere un
análisis previo de los aspectos relacionados con los depósitos judiciales, para lo cual
resulta necesario verificar los títulos puestos a disposición del despacho, obtener la
certificación de la Secretaría sobre la existencia de los recursos y respetar el orden
cronológico de ingreso y la prelación de turnos para la adopción de las decisiones
judiciales.

Adicionalmente, la Secretaría de la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 6 remitió el enlace de acceso al
expediente digital.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Almagrario SA al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados y actúa
como demandante en el trámite del expediente identificado con el radicado número
25000-23-26-000-2011-00696-01, en cuyo curso presentó las solicitudes respecto de
las cuales alega la falta de respuesta.

2.2. Igualmente se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, toda vez
que dicha autoridad judicial conoce del proceso antes referido y la parte accionante
le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de
la falta de pronunciamiento sobre las solicitudes formuladas dentro de ese trámite.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales de petición y
de acceso a la administración de justicia de la sociedad accionante, con ocasión de
la presunta falta de respuesta a los memoriales presentados dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 25000-23-26-000-2011-00696-01, mediante los
cuales solicitó la conversión de unos títulos judiciales a órdenes de la
Superintendencia de Sociedades.

6 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. F80C33FE54DB3DC2 9C01E074A0559403
9C70FB82B63F3A57 49E91C809C6F370F.

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Accionante: Almagrario SA

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley 7.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4.1. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general
o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el
Título II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo8, y de acuerdo con el artículo 139 de dicho cuerpo
normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes
de interés general o particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución,
completa y de fondo”.

La Corte Constitucional10 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se
encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de

7 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete

autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el
Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada,
además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro
de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
8
Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
9 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona

tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,
por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la
resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección
o formación”.
10 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T-

718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-
083 de 2017, entre otras.

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Accionante: Almagrario SA

formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito,
y proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al
peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo11.

Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondo
y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera
que es necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga
competencia, explicando las razones de su decisión; dentro de los términos previstos
en la ley.

Con relación a los derechos de petición que se formulan en actuaciones judiciales,
se han considerado improcedentes, toda vez que los mismos deben resolverse
dentro de la misma actuación judicial conforme a las normas procesales, salvo que
se trate de actuaciones administrativas del juez.

Al respecto el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

Así, si la petición está relacionada con actuaciones administrativas del juez el
trámite estará regulado por las disposiciones del Código Contencioso
Administrativo; y si está relacionada con actuaciones judiciales estará
sometida a las reglas propias del proceso en que se tramita. Lo anterior, por
cuanto el juez o Magistrado, las partes y los intervinientes y las peticiones que
se realizan en el trámite de un proceso judicial y con el fin de impulsar una
actuación de la misma naturaleza deben ajustarse, de conformidad con el
artículo 29 constitucional, a las reglas propias del juicio12.

Por su parte la Corte Constitucional ha sostenido:

En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición
encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a
autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de
solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la
decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii)
aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e
impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la administración y, en
especial, de la Ley 1755 de 2015”13

11 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
12 Consejo de Estado. Radicación 13001-23-31-000-2012-00167-01(AC). Consejero Ponente Mauricio Torres

Cuervo
13 Corte Constitucional. T 394 de 2018. Magistrada Diana Fajardo

6

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Accionante: Almagrario SA

5. Caso concreto

La Sala anuncia que declarara improcedente la solicitud de tutela, por las razones
que se exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la sociedad accionante atribuye
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la
vulneración de sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la
administración de justicia, por no haber emitido un pronunciamiento respecto de los
memoriales radicados los días 7 de julio, 3 de septiembre y 19 de septiembre de
2025, mediante los cuales solicitó la conversión de unos títulos judiciales a órdenes
de la Superintendencia de Sociedades.

5.2. Al respecto, la Sala observa que las solicitudes cuyo trámite se cuestiona fueron
formuladas dentro de un proceso judicial y guardan relación directa con el ejercicio
de la función jurisdiccional, pues se dirigen a obtener una decisión acerca de la
conversión de unos títulos judiciales constituidos con ocasión del referido proceso.

En ese contexto, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, las solicitudes elevadas en desarrollo de un
proceso judicial no se rigen por las disposiciones contenidas en el Título II, Capítulo
I, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
sino por las normas procesales que regulan el respectivo trámite. En consecuencia,
no constituyen ejercicio del derecho fundamental de petición previsto en el artículo
23 de la Política14, sino actuaciones procesales que deben ser resueltas por el juez
competente con sujeción a las reglas propias del proceso.

Por consiguiente, la acción de tutela no resulta procedente para reclamar el amparo
del derecho fundamental de petición respecto de actuaciones de naturaleza
estrictamente jurisdiccional.

5.3. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, según consta en el expediente digital,
mediante auto del 2 de junio de 202615 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
puso en conocimiento de los sujetos procesales la solicitud presentada por
Almagrario S.A. y les concedió un término de tres (3) días, contados a partir de la
ejecutoria de dicha providencia, para que se pronunciaran al respecto.
Posteriormente, el expediente ingresó al despacho el 12 de junio de 202616 para
continuar con el trámite correspondiente.

En consecuencia, además de que la controversia planteada no es susceptible de ser
analizada desde la perspectiva del derecho fundamental de petición, se evidencia

14 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-394 de 2018 [fundamento jurídico 5].
15 Índice 00131 del expediente del proceso ordinario aplicativo SAMAI, certificado CA5CA985D1144EF1
1A0256F4A742E614 80B81157FD7DFEEA C4C707737DE4001F.
16 Índice 00139 del expediente del proceso ordinario aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04002-00
Accionante: Almagrario SA

que la solicitud formulada por la sociedad accionante se encuentra siendo tramitada
dentro del proceso judicial, de conformidad con las reglas procesales aplicables.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
sociedad Almagrario S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

AOB

8

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