Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04005-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04005-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04005-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04005-00
Accionantes: Esteisy Yurany Toconas Ulchur y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Esteisy Yurany Toconas Ulchur
y otros en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
Los tutelantes interpusieron esta acción constitucional en procura de la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideran vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 por la autoridad accionada,
mediante la cual se revocó la dictada el 19 de diciembre de 2023 por el Juzgado 2º
Administrativo de Cali dentro del medio de control de reparación directa con
radicado No. 76001333300220190000200/01 y, en su lugar, se negaron las
pretensiones de la demanda.
2.- Hechos
2.1.- El 8 de enero de 2016 Jhon Jairo Toconas Ulcue realizaba labores agrícolas
en la vereda El Alba, corregimiento La Meseta, municipio de Jamundí, Valle del
Cauca, cuando accionó de manera accidental una mina antipersonal, cuya
instalación se atribuyó a las FARC. Como consecuencia de la explosión sufrió la
amputación de la mano izquierda a nivel de la muñeca y múltiples heridas por
1 Obra escrito de tutela en los archivos digitales subidos en SAMAI, en los índices 2 y 8, con certificados
3FA5E5ABC6C18B02 44304A60E98A05DC 72435A74414C6EB1 3B1BA7F859D9ACE0 y
7E268972111C94E7 FB51FA586622F1CF CF5975AAB59578C9 0AE1F46C4207F7FF, respectivamente.
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esquirlas, entre otras en la pierna izquierda; fue inscrito en el Registro Único de
Víctimas por el hecho victimizante de artefacto explosivo2.
2.2.- Con base en esas circunstancias la víctima directa y su núcleo familiar, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, instauraron demanda en contra
del Ejército Nacional, con el fin de que se declarara su responsabilidad y se les
indemnizaran por los perjuicios morales, el daño a la salud, la alteración de las
condiciones de existencia, el daño emergente y el lucro cesante, entre otros. El
proceso correspondió al Juzgado 2º Administrativo de Cali bajo el radicado No.
76001333300220190000200.
2.3.- El a quo ordinario, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2023, declaró la
responsabilidad del Ejército Nacional. Tuvo por probado que la entidad fue
informada de eventos relacionados con minas antipersonal, artefactos explosivos y
municiones sin explotar en el municipio de Jamundí y que conocía la compleja
situación del departamento, de modo que era consciente de que era una zona de
alta contaminación; además, conforme a las órdenes de operaciones de 2013 a
2016, sabía que en esa jurisdicción se habían encontrado artefactos instalados por
grupos al margen de la ley. Con apoyo en la Ley 759 de 2002, que asignó al
Ministerio de Defensa los compromisos de detectar, señalizar y georreferenciar las
áreas de peligro, concluyó que se probaron los elementos de la responsabilidad bajo
el daño especial.
2.4.- Inconformes, ambas partes apelaron. Mediante sentencia del 20 de noviembre
de 20253 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión y, en su
lugar, negó las pretensiones. Para ello, aplicó las reglas y subreglas de la sentencia
de unificación del Consejo de Estado en materia de minas antipersonal4 y concluyó
que, si bien el daño estaba probado, no se acreditaron los elementos necesarios
para la imputación, que corresponden a la responsabilidad internacional, a la falla
en el servicio y al riesgo creado, de modo que el asunto configuraba un evento de
solidaridad del Estado, distinto de la responsabilidad patrimonial reclamada.
2 A folios 1-2 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 7D9D7AA6281E8D7D
3313763E3E01C9F9 49A8E97F1938560B 211AAC8F42C962A2.
3 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 31F4D3F4C601F490
9510BDF376E9ECBA F29678A84765C53A 2710AC301C9BB438.
4 Sentencia del 7 de marzo de 2018.
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3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en un defecto fáctico, por cuanto omitió valorar integralmente el acervo
probatorio, toda vez que se centró en que la vereda El Alba no figuraba en los planes
de desminado e ignoró la evidencia documental y testimonial sobre la presencia
constante de tropas en el área y sobre la alta peligrosidad del municipio de Jamundí,
acreditada con los reportes de eventos con minas antipersonal desde 1991 y con la
respuesta de Descontamina Colombia. Aduce que se le impuso una carga
probatoria desproporcionada e irrazonable, al exigírsele demostrar que el Ejército
conocía la ubicación exacta del artefacto instalado por un tercero, elemento que se
encuentra bajo el control exclusivo de la administración.
Los convocantes alegan el desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, la
autoridad accionada se apartó sin justificación suficiente de la línea de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que reconoce la posición de garante del Estado y el
deber de diligencia reforzada en zonas de riesgo conocido, para lo cual citaron una
providencia del 23 de julio de 20255 de esta colegiatura y la sentencia T-517 de
2025 de la Corte Constitucional, pues afirman que se aplicó un estándar probatorio
más elevado que el exigido en casos análogos. De igual forma, reprochan que la
autoridad judicial no se pronunciara sobre el deber autónomo de advertencia y
señalización que, a su juicio, le asiste al Estado en zonas de riesgo conocido.
Sostienen que el reproche no se dirige contra la labor de desminado en sí misma,
sujeta a los plazos de los planes estratégicos, sino contra la omisión en identificar,
demarcar y señalizar el área, obligación que la Convención de Ottawa, incorporada
mediante la Ley 554 de 2000, impone cumplir tan pronto como sea posible y que no
depende de la priorización del municipio; citan en su apoyo una sentencia del
Consejo de Estado del 3 de abril de 20206.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia del 20 de noviembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; (iii) ordenar a dicha
autoridad proferir una nueva decisión que valore de manera integral y razonada las
5 Rad. 65433.
6 Rad. 49426.
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pruebas obrantes en el expediente y se ajuste a la jurisprudencia unificada del
Consejo de Estado; y (iv) de manera subsidiaria, que esta Sala de tutela profiera
directamente la decisión de reemplazo.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 16 de junio de 2026 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a Jhon Jairo Toconas Ulcue, al Ejército Nacional y al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por haber integrado
la parte activa y pasiva del proceso ordinario, así como al Juzgado 2º Administrativo
de Cali, que conoció de este en primera instancia.
5.2.- El Ejército Nacional afirmó que la parte actora no controvierte una actuación
arbitraria de la autoridad judicial, sino que persigue una tercera instancia para que
se revise nuevamente la valoración probatoria; adujo que el asunto carece de
relevancia constitucional y sostuvo que tampoco se satisface el requisito de
inmediatez.
5.3.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pidió su
desvinculación y que se declarara improcedente la acción en su contra, por falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no fue parte del proceso
ordinario ni tiene competencia para intervenir en una decisión judicial;
subsidiariamente, solicitó negar las pretensiones del amparo.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Esteisy
Yurany Toconas Ulchur y otros en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
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2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad7 y de procedencia8 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”9.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber10: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos; y (ii)
que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
7 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
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fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202211, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, la parte accionante cuestiona, en esencia, que el tribunal
accionado (i) incurrió en defecto fáctico al omitir una valoración integral del acervo
probatorio, en particular de la presencia de tropas en la zona y de la alta afectación
del municipio de Jamundí por artefactos explosivos; (ii) le impuso una carga
probatoria desproporcionada, al exigirle acreditar el conocimiento exacto de la
ubicación del artefacto; (iii) omitió pronunciarse sobre el deber autónomo de
advertencia y señalización derivado de la Convención de Ottawa; y (iv) desconoció
el precedente de la Sección Tercera de esta corporación sobre la posición de
garante del Estado en zonas de riesgo conocido.
4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar
debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
probatorio y jurídico efectuado por el juez natural en el proceso de reparación directa
No. 76001333300220190000200/01, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional a dicho trámite, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la sentencia proferida el 20 de
noviembre de 2025 se dilucida el siguiente análisis textual:
“No se discute que en la vereda El Alba, corregimiento las mesetas, municipio de Jamundí,
el demandante fue víctima de una MAP, lo que le causó graves lesiones físicas, hecho que
atribuyó la Dirección para la Acción Integral contra MAP al frente 30 de las FARC. (…)
En la medida que la MAP que causó graves lesiones a la víctima directa se atribuyó al
Frente 30 de las FARC, la imputación exige analizar las reglas y subreglas que estableció
la sentencia de unificación del Consejo de Estado en la materia, bajo los cuales se puede
responsabilizar a la entidad demandada.
11 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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A. La responsabilidad internacional del Estado no tiene lugar, el riesgo al que el Estado
sometió a la población civil a nivel internacional se circunscribe a las violaciones de
derechos humanos cometidas por grupos armados ilegales en connivencia y apoyo de las
fuerzas armadas, lo que no ocurre respecto de las actuaciones de grupos guerrilleros como
el que instaló la MAP que lesionó la integridad de la víctima directa.
B. La responsabilidad clásica del Estado, no hay responsabilidad por falla del servicio
porque la obligación de desminar la totalidad del territorio nacional conforme a lo expuesto
el periodo del plan estratégico 2016-2021 se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025
producto del plan estratégico 2020-2025. (…)
Las pruebas allegadas dan cuenta que la vereda El Alba, corregimiento la Meseta, municipio
de Jamundí no se encontraba como una zona no priorizada, ni asignada para el desminado,
situación que no cuestionó el apelante, por tanto, no es posible plantear un incumplimiento
del Estado en los términos de falla del servicio.
C. La responsabilidad por riesgo creado, no tiene lugar porque el accidente no se presentó
en bases militares minadas por el Ejército Nacional con MAP, MUSE o AEI, ni se presentó
en una proximidad evidente a un órgano representativo del Estado como una estación o
cuartel permanente o transitorio del Ejército Nacional en la vereda El Alba. (…)
Por último, la falta de responsabilidad del Estado no obstaculiza la reparación del daño
conforme al principio de solidaridad, tal y como ocurrió con la inscripción de la víctima en el
Registro Único de Víctimas, igual que el acceso a las medidas asistenciales y el
reconocimiento de una indemnización administrativa en los términos de la Ley de Víctimas
(…). En conclusión, se revoca la sentencia de primera instancia y se niegan las
pretensiones de la demanda”12.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado analizó el acervo
probatorio y aplicó, una a una, las subreglas fijadas por esta corporación en la
sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018 en materia de minas antipersonal.
Así, descartó la responsabilidad internacional al no acreditarse connivencia entre
las fuerzas armadas y el grupo ilegal que instaló el artefacto; descartó la falla del
servicio tras examinar los planes estratégicos de desminado 2016-2021 y 2020-
2025 y constatar que la vereda El Alba no estaba asignada ni priorizada para tales
operaciones; y descartó el riesgo creado, porque el accidente no ocurrió en una
base minada por el Ejército ni en proximidad evidente a un órgano representativo
del Estado. Destacó que la ausencia de responsabilidad patrimonial no obstaculiza
la reparación por vía del principio de solidaridad, como ocurrió con la inscripción de
la víctima en el Registro Único de Víctimas.
4.6.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues, como se vio, la
autoridad judicial valoró el material probatorio y expuso de manera motivada las
razones por las cuales, a la luz del precedente de unificación, no se configuraba
12 A folios 13-15 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 31F4D3F4C601F490
9510BDF376E9ECBA F29678A84765C53A 2710AC301C9BB438.
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
ninguno de los títulos de imputación invocados. Por ende, las quejas elevadas se
limitan a controvertir esa valoración y la interpretación de las subreglas aplicables,
con el fin de que prevalezca la postura de los accionantes sobre la adoptada en el
proceso ordinario.
Ahora bien, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente, la vulneración
del derecho a la igualdad y el deber de señalización, la Sala advierte que la
autoridad accionada no se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino
que aplicó de manera expresa la sentencia de unificación que rige la materia, la cual
fijó los supuestos bajo los cuales procede la imputación al Estado por daños
derivados de minas antipersonal. Si bien los peticionarios denuncian una lectura
restrictiva de esos criterios y estiman que el deber de advertencia y señalización
debía examinarse como un título autónomo de imputación, con apoyo en
pronunciamientos que consideran aplicables por analogía, tal planteamiento no
acredita un apartamiento del precedente, sino una discrepancia respecto del
alcance de las subreglas de unificación y de su aplicación al caso concreto,
discusión que se agota en el plano de la legalidad y que no compromete el contenido
constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario14.
13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
14 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los reproches formulados satisface
el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el depreco resulta
improcedente en su totalidad y así se declarará.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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