Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04006-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04006-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04006-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de julio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Demandante: ÁNGELA MARÍA MAZO MAZO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. IMPROCEDENCIA POR FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia de segunda instancia proferida en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual se negó el pago retroactivo
de una pensión. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, porque los reproches reproducen los argumentos
formulados y resueltos en el proceso ordinario y pretenden convertir el mecanismo
constitucional en una instancia adicional.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Ángela María Mazo Mazo
en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital 1 y acceso
efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 29, 13, 48 y 229
presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias del 30 de septiembre y 11 de
diciembre de 2025 proferidas por las referidas autoridades judiciales en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no. 05001-33-33-033-2019-00340-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1
Sobre el mínimo vital como derecho fundamental ver las sentencias SU-995 de 1999 y T-184 de 2009,
proferidas por la Corte Constitucional, entre otras.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
1) Es madre del señor Fernando Builes Mazo, quien prestó el servicio militar obligatorio
como soldado regular y falleció “en combate o por acción directa del enemigo”, el 18
de abril de 2011.
2) Mediante la Resolución no. 4203 del 19 de diciembre de 2011, el Ejército Nacional
reconoció a los padres del causante una pensión mensual por muerte, equivalente a
un salario mínimo y medio, con fundamento en la Ley 447 de 1998; sin embargo, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de esa ley, suspendió el
pago hasta que cada beneficiario cumpliera cincuenta (50) años de edad, decisión
confirmada mediante la Resolución no. 5404 del 27 de julio de 2012.
3) Promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
propósito de obtener la nulidad parcial de la Resolución no. 4203 de 2011 y la nulidad
total de la Resolución no. 5404 de 2012 y, a título de restablecimiento, el pago de la
prestación desde el 18 de abril de 2011.
4) El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2025, negó las pretensiones tras considerar que,
aunque la condición de edad prevista en la Ley 447 de 1998 resultaba menos favorable
para la demandante, el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, cuya
aplicación solicitó aquella, debía examinarse integralmente.
5) Esa autoridad judicial concluyó que tampoco había lugar al pago pretendido con
fundamento en el régimen general, en tanto no acreditó el requisito de cincuenta
semanas de cotización previsto en su artículo 46, por cuanto el causante había
prestado aproximadamente 21 semanas de servicio.
6) La parte actora apeló esa decisión2 y mediante sentencia del 11 de diciembre de
2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la negativa, pero por razones
diferentes en tanto estimó que la Ley 447 de 1998 era el régimen aplicable dada la
condición del causante como soldado regular y las condiciones de su muerte (en
combate o por acción directa del enemigo), de ahí que la prestación solo era exigible
cuando el beneficiario cumpliera cincuenta años, que antes de esa fecha existía una
2
Sostuvo que la exigencia de cincuenta semanas no había sido incluida en los actos administrativos
demandados, en las pretensiones ni en la fijación del litigio; que la condición de edad contrariaba los
principios de igualdad, favorabilidad y condición más beneficiosa y que en un caso semejante el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado habían reconocido el pago desde el fallecimiento,
esto es, sin supeditarlo al cumplimiento de una edad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
mera expectativa y que no se vulneraban los principios de igualdad ni de favorabilidad
porque la comparación entre los regímenes debía hacerse integralmente.
2. Los fundamentos de la vulneración
En criterio de la parte actora la providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa de la
Constitución y defecto procedimental por incongruencia, por las siguientes razones:
En relación con el defecto sustantivo sostuvo que la autoridad judicial demandada
interpretó restrictivamente la Ley 447 de 1998 por considerar que la pensión por muerte
únicamente era exigible cuando la beneficiaria cumpliera cincuenta años de edad, pese
a que, en su criterio, la prestación se causó desde el fallecimiento del soldado.
Respecto del desconocimiento del precedente afirmó que el tribunal se apartó de las
siguientes providencias: i) la decisión que en la demanda identificó como “sentencia
SU-135 de 2012 de la Corte Constitucional”; ii) la sentencia SU-556 del 20 de
noviembre de 2019 de la Corte Constitucional; iii) la decisión que denominó “sentencia
SU-003 de 2021 de la Corte Constitucional”; iv) la sentencia T-109 del 13 de marzo de
2019 de la Corte Constitucional; v) la sentencia del 12 de junio de 2014 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso no. 05001-23-33-000-2013-
00269-01 y vi) la sentencia del 24 de mayo de 2018 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado dentro del mismo proceso.
Según la parte actora, esas decisiones impedían condicionar el pago de la pensión por
muerte al cumplimiento de cincuenta años de edad y obligaban a reconocer la
prestación desde el fallecimiento del causante.
En cuanto a la violación directa de la Constitución manifestó que la interpretación
acogida en la sentencia cuestionada vulneró los artículos 1, 13, 29, 48 y 53 superiores,
debido a que impuso a los padres de los soldados fallecidos en combate un trato menos
favorable que el reconocido a los beneficiarios del régimen general de seguridad social.
Frente al defecto procedimental señaló que se acudió a la exigencia de cincuenta
semanas de cotización prevista en la Ley 100 de 1993, pese a que ese requisito no
estaba contenido en los actos administrativos demandados, no hizo parte de las
pretensiones ni fue incluido en la fijación del litigio.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
Finalmente, alegó que la falta de pago del retroactivo pensional durante más de trece
años afectó su mínimo vital, su seguridad social y sus condiciones materiales de
existencia digna y que esa situación constituía una vulneración actual y continuada de
sus derechos fundamentales.
3. Pretensiones de la demanda
La accionante formuló textualmente las siguientes pretensiones:
“1) AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social, mínimo vital y acceso efectivo a la administración de
justicia de la señora Ángela María Mazo Mazo.
2) DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 11 de diciembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de
Oralidad.
3) ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia proferir nueva
decisión conforme a la Constitución Política y al precedente vinculante de
la Corte Constitucional.
4) ORDENAR el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de
sobrevivientes desde el 18 de abril de 2011.
5) IMPARTIR las demás órdenes necesarias para la protección integral
de los derechos fundamentales vulnerados.”. (archivo disponible en
medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal
Por auto del 26 de mayo de 2026 se admitió la demanda, se ordenó la notificación del
presidente y magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y del titular del
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y se vinculó al
comandante del Ejército Nacional, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar
improcedente la acción y explicó que la sentencia cuestionada resolvió la controversia
a partir de la Ley 447 de 1998 y de los criterios jurisprudenciales sobre la comparación
integral entre regímenes pensionales, por lo cual no se incurrió en arbitrariedad,
incongruencia ni desconocimiento del precedente; en su criterio, la parte actora
pretende emplear la acción de tutela como una tercera instancia para controvertir la
interpretación adoptada por el juez natural.
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Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
La titular del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
señaló que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional y que la
parte demandante no sustentó una causal específica que permitiera controvertir la
sentencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto
y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. Delimitación del asunto
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las providencias
proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que los argumentos
de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la sentencia
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Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
de segunda instancia, esto es, la providencia que confirmó la negativa de las
pretensiones formuladas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso ordinario y ante
la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo de Antioquia. En consecuencia, el análisis de la Sala se circunscribirá a
lo decidido en segunda instancia.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
del 11 de diciembre de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la actora para obtener el pago de la pensión mensual por muerte que le
fue reconocida con fundamento en la Ley 447 de 1998, desde el fallecimiento de su
hijo y sin someter su disfrute al cumplimiento de cincuenta años de edad.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:
3.1. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
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Acción de tutela
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
ocupa un lugar central la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se
propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 3, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional solo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Acción de tutela
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 5”
y enfatizó en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal
entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el porqué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”. 6
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
6
Idem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
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Acción de tutela
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en ejercicio de sus funciones y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe
ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
3.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) De conformidad con lo explicado previamente, de entrada, la Sala considera que la
acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, a partir
del examen integral de la demanda se desprende que los reproches de la actora se
dirigen, esencialmente, a controvertir la interpretación adoptada por el Tribunal
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
Administrativo de Antioquia en la sentencia del 11 de diciembre de 2025 acerca del
régimen aplicable, la exigibilidad de la prestación y la comparación entre la Ley 447 de
1998 y el régimen general de pensiones.
2) En el presente asunto, si bien la demandante invocó la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y
acceso efectivo a la administración de justicia y denominó sus reproches como defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y
defecto procedimental por incongruencia, lo cierto es que la sustentación de tales
cargos se limitó a reiterar su inconformidad con la decisión judicial adversa a sus
intereses.
3) En efecto, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia la parte demandante sostuvo que la condición de cincuenta años
contemplada en la Ley 447 de 1998 desconocía los principios de igualdad, favorabilidad
y condición más beneficiosa; además, que el Decreto 4433 de 2004 solo exigía que la
muerte del soldado se produjera en combate o por acción del enemigo y que la
prestación debía pagarse desde el fallecimiento, así:
“Ahora bien, Señores Magistrados, el hecho de que la entidad hoy
demandada deje en suspenso el disfrute de la pensión de sobrevivientes por
no contar los padres con 50 años no es un fundamento legal, y va en contravía
de los principios de igualdad, favorabilidad y condición más beneficiosa.
Señores Magistrados, conforme al Decreto 4433 del año 2004 en su artículo
35 se indicó:
‘Forma de pago de asignaciones de retiro y pensiones. Las asignaciones de
retiro y pensiones previstas en el presente decreto se pagarán por
mensualidades vencidas durante la vida del titular’.
Su Señoría, nótese que la norma antes mencionada, es clara cuando indica
que para tener derecho a la pensión de sobrevivientes en caso de
fallecimiento de quién presta el servicio militar obligatorio, solo exige que el
mismo se produzca en combate y como consecuencia de la acción del
enemigo, por ello condicionar un reconocimiento de pensión de sobreviviente
hasta que los beneficiarios adquieran la edad de 50 años que exige la ley 447
del año 1998, no puede ser aplicada a los beneficiarios del miembro de la
fuerza pública que fallece prestando el servicio militar obligatorio en vigencia
del decreto 4433 de 2004 y ley 923 de 2003.”. (archivo disponible en medio
magnético en el índice 0002 del aplicativo SAMAI)
4) Asimismo, la recurrente en el proceso ordinario afirmó que la condición de edad
desconocía el carácter protector de la pensión de sobrevivientes y la especial
protección de las familias de los integrantes de la Fuerza Pública fallecidos en servicio:
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
“Otro punto que quiero hacer énfasis dentro de este recurso es que la pensión
de sobreviviente tiene un carácter protector y de contenido constitucional,
dirigido a garantizar el mínimo vital de la familia del causante, y en el caso
concreto, tratándose de un soldado que entregó su vida en cumplimiento del
deber, la interpretación de la Respectada (sic) Juez de Instancia vulneró los
artículos 48, 53 y 93 de la Constitución Política, así como la protección a los
derechos sociales de las familias de los militares, por ello condicionar su
disfrute al cumplimiento de la edad, va en contravía del deber proteccionista
del Estado (…)”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00002
del aplicativo SAMAI)
5) Esos mismos argumentos fueron reproducidos en la acción de tutela en tanto la parte
actora insistió en que la prestación debía causarse y pagarse desde el fallecimiento de
su hijo, que la condición de edad contenida en la Ley 447 de 1998 era restrictiva y
discriminatoria y que los beneficiarios del régimen general recibían un trato más
favorable7.
6) Tales planteamientos fueron examinados por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
autoridad judicial que, en la providencia cuestionada, explicó que la normativa aplicable
dependía de las circunstancias en las cuales hubiera ocurrido la muerte del conscripto
y que la Ley 447 de 1998 regulaba específicamente el fallecimiento producido durante
el servicio y con ocasión de este, como en el caso del señor Fernando Builes Mazo:
“Así, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente, cuando una
persona que estaba prestando su servicio militar obligatorio (soldado regular
– conscripto) fallece, se tiene que verificar la causa de su fallecimiento y con
ello determinar la normatividad aplicable en referencia a la pensión de
sobrevivientes e indemnizaciones.
Por ello, si la causa del fallecimiento corresponde a circunstancias ocurridas
durante el servicio y con ocasión del mismo, la normatividad aplicable
corresponde a lo establecido por la Ley 447 de 1998, por el contrario, si el
fallecimiento ocurre simplemente en actividad (por circunstancias no
imputables al servicio), el reconocimiento eventual de una pensión de
sobreviviente está supeditado a la aplicación del régimen general de pensión
establecido en la Ley 100 de 1993 en tanto que el régimen especial de
prestaciones por muerte en simple actividad de los soldados regulares no
consagra dicha prestación.”.
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Sobre el particular, en la acción de tutela manifestó: “En primer lugar, se configura defecto sustantivo,
toda vez que las autoridades judiciales interpretaron la Ley 447 de 1998 bajo criterios restrictivos y
abiertamente incompatibles con la Constitución, al considerar que la pensión de sobrevivientes
únicamente nacía cuando la accionante cumpliera 50 años de edad. Dicha interpretación desconoce que
la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en señalar que la pensión de sobrevivientes se causa
desde el momento mismo del fallecimiento del causante (…)
Resulta contrario al orden constitucional que el Estado otorgue un trato menos favorable a quienes
perdieron a sus hijos defendiendo la Nación, frente a los beneficiarios del régimen común de seguridad
social.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
7) A partir de esa regla, el tribunal constató que el señor Fernando Builes Mazo
prestaba el servicio militar obligatorio como soldado regular y había sido dado de baja
“por muerte en combate o por acción directa del enemigo”, razón por la cual concluyó
que la demandante era beneficiaria de la pensión vitalicia prevista en el artículo 1 de la
Ley 447 de 1998.
8) En segundo lugar, la autoridad judicial demandada examinó el argumento relativo a
la causación de la prestación y explicó que el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447
de 1998 establecía como condición para su exigibilidad que el beneficiario tuviera
cincuenta años de edad:
“Para la Sala no le asiste razón a lo pretendido, ya que de conformidad con
el artículo 5º parágrafo 1º de la Ley 447 de 1998 es requisito para la persona
beneficiaria, el que al momento de serle reconocida la pensión tenga mínimo
50 años. Así, técnicamente si el beneficiario al momento de la muerte del
causante aún no tiene cumplidos esos años, no cumple con la condición
establecida por la ley para el pago de la misma, en otras palabras, no tiene el
derecho.
Se reitera, un derecho se adquiere solamente cuando se cumplen todas las
condiciones establecidas por la Ley o la norma que los define, al caso
solamente cuando los beneficiarios tengan 50 años es que cumplen con la
totalidad de los requisitos para reclamar, antes de eso, simplemente tenían
una mera expectativa (…)”.
9) En tercer lugar, el tribunal estudió los argumentos relacionados con los principios de
igualdad y favorabilidad y explicó que la comparación entre el régimen especial y el
general no podía efectuarse a partir de un único requisito, sino que debía comprender
integralmente las condiciones de acceso a la prestación, en los siguientes términos:
“Así las cosas, encuentra la Sala que en el caso concreto no se vulneraron
los derechos indicados por la demandante, en tanto que el régimen
establecido en la Ley 447 de 1998 reconoce a la demandante una pensión de
sobreviviente con unos requisitos sustancialmente favorables a los
estipulados en el régimen general de pensiones o en otras normas especiales
del régimen de la Fuerza Pública que en el caso concreto le harían imposible
a la demandante el disfrute de pensión alguna bajo normatividad distinta a la
por cual (sic) se le está reconociendo (...)
No encuentra la Sala vulnerado el derecho a la igualdad y a la favorabilidad
enunciados en la demanda, en tanto que los argumentos de la misma se
limitaron a invocar los mencionados derechos y a exponer una sentencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia y del Consejo de Estado que estableció
‘si el régimen especial resulta menos favorable que la norma general, se
impone la aplicación de esta última’; sin embargo, desconoce la parte actora,
que esa aplicación del régimen general implicaría la remisión íntegra al
mismo, lo cual le haría improcedente el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente de su hijo al no cumplir los requisitos mínimos en ella
establecidos para ello.”.
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Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
10) De ese modo, la autoridad judicial demandada dio cuenta de las razones por las
cuales consideró aplicable la Ley 447 de 1998, descartó que la prestación pudiera
pagarse desde el fallecimiento del causante y concluyó que la condición de edad no
vulneraba los principios de igualdad ni de favorabilidad, porque la confrontación entre
los regímenes pensionales debía realizarse integralmente, consideraciones que
resolvieron los mismos cuestionamientos que la parte demandante reprodujo en esta
sede constitucional.
11) Esa conclusión no varía por el hecho de que la actora hubiera denominado uno de
sus reproches como desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que en el
recurso de apelación del proceso ordinario aportó la sentencia del 12 de junio de 2014
proferida por el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia y la sentencia del 24 de
mayo de 2018 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
confirmó aquella decisión.
En la acción de tutela, además de aludir nuevamente a esos antecedentes, mencionó
las sentencias SU-135 de 2012, SU-556 de 2019, SU-003 de 2021 y T-109 de 2019 de
la Corte Constitucional.
12) Sin embargo, la Sala advierte que las decisiones identificadas por la parte actora
como sentencias SU-135 de 2012 y SU-003 de 2021 no corresponden a providencias
proferidas por la Corte Constitucional, por lo cual no podían constituir precedentes
vinculantes para resolver la controversia.
13) En cuanto a las sentencias SU-556 de 2019 y T-109 de 2019, la parte demandante
se limitó a enunciarlas y a afirmar que contenían un precedente aplicable, sin identificar
sus reglas de decisión, explicar su relación con la condición de edad prevista en el
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 447 de 1998 ni justificar por qué sus supuestos
fácticos y jurídicos resultaban equiparables con los del presente asunto.
14) Frente a las sentencias aportadas en el proceso ordinario, el tribunal no las ignoró,
pues identificó la tesis de favorabilidad invocada por la demandante y en un claro
ejercicio de autonomía judicial expuso la razón por la cual no la acogía, consistente en
que la aplicación del régimen general implicaba la remisión íntegra a sus disposiciones;
así, este reproche tampoco plantea un problema constitucional autónomo, sino un
desacuerdo con la valoración y el alcance que el juez natural atribuyó a las decisiones
invocadas.
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Acción de tutela
15) Tampoco se advierte una controversia constitucional independiente en lo
relacionado con el denominado “defecto procedimental por incongruencia” ya que, en
el recurso de apelación la demandante ya había sostenido, como luego reiteró en la
acción de tutela, que la exigencia de cincuenta semanas de cotización no estaba
contenida en los actos administrativos demandados, en las pretensiones ni en la fijación
del litigio y que, por esa razón, el juzgado había resuelto la controversia con
fundamento en un aspecto ajeno al debate:
“(…) en la parte motiva de la sentencia se implanta un motivo diferente que
no fue objeto del debate probatorio, ni fue planteado dentro de la fijación del
litigio, vulnerándose de esta forma el debido proceso a mi mandante (…)”.
16) No obstante, la sentencia cuestionada reconoció expresamente que la
consideración del juzgado relacionada con las cincuenta semanas no correspondía al
objeto de las pretensiones y, precisamente por ello, confirmó la negativa por razones
diferentes, fundadas en la aplicación de la Ley 447 de 1998.
17) En concreto, el tribunal señaló que el argumento empleado por el juez de primera
instancia sobre la aplicación de la Ley 100 de 1993 “nunca fue pretensión de la
demanda”, es decir, el reproche formulado en la acción de tutela ya había sido
formulado ante el juez natural de la causa, quien advirtió tal situación y no hizo de ella
el fundamento de su decisión.
18) De igual manera, las afirmaciones relacionadas con el mínimo vital, la seguridad
social y la especial condición de la parte demandante no estuvieron acompañadas de
elementos probatorios que permitieran advertir una afectación actual, grave y
desproporcionada que trascendiera la controversia económica y jurídica resuelta por el
juez natural.
19) En estas condiciones, los defectos invocados no denuncian una actuación
caprichosa, arbitraria o manifiestamente contraria al orden constitucional, sino que
reproducen los argumentos formulados en el proceso ordinario sobre la interpretación
de la Ley 447 de 1998, la causación de la prestación, la comparación entre los
regímenes pensionales, la condición de edad y el alcance de las providencias
invocadas por la parte demandante.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04006-00
Actora: Ángela María Mazo Mazo
Acción de tutela
20) En otras palabras, la controversia no se estructura como la denuncia de una ruptura
protuberante del derecho fundamental del debido proceso, sino como un desacuerdo
con la interpretación y aplicación que el juez natural realizó de las normas que regulan
la pensión por muerte de quienes prestan el servicio militar obligatorio.
21) En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la
parte actora es emplear este mecanismo como una instancia adicional al proceso
ordinario con el fin de cuestionar las razones que tuvo en cuenta el juez natural para
adoptar su decisión, proceder que se encuentra vedado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
F A L L A:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Ángela María
Mazo Mazo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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