Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04007-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04007-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04007-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04007-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
27 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otros
Tema: Tutela contra actos administrativos de retiro de servidora judicial en
provisionalidad. Sujeto de especial protección constitucional: mujer
prepensionada y cuidadora principal de persona en situación de
debilidad manifiesta
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por Dora Cilena
Muñoz Cortés contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Cali y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de mayo de 2026, la señora Dora Cilena Muñoz Cortés, en nombre propio,
ejerció acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad
social, al mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la dignidad
humana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Sírvase su Señoría tutelar los derechos fundamentales invocados a la dignidad humana,
igualdad material, seguridad social, mínimo vital, trabajo en condiciones dignas y justas,
debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales han sido
vulnerados en las actuaciones administrativas y decisiones que dieron lugar a mi
desvinculación del cargo de Citador Grado III del Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Cali.
Sírvase su Señoría, ordenar a las entidades accionadas dejar sin efectos jurídicos las
decisiones contenidas en las Resoluciones números 001 del 30 de enero de 2026, 003
del 03 de febrero de 2026, 004 del 17 de febrero de 2026 y 078 del 22 de abril de 2026,
en cuanto mantuvieron y consolidaron mi desvinculación laboral sin un análisis material y
constitucional de mis condiciones particulares.
Sírvase su Señoría, ordenar a las accionadas, restablecer la situación jurídica afectada,
disponiendo mi reintegro sin solución de continuidad al cargo de Citador Grado III o
a uno de igual o superior jerarquía, mientras subsista la vacancia temporal del empleo
o hasta tanto se adopte una solución que garantice la protección efectiva de mis derechos
fundamentales.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
Sírvase su Señoría, ordenar a las accionadas, el reconocimiento de la continuidad
laboral para efectos administrativos, prestacionales y pensionales, con el fin de no
interrumpir el cómputo de semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, en
atención a mi condición de persona prepensionada.
Sírvase su Señoría, ordenar a las accionadas, la adopción de medidas de protección
constitucional reforzada, teniendo en cuenta mi condición de persona adulta mayor,
prepensionada y cuidadora principal de una persona en estado de alta
vulnerabilidad en salud, garantizando la aplicación efectiva de los enfoques diferenciales
de edad, género e interseccionalidad.
Sírvase su Señoría, fallar con las facultades extra y ultra petita.».
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
La señora Dora Cilena Muñoz Cortés manifiesta que actualmente tiene 63 años y que
ha estado vinculada al servicio de la Rama Judicial por más de quince años. Durante
ese periodo ha desempeñado funciones administrativas y judiciales relacionadas con
la gestión de procesos, notificación de providencias, control de actuaciones
procesales, entre otras.
El último cargo que ocupó la accionante fue el de citadora grado III del Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Cali, en el que permaneció vinculada desde el 18 de
marzo de 2011 hasta febrero de 2026. Su nombramiento tuvo carácter provisional y
su desvinculación obedeció a la necesidad de proveer temporalmente la vacante
causada por la licencia no remunerada otorgada al señor Julián Fernando Pérez Gil,
quien es el titular del empleo en propiedad.
El señor Pérez Gil renunció a la licencia concedida y, por medio de la Resolución núm.
001 del 30 de enero de 2026, el Juzgado aceptó la renuncia a la licencia no
remunerada, autorizó su reintegro al cargo de citador y, en consecuencia, dispuso la
desvinculación de la señora Muñoz Cortés a partir del 2 de febrero de 2026. La
decisión se sustentó en la reincorporación del titular al cargo, quien ostenta la
propiedad.
Posteriormente, ante una nueva solicitud de licencia presentada por el señor Pérez
Gil, el Juzgado, mediante Resolución núm. 003 del 3 de febrero de 2026, le concedió
nuevamente una licencia no remunerada por el término de tres años, contados desde
el 3 de febrero de 2026 hasta el 2 de febrero de 2029.
El 4 de febrero de 2026, la accionante solicitó al Juzgado que fuera tenida en cuenta
para ocupar nuevamente el cargo de citadora grado III, al considerar que había
desaparecido la causa que dio lugar a su retiro del empleo que ocupaba en
provisionalidad.
Según indicó, aunque el nominador ya conocía las circunstancias personales, en dicha
solicitud reiteró su condición de prepensionada, por cuanto contaba con 63 años y 999
semanas cotizadas al fondo de pensiones Porvenir, perteneciente al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Asimismo, puso de presente que su madre,
de 94 años y múltiples afecciones de salud, depende económicamente de ella y
requiere acompañamiento permanente. Finalmente, informó sobre las obligaciones
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
financieras que tiene a su cargo, cuyo cumplimiento dependía de los ingresos
obtenidos de su vinculación con la Rama Judicial.
No obstante, una vez se generó nuevamente la vacancia temporal del cargo de
citadora grado III, el Juzgado decidió no efectuar un nuevo nombramiento de la
accionante. En su lugar, dispuso la divulgación de la vacante con el propósito de
garantizar la participación tanto de la comunidad jurídica en general como de los
servidores que eventualmente contaran con derecho preferente. Culminado el proceso
de selección, mediante Resolución núm. 005 del 27 de febrero de 2026, el despacho
judicial designó en provisionalidad a la a la señora Angélica Julieth Agudelo Rosero,
titular en propiedad del cargo de asistente administrativo de la oficina de apoyo de los
Juzgados de Ejecución Civiles Municipales de Cali.
Inconforme con lo decidido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, la
tutelante presentó recurso de reposición y, en subsidio apelación, contra las
Resoluciones núm. 001 del 30 de enero de 2026 y 003 del 3 de febrero de 2026.
Como fundamento de su inconformidad, la accionante sostuvo que la causa que dio
lugar a su desvinculación desapareció, con ocasión de la nueva licencia no
remunerada concedida al titular del cargo. Igualmente, alegó que el nominador omitió
realizar una valoración diferencial de sus circunstancias particulares, especialmente
su condición de mujer adulta mayor, prepensionada y cuidadora principal de una
persona de avanzada edad. Además, señaló que participó en el proceso adelantado
para proveer el cargo por vacancia temporal, sin que el nominador dispusiera su
nombramiento provisional.
Mediante la Resolución núm. 004 del 17 de febrero de 2026, el Juzgado resolvió el
recurso de reposición en el sentido de no reponer los actos impugnados y, en
consecuencia, ratificó las decisiones previamente adoptadas, entre ellas, la
aceptación de la renuncia a la licencia no remunerada del señor Julián Fernando Pérez
Gil, su reintegro al cargo de citador en propiedad, la desvinculación de la señora Dora
Cilena Muñoz Cortés y el posterior otorgamiento de una nueva licencia no remunerada
al titular del empleo.
En la misma resolución, el Juzgado concedió el recurso de apelación ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali. Sin embargo, por medio de la Resolución núm.
078 del 22 de abril de 2026, dicha Corporación declaró improcedente el recurso y no
emitió un pronunciamiento de fondo sobre la situación de vulnerabilidad alegada por
la accionante.
3. Argumentos de la acción de tutela
La accionante considera que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales al disponer su desvinculación del cargo de citadora grado III del
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, empleo que ocupaba en
provisionalidad y del cual fue desvinculada con ocasión del reintegro de su titular.
Asimismo, cuestiona la decisión de no reincorporarla una vez el titular obtuvo la nueva
licencia no remunerada, pese a que, a su juicio, había desaparecido la circunstancia
que justificó su separación del servicio.
Sostiene que tales decisiones fueron adoptadas sin valorar las condiciones
particulares ni su calidad de sujeto de especial protección constitucional. Al respecto,
señala que es una mujer de 63 años, cuidadora principal de su madre de 94 años,
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
quien padece múltiples afecciones de salud y requiere asistencia permanente.
Adicionalmente, afirma ostentar la calidad de prepensionada, al contar con 999
semanas cotizadas bajo el régimen de ahorro individual, hecho que la situaba en una
condición de especial vulnerabilidad frente a la pérdida de su fuente de ingresos.
En ese contexto, aduce que la jurisprudencia constitucional ha reconocido una
protección reforzada a los servidores públicos que se encuentran próximos a
consolidar su derecho pensional, especialmente cuando decisiones como las
cuestionadas pueden comprometer la continuidad de las cotizaciones al sistema
pensional, así como el mínimo vital, la garantía efectiva de la seguridad social y la
dignidad humana del trabajador. Por ello, afirma que las autoridades involucradas
estaban obligadas a ponderar dichas circunstancias antes de adoptar una decisión
que afectara su permanencia en el empleo y, consecuentemente, sus derechos
fundamentales.
Finalmente, señala que no agotó los medios ordinarios de defensa judicial, debido a
la necesidad urgente de asegurar la continuidad de sus cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social para acceder a la pensión de vejez y de preservar las
condiciones mínimas de subsistencia mientras adquiere el derecho al reconocimiento
de su pensión de vejez.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
Por reparto, la presente acción de tutela correspondió inicialmente a la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia que, mediante auto del 25 de mayo de 2026, ordenó
la remisión de esta acción constitucional al Consejo de Estado, con fundamento en la
regla de reparto prevista en el numeral 8 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, según
la cual las acciones de tutela promovidas por funcionarios o empleados judiciales que
pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria deben ser conocidas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En aplicación de dicha disposición y en
atención a que la accionante ostentó el cargo de citadora grado III del Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Cali y que la vulneración de derechos alegada guarda
relación directa con dicha vinculación, la Corte Suprema de Justicia consideró que el
conocimiento de la presente acción de tutela correspondía al Consejo de Estado.
En esta Corporación, el conocimiento del presente asunto correspondió, por reparto,
al despacho del consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño, quien admitió la acción
de tutela, ordenó notificar al demandante y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y a la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial como demandados, y al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, a Porvenir S.A., al
señor Julián Fernando Pérez Gil y a la señora Angélica Julieth Agudelo Rosero como
terceros con interés.
Sin embargo, la ponencia presentada no obtuvo la mayoría suficiente, por lo que,
mediante auto del 24 de julio de 2026, se ordenó remitir el expediente al siguiente
consejero en turno.
En cumplimiento de lo anterior, el 30 de julio de esta anualidad, se efectuó el cambio
de ponente, por lo que el despacho de la consejera Claudia Rodríguez Velásquez
asumió la sustanciación del asunto, con el fin de proferir la sentencia de primera
instancia.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
5. Oposiciones
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali solicitó que la presente acción de
tutela fuera declarada improcedente o, en subsidio, que se negaran las pretensiones
de la demanda, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales invocados
por la accionante.
De manera subsidiaria, pidió que, en caso de que se concediera el amparo solicitado,
la decisión no implicara el reintegro directo e inmediato al cargo de citador grado III
del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali. En su lugar, solicitó que se ordenara
a las autoridades competentes evaluar su eventual vinculación en cargos
equivalentes, de acuerdo con la disponibilidad de vacantes y siempre que acreditara
los requisitos legales exigidos, sin afectar derechos de carrera de los titulares de los
cargos ni de terceros con mejor derecho.
Como fundamento de su solicitud, expuso las siguientes razones:
• Falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues al ser una tutela
contra actos administrativos, la accionante no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que amerite su procedencia excepcional. Por lo tanto,
para controvertir la legalidad de las Resoluciones núm. 001, 003 y 004 de 2026
y el consecuente reintegro al cargo que ocupaba, la accionante dispone del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso en el cual
puede pedir, además, la adopción una solicitud de medida cautelar para la
protección urgente de sus derechos.
• La provisionalidad en cargos de carrera judicial confiere estabilidad laboral
relativa, no absoluta, de lo contrario, se desconocería el principio de acceso al
empleo público mediante concurso de méritos, según lo dispuesto en el artículo
125 de la Constitución Política.
• La nueva provisión del cargo se hizo conforme al artículo 68 de la Ley 2430 de
2024, que modificó el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, así
como el Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de 2024. Aseguró que,
de conformidad con dicha normativa, «cuando se trate de vacancia temporal en cargos
de carrera judicial, debe optarse por un funcionario o empleado de carrera del despacho que
cumpla los requisitos para el cargo, o por una persona que haga parte del registro de elegibles.
Solo cuando no sea posible acudir a esas alternativas, pueden aplicarse mecanismos
supletorios, garantizando los principios de igualdad en el acceso, imparcialidad en la
evaluación, publicidad, moralidad y celeridad, dando prioridad a personas que se encuentren
en carrera judicial y cumplan los requisitos del cargo».
• La condición de prepensionada no otorga a la accionante una condición de
inamovilidad del cargo que ocupaba en provisionalidad, pues los derechos
adquiridos en virtud de un concurso de méritos priman sobre cualquier otro tipo
de derechos.
6. Intervenciones
El señor Julián Fernando Pérez Gil, en calidad de titular de la propiedad del cargo
de citador grado III en Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, sostuvo que no
realizó alguna actuación que vulnerara algún derecho fundamental de la accionante,
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
toda vez que se limitó a ejercer sus derechos derivados de su condición de servidor
judicial de carrera y titular del empleo.
Igualmente, señaló que, si bien comprende la relevancia constitucional de las
circunstancias planteadas por la accionante, es necesario mantener un «equilibrio entre
los derechos y los derechos que me asisten como servidor judicial titular del empleo, especialmente
cuando mi actuación se ha limitado al ejercicio regular de mis derechos laborales y administrativos».
Por consiguiente, solicitó que cualquier decisión que se adopte en el presente trámite
respete el debido proceso y los derechos inherentes a su condición de titular en
propiedad del cargo de citador grado III del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Cali.
La señora Angélica Julieth Agudelo Rosero, quien actualmente ocupa en
provisionalidad el cargo de citadora grado III del Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Cali, manifestó que es empleada de carrera de la oficina de apoyo de los Juzgados
de Ejecución Civiles Municipales de Cali y que, desde su posesión en propiedad, ha
ocupado distintos cargos en provisionalidad dentro de la Rama Judicial.
Explicó que, una vez publicada en la página de la Rama Judicial la vacante temporal
generada por la licencia no remunerada concedida al señor Julián Fernando Pérez Gil
mediante la Resolución núm. 003 del 3 de febrero de 2026, presentó su postulación
el 9 de febrero de 2026. Indicó que, tras la valoración de las hojas de vida de los
demás participantes por parte del nominador, le fue notificada la Resolución núm. 05
del 26 de febrero de 2026, mediante la cual fue nombrada en el cargo de citadora
grado III.
El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial alegó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tiene competencia «para
determinar el nombramiento del cargo de citador grado III del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Cali», pues es una función que le corresponde únicamente al respectivo nominador.
En consecuencia, solicitó la desvinculación de dicha autoridad o, en su defecto,
denegar las pretensiones de la presente solicitud de amparo.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali solicitó declarar improcedente la
presente solicitud de amparo, toda vez que la accionante puede acudir a los medios
de control de la jurisdicción contencioso-administrativa, los cuales son idóneos para
satisfacer sus pretensiones. Igualmente, en dichos procesos puede presentar una
solicitud de suspensión de los efectos del acto como medida provisional.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, señaló que
se trata de «un órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a la políticas y decisiones de gobierno y
administración a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, conforme con lo previsto en el artículo
99 de la LEAJ, modificado por el artículo 45 de la Ley 2430 de 2024» . En consecuencia, sostuvo
que no tiene competencia para ordenar el reintegro solicitado por la señora Muñoz
Cortés.
Igualmente, argumentó que la presente acción de tutela resulta improcedente por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, en tanto el accionante
pretende sustituir los medios de defensa ordinarios de los dispone para controvertir
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
los actos administrativos cuestionados y lograr la satisfacción de sus pretensiones por
medio de esta acción constitucional.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del
Cauca solicitó que la acción de tutela fuera declarada improcedente. De manera
subsidiaria, solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda y se ordenara
su desvinculación del trámite, con fundamento las siguientes razones:
• La entidad no participó en los hechos que dieron origen a la presente solicitud
de amparo ni expidió los actos administrativos objeto de reproche constitucional,
por lo cual carece de legitimación en la causa por pasiva.
• La acción de tutela resulta improcedente para controvertir actos administrativos,
en atención a su carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, que exige
acudir previamente a los medios ordinarios de defensa judicial dispuestos en el
ordenamiento jurídico.
La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones, Cesantías y del
Componente Complementario de Ahorro Individual PORVENIR S.A. expuso que
ninguna pretensión de la solicitud de amparo tiene vocación de prosperidad en
relación con esa entidad, por cuanto los supuestos fácticos están relacionados con el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali. En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela o, en su defecto, denegar las súplicas de la solicitud de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las autoridades judiciales y administrativas
demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por Dora Cilena
Muñoz Cortés al (i) disponer su desvinculación del cargo de citadora grado III, que
ocupaba en provisionalidad, con ocasión del reintegro del servidor judicial que ostenta
la titularidad del empleo en propiedad, y (ii) al abstenerse de designarla nuevamente
cuando dicho cargo quedó vacante de manera temporal, con ocasión de la licencia
otorgada posteriormente. Lo anterior sin valorar, su condición de sujeto de especial
protección constitucional en calidad de adulta mayor, prepensionada y cuidadora
principal de una persona de avanzada edad.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
La Sala anticipa que concederá el amparo constitucional, porque el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Cali vulneró los derechos fundamentales invocados por la
señora Muñoz Cortés.
A pesar de que la accionante solicitó, entre sus pretensiones, dejar sin efectos las
Resoluciones núm. 001 del 30 de enero de 2026, 003 del 3 de febrero de 2026, 004
del 17 de febrero de 2026 y 078 del 22 de abril de 2026, la Sala considera que el acto
administrativo que ocasionó la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante fue la Resolución núm. 005 del 27 de febrero de 2026 proferida por ese
despacho judicial, mediante la cual, culminada la divulgación de la vacante, designó
en provisionalidad a otra servidora en lugar de la accionante.
Lo anterior, porque las Resoluciones núm. 001 y 003 fueron dictadas por el juzgado
accionado en razón a la renuncia del titular del empleo en propiedad a su licencia, con
la consecuente terminación del nombramiento provisional de la señora Muñoz Cortes,
y el otorgamiento posterior de una nueva licencia a ese mismo servidor; la Resolución
núm. 004 se limitó a no reponer esas decisiones y a conceder la apelación; y la
Resolución núm. 078 fue proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
se limitó a declarar improcedente el recurso, sin pronunciarse de fondo sobre la
situación de la accionante.
Para resolver la controversia planteada, la Sala abordará los siguientes temas: (i) el
requisito general de la subsidiariedad y la procedencia excepcional de la acción de
tutela como mecanismo definitivo; (ii) el régimen de carrera como la regla general para
el acceso a empleos públicos; (iii) la estabilidad laboral de los empleados públicos que
ocupan cargos en provisionalidad. Con fundamento en dichas consideraciones, la
Sala analizará (iv) el caso concreto, a partir de las condiciones particulares de la
accionante, quien es una persona adulta mayor de 64 años, se encuentra en condición
de prepensionada y ejerce el rol de cuidadora principal de su progenitora, quien
presenta una situación de debilidad manifiesta. Finalmente, efectuará el
correspondiente juicio de ponderación para adoptar la decisión correspondiente.
Sin embargo, de manera previa, la Sala deberá referirse a las solicitudes de
desvinculación presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Carrera Judicial, por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca.
Cuestión previa
De las solicitudes de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Carrera Judicial, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca.
Las entidades mencionadas solicitan su desvinculación del trámite de la presente
acción de tutela, al considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva. Lo
anterior, por cuanto la solicitud de amparo está dirigida a controvertir actos
administrativos proferidos por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, relacionados con la provisión temporal
de un cargo adscrito a dicho juzgado por vacancia temporal, actuación cuya
competencia corresponde de manera exclusiva al juez titular en su condición de
nominador.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
La Sala negará las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Superior
de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, vinculadas al presente trámite
constitucional en calidad de terceros, así como la presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, vinculada en calidad de entidad accionada. Ello,
por cuanto dichas entidades podrían tener un interés legítimo en la decisión que se
adopte dentro del presente asunto, en atención a las competencias y funciones que
ejercen en relación con la administración y gestión de la Rama Judicial, razón por la
cual resulta procedente mantener su vinculación al trámite tutelar.
(i) El requisito general de la subsidiariedad1 y la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo definitivo
Para el caso concreto, es preciso hacer referencia al requisito general de la
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra actos
administrativos, porque existen medios ordinarios de defensa judicial para controvertir
las decisiones de la administración.
Para la Corte Constitucional, el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de
la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la
acción, la Corte ha señalado que «permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y
recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los derechos» 2. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los
recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen
lesiva de sus derechos.
En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.
No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el
presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada
caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa
judicial, la Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad3:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver
las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales
circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo
definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
1
Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.
2
Sentencia T-603 de 2015; Sentencia T-580 de 2006, Corte Constitucional.
3
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa
judicial al alcance del afectado, se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto,
sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe
evaluarse en el contexto concreto4. El análisis particular resulta necesario, pues en
éste podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una
dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protección
o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados.
En cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de
conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este
modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, dicha excepción al
requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectación inminente del
derecho -elemento temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o
impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas
para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo 5.
Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios
judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de estos en el caso
concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma
efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo,
la acción puede proceder de forma definitiva.
De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial
protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de
familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre
otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a partir de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos6.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, pese a la existencia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el acto
administrativo que ordena la desvinculación de un cargo ocupado en provisionalidad
y la posibilidad de solicitar medidas cautelares, no implica la improcedencia
automática de la acción de tutela, toda vez que deben evaluarse las circunstancias
particulares de cada caso, de conformidad con las pretensiones y los argumentos que
fundamentan la solicitud de amparo7.
En el presente caso, la señora Dora Cilena Muñoz Cortés se encuentra en una
situación de vulnerabilidad que compromete su derecho al mínimo vital, razón por la
cual es sujeto de especial protección constitucional. En efecto, de las pruebas que
obran en el expediente se desprende que la accionante es una adulta mayor de 64
años y carece de ingresos económicos. Además, tiene la calidad de prepensionada y
cumple el rol de cuidadora principal, como se verá más adelante.
4
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es,
que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia T – 040 de 2016.
5
Sentencias: T – 225 de 1993, T – 789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.
6
Sentencias T-401 de 2017; T-163 de 2017; T-328 de 2011; T-456 de 2004; T-789 de 2003, T-136 de 2001, entre otras, Corte
Constitucional.
7 Sentencia T-318 de 2025. Corte Constitucional.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
Por las anteriores razones, el mecanismo ordinario del cual dispone la accionante para
controvertir los actos administrativos objetos de reproche constitucional, en este caso,
no se considera eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, pues la
tutelante no está en una posición que le permita esperar a que este sea agotado. Por
consiguiente, para la Sala, la acción de tutela es procedente, en el caso objeto de
estudio, como mecanismo definitivo.
(ii) El régimen de carrera como la regla general para el acceso a empleos
públicos.
El artículo 125 de la Constitución Política establece que por regla general «los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera», es decir, que el mérito es el factor
determinante para la provisión de los cargos públicos. De esta manera se garantizará
la idoneidad, capacidad y aptitud de los aspirantes para ejercer la función pública.
El sistema especial de carrera administrativa de la Rama Judicial es un sistema de
creación constitucional y se encuentra regulado por la Ley 270 de 1996, modificada
por la Ley 2430 de 2024. Dicho régimen, respecto a la provisión de vacantes
temporales establece en el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el numeral
2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 que «Cuando se trate de vacancia temporal, en cargos
de carrera judicial, se optará por un funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo,
siempre que cumpla los requisitos para el cargo, o por la persona que hace parte del Registro de
Elegibles. Este nombramiento no excluirá a la persona del respectivo Registro para optar por un cargo
en propiedad».
Asimismo, el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 fue reglamentado por
el Consejo Superior de la Judicatura por medio del Acuerdo PCSJA24-12238 9 de
diciembre de 2024, el cual en su artículo 2 dispuso lo siguiente respecto al
nombramiento en provisionalidad en una vacante temporal, en cargos de empleados
de carrera judicial:
Para las vacantes temporales de cargos de empleados de carrera judicial, los nominadores
podrán nombrar en provisionalidad, a un empleado de carrera del despacho respectivo, o
una persona que haga parte del registro de elegibles. Lo anterior, siempre y cuando
cumplan con los requisitos para el cargo.
En caso de que no sea posible suplir la vacante temporal por cualquiera de las alternativas
descritas en el inciso anterior, se deberá garantizar el cumplimiento de los principios de
igualdad en el acceso, imparcialidad en la evaluación, publicidad en las etapas, moralidad
en todas las actuaciones y celeridad en su resolución, dando prioridad a la selección de
personas que se encuentren en carrera judicial y cumplan con los requisitos para el cargo.
(iii) La estabilidad laboral de los empleados públicos que ocupan cargos en
provisionalidad
El artículo 53 de la Constitución Política establece los principios fundamentales del
trabajo, entre los que se encuentra la estabilidad del trabajador en el empleo, la cual,
según la jurisprudencia constitucional, varía según la condición del sujeto, la
naturaleza de la vinculación o el tipo de contrato y, de acuerdo con esos criterios,
puede ser clasificada como precaria, reforzada o intermedia.
Los empleados públicos que ocupan cargos en provisionalidad gozan de estabilidad
laboral relativa o intermedia, lo que implica que no permanecerán de manera
indefinida en el cargo.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
Sin embargo, cuando se trata de personas que son sujetos de especial protección
constitucional, la jurisprudencia ha reconocido ciertas garantías a quienes ocupan
cargos en provisionalidad. Precisamente, uno de esos supuestos es el caso de los
prepensionados, quienes por su edad se les dificulta acceder o tener movilidad en el
marcado laboral, lo que les impide asegurar la continuidad de sus cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social para adquirir su derecho pensional, como se
ampliará posteriormente.
(iv) Caso concreto
Con fundamento en el marco expuesto, la Sala examinará si las autoridades
demandadas desconocieron la estabilidad laboral reforzada de la accionante. Para
ello, verificará las condiciones que invoca como sujeto de especial protección
constitucional (su calidad de adulta mayor, su condición de prepensionada y su rol de
cuidadora principal) y su incidencia en las decisiones cuestionadas.
• Edad de la accionante y sus posibilidades de acceso al mercado laboral
formal
En el presente asunto está probado que la accionante nació el 5 de marzo de 1962,
por lo que al presentar la tutela (20 de mayo de 2026) tenía 64 años.
Según el DANE, al momento del censo de 2018 solo el 21,2 % de las mujeres entre
60 y 64 años trabajó al menos una hora en una actividad que le generara ingresos,
mientras el 55,7 % se dedicaba a oficios del hogar. En 2020, la tasa de ocupación de
las mujeres de 60 años o más fue del 18,6 %, cifra 34,8 puntos porcentuales inferior
a la de las mujeres entre 26 y 59 años8 El Banco de la República identificó la causa y
anotó que, a partir de los 50 años la informalidad de las mujeres vuelve a aumentar
por encima del 50 %, porque las personas cercanas a la edad de jubilación tienen
problemas de enganche en el mercado laboral formal, dado que los empleadores
prefieren trabajadores más jóvenes 9 . Lo anterior, ocurre en un mercado cuya
informalidad general se ubicó en 54,5 % en el trimestre abril - junio de 202610.
En este contexto, la Sala concluye que la accionante enfrenta una probabilidad remota
de obtener una nueva vinculación laboral formal. Además, es necesario señalar que
esa conclusión es relevante porque su situación exige un vínculo que genere aportes
al Sistema General de Pensiones, para de esa forma para completar las semanas que
le faltan para obtener la pensión. Sin embargo, como se señaló, la ocupación hacia la
que se desplazan mayoritariamente las mujeres de su edad es precisamente la
informal, categoría que el DANE define por la ausencia de cotizaciones a salud y
pensión derivadas del vínculo laboral11.
De modo que, existe un riesgo cierto de exclusión definitiva del mercado laboral formal
y, con ella, de frustración de la expectativa pensional que la accionante venía
consolidando.
8
DANE. Personas mayores en Colombia: hacia la inclusión y la participación. Nota Estadística, noviembre de 2021, secciones 6
y 7. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-
mayores-en-colombia.pdf
9
Nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia. Ensayos sobre Política Económica (ESPE) núm. 108,
Banco de la República, febrero de 2025, sección 1.1.2. «Informalidad laboral y características demográficas». Disponible en:
https://investiga.banrep.gov.co/es/espe/espe108
10
DANE. Empleo informal y seguridad social. Gran Encuesta Integrada de Hogares, boletín técnico del trimestre abril - junio de
2026, publicado el 13 de agosto de 2026. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-abr-
jun2026.pdf
11
Ibídem.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
• Estabilidad laboral de la accionante en calidad de prepensionada
Esta Sección ha sostenido que «la estabilidad laboral de los prepensionados es una garantía
constitucional de los trabajadores tanto del sector público como privado, consistente en no ser
desvinculados de sus cargos cuando se encuentren cerca de cumplir con los requisitos para acceder a
la pensión de vejez»12.
En dicha providencia, esta Sala estableció la diferencia entre el retén social y la
protección especial constitucional de persona prepensionada. En ese sentido, señaló
que mientras el primero tiene fundamento legal y se encuentra restringido a
situaciones de liquidación o restructuración de entidades públicas, la segunda se
sustenta en el artículo 46 de la Constitución Política, el cual consagra la obligación del
Estado de proteger a las personas de la tercera edad13.
En ese sentido, esta Corporación precisó, con fundamento en la sentencia T-055 de
2020, que la condición de prepensionada solo puede predicarse de aquellas personas
que se encuentran a tres años o menos de cumplir los requisitos exigidos para acceder
a la pensión.14
Ahora bien, la determinación de dicha calidad exige considerar el régimen pensional
al que pertenece el afiliado. Así lo reiteró la Corte Constitucional en la sentencia T-137
de 2025, al precisar que solo contará con la calidad de prepensionado: «i) en el caso
del Régimen de Prima Media, aquel que acredite que le hacen falta tres años o menos
para cumplir con el requisito de semanas de cotización para acceder a la pensión de
vejez y ii) en el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, aquel que
acredite que está a tres años o menos de adquirir el capital necesario para acceder al
monto mínimo de la pensión de vejez o que está a tres años o menos de completar
las semanas requeridas para obtener la garantía de pensión mínima de vejez en dicho
régimen».
La situación de la señora Muñoz Cortés se enmarca en la segunda hipótesis, en la
segunda modalidad. En efecto, la Sala advierte que está demostrado que ostenta
condición de prepensionada, toda vez que está afiliada al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por el fondo de pensiones Porvenir, y
acredita 999 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones. De modo que, al
tener 64 años ya superó el requisito de edad (57 años para las mujeres), exigido en
ese régimen para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez del artículo 65 de
la Ley 100 de 1993; no obstante, el único requisito pendiente es la densidad de
cotizaciones, que corresponde al umbral de 1.150 semanas, sujeto a la reducción
progresiva ordenada en la sentencia C-054 de 2024, es decir, le faltan 151 semanas,
equivalentes a menos de 3 años de aportes.
Es ese margen, y el hecho de que lo faltante sea tiempo de cotización y no la edad, el
que configura su condición de prepensionada y activa la estabilidad laboral reforzada
que la jurisprudencia constitucional reconoce a quienes están próximos a consolidar
el derecho pensional.
• Rol de cuidadora principal de su progenitora, quien se encuentra en una
condición de debilidad manifiesta
12 Sentencia del 13 de agosto de 2026. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Radicado: 11001-03-15-000-2026-04170-00.
13 Ibídem.
14 Ibídem.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
Por último, la accionante, manifestó que se desempeña como cuidadora principal de
su progenitora, la señora Esmilda Cortés de Muñoz, parentesco que acreditó con la
del certificado civil de la accionante.
Igualmente, de los apartes de la historia clínica que obra en el expediente, la Sala
advierte que la señora Esmilda Cortés de Muñoz actualmente tiene más de 95 años y
presenta graves afecciones de salud, tales como hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2 y antecedente de accidente cerebrovascular isquémico.
Las circunstancias antes descritas evidencian que la señora Esmilda Cortés de Muñoz
se encuentra en una condición de debilidad manifiesta, no solo por su edad, sino
también por su estado de salud.
De modo que, si bien la señora Esmilda Cortés de Muñoz no es la accionante ni
interviene en este trámite, los efectos de la decisión cuestionada la afectan de forma
directa, porque privan a la accionante de su única fuente de ingresos con la que
contaba y de ese modo la desvinculación repercutió sobre quien depende de ella para
su sostenimiento y cuidado.
• Actuaciones del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali
La Sala advierte que, mediante la solicitud presentada el 4 de febrero de 2026 ante el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, la accionante pidió ser tenida en cuenta
para ocupar el cargo en cuestión. Como fundamento de su solicitud, resaltó su
condición de adulta mayor, prepensionada (63 años, 999 semanas en Porvenir, RAIS)
y la dependencia económica de su madre de 94 años con múltiples afecciones de
salud. De la misma manera, en el recurso de reposición y, en subsidio apelación,
contra las Resoluciones núm. 001 del 30 de enero de 2026 y 003 del 3 de febrero de
2026, la accionante alegó que el nominador omitió realizar una valoración diferencial
de sus circunstancias particulares, especialmente su condición de mujer adulta mayor,
prepensionada y cuidadora principal de una persona de avanzada edad.
La Sala observa que las anteriores condiciones especiales de la accionante no fueron
valoradas por el Juzgado, pues al momento de disponer otra vez con la vacante
temporal en el cargo de citadora grado III, se abstuvo de nombrar nuevamente a la
accionante y optó por publicar la vacante, al considerar que se debía garantizar la
participación de la comunidad jurídica en general y de los empleados con eventual
derecho preferente.
Como resultado de dicho proceso de selección, el Juzgado, mediante Resolución
núm. 005 del 27 de febrero de 2026, nombró en provisionalidad, a la señora Agudelo
Rosero, quien es titular del cargo de asistente administrativo en propiedad de la oficina
de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civiles Municipales de Cali, sin hacer
referencia a las circunstancias particulares alegadas por la señora Muñoz Cortés.
• Juicio de ponderación
En ese contexto, la Sala advierte que surge una tensión entre la estabilidad laboral de
la señora Dora Cilena Muñoz Cortés, quien goza de especial protección constitucional,
y el principio del mérito como regla de acceso al empleo público, del cual deriva la
designación de la señora Angélica Julieth Agudelo Rosero.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
Al respecto, vale la pena señalar que la Corte Constitucional ha realizado juicios de
ponderación en casos en los que dichos derechos están en conflicto y ha determinado
que los trabajadores que ocupan cargos en provisionalidad y que están cerca a
pensionarse no tienen derecho a ocupar el cargo de manera indefinida, por cuanto
deben proveerse por concurso de méritos, lo cierto es que sí debe otorgárseles un
trato preferente como acción afirmativa, pues «concurre una relación de dependencia
intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos
fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se
sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de
estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales
derechos y los principios que informan la carrera administrativa» 15.
Igualmente, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de proporcionalidad
es una herramienta que aporta racionalidad y legitimidad a la decisión judicial y que
se compone de tres subprincipios, esto es, la idoneidad, la necesidad y la
proporcionalidad en sentido estricto16.
Conforme a dicho método, corresponde a la Sala establecer si la medida de protección
que se adopte persigue una finalidad constitucionalmente legítima y resulta adecuada
para alcanzarla, si existe una alternativa menos lesiva de los principios en tensión y si
el beneficio que reporta a los derechos protegidos es, cuando menos, equivalente al
sacrificio que impone.
En los términos expuestos, resulta necesario ponderar los derechos en conflicto y, con
sustento en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, estima pertinente tener
en cuenta las siguientes circunstancias: (i) la estabilidad laboral reforzada de la
accionante en su calidad de prepensionada, a quien le resta un margen inferior a tres
años de cotización para consolidar su derecho pensional; (ii) su vinculación como
citadora grado III del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali durante los últimos
quince años; (iii) las reducidas posibilidades de acceder al mercado laboral formal por
razón de su edad; (iv) su rol de cuidadora principal de una persona en condición de
debilidad manifiesta; (v) la carencia actual de ingresos y la interrupción de sus aportes
al Sistema General de Pensiones desde el 2 de febrero de 2026; (vi) la condición de
titular en propiedad del cargo de asistente administrativo de la oficina de apoyo de los
Juzgados de Ejecución Civiles Municipales de Cali que ostenta la señora Angélica
Julieth Agudelo Rosero; y (vii) la naturaleza temporal de la vacancia que dio lugar al
nombramiento cuestionado.
De las anteriores circunstancias, la Sala destaca que la afectación que la medida
produce no es equivalente, toda vez que la señora Agudelo Rosero conserva el cargo
en propiedad de asistente administrativo de la oficina de apoyo de los Juzgados de
Ejecución Civiles Municipales de Cali, de manera que la pérdida de efectos de su
nombramiento en provisionalidad no la priva de su vinculación al servicio, de sus
derechos de carrera ni de sus ingresos, sino que comporta su retorno al empleo del
cual es titular.
Por otro lado, la desvinculación de la señora Muñoz Cortés le significó la pérdida de
su única fuente de ingresos y la interrupción de sus cotizaciones cuando le restaba un
margen inferior a tres años para consolidar su derecho pensional. Aunado a lo anterior,
el nombramiento cuestionado obedeció a la provisión de una vacancia temporal, figura
15
Sentencia T-186 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). Sentencia T-156/14 (MP. María Victoria Calle).
16
Sentencia T-052 de 2023.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
que no constituye vía de acceso a la carrera judicial ni genera derecho de
permanencia, por lo que el principio del mérito no resulta intensamente comprometido.
De ahí que, el beneficio que la medida reporta a los derechos fundamentales de la
accionante supera el sacrificio que impone a los principios que informan la carrera
administrativa.
Tampoco se advierte la existencia de una alternativa menos lesiva o idónea, pues las
medidas de reubicación o de vinculación futura que sugirió el juzgado accionado no
aseguran la continuidad inmediata de las cotizaciones de la accionante, que es
precisamente lo que su condición exige.
Para la Sala, si bien el retiro de la accionante tuvo lugar como consecuencia del
reintegro al cargo del titular del empleo en propiedad, lo cierto es que el Juzgado debió
garantizarle el retorno al cargo que había ocupado durante los últimos 15 años, en
atención a las circunstancias particulares mencionadas.
• Conclusión
Aunque esta Corporación no desconoce la prevalencia del principio de acceso al
empleo público mediante concurso de méritos, considera necesario adoptar unas
medidas de acción afirmativas a favor de la tutelante, quien se encuentra en situación
de vulnerabilidad, no solo por sus calidades de adulta mayor y prepensionada, sino
también por ser la cuidadora principal de su progenitora, persona que se encuentra
en condición de debilidad manifiesta, como se expuso previamente.
En ese sentido, la solución que la Sala considera constitucionalmente adecuada es
dejar sin efectos el acto administrativo por medio del cual se nombró a la señora
Angélica Julieth Agudelo Rosero y ordenar la designación de la señora Dora Cilena
Muñoz Cortés en el cargo de citadora grado III del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Cali. Cabe resaltar que dicha designación tendrá lugar únicamente
mientras subsista la vacante temporal originada en la licencia no remunerada
concedida al titular del empleo, señor Julián Fernando Pérez Gil, mediante la
Resolución núm. 003 del 3 de febrero de 2026, o hasta cuando la accionante acredite
el cumplimiento de los requisitos para acceder a su pensión de vejez en el Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad, lo que primero ocurra. En otras palabras, la
presente medida no confiere a la accionante derecho de carrera alguno ni expectativa
de permanencia más allá de esos supuestos, ni afecta el derecho del titular a
reintegrarse a su empleo.
Ahora bien, es necesario precisar que, si el titular se reintegra y el cargo queda
nuevamente en situación de vacancia temporal, sin que la accionante haya
consolidado su derecho pensional, el nominador deberá designar a la señora Dora
Cilena Muñoz Cortes preferentemente para su provisión o adoptar cualquier acción
afirmativa en procura de su garantía de pensión mínima. Se reitera, lo anterior, no
limita el derecho del titular a reasumir el cargo, sino la discrecionalidad del nominador
frente a futuras y eventuales provisiones temporales de este.
En ese orden de ideas, se encuentra que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Cali vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo
vital, al trabajo en condiciones dignas y a la dignidad humana de la señora Muñoz
Cortés.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04007-00
Demandante: Dora Cilena Muñoz Cortés
En consecuencia, se deja sin efectos la Resolución núm. 005 del 27 de febrero de
2026, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y, en su lugar, se
ordenará a ese despacho judicial que vincule a la accionante al cargo que ocupaba
antes de ser retirada mediante Resolución núm. 001 del 30 de enero de 2026, mientras
subsista la vacante temporal del cargo o hasta que acredite el cumplimiento de los
requisitos para acceder a su pensión de vejez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. Negar las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Carrera Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del
Cauca.
2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social, al trabajo en condiciones dignas y a la dignidad humana de la señora Muñoz
Cortés.
En consecuencia, dejar sin efectos la Resolución núm. 005 del 27 de febrero de
2026, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y, en su lugar,
ordenar a ese despacho que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, vincule a la accionante al cargo de citadora grado
III que ocupaba antes de ser retirada mediante la Resolución núm. 001 del 30 de enero
de 2026.
Esa vinculación se mantendrá mientras subsista la vacancia temporal del cargo o
hasta el momento en el que la accionante acredite el cumplimiento de los requisitos
para acceder a su pensión de vejez en el RAIS.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.