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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04015-00

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04015-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR la pretensión de la presente acción de tutela, referente a la respuesta de la petición radicada el 20 de marzo de 2026 en lo que corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, conforme a los planteamientos expuestos. 2. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Geraldine Lisset Hernández Delgado contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04015-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04015-00
Demandante GERALDINE LISSET HERNÁNDEZ DELGADO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Solicitud de
información sobre las formas de provisión de cargos de la Rama
Judicial. Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por la señora Geraldine Lisset Hernández Delgado, quien actúa en
nombre propio, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1983 de 2017 y
333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de mayo de 20261, la señora Geraldine Lisset Hernández Delgado, actuando
en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por considerar vulnerado su
derecho fundamental de petición en razón a la falta de respuesta a la solicitud
presentada el 20 de marzo de 2026.

Con posterioridad la accionante allegó un escrito de adición a la tutela2, en el que
puso de presente que había recibido una respuesta por parte del Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, pero que esta era incompleta.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones3:
(sic para toda la cita)
«- Se tutele mi derecho fundamental de petición.
• Como consecuencia, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER Y
ARAUCA y a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL, que,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta
de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombiana.». […]
« Por lo anterior, solicito se tenga en cuenta la presente adición dentro del trámite
constitucional y se valore que la respuesta emitida por el CONSEJO SECCIONAL DE
LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA no resolvió
materialmente de fondo los interrogantes elevados mediante derecho de petición,
persistiendo así la vulneración del derecho fundamental invocado.»

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Samai, índice 2.
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Samai, índice 5.
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Samai, índice 2 y 5.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04015-00
Demandante: Geraldine Lisset Hernández Delgado

2. Hechos

Del escrito de tutela4 y del escrito de adición5 se advierten como hechos relevantes
los siguientes:

2.1. El 20 de marzo de 2026, la señora Geraldine Lisset Hernández Delgado
presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, en donde pedía información respecto a
las reglas que gobiernan la provisión de cargos en la Rama Judicial, conforme
a la Ley 270 de 1996.

Lo solicitado en la petición fue lo siguiente:
(sic para toda la cita)
«1. Tratándose de cargos de carrera judicial, cuando se presenta una vacante de carácter
temporal y existe dentro del despacho un servidor que ostenta derechos de carrera, esto
es vinculado en propiedad. ¿Es jurídicamente procedente efectuar su designación
mediante una figura de nombramiento de “manera transitoria”?
1.1 En caso afirmativo, se solicita precisar ¿si dicha figura resulta aplicable a los cargos
de carrera judicial en general? y, de ser así, indicar el fundamento normativo que la
sustenta, excluyendo los cargos creados en descongestión.
1.2 En caso de no resultar procedente dicha modalidad transitoria, se solicita precisar
¿si conforme al régimen de carrera judicial, la provisión de vacantes temporales debe
efectuarse mediante nombramiento en provisionalidad, atendiendo a la naturaleza
de la vacante y a la inexistencia de lista de elegibles vigente? […]
1.4 (sic) En consecuencia, se solicita respetuosamente se sirva precisar ¿si la utilización
de la expresión o figura de nombramiento “transitorio” tiene algún sustento
normativo dentro del régimen de carrera judicial o en la reglamentación expedida por
el Consejo Superior de la Judicatura, o si, por el contrario, su uso corresponde a una
denominación impropia o práctica administrativa que, en estricto sentido, debe
reconducirse a las figuras legalmente previstas, según la naturaleza de la vacante,
particularmente al nombramiento en provisionalidad? […]
2. Frente a las vacantes definitivas en cargos de carrera judicial, se solicita precisar ¿cuáles
son los criterios normativos, reglamentarios y jurisprudenciales que deben orientar la
decisión de efectuar un nombramiento en provisionalidad, particularmente en aquellos
eventos en los que existe un servidor de carrera -de propiedad- vinculado al despacho,
que podría ser considerado para ocupar el cargo, no obstante, se opta por designar a una
persona externa?
2.1 En este punto, se requiere sea aclarado el alcance de los principios de mérito,
igualdad de oportunidades, transparencia y derecho a la promoción en la carrera
judicial, para la provisión de cargos en la Rama Judicial, y la manera en que estos
criterios han sido interpretados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
2.2 Así como, la carga de motivación que recae en el nominador para justificar la no
elección de un servidor de carrera, en aras de garantizar decisiones ajustadas al
principio de legalidad y a las reglas propias del sistema de carrera judicial. […]
2.3 En consecuencia, se solicita se sirva precisar los parámetros bajo los cuales resulta
jurídicamente admisible apartarse de la consideración preferente de un servidor de
carrera del despacho, así como los estándares de motivación exigibles en estos
eventos, con el fin de asegurar que las decisiones de provisión de cargos se adopten
en estricto cumplimiento del principio de mérito y de las garantías propias del sistema
de carrera judicial. […]
3. ¿Se sirva precisar si, tratándose de un nombramiento -bien sea bajo la denominación de
“manera transitoria” o en provisionalidad-, resulta jurídicamente admisible que el
nominador fije discrecionalmente términos determinados de duración, aun cuando la
licencia que origina la vacante temporal haya sido concedida por un término de tres (3)
años?
3.1 En este mismo sentido, se solicita aclarar que, en el evento en que, con
posterioridad, dicha vacante adquiera el carácter de definitiva, ¿si su vinculación

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Samai, índice 2.
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Samai, índice 5.

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Demandante: Geraldine Lisset Hernández Delgado

cesa automáticamente por el cambio en la naturaleza de la vacante, o si, por el
contrario, debe continuar en el desempeño del cargo hasta tanto se produzca su
provisión en propiedad mediante el correspondiente concurso de méritos o se
produzca un traslado? […]
4. ¿Resulta jurídicamente procedente que, ante una vacante temporal, se designe a un
servidor de carrera, -vinculado en propiedad en el despacho- mediante una figura de
nombramiento “de manera transitoria”, y, de forma simultánea, se provea el cargo que
este deja mediante nombramiento en provisionalidad?
4.1 En particular, se solicita precisar el fundamento normativo de dicha práctica, en la
medida en que podría resultar contradictoria frente al régimen de provisión de cargos
previsto en la Ley 270 de 1996, dado que implicaría aplicar dos modalidades distintas
de vinculación para situaciones funcionalmente equivalentes.
4.2 En ese sentido, se requiere aclarar si ambas designaciones deben enmarcarse en
las formas legalmente previstas, esto es, en provisionalidad, o si existe sustento
jurídico para diferenciar el tratamiento entre uno y otro caso, evitando así
interpretaciones que desconozcan el principio de legalidad y la coherencia en la
administración de la carrera judicial.»

2.2. El 24 de marzo de 2026, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca dio respuesta a la petición del 20 de marzo de 2026.

2.3. La parte actora sostuvo que, a la fecha de presentación de esta acción de
tutela, no ha recibido respuesta total a su petición por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca, ni de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
en razón a que, la respuesta que se le dio no fue clara, precisa, congruente,
completa ni de fondo.

3. Fundamentos de la acción

La señora Geraldine Lisset Hernández Delgado considera que el Consejo Superior
de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial vulneraron su derecho
fundamental de petición al no darle respuesta de fondo a la solicitud que presentó
el 20 de marzo de 2026, en la que pedía información respecto a las reglas que
gobiernan la provisión de cargos en la Rama Judicial, conforme a la Ley 270 de
1996, los principios de mérito, igualdad y acceso a la función pública previstos en el
artículo 125 de la Constitución Política, pues asegura que a la fecha de presentación
de esta acción el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca dio una respuesta parcial.

Como fundamento jurídico citó los artículos 23 y 86 de la Constitución Política de
Colombia, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el «Art. 6° del C.C.A.»(Sic) y las
sentencias T-219 del 4 de mayo de 1994 y T-332 de 1 de junio de 2015.

Explicó que no se le dio respuesta de fondo a la totalidad de la petición. Precisó que
frente a «los numerales 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 y 4.2» se guardó silencio, y que
respecto de los demás numerales (1.4, 2.3, 3 y 4) la respuesta fue evasiva, e
incompleta, por lo que argumentó lo siguiente:

• Numeral 1.4, ya que «la entidad se limitó a citar disposiciones relacionadas con cargos
transitorios de descongestión previstos en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo
PCSJA24-12238 de 2024. Sin embargo, omitió pronunciarse concretamente sobre el problema
jurídico planteado, esto es, si dicha figura resulta aplicable a vacantes temporales en cargos
ordinarios de carrera judicial distintos de los cargos de descongestión».
• Numeral 2.3, ya que «la respuesta únicamente indicó de manera genérica que el
nominador puede optar por empleados del despacho, de otra unidad judicial o incluso por un
tercero, “de acuerdo con el leal saber y entender del titular del juzgado”, sin desarrollar los
criterios normativos, jurisprudenciales y objetivos que permiten al nominador apartarse de la
consideración preferente de un servidor de carrera del despacho en estricto cumplimiento del
principio de mérito».

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Demandante: Geraldine Lisset Hernández Delgado

• Numeral 3 ya que «la respuesta únicamente señaló que las licencias no remuneradas
pueden concederse hasta por tres años, y los términos oscilan en ese rango sin superar el
máximo definido, sin resolver de fondo el problema jurídico planteado».
• Numeral 4 ya que «la entidad simplemente indicó que el asunto “se resuelve a la luz del
artículo 132 de la Ley 270 de 1996”, sin efectuar desarrollo argumentativo alguno ni resolver
materialmente la pregunta formulada».

Consideró que se vulneraba su derecho fundamental de petición ya que la
jurisprudencia ha reiterado que este derecho no se satisface con «cualquier respuesta
formal o aparente» sino cuando se da una respuesta clara, precisa, congruente,
completa y de fondo, lo cual no se cumple en este caso.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 29 de mayo de 20266, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por la señora Geraldine Lisset Hernández
Delgado, contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Norte de Santander y Arauca y la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial; y se ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.

4.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, a
través de su Presidencia7, rindió informe en el que manifestó que el 20 de
marzo de 2026 recibió una petición presentada por la señora Geraldine Lisset
Hernández Delgado, en donde requería un concepto jurídico respecto a la
provisión de cargos de la Rama Judicial, solicitud a la que le brindó respuesta
con el oficio CSJNSOP26-359 del 24 de marzo de 2026.

Adujo que el derecho de petición tiene como objeto que se dé una respuesta
clara, completa, congruente y de fondo, independiente de que se acceda o no
a lo requerido por el peticionario. En consecuencia, consideró que no se
vulneró el derecho invocado por la accionante y pidió que se negaran las
pretensiones de la acción. Como prueba adjuntó: (i) copia de la petición del 20
de marzo de 2026, y (ii) el oficio CSJNSOP26-359 del 24 de marzo de 2026.

4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial8, manifestó que no se ha vulnerado el derecho de petición
de la accionante pues el 3 de junio de 2026 se le dio respuesta de fondo (Oficio
CJO26-2760), clara y coherente a la solicitud del 20 de marzo de 2026,
conforme a las competencias de esa unidad.

Explicó que en el oficio se le informó a la peticionaria sobre las formas de
provisión de los cargos según el artículo 132 de la Ley 270 de 1996. La
respuesta fue enviada al correo electrónico ghernanded@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Consideró que no se vulneró el derecho fundamental invocado y solicitó que
se declarara la carencia actual de objeto al existir un hecho superado. Como
evidencia adjuntó copia del oficio CJO26-2760 del 3 de junio de 2026 y una
captura de pantalla del envío de la respuesta.

4.4. El 1 de julio de 20269, la señora Geraldine Lisset Hernández Delgado presentó
memorial en el que solicitó información del estado actual de la acción de tutela.
El 2 de julio de 202610, la Secretaría General le brindó información del trámite
a la accionante.

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Samai, índice 7.
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Samai, índice 11.
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Samai, índice 13.
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Samai, índice 16.
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Samai, índice 17.

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Demandante: Geraldine Lisset Hernández Delgado

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar la posible vulneración del derecho fundamental
de petición respecto de la solicitud que presentó la señora Geraldine Lisset
Hernández Delgado el 20 de marzo de 2026, en la que pidió información respecto
de las reglas que gobiernan la provisión de cargos en la Rama Judicial.

3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta. Asimismo, de conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437
de 201112:
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos».

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido».

11
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
12
Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

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En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.

En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.

4. Estudio del caso concreto

4.1. La señora Geraldine Lisset Hernández Delgado cuestionó que el Consejo
Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
vulneraron su derecho fundamental de petición al no darle respuesta de fondo
a la solicitud que presentó el 20 de marzo de 2026, en la que pedía información
respecto a las reglas que gobiernan la provisión de cargos en la Rama Judicial,
aseguró que a la fecha de presentación de esta acción el Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca brindó una respuesta parcial.

4.2. La Sala pasa a estudiar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho
de petición de la accionante respecto de la solicitud que formuló el 20 de marzo
de 2026.

De la revisión del expediente fue posible advertir que el 25 de marzo de 2026,
a las 10:00 am, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
y Arauca remitió el oficio CSJNSOP26-359 del 24 de marzo de 2026 a la
señora Geraldine Lisset Hernández Delgado a la dirección electrónica:
ghernanded@cendoj.ramajudicial.gov.co13.

A su vez, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD envió el
3 de junio de 2026, a las 14:58, el oficio CJO26-2760 a la peticionaria dando
respuesta a su solicitud14.

4.3. Para proceder con la revisión de las respuestas que las autoridades
accionadas le brindaron a la petición del 20 de marzo de 2026, se hará un
estudio por conjunto de preguntas.

Así pues, en lo referente a los numerales 1, 1.1, 1.2, y 1.4 es necesario
transcribir las solicitudes que realizó la señora Geraldine Lisset Hernández
Delgado (se precisa que en la petición no se planteó un numeral denominado 1.3).
Esto en los siguientes términos:
(sic para toda la cita)
«1. Tratándose de cargos de carrera judicial, cuando se presenta una vacante de carácter
temporal y existe dentro del despacho un servidor que ostenta derechos de carrera, esto
es vinculado en propiedad. ¿Es jurídicamente procedente efectuar su designación
mediante una figura de nombramiento de “manera transitoria”?
1.1 En caso afirmativo, se solicita precisar ¿si dicha figura resulta aplicable a los cargos
de carrera judicial en general? y, de ser así, indicar el fundamento normativo que la
sustenta, excluyendo los cargos creados en descongestión.

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Samai, índice 11.
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Samai, índice 13.

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Demandante: Geraldine Lisset Hernández Delgado

1.2 En caso de no resultar procedente dicha modalidad transitoria, se solicita precisar
¿si conforme al régimen de carrera judicial, la provisión de vacantes temporales debe
efectuarse mediante nombramiento en provisionalidad, atendiendo a la naturaleza
de la vacante y a la inexistencia de lista de elegibles vigente? […]
1.4 (sic) En consecuencia, se solicita respetuosamente se sirva precisar ¿si la utilización
de la expresión o figura de nombramiento “transitorio” tiene algún sustento
normativo dentro del régimen de carrera judicial o en la reglamentación expedida por
el Consejo Superior de la Judicatura, o si, por el contrario, su uso corresponde a una
denominación impropia o práctica administrativa que, en estricto sentido, debe
reconducirse a las figuras legalmente previstas, según la naturaleza de la vacante,
particularmente al nombramiento en provisionalidad? […]

Frente a estos primeros ítems se debe indicar que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca atendió los cuestionamientos,
precisando respecto del numeral 1.4 que:
«Conforme al Artículo 63 de la Ley 270 de 1996 modificado por el Artículo 25 de la Ley 2430
de 2024, referentes a medidas de descongestión, se hace necesario precisar que, en las
disposiciones normativas en comento, se hace uso del término “transitorio”, tal y como se
ilustra a continuación: “…
c) Crear con carácter transitorio, despachos judiciales, jueces y magistrados de apoyo
itinerantes en cada jurisdicción y en uno o varios municipios para atender las mayores
cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para
tramitar y resolver los procesos dentro de los despachos que se señalen expresamente,
de acuerdo a las necesidades de descongestión y a los estudios sobre la conflictividad y
litigiosidad en los territorios a impactar. Para el caso de magistrados de tribunales
superiores de distrito judicial su nombramiento corresponderá a la Sala Plena del Consejo
de Estado o de la Corte Suprema de Justicia, y los jueces a la Sala Plena de los
Tribunales Superiores de Distrito, pero por su carácter transitorio no tendrán derechos de
carrera judicial. (Subrayado fuera de texto)
e) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados
sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto. Para el caso de magistrados de
tribunales superiores de distrito judicial su nombramiento corresponderá a la Sala Plena
del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia, y los jueces a la Sala Plena de
los Tribunales Superiores de Distrito, pero por su carácter transitorio no tendrán derechos
de carrera judicial.” (Subrayado fuera de texto)
En igual sentido, el Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024, que reglamentó el numeral 2 del
Artículo 132 de la Ley 270 de 1996 modificada por el Artículo 68 de la Ley 2430 de 2024,
expuso los lineamientos que deben aplicarse para provisión de cargos en provisionalidad en
vacancias temporales.
De conformidad con la normativa precitada, la referida disposición no es aplicable a la
provisión de cargos transitorios creados con fines de descongestión, estableciéndose que
corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, ejecutar el Plan Nacional en esta materia y
adoptar las medidas pertinentes».

No obstante, la accionante en su escrito de adición manifestó su inconformidad
con la anterior respuesta pues consideró que «la entidad se limitó a citar
disposiciones relacionadas con cargos transitorios de descongestión previstos en el artículo
63 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024. Sin embargo, omitió
pronunciarse concretamente sobre el problema jurídico planteado, esto es, si dicha figura
resulta aplicable a vacantes temporales en cargos ordinarios de carrera judicial distintos de
los cargos de descongestión», de igual forma consideró que, no se dio respuesta a
las preguntas Nro. 1, 1.1 y 1.2.

Ahora bien, del anterior recuento es posible advertir que la autoridad
accionada sí brindó una respuesta de fondo, pues le puso de presente a la
peticionaria que el Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024 reglamentó el numeral
2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 modificada por el artículo 68 de la Ley
2430 de 2024, por lo que, en el mencionado acuerdo se estableció que cuando
no fuera posible la provisión de los cargos citados en los términos previstos en
el inciso segundo del numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, se
aplicarían las siguientes reglas:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04015-00
Demandante: Geraldine Lisset Hernández Delgado

«Artículo 2. Nombramiento en provisionalidad en una vacante temporal, en cargos de
empleados de carrera judicial. Para las vacantes temporales de cargos de empleados de
carrera judicial, los nominadores podrán nombrar en provisionalidad, a un empleado de carrera
del despacho respectivo, o una persona que haga parte del registro de elegibles. Lo anterior,
siempre y cuando cumplan con los requisitos para el cargo.
En caso de que no sea posible suplir la vacante temporal por cualquiera de las alternativas
descritas en el inciso anterior, se deberá garantizar el cumplimiento de los principios de
igualdad en el acceso, imparcialidad en la evaluación, publicidad en las etapas, moralidad en
todas las actuaciones y celeridad en su resolución, dando prioridad a la selección de personas
que se encuentren en carrera judicial y cumplan con los requisitos para el cargo.» (Énfasis
propio)

Lo que significa que se dio respuesta a las preguntas de los numerales 1, 1.1.,
1.2 y 1.4, sin que la respuesta fuera de SÍ o NO como pretendía la peticionaria,
pues en su pregunta Nro. 1 quería saber si era jurídicamente procedente que
se realizara el nombramiento de «manera transitoria» cuando existía una vacante
de carácter temporal, y la autoridad accionada le indicó en donde se utilizó el
término «transitorio» y para qué eventos (con la finalidad de que no confundiera el
término); a su vez, se respondió la pregunta Nro. 1.1 y Nro.1.2 pues se le
explicó cómo se reglamentó el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, en donde se
expuso cómo funciona el nombramiento en provisionalidad en una vacante
temporal en cargos de empleados de carrera judicial, y pudo observar que la
ley estableció que en primer lugar se debe optar por un funcionario o empleado
de carrera del respectivo despacho (siempre que cumpla los requisitos de ley) o,
por la persona que hace parte del registro de elegibles, o si ninguna de estas
dos alternativas se da, se debe «garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad
en el acceso, imparcialidad en la evaluación, publicidad en las etapas, moralidad en todas las
actuaciones y celeridad en su resolución, dando prioridad a la selección de personas que se
encuentren en carrera judicial y cumplan con los requisitos para el cargo».

La pregunta Nro. 1.4 también fue resuelta pues, como se mencionó
anteriormente, la autoridad accionada le indicó en donde se utilizó el término
«transitorio». En este punto se precisa que al Consejo Seccional de la Judicatura
no le está dado valorar la legalidad o no de un acto administrativo de
nombramiento pues esa es tarea de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Se resalta que si bien la actora en el escrito de adición de la tutela manifestó
que se omitió resolver «si dicha figura resulta aplicable a vacantes temporales en cargos
ordinarios de carrera judicial distintos de los cargos de descongestión», se debe indicar
que la formulación de ese problema jurídico es distinto al que se redactó
inicialmente en la petición, pues la formulación más cercana era la de la
pregunta Nro. 1.2 que era resultado de la respuesta de la pregunta Nro. 1,
luego no se puede exigir a la autoridad accionada que atienda un
planteamiento que no se realizó o se formuló desde la presentación de la
solicitud.

4.4. Ahora en lo que respecta a los cuestionamientos de los numerales 2, 2.1, 2.2,
y 2.3, se transcriben a continuación las solicitudes de la peticionaria así:
(Sic a toda la cita)
2. Frente a las vacantes definitivas en cargos de carrera judicial, se solicita precisar ¿cuáles
son los criterios normativos, reglamentarios y jurisprudenciales que deben orientar la
decisión de efectuar un nombramiento en provisionalidad, particularmente en aquellos
eventos en los que existe un servidor de carrera -de propiedad- vinculado al despacho,
que podría ser considerado para ocupar el cargo, no obstante, se opta por designar a una
persona externa?
2.1 En este punto, se requiere sea aclarado el alcance de los principios de mérito,
igualdad de oportunidades, transparencia y derecho a la promoción en la carrera

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judicial, para la provisión de cargos en la Rama Judicial, y la manera en que estos
criterios han sido interpretados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
2.2 Así como, la carga de motivación que recae en el nominador para justificar la no
elección de un servidor de carrera, en aras de garantizar decisiones ajustadas al
principio de legalidad y a las reglas propias del sistema de carrera judicial. […]
2.3 En consecuencia, se solicita se sirva precisar los parámetros bajo los cuales resulta
jurídicamente admisible apartarse de la consideración preferente de un servidor de
carrera del despacho, así como los estándares de motivación exigibles en estos
eventos, con el fin de asegurar que las decisiones de provisión de cargos se adopten
en estricto cumplimiento del principio de mérito y de las garantías propias del sistema
de carrera judicial. […]

En lo relativo a estos segundos ítems se debe indicar que el Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca atendió precisando respecto
del numeral 2.3 que:
«Frente al tema, sea del caso traer a colación el Artículo 175 de la Ley 270 de 1996 modificada
por la Ley 2430 de 2024, el cual estipula que corresponde a las Corporaciones Judiciales y a
los Jueces de la República con relación a la administración de la Carrera Judicial, cumplir las
siguientes funciones:
1. Designar a los funcionarios y empleados cuyos nombramientos les corresponda de
conformidad con la ley y el reglamento.
Por su parte el Artículo 167 de la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 2430 de 2024,
es la autoridad Nominadora quien debe cumplir, entre otras, la función de realizar
nombramientos de conformidad con las normas que rigen la materia.
En tal sentido, es relevante destacar que los Directores de Despacho en su calidad de
Nominadores, son los que gozan de competencia para cubrir los cargos que se
encuentren vacantes temporalmente, conforme a lo establecido en el Artículo 132 de la
Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024; en ese orden y de acuerdo con el
leal saber y entender del titular del Juzgado y siempre observando los requisitos de perfil
exigidos respecto de los mismos, podrá optar por un empleado de la respectiva Unidad
Judicial, o de otra cualesquiera de ellas, así como también de un candidato diferente
cuando a ello hubiere lugar, en observancia de los principios de la función administrativa».

No obstante, la accionante en su escrito de adición manifestó su inconformidad
con lo anterior pues, en su concepto, «la respuesta únicamente indicó de manera
genérica que el nominador puede optar por empleados del despacho, de otra unidad judicial
o incluso por un tercero, “de acuerdo con el leal saber y entender del titular del juzgado”, sin
desarrollar los criterios normativos, jurisprudenciales y objetivos que permiten al nominador
apartarse de la consideración preferente de un servidor de carrera del despacho en estricto
cumplimiento del principio de mérito».

Ahora bien, del anterior recuento es posible advertir que el Consejo Seccional
de la Judicatura dio respuesta de fondo al planteamiento de la señora
Geraldine Lisset frente a los ítems 2, 2.1, 2.2 y 2.3. Le indicó que, frente a la
pregunta Nro. 2 el criterio que debe orientar a un nominador a hacer un
nombramiento en provisionalidad es el fijado en la ley, por ello le señaló que
se hace «conforme a lo establecido en el Artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificada por
la Ley 2430 de 2024», artículo en el cual se menciona como funcionará el
nombramiento en propiedad y en provisionalidad cuando existe vacancia
definitiva.

Frente a las preguntas Nro. 2.1 y 2.2 se puso de presente que los nominadores
«son los que gozan de competencia para cubrir los cargos que se encuentren vacantes» por
lo que, los parámetros que se deben tener en cuenta son los establecidos en
la ley y en los principios de la función pública «de acuerdo con el leal saber y entender
del titular del Juzgado y siempre observando los requisitos de perfil exigidos respecto de los
mismos, podrá optar por un empleado de la respectiva Unidad Judicial, o de otra cualesquiera
de ellas, así como también de un candidato diferente cuando a ello hubiere lugar», como se
identifica en el inciso primero del numeral dos del artículo 132 de la
mencionada norma.

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En lo relacionado con la pregunta Nro. 2.3 se debe mencionar que el accionado
dio respuesta a este cuestionamiento que enmarca las otras tres preguntas.

De otro lado, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD en
lo que respecta a este punto señaló que el nominador es el encargado de
realizar los nombramientos que le competen de acuerdo con las formas de
provisión legal establecidas en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, como
sustento trajo a colación un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado (31 de marzo de 2022), reiterando el pronunciamiento del
23 de febrero de 2022 (exp. 11001-03-06-000-2021-00183-00), de la siguiente
forma:
«En ese sentido, el numeral 1 del artículo 175 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, dispone que, corresponde a las Corporaciones Judiciales y a los Jueces de la
República, cumplir, entre otras funciones, la de designar a los funcionarios y empleados cuyos
nombramientos les competan, conforme a la ley y al reglamento.
De igual manera, el artículo 167 de la citada ley, establece que, compete a cada entidad
nominadora prevista en el artículo 131 ibidem, efectuar los respectivos nombramientos de
conformidad con las formas de provisión legalmente previstas en el artículo 132 de la misma
norma, sin que el Consejo Superior de la Judicatura representado por esta Unidad, tenga o
pueda tener injerencia alguna».

Esta unidad añadió que, en lo que tiene que ver con las vacantes definitivas
«hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, el
nombramiento se hará siguiendo los parámetros señalados en la ley, que, en dichos casos, el
artículo 132 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia prevé».

Y para atender el requerimiento de la pregunta Nro. 2.1 identificó las
sentencias «C-134 de 2023, SU-452 de 2024, C-333 de 2012, y SU-067 de 2022» y
mencionó que de requerir más información podría consultar la relatoría de la
Corte Constitucional o del Consejo de Estado.

4.5. Frente a los interrogantes de los numerales 3 y 3.1 se transcriben conforme
los planteó la señora Hernández Delgado a continuación:
3. ¿Se sirva precisar si, tratándose de un nombramiento -bien sea bajo la denominación de
“manera transitoria” o en provisionalidad-, resulta jurídicamente admisible que el
nominador fije discrecionalmente términos determinados de duración, aun cuando la
licencia que origina la vacante temporal haya sido concedida por un término de tres (3)
años?
3.1 En este mismo sentido, se solicita aclarar que, en el evento en que, con
posterioridad, dicha vacante adquiera el carácter de definitiva, ¿si su vinculación
cesa automáticamente por el cambio en la naturaleza de la vacante, o si, por el
contrario, debe continuar en el desempeño del cargo hasta tanto se produzca su
provisión en propiedad mediante el correspondiente concurso de méritos o se
produzca un traslado? […]

En lo relativo a estos ítems se debe indicar que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca atendió precisando respecto del
numeral 3 que:
«Tal y como lo dispone el Artículo 142 de la Ley 270 de 1996 modificado por el Artículo 73 de
la Ley 2430 de 2024, tanto funcionarios como empleados tienen derecho a licencias no
remuneradas hasta por el término de tres (3) años; en ese orden de ideas, los términos oscilan
en ese rango sin superar el máximo definido».

No obstante, la accionante en su escrito de adición manifestó su inconformidad
con la anterior respuesta pues consideró que, «la respuesta únicamente señaló que
las licencias no remuneradas pueden concederse hasta por tres años, y los términos oscilan
en ese rango sin superar el máximo definido, sin resolver de fondo el problema jurídico
planteado», como señala que tampoco se resolvió la pregunta Nro. 3.1.

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Esta Sala considera que el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca atendió de fondo los cuestionamientos de los numerales
3 y 3.1 pues con la información que se le brindó con anterioridad respecto de
las formas de provisión legal establecidas en el artículo 132 de la Ley 270 de
1996 y el término de duración de la licencia se atendió el requerimiento
realizado.

Por su parte, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD le
precisó a la peticionaria que no tiene en sus funciones servir de órgano
consultivo, como tampoco, cuenta con la facultad para «intervenir o pronunciarse
sobre asuntos propios de la autoridad nominadora, tales como las consultadas por usted», y
le puso de presente que «en los eventos en que el interesado considere que un acto
administrativo por medio del cual se efectúa un nombramiento, riñe con el ordenamiento
jurídico o atenta contra el principio de legalidad, deberá acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, a fin de cuestionar la legalidad de tal acto o de dichas decisiones, siendo la
autoridad competente para emitir pronunciamiento».

4.6. Frente a los cuestionamientos de los numerales 4, 4.1 y 4.2 se transcriben a
continuación las solicitudes de la señora Hernández Delgado así:
(Sic a toda la cita)
4. ¿Resulta jurídicamente procedente que, ante una vacante temporal, se designe a un
servidor de carrera, -vinculado en propiedad en el despacho- mediante una figura de
nombramiento “de manera transitoria”, y, de forma simultánea, se provea el cargo que
este deja mediante nombramiento en provisionalidad?
4.1 En particular, se solicita precisar el fundamento normativo de dicha práctica, en la
medida en que podría resultar contradictoria frente al régimen de provisión de cargos
previsto en la Ley 270 de 1996, dado que implicaría aplicar dos modalidades distintas
de vinculación para situaciones funcionalmente equivalentes.
4.2 En ese sentido, se requiere aclarar si ambas designaciones deben enmarcarse en
las formas legalmente previstas, esto es, en provisionalidad, o si existe sustento
jurídico para diferenciar el tratamiento entre uno y otro caso, evitando así
interpretaciones que desconozcan el principio de legalidad y la coherencia en la
administración de la carrera judicial.»

En lo referente a los ítems del punto cuarto se debe indicar que el Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca atendió las
solicitudes precisando respecto del numeral 4 que:
«El anterior interrogante se resuelve a la luz del Artículo 132 de la Ley 270 de 1996 modificado
por el Artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, donde se señala la manera de proveer cargos de
carrera».

No obstante, la accionante en su escrito de adición manifestó su inconformidad
con la anterior respuesta pues, en su concepto frente a la pregunta Nro. 4 «la
entidad simplemente indicó que el asunto “se resuelve a la luz del artículo 132 de la Ley 270
de 1996”, sin efectuar desarrollo argumentativo alguno ni resolver materialmente la pregunta
formulada». A su vez, aseguró que se omitió dar respuesta a los puntos 4.1 y
4.2.

Frente a esto, la Sala considera que la autoridad accionada sí dio respuesta
de fondo a los numerales 4, 4.1 y 4.2, esto en razón a que se le puso de
presente a la peticionaria que las formas de provisión de cargos de la Rama
Judicial se encuentran establecidas en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996,
respuesta que se dio dentro del límite de sus competencias. Y como se
mencionó con anterioridad, al Consejo Seccional de la Judicatura no le
corresponde realizar valoraciones de lo que se considera «procedente» o
improcedente jurídicamente en un caso concreto. De ahí que, con el
fundamento normativo que se le indicó, la señora Geraldine Lisset Hernández
Delgado podrá realizar un análisis personal, o buscar una asesoría jurídica
que estime pertinente.

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5. Conclusión

Así las cosas, la Sección negará las pretensiones de la presente acción de tutela,
referente a la respuesta de la petición radicada el 20 de marzo de 2026, en razón
a que el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca dio
respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud el 24 de marzo de 2026, es
decir dentro del término establecido en la ley y previo a la radicación de esta acción
de tutela.

Por su parte, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD atendió,
dentro del ejercicio de sus competencias, la petición de la accionante durante el
trámite de esta acción constitucional (3 de junio de 2026), por lo que, respecto de
esta autoridad se declarará la carencia actual de objeto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR la pretensión de la presente acción de tutela, referente a la respuesta
de la petición radicada el 20 de marzo de 2026 en lo que corresponde al Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, conforme a los
planteamientos expuestos.

2. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con las pretensiones de
la acción de tutela promovida por la señora Geraldine Lisset Hernández
Delgado contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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