Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04018-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04018-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04018-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04018-00
Accionante: Elvira Sosa de Gama y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – NIEGA
AMPARO – No se acreditó vulneración al derecho al acceso a la administración de
justicia / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de los requisitos de
inmediatez de relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 25 de mayo de 2026, los señores Elvira Sosa de Gama, María Alcira Gama
Sosa y José Belarmino Daza Gaona, a través de apoderado judicial, promovieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Tunja, la Alcaldía municipal y la Inspección de Policía de
Boyacá (Boyacá), con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, vivienda digna, tutela judicial
efectiva, defensa, contradicción, dignidad humana, petición e igualdad.
2.
Expusieron que, el 6 de diciembre de 2022, el señor Lucas Efraín Martínez
Cifuentes, en calidad de representante legal de la Fundación Social “Un Solo
Corazón” ESAL (Fundación) promovió querella policiva en su contra, por
perturbación a la posesión de un inmueble ubicado en el municipio de Boyacá.
3.
Mediante Resolución 110.2.2023.003 de 25 de abril de 2023, la Inspección de
Policía de Boyacá los declaró perturbadores de la posesión y ordenó su desalojo.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
1
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Afirmaron que esta actuación estaba viciada de nulidad, pues al momento de
promoverse la querella, la Fundación no era la propietaria del inmueble, sino el
municipio, conforme a la Escritura Pública 3576 del 22 de noviembre de 2022.
Agregaron que se desconocieron pruebas que demostraban que ejercían la posesión
del predio hace más de 20 años, circunstancia que condujo a que se profiriera una
decisión falsamente motivada.
4.
Con fundamento en lo anterior, los demandantes presentaron “demanda de
nulidad resolución Inspector de Policía de Boyacá – Boyacá y Restablecimiento del
Derecho de Posesión”, ante la alcaldía municipal. Mediante auto del 15 de julio de
2024, dicha entidad rechazó de plano dicha solicitud, al considerar que carecía de
competencia para tramitar cualquier demanda de esa naturaleza, pues sus
atribuciones se limitaban a resolver los recursos de apelación interpuestos
oportunamente contra las decisiones tomadas en primera instancia por los
inspectores de policía.
5.
Respecto de la anterior decisión, solicitaron su revocatoria directa. A través de la
Resolución 100.56-140-2024 de 6 de agosto de 2024, la Alcaldía reiteró su falta de
competencia para conocer el asunto.
6.
Indicaron que la administración “remitió el asunto a los Juzgados Administrativos
de Tunja”2, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Octavo Administrativo de
Tunja que en providencia del 23 de julio de 2025 rechazó la demanda, al considerar
que la Resolución 110.2.2023.003 de 2023 fue proferida dentro de un proceso
policivo de perturbación a la posesión en el que la Inspección de Policía ejerció
funciones jurisdiccionales, de modo que no era susceptible de control ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con los artículos 105 y 169
del CPACA.
7.
La anterior decisión fue apelada por los demandantes. Mediante providencia de
29 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el rechazo de la
demanda, al reiterar que las decisiones adoptadas en procesos policivos de amparo
de la posesión tienen naturaleza jurisdiccional y, por ende, no son susceptibles de
control bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Añadió
que los reproches asociados con la falta de legitimación del querellante y la falsa
motivación del acto demandado buscaban cuestionar el fondo de la decisión policiva,
asunto ajeno a la competencia de dicha jurisdicción.
8.
La parte actora sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
procedimental porque desconocieron garantías propias del debido proceso al
abstenerse de resolver de fondo las solicitudes elevadas y la demanda promovida,
así como también por omitir la valoración integral de las pruebas obrantes en el
proceso policivo, lo que le habría impedido ejercer adecuadamente su derecho de
2 Hecho octavo, escrito de tutela. Índice 2, SAMAI.
2
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defensa y acceder a una decisión judicial sobre la legalidad del acto administrativo
cuestionado.
9.
También se configuró un defecto fáctico porque no se estudiaron pruebas
determinantes relacionadas con la posesión histórica ejercida por los accionantes
sobre el inmueble, la donación efectuada por la Fundación al municipio de Boyacá,
la falta de legitimación del querellante para promover la actuación policiva y la
realidad material de ocupación del bien. En particular afirmaron que se ignoraron
elementos de convicción que demostraban que el inmueble pertenecía al ente
territorial y que ellos ejercían actos de señor y dueño desde hacía varias décadas.
10.
De otro lado, se alegó haber incurrido en defecto sustantivo por aplicación
irrazonable de las normas que regulan los procesos policivos, se afectó su derecho
al acceso a la administración de justicia, pues se concluyó que las decisiones
adoptadas en ese tipo de trámites no podían ser sometidas a control judicial
posterior, generando así que los accionantes quedaran desprovistos de un
mecanismo judicial ordinario eficaz para controvertir las irregularidades que, en su
criterio, afectaban la legalidad de la Resolución 110.2.2023.003 de 2023.
11.
A juicio de los demandantes, existe un conflicto de competencias negativo entre
las autoridades administrativas y judiciales, que implica una evidente vulneración a
los derechos fundamentales invocados.
12.
Por último, sostuvieron que las autoridades enjuiciadas desconocieron el
precedente constitucional en el que se ha reconocido la procedencia excepcional
de la tutela frente a actuaciones policivas de naturaleza jurisdiccional, cuando estas
configuren vías de hecho o comporten una afectación grave del debido proceso. Citó
las sentencias T-149 de 1998, T-115 de 2004, T-1023 de 2005, T-267 de 2011 y T-
438 de 2021.
13.
En consecuencia, los accionantes solicitaron dejar sin efectos la Resolución
110.2.2023.003 de 25 de abril de 2023 expedida por la Inspección Municipal de
Policía de Boyacá, así como las actuaciones posteriores derivadas de esta; ordenar
rehacer la actuación policiva garantizando la valoración integral del material
probatorio y el ejercicio del derecho de defensa; adoptar las medidas necesarias para
evitar un perjuicio irremediable y restablecer sus derechos fundamentales; y dirimir
el conflicto negativo de competencias suscitado entre la alcaldía y la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo, determinando la autoridad competente para conocer
y decidir de fondo la demanda de nulidad promovida contra el referido acto policivo.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
14.
Mediante auto de 29 de mayo de 20263, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas, se vinculó a la Fundación Social “Un Solo
3 Notificado el 5 de junio de 2026.
3
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Corazón” ESAL, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo y se requirió: (i) al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja y a la
Inspección de Policía Municipal de Boyacá para que remitieran copia digital del
expediente con radicado 15001-33-33-008-2025-00140-00/01 y del proceso de
perturbación a la posesión, respectivamente, y (ii) al abogado de la parte actora para
que allegara poder que lo facultara para actuar en el presente asunto 4.
15.
En la misma providencia, se negó la solicitud de medida provisional consistente
en la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución 110.2.2023.003 del 25
de abril de 2023, al no encontrarse acreditada la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable ni justificarse su necesidad.
(i) Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja5
16.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que las
actuaciones adelantadas por el despacho judicial garantizaron plenamente el debido
proceso de los accionantes. Reiteró los argumentos expuestos en auto del 23 de julio
de 2025, mediante el cual rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por aquellos, y destacó que las providencias dictadas en el marco
de procesos policivos encaminados a dirimir conflictos entre particulares
relacionados con la posesión de inmuebles no constituyen actos administrativos
susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino actos
jurisdiccionales, razón por la cual, de conformidad con los artículos 105 y 169 del
CPACA, el medio de control resultaba improcedente.
(ii) Tribunal Administrativo de Boyacá6
17.
Pidió que se declarara la improcedencia del amparo por carecer de relevancia
constitucional, al estimar que la acción de tutela fue promovida con el propósito de
surtir una instancia adicional al proceso ordinario y reabrir la discusión jurídica sobre
la imposibilidad de someter a control jurisdiccional la Resolución 110.2.2023.003 de
2023. Agregó que los reproches formulados contra las providencias cuestionadas
tampoco fueron debidamente sustentados.
(iii) Inspección Municipal de Policía de Boyacá7
18.
El inspector municipal se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno sobre lo
alegado en la tutela, dado que la misma se dirige a cuestionar las actuaciones del
Tribunal Administrativo de Boyacá, sin que ello sea de su competencia. Además,
4 Requerimiento atendido el 9 de junio de 2026. Índice 13, SAMAI.
5 Intervención contenida en 8 folios.
6 Intervención contenida en 4 folios.
7 Intervención contenida en 1 folio.
4
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afirmó que ya se había presentado solicitud de amparo por estos hechos ante la
Corte Constitucional.
(iv) Alcaldía de Boyacá8
19.
Solicitó negar el amparo por falta de inmediatez y ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados. Señaló que las actuaciones adelantadas por la
administración observaron las formas propias de la actividad policiva y se
sustentaron en el material probatorio debidamente recaudado.
20.
Añadió que, conforme a la jurisprudencia constitucional, las decisiones adoptadas
en juicios policivos de perturbación a la posesión constituyen actos jurisdiccionales
no susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de modo
que la tutela fue presentada para corregir la falta de diligencia de los accionantes en
la defensa de sus intereses. Finalmente, destacó que la solicitud de amparo fue
promovida más de dos años después de proferidas las decisiones cuestionadas.
(v) Los demandantes9
21.
En escrito adicional, el apoderado de los demandantes amplió y complementó la
solicitud de medida provisional inicialmente formulada, con el propósito de demostrar
con mayor precisión la configuración de un perjuicio irremediable y la necesidad de
adoptar la cautela deprecada. Para tal efecto, allegó documentación que -en su
criterio- refuerza la apariencia de buen derecho invocada en la tutela y acreditaría la
afectación actual de los derechos fundamentales de sus representados.
22.
En particular, reiteró que la querella policiva fue promovida por quien carecía de
legitimación para actuar, pues la Fundación había transferido previamente el
inmueble al municipio de Boyacá. Asimismo, sostuvo que las autoridades
desconocieron el alcance del material probatorio relativo al remate, dado que, este
únicamente recayó sobre la cuota parte atribuida a la señora Elvira Sosa de Gama y
no sobre la totalidad del predio, respecto del cual el señor Segundo Cifuentes y los
herederos del cónyuge fallecido de aquella también ostentarían derechos de dominio
y coposesión. Añadió que las diligencias de entrega excedieron lo efectivamente
adjudicado, incluso respecto de un patio aledaño. Enfatizó que los accionantes
fueron desalojados de la vivienda que ocupaban desde hacía varios años, pese a
que la señora Elvira es sujeto de especial protección constitucional en razón de su
edad.
23.
Finalmente, solicitó no solo suspender los efectos de la resolución policiva
cuestionada y de las actuaciones administrativas derivadas de esta, sino también
ordenar a las autoridades accionadas abstenerse de adelantar nuevas actuaciones
relacionadas con el inmueble mientras se decide la tutela, retrotraer la situación al
8 Intervención contenida en 10 folios.
9 Intervención contenida en 15 folios.
5
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Accionante: Elvira Sosa de Gama y otros
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estado anterior a la expedición del acto administrativo y adoptar las demás medidas
urgentes que se estimaran necesarias.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
24.
La Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la solicitud de medida
provisional formulada por la parte actora y posteriormente ampliada, habida cuenta
de que en esta providencia se resolverá de fondo la acción de tutela. En efecto, dado
el carácter instrumental y transitorio de dicha medida, cualquier decisión acerca de
su procedencia carecería de objeto y utilidad práctica.
D. Análisis del caso concreto
25.
La Sala considera que, pese a los múltiples cuestionamientos formulados por los
accionantes sobre diversas actuaciones administrativas y judiciales, el estudio del
caso concreto se circunscribirá a dos grupos de decisiones. El primero, comprende
la Resolución 110.2.2023.003 del 25 de abril de 2023 y la decisión adoptada al
resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra, proferidas dentro del
trámite policivo por perturbación a la posesión. El segundo, corresponde a las
actuaciones surtidas ante la alcaldía municipal de Boyacá y la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, culminadas con el auto de 29 de abril de 2026, mediante
el cual, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el rechazo del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los accionantes contra las
referidas decisiones policivas.
(i) La alegada vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia.
26.
Como primer fundamento del amparo, los demandantes afirmaron que las
autoridades administrativas y judiciales accionadas vulneraron su derecho de acceso
a la administración de justicia al abstenerse de resolver de fondo las diversas
acciones presentadas contra el trámite policivo, configurándose así un conflicto
negativo de competencia. Sostuvieron que dicha circunstancia impidió el estudio
judicial posterior de los defectos sustantivo, fáctico y procedimental que atribuyen a
la Resolución del 25 de abril de 2023, relacionados con la legitimación de la
Fundación para promover la querella, la valoración del material probatorio y el
alcance del remate judicial y de las diligencias de entrega practicadas en 2008,
respecto de los derechos de los demás copropietarios y coposeedores.
27.
Examinado el expediente, se advierte que, una vez concluyó el trámite policivo por
perturbación a la posesión, los tutelantes presentaron ante la Alcaldía de Boyacá
“demanda de nulidad resolución inspector de policía de Boyacá – Boyacá y
Restablecimiento del derecho de posesión”, con el propósito de obtener la
declaratoria de nulidad de la Resolución 110.2.2023.003 del 25 de abril de 2023,
6
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
proferida en ese trámite policivo de perturbación a la posesión, retrotraer las
actuaciones adelantadas y restablecer la situación posesoria que alegaban ostentar
sobre el inmueble. Igualmente, solicitaron el reconocimiento y pago de los perjuicios
causados y la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación por la
presunta comisión de conductas punibles por parte del querellante.
28.
Mediante auto del 15 de julio de 2024, el alcalde de Boyacá rechazó de plano esa
actuación. Explicó que, de conformidad con los artículos 315 de la Constitución, y 91
de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, sus
atribuciones en materia policiva se limitan a resolver los recursos de apelación
interpuestos oportunamente contra las decisiones de primera instancia adoptadas
por los inspectores de policía, razón por la cual carecía de competencia para tramitar
una demanda de nulidad.
29.
Precisó que el proceso policivo había culminado con una decisión de primera
instancia, proferida por el inspector municipal de policía, respecto de la cual se
interpuso recurso de apelación. Indicó que el entonces alcalde de Boyacá se declaró
impedido para conocerlo, motivo por el cual la Personería Municipal designó al
alcalde de Soracá para resolver el medio de impugnación, quien confirmó la decisión
inicial.
30.
Agregó que los cuestionamientos formulados por los actores debieron proponerse
oportunamente dentro del trámite policivo, pues la providencia de segunda instancia,
se encontraba ejecutoriada y, por ende, no resultaba jurídicamente viable
pronunciarse sobre una nulidad alegada con posterioridad. Finalmente, sostuvo que
si los recurrentes consideraban que el señor Martínez había cometido un hecho
punible, tenían la posibilidad de formular la denuncia ante el ente investigador, sin
que fuera necesario acudir a la alcaldía para dicho efecto, máxime si se carece de
elementos para considerar tal petición.
31.
Contra esa determinación, los tutelantes presentaron solicitud de revocatoria
directa ante la alcaldía de Boyacá, sustentada en que las decisiones adoptadas en
el marco del proceso policivo desconocieron el principio de congruencia y ordenaron
actuaciones no solicitadas por el querellante. Sostuvieron que, pese a tratarse de
providencias expedidas en ejercicio de funciones jurisdiccionales y no susceptibles
de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa, correspondía a la
administración local, como superior funcional del inspector de policía, revisar su
legalidad y restablecer la situación existente con anterioridad a la querella.
32.
Mediante Resolución 100.56-140-2024 del 6 de agosto de 2024, la alcaldía de
Boyacá negó dicha solicitud. Explicó que su competencia dentro del trámite policivo
se agotó al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del
inspector de policía y que, una vez ejecutoriada la providencia de segunda instancia,
perdió competencia para adoptar determinaciones posteriores sobre el asunto.
Añadió que el ordenamiento jurídico no le atribuyó funciones para admitir y tramitar
7
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una demanda de nulidad contra actuaciones expedidas por la propia administración,
así como tampoco para conocer solicitudes encaminadas a dejar sin efectos
decisiones policivas en firme. Precisó que la eventual imposibilidad de acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no excluía la existencia
de otros mecanismos judiciales como la acción de reparación directa, y destacó que
la petición de revocatoria tampoco satisfacía las causales previstas en el artículo 93
del CPACA.
33.
A diferencia de lo alegado por los accionantes, el alcalde no remitió las diligencias
ante otra autoridad judicial ni declinó competencia en favor de un tercero. Por
iniciativa propia, aquellos promovieron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuyo conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo de Tunja, autoridad que en auto del 23 de julio de 2025, rechazó de
plano el medio de control, al considerar que la inspección de policía actuó en ejercicio
de una función jurisdiccional y que las providencias cuestionadas constituían actos
jurisdiccionales no susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso
administrativa, tal como lo dispone el artículo 169 del CPACA. Esta decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en proveído del 29 de abril de
2026.
34.
En ese contexto, la Sala no encuentra acreditada la alegada vulneración al
derecho al acceso a la administración de Justicia. En concreto, la configuración de
un conflicto negativo de competencias presupone que dos autoridades investidas de
atribuciones legalmente conferidas para conocer de un asunto rehúsen asumir su
conocimiento o se remitan mutuamente el expediente. Tal escenario no se presenta
en el caso bajo examen.
35.
Se advierte, por el contrario, que cada una de las solicitudes formuladas por los
accionantes obtuvo una respuesta sustentada en las atribuciones de la autoridad
llamada a pronunciarse. Así, la alcaldía explicó que sus atribuciones dentro del
trámite policivo se agotaron al resolver el recurso de apelación y que, ejecutoriada la
providencia de segunda instancia, carecía de facultades para emitir nuevos
pronunciamientos sobre el asunto o asumir el conocimiento de una demanda de
nulidad dirigida contra actuaciones expedidas en ejercicio de funciones
jurisdiccionales. Del mismo modo, al resolver la solicitud de revocatoria directa,
reiteró su falta de competencia.
36.
Por su parte, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo tampoco declinó
competencia en favor de otra autoridad, sino que concluyó que las decisiones
adoptadas dentro del proceso verbal abreviado por perturbación a la posesión,
constituyen decisiones de carácter jurisdiccional, razón por la que no son
susceptibles de control a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
8
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37.
En esas condiciones, es claro que los demandantes no quedaron desprovistos de
respuesta frente a las solicitudes formuladas, ni se presentó remisión alguna entre
las autoridades.
38.
Tampoco se perfila una situación en la que la parte accionante haya acudido ante
dos autoridades, a través de dos procedimientos válidos para tramitar sus
inconformidades, y que ambas se hayan abstenido de avocar el conocimiento de
ello. Si bien presentó dos demandas, con pretensiones de que la autoridad adoptara
una decisión judicial sobre el particular, sólo la segunda se impetró ante un órgano
jurisdiccional, a través de un medio de control; pues la primera se promovió ante una
autoridad administrativa -un alcalde- con la pretensión de que se tramitara una
supuesta demanda que no está contemplada legalmente.
39.
No es posible sustentar un reproche de denegación de justicia, bajo la tesis de
que ninguna autoridad asumió el conocimiento de su proceso, cuando no se acreditó
haber acudido ante dos jueces y recibir respuestas contradictorias. Cosa distinta es
que la parte accionante, por ejemplo, hubiese acudido antes dos operadores
judiciales de diferente jurisdicción o ante un juez y otra autoridad con funciones
jurisdiccionales y, a pesar de promover mecanismos de control judicial válidos,
recibiera respuestas contradictorias. No es el caso porque la “demanda de nulidad
resolución inspector de policía de Boyacá – Boyacá y Restablecimiento del derecho
de posesión” que se presentó ante el alcalde no se puede calificar de esa manera,
en tanto es un mecanismo inexistente en la legislación.
(ii) Procedencia de la tutela para discutir la legalidad de los actos proferidos en
el proceso policivo.
40.
Corresponde ahora a la Subsección examinar la procedencia del amparo respecto
de las decisiones adoptadas dentro del trámite policivo por perturbación a la
posesión. Al respecto, se considera que la tutela carece del requisito de inmediatez.
41.
Se encuentra acreditado que mediante Resolución 110.2.2023.003 del 25 de abril
de 2023, notificada en estrados, la Inspección Municipal de Policía de Boyacá,
amparó la posesión invocada por Lucas Martínez y ordenó a los demandantes a
desalojar el respectivo inmueble. Contra dicha decisión, interpusieron recurso de
reposición -resuelto en la misma audiencia- y apelación, el cual fue puesto en
conocimiento de la alcaldía de Boyacá.
42.
Mediante Resolución 100.56-107-2023 del 24 de mayo de 2023, el alcalde se
declaró impedido para conocer el asunto porque el municipio era el titular del derecho
de dominio sobre el inmueble discutido. El 1 de junio de 2023, la personera municipal
declaró probado el impedimento y designó al alcalde de Soracá para tramitar y
decidir el medio impugnativo. Posteriormente, a través de la Resolución 273 del 27
de septiembre de 2023, dicha autoridad rechazó la apelación al considerar que se
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sustentó extemporáneamente, con fundamento en los artículos 111 de la Ley 1802
de 2016 y 77 del CPACA. La decisión fue notificada el 28 de septiembre de 2023.
43.
Se advierte que la tutela fue promovida el 25 de mayo de 2026, es decir, más de
dos años y 7 meses después de notificadas las decisiones cuestionadas,
circunstancia que torna improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
44.
Si bien, con posterioridad a la culminación del trámite policivo, los demandantes
promovieron actuaciones ante la Alcaldía de Boyacá y ejercieron el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, dichas actuaciones carecen de aptitud
para reabrir indefinidamente el término razonable para acudir a la acción de tutela
respecto de las decisiones policivas de 2023.
(iii) Procedencia de la tutela para discutir la decisión adoptada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
45.
La tutela también resulta improcedente respecto al auto del 29 de abril de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, pues los cuestionamientos
formulados por la parte actora carecen de relevancia constitucional. En efecto, sus
reproches se dirigen a reabrir el debate jurídico relativo a la posibilidad de controvertir
ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo decisiones adoptadas dentro de
procesos policivos.
46.
Como se expuso, en el escrito de tutela se alegó que el Tribunal accionado incurrió
en defecto sustantivo y procedimental al aplicarse de manera irrazonable las normas
que regulan los procesos policivos y, permitir con ello, que a los accionantes se les
cercenara la posibilidad de que se revisen por un juez las deficiencias advertidas en
el proceso de remate del predio y de querella por perturbación a la posesión.
47.
Sobre el particular, la Sala observa que no se satisface la carga argumentativa
mínima exigida, pues los accionantes no identifican con claridad las disposiciones
supuestamente aplicadas de manera irrazonable, ni explican por qué la
interpretación acogida por la autoridad judicial demandada sobre la improcedencia
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad de
un acto de carácter jurisdiccional, resulta arbitraria, caprichosa o desprovista de
razonabilidad.
48.
Por el contrario, se observa que el Tribunal demandado sustentó el rechazo de la
demanda en los artículos 105, numerales 2 y 3, y 169, numeral 3 del CPACA, según
los cuales, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no conoce de las
decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, ni de aquellas adoptadas dentro de juicios de policía regulados
expresamente por la ley.
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Accionante: Elvira Sosa de Gama y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
49.
Incluso, citó lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencias T-267 de 2011,
T-438 de 2021, en las que se hace mención, entre otros, al fallo T-115 de 2004,
precedentes que aduce desconocidos en el escrito de tutela, junto con diversas
decisiones del Consejo de Estado, para sustentar su tesis.
50.
En ese orden de ideas, se declarará improcedente la tutela.
51.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NO ACCEDER a la medida provisional solicitada por los señores Elvira
Sosa de Gama, María Alcira Gama Sosa y José Belarmino Daza Gaona.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado respecto al derecho al acceso a la
administración de justicia y DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, en lo referente a los reproches planteados contra los actos proferidos en
el proceso policivo adelantado contra los demandantes.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
QUINTO: RECONOCER personería al abogado Milton Merchán Solano, portador de
la tarjeta profesional 175.692 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado
de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder que reposa en el
expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
10 VF
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04018-00
Accionante: Elvira Sosa de Gama y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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