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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04018-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04018-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 9 de julio de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04018-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Elvira Sosa de Gama y otros.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04018-01.
Asunto: Acción de tutela. Se confirma el fallo impugnado. Improcedencia
por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
9 de julio de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Lucas Efraín Martínez Cifuentes, en calidad de representante
legal de la Fundación Social Un Solo Corazón promovió querella policiva
en contra de los señores Elvira Sosa de Gama, María Alcira Gama Sosa y
José Belarmino Daza Gaona, por perturbación a la posesión de un
inmueble ubicado en el municipio de Boyacá.

1.2. Mediante Resolución 110.2.2023.003 de 25 de abril de 2023, la
Inspección de Policía de Boyacá los declaró perturbadores de la posesión
y ordenó su desalojo.

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1.3. Contra la anterior decisión los señores Elvira Sosa de Gama, María
Alcira Gama Sosa y José Belarmino Daza Gaona presentaron “[…]
demanda de nulidad resolución Inspector de Policía de Boyacá – Boyacá y
Restablecimiento del Derecho de Posesión, ante la alcaldía municipal […]”.

1.4. Mediante auto de 15 de julio de 2024, la Alcadia Municipal rechazó de
plano dicha solicitud, al considerar que carecía de competencia para
tramitar cualquier demanda de esa naturaleza, pues sus atribuciones se
limitaban a resolver los recursos de apelación interpuestos oportunamente
contra las decisiones tomadas en primera instancia por los inspectores de
policía.

1.5. Contra la anterior decisión los señores Elvira Sosa de Gama, María
Alcira Gama Sosa y José Belarmino Daza Gaona presentaron solicitud de
revocatoria directa y a través de la Resolución 100.56-140-2024 de 6 de
agosto de 2024, la Alcaldía reiteró su falta de competencia para conocer
del asunto.

1.6. Los señores Elvira Sosa de Gama, María Alcira Gama Sosa y José
Belarmino Daza Gaona en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentaron demanda contra el Municipio
de Boyacá – Inspección de Policía de Boyacá, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 110.2.2023.003 de 25 de abril
de 2023, y a título de restablecimiento del derecho, se reconociera su
situación posesoria y se repararan los perjuicios ocasionados con la
decisión policiva.

1.7. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, mediante
providencia de 23 de julio de 2025, rechazó la demanda, al considerar que
la Resolución 110.2.2023.003 de 2023 fue proferida dentro de un proceso
policivo de perturbación a la posesión en el que la Inspección de Policía
ejerció funciones jurisdiccionales, de modo que no era susceptible de
control ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con
los artículos 105 y 169 del CPACA.

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1.8. Inconforme con la decisión anterior la parte accionante presentó
recurso de apelación.

1.9. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante providencia de 29 de abril de 2026, confirmó la providencia de
primera instancia al considerar que, las decisiones adoptadas en
procesos policivos de amparo de la posesión tienen naturaleza
jurisdiccional y, por ende, no son susceptibles de control bajo el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, señaló
que los reproches asociados con la falta de legitimación del querellante
y la falsa motivación del acto demandado buscaban cuestionar el fondo
de la decisión policiva, asunto ajeno a la competencia de dicha
jurisdicción.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
defecto procedimental toda vez que: i) desconocieron garantías propias del
debido proceso al abstenerse de resolver de fondo las solicitudes elevadas y
la demanda de nulidad y restablecimiento promovida, ii) al omitir valorar
integralmente las pruebas y, iii) al adoptar decisiones sin garantizar
adecuadamente el derecho a la defensa.

Manifestaron que las accionadas incurrieron en defecto sustantivo porque
aplicaron de manera irrazonable las normas que regulan los procesos
policivos, afectando su derecho al acceso a la administración de justicia, lo
cual genera un vacío absoluto porque las decisiones adoptadas en ese tipo de
trámites no podrían ser sometidas a control judicial.

Indicaron que las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico toda
vez que no se estudiaron las pruebas relacionadas con la posesión histórica
ejercida por los accionantes sobre el inmueble, la donación efectuada por la
Fundación al municipio de Boyacá, la falta de legitimación del querellante para

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promover la actuación policiva y la realidad material de ocupación del bien.

Adicionalmente, afirmaron que se ignoraron elementos de convicción que
demostraban que el inmueble pertenecía al ente territorial y que ellos ejercían
actos de señor y dueño desde hacía varias décadas.

La parte actora aseguró que existe un conflicto de competencias negativo
entre las autoridades administrativas y judiciales, al declarar la falta de
competencia y por rechazar la demanda, lo cual implica una evidente
vulneración a los derechos fundamentales invocados.

Finalmente, la parte accionante adujo que las autoridades accionadas
desconocieron el precedente porque “[…] si bien la jurisprudencia
constitucional reconoce que los procesos policivos de posesión tienen
naturaleza jurisdiccional, también ha establecido que la acción de tutela
procede excepcionalmente cuando se configure vía de hecho o vulneración
grave del debido proceso […]”, citó las sentencias “[…] T-149 de 1998, T-115
de 2004, T-1023 de 2005, T-267 de 2011 y T-438 de 2021 […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, igualdad, tutela
judicial efectiva y vivienda digna de los accionantes: ELVIRA SOSA DE
GAMA, MARÍA ALCIRA GAMA SOSA y JOSÉ BELARMINO DAZA
GAONA.

SEGUNDA: Que se deje sin efectos la Resolución No. 110.2.2023.003
del 25 de abril de 2023 expedida por la Inspección Municipal de Policía
de Boyacá – Boyacá.

TERCERA: Que se dejen sin efectos las actuaciones posteriores
derivadas de dicha decisión policiva.

CUARTA: Que se ordene rehacer la actuación garantizando plenamente
el debido proceso, la valoración integral de las pruebas y el derecho de
defensa.

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QUINTA: Subsidiariamente, que se ordene adoptar las medidas
necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados y
evitar un perjuicio irremediable.

SEPTIMA: En ultimas se ORDENE dirimir el conflicto negativo de
competencias presentado entre la alcaldía municipal de Boyacá – Boyacá
y la jurisdicción contencioso administrativa, disponiendo cuál autoridad
debe asumir el conocimiento y decisión de fondo de la demanda de
nulidad de la resolución no. 110.2.2023.003 del 25 de abril de 2023
proferida por la inspección municipal de policía de Boyacá – Boyacá.”

SEXTA: Que se disponga cualquier otra medida de protección
constitucional que el despacho considere pertinente […]”. [sic en toda la
cita ]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 29 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Tunja, la Alcaldía municipal y la Inspección de Policía
de Boyacá (Boyacá) y se vinculó a la Fundación Social Un solo corazón, en
calidad de tercero con interés en el resultado del proceso. Asimismo, se negó
la medida provisional solicitada por la parte actora.

2. El 9 de julio de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente el
mecanismo de amparo de la referencia.

3. Mediante auto de 29 de julio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá rindió
informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la presente acción
constitucional porque fue promovida con el propósito de surtir una instancia
adicional al proceso ordinario y reabrir la discusión jurídica sobre la
imposibilidad de someter a control jurisdiccional la Resolución 110.2.2023.003
de 2023.

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2. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja solicitó declarar
la improcedencia de la presente acción constitucional toda vez que las
actuaciones adelantadas por esa autoridad judicial garantizaron plenamente
el debido proceso de la parte accionante.

3. La Alcaldía de Boyacá manifestó que la presente acción de tutela se
presentó para corregir la falta de diligencia de los accionantes en la defensa
de sus intereses. Finalmente, destacó que la solicitud de amparo fue
promovida más de dos años después de proferidas las decisiones
cuestionadas.

Adicionalmente señaló que, conforme a la jurisprudencia constitucional, las
decisiones adoptadas en juicios policivos de perturbación a la posesión
constituyen actos jurisdiccionales no susceptibles de control ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

4. La Inspección Municipal de Boyacá manifestó que la acción de tutela está
dirigida a cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, razón por la cual se abstiene de hacer pronunciamiento alguno.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 9 de julio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad atinentes a la
inmediatez y a la relevancia constitucional y de otra parte no encontró
acreditado la configuración de un conflicto negativo de competencias.

Afirmó que no se dio cumplimiento al requisito de inmediatez, toda vez que
transcurrieron más de dos años y un mes entre la fecha en que fue proferida
la resolución cuestionada, esto es, el 25 de abril de 2023, y la presentación de
la acción de tutela, promovida el 25 de mayo de 2026; dicha decisión fue
notificada en estrados y contra ella se interpusieron los recursos de reposición

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y apelación.

Aclaró que, si bien “[…] con posterioridad a la culminación del trámite policivo,
los demandantes promovieron actuaciones ante la Alcaldía de Boyacá y
ejercieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
dichas actuaciones carecen de aptitud para reabrir indefinidamente el término
razonable para acudir a la acción de tutela respecto de las decisiones policivas
de 2023 […]”.

En cuanto a la providencia de 29 de abril de 2026 señaló que los
cuestionamientos formulados por la parte actora carecen de relevancia
constitucional porque sus reproches se dirigen a reabrir el debate jurídico
relativo a la posibilidad de controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo decisiones adoptadas dentro de procesos policivos.

Adicionalmente, la Sala observó que no “[…] se satisface la carga
argumentativa mínima exigida, pues los accionantes no identifican con claridad
las disposiciones supuestamente aplicadas de manera irrazonable, ni explican
por qué la interpretación acogida por la autoridad judicial demandada sobre la
improcedencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
debatir la legalidad de un acto de carácter jurisdiccional, resulta arbitraria,
caprichosa o desprovista de razonabilidad […]”.

Finalmente frente a la configuración de un conflicto negativo de competencias
la Sala indicó que en el presente caso no se presentó la presunción necesaria,
la cual consiste en que “[…] dos autoridades investidas de atribuciones
legalmente conferidas para conocer de un asunto rehúsen asumir su
conocimiento o se remitan mutuamente el expediente […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

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Señaló que el fallo de tutela de primera instancia incurrió en “[…] una falacia
conceptual al afirmar que la tutela es extemporánea por haber transcurrido dos
años y siete meses desde la providencia policiva del 25 de abril de 2023 […]”.,
toda vez que la vulneración a sus derechos fundamentales es actual y
continúan permanentes y además porque el término de inmediatez debió
contabilizarse exclusivamente a partir del 29 de abril de 2026 que fue la fecha
en la que se profirió la providencia de segunda instancia cuestionada

Indicó que el fallo de tutela de primera instancia “[…] erró de forma
protuberante al declarar que no se configuró una denegación de justicia bajo
la tesis de que cada autoridad emitió una respuesta formal dentro de sus
atribuciones […]”, porque la realidad procesal demuestra “[…] la existencia de
un limbo jurídico absoluto donde el Estado se rehúsa a ejercer el control de
legalidad del desalojo, vulnerando el artículo 229 de la Constitución Política
[…]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis del requisito de la relevancia constitucional respecto de la
vulneración atribuida a las decisiones proferidas en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 15001-33-33-008-2025
00140-00/01.

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades judiciales accionadas no
devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho
fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las
decisiones adoptadas el 23 de julio de 2025 y el 29 de abril de 2026 en el

5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 15001-33-33-008-2025 00140-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales accionadas hayan
incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir
de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que, a su juicio, las autoridades accionadas se abstuvieron de
admitir y de resolver de fondo las diversas acciones presentadas contra el
trámite policivo, circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.

Lo anterior en razón a que las autoridades accionadas en la sentencias
acusadas expusieron de manera razonada, coherente y fundamentada las
razones jurídicas por las cuales rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y esto fue porque en el presente caso la
resolución demandada fue proferida por una autoridad de policía en ejercicio
de funciones jurisdiccionales dentro de un juicio de policía regulado
especialmente por la ley y de conformidad a : i) lo dispuesto en el numeral 4
del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se establece que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no conocerá de las decisiones proferidas en juicios de policía
regulados especialmente por la ley; y porque ii) de conformidad con lo
dispuesto por esta Corporación y por la Corte Constitucional “[…] cuando se
trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una
servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las
providencias que dicten son actos jurisdiccionales” […]”, razón por la cual
concluyeron que el asunto no era susceptible de control judicial ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que el hecho de que él

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discrepe de ese análisis no implica que sea arbitrario, caprichoso o irracional
y mucho menos transgresor de derechos fundamentales.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por la autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Así las cosas, esta Sección concuerda con el juez de primera instancia al
considerar que el presente asunto no cumple el requisito de relevancia
constitucional.

3.2. Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez respecto de la
vulneración atribuida a la Resolución núm. 110.2.2023.003 de 25 de abril
de 2023.

Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”7 .

7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional8.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional10 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular11 , así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”12.

En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la Resolución núm. 110.2.2023.003 de 25

8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Sentencia T-584 de 2011.
11
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
12
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.

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de abril de 2023 proferida por la autoridad de policía en ejercicio de funciones
jurisdiccionales dentro de un juicio de policía regulado especialmente por la ley.

Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de la Resolución núm. 110.2.2023.003 de 25 de abril de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que Resolución núm. 110.2.2023.003
de 25 de abril de 2023 fue notificada en estrados y contra la cual se interpusieron
los recursos de reposición y apelación los cuales fueron cada uno resueltos en
su momento; mientras que la acción de tutela se presentó el 25 de mayo de
2026, es decir con posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por
esta Corporación como término razonable.

Adicionalmente, para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por
la parte accionante referentes a que no se configuró la inmediatez porque el
termino debió contabilizarse exclusivamente a partir del 29 de abril de 2026,
fecha en la cual se profirió la providencia de segunda instancia dentro del
medio de control y nulidad de restablecimiento del derecho, toda vez que como
lo afirmó el juez de tutela de primera instancia “[…] dichas actuaciones carecen
de aptitud para reabrir indefinidamente el término razonable para acudir a la
acción de tutela respecto de las decisiones policivas de 2023 […]”.

Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo o de haber acudido al recurso
extraordinario de revisión, ni tampoco situación que se enmarque en alguno
de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que puedan
justificar su presentación por fuera del término establecido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

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www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04018-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 9 de julio de 2026 proferido por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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