Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04024-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04024-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04024-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04024-00
Accionante: Lewis de Carmen Caraballo Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho
Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos
endilgados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Lewis de Carmen Caraballo Torres, quien actúa
en nombre propio contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, defensa, contradicción y presunción de inocencia,
ocurrida con la expedición de la sentencia del 31 de mayo 2025, proferida al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-33-33-009-2019-00196-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. En diciembre de 2011, el señor Lewis de Carmen Caraballo Torres junto con
otros funcionarios de la Oficina de Registro de Cartagena fueron capturados por
la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos de
concusión y tráfico de influencias.
3. Con ocasión de lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Notariado y Registro mediante auto del 23 de diciembre de
2011, inició la investigación preliminar.
4. Así las cosas, a través de la Resolución 3884 del 10 de abril de 2015, sancionó
con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años al señor Caraballo
Torres, quien se desempeñaba como profesional universitario código 2044 grado
02, de la planta de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro -
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, Bolívar.
1 Acción de tutela presentada el 26 de mayo de 2026.
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Accionante: Lewis de Carmen Caraballo Torres
5. Decisión que fue confirmada por la Superintendencia de Notariado y Registro
por medio de la Resolución 6054 del 2 de junio de 2015.
6. Por lo anterior, el señor Lewis de Carmen Caraballo Torres en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió una
demanda contra la Superintendencia de Notariado y Registro con el propósito de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales
fue destituido e inhabilitado.
7. El proceso correspondió al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Cartagena que, mediante sentencia del 27 de junio de 2023 negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no vislumbró ningún tipo de irregularidad en la
expedición de los actos administrativos demandados, puesto que la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro,
efectuó no solo una correcta valoración probatoria para sancionar
disciplinariamente al accionante, sino que fue diligente al trasladar las pruebas
recabadas por la Fiscalía General de la Nación, en el proceso penal. En sede de
apelación, el Tribunal Administrativo de Bolívar a través de sentencia del 31 de
mayo de 2025 confirmó la anterior decisión.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, particularmente
hizo referencia al «expediente disciplinario», lo que, a su juicio, vulneró el debido
proceso.
9. Sobre el particular, indicó que el Tribunal «reconoció expresamente no haber
contado siquiera con el expediente disciplinario integral para efectuar el control
judicial correspondiente, limitándose a revisar las resoluciones sancionatorias y
amparándose finalmente en la presunción de legalidad del acto administrativo».
10. Asimismo, alegó que se incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, toda vez que «fundamentó su decisión en que la parte
demandante no solicitó adecuadamente el expediente disciplinario y que guardó
silencio en audiencia probatoria».
2.3. Pretensiones
11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, defensa, contradicción, presunción
de inocencia, prevalencia del derecho sustancial y los que los honorables
magistrados consideren me han sido vulnerados.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 31 de mayo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del radicado 13001-
33-33-009-2019-00196-01.
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TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una
nueva decisión garantizando el análisis integral del expediente
disciplinario, el control material de la prueba y el examen completo de los
cargos de nulidad relacionados con la suficiencia probatoria y motivación
de la sanción disciplinaria.» (Sic)
2.4. Trámite procesal
12. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 1.° de junio
de 2026 ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar como accionado y
al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena y a la
Superintendencia de Notariado y Registro como terceros interesados en el
resultado del proceso.
13. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario,
manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, razón
por la que solicitó que se niegue el amparo.
14. La Superintendencia de Notariado y Registro indicó que en el presente
asunto no se cumplen los presupuestos procesales para que prospere el amparo,
al no cumplirse los presupuestos fácticos ni jurídicos para acudir a este
mecanismo de protección constitucional de manera excepcional.
15. La Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial luego
de realizar un recuento del trámite surtido en el proceso ordinario solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por ausencia de vulneración de
los derechos fundamentales invocados en protección.
16. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.
3.3. Problema jurídico
18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir la sentencia del 31
de mayo de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, defensa, contradicción y presunción de inocencia,
al incurrir en los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la carta le impone.
21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
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3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 18 de diciembre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir,
el 26 de mayo de 2026.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, defensa, contradicción y presunción de inocencia, al incurrir en los
defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.
23. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
24. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
25. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»6.
26. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.5. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte que
este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus
actuaciones generan una denegación de la justicia 7. Este defecto procedimental
puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder
a la administración de justicia cuando: i) se aplican normas procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en cada caso concreto, ii) se
exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda
tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la
apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando
a ello hay lugar8.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que
no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales9.
3.6. Análisis de los presuntos defectos fáctico y procedimental por exceso
ritual manifiesto
27. La parte accionante señala que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, particularmente
hizo referencia al «expediente disciplinario», lo que, a su juicio, vulneró el debido
proceso.
28. Asimismo, alega que se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, toda vez que «fundamentó su decisión en que la parte demandante no
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
8 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289
de 2005 y T-053 de 2012.
9 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
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solicitó adecuadamente el expediente disciplinario y que guardó silencio en
audiencia probatoria».
29. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Bolívar en la
providencia cuestionada consideró:
«Ahora bien, atendiendo la presunción de legalidad de que esta investida la decisión
acusada, inexorablemente debe concluirse que el actor no logra desvirtuarla puesto
que, sin el expediente disciplinario, no es posible confirmar la supuesta carencia de
pruebas que se le enrostra y menos aún que se haya basado solo en el escrito de
acusación y en las denuncias efectuadas por los usuarios del servicio público
registral y por la registradora de turno.
No esta demás advertir que, el fallo de primera instancia demandado evidencia que
el soporte probatorio se conformó no solo con el escrito de acusación allegado por
la Fiscalía Seccional 16 de Cartagena, sino además por otras probanzas
documentales, testimoniales y de inspección que deben conservar su valor pues,
no se confrontan de ninguna manera en esta causa a partir de elementos de
convicción.
También es claro que, el expediente administrativo No. 2341 - 2011 que contiene
todas las actuaciones y decisiones adelantadas en la investigación disciplinaria que
motivó la destitución e inhabilidad general de Lewis Caraballo Torres no fue prueba
solicitada por su abogado. En el acápite correspondiente a pruebas en la demanda,
lisa y llanamente se menciona que el expediente se encuentra en poder de la
demandada, pero no se observa pedimento claro en ese sentido.
Aunado a lo anterior, en la audiencia inicial, el Magistrado de turno, en fase del
estudio de las iniciativas probatorias y el correspondiente decreto de pruebas,
resolvió no decretar prueba alguna, por el silencio de las partes sobre el particular,
lo cual fue respaldado y asentido por el demandante y su apoderado judicial, según
como se confirma del contenido del acta de audiencia inicial. De manera que, en
firme esa decisión de carácter probatorio, el extremo activo debe soportar los
efectos que ella conlleva de cara a la resolución del problema jurídico.»
30. De las transcripciones relacionadas se desprende que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de
la sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía
confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no
se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los administrativos demandados
mediante los cuales fue destituido e inhabilitado.
31. Al respecto, el Tribunal explicó que la ausencia del expediente disciplinario le
impedía verificar los supuestos fácticos en que se sustentaban los cargos de
nulidad formulados contra los actos sancionatorios, puesto que dicho medio
probatorio no fue solicitado con la demanda ni se requirió su decreto dentro de la
oportunidad procesal correspondiente.
32. Por lo tanto, no se advierte una actuación arbitraria por parte del Tribunal en la
valoración del material probatorio ni una negativa injustificada en la apreciación
de los elementos de convicción relevantes, pues, se itera que el expediente
disciplinario que la parte demandante echa de menos no fue aportado o requerido
dentro de las oportunidades procesales que dispone el ordenamiento jurídico para
tal fin.
33. En ese orden de ideas, para la Sala no se incurre en un defecto fáctico porque
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la autoridad judicial accionada no ignoró el material probatorio relevante ni efectuó
una valoración arbitraria del mismo, pues, por el contrario, se observa que valoró
íntegramente los medios probatorios que reposaban en el proceso.
34. En ese sentido, para la Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión
o exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación
suficientemente razonada de los elementos obrantes en el expediente, incluidos
aquellos señalados por la parte actora como indebidamente valorados.
35. Ahora bien, lo mismo ocurre respecto del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto puesto que la autoridad judicial accionada se limitó a constatar
que la parte demandante no promovió oportunamente la incorporación del
expediente disciplinario al proceso y que, durante la audiencia inicial, guardó
silencio frente a la decisión de no decretar pruebas, circunstancia que permitió
que dicha determinación adquiriera firmeza.
36. De modo que, la insuficiencia probatoria advertida por el juez natural constituye
el resultado del ejercicio de las cargas procesales propias de las partes y no de
una actuación judicial que hubiera privilegiado las formas sobre el derecho
sustancial como lo alega la parte actora en la demanda de tutela.
37. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
38. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez10, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.
39. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
10
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Lewis de Carmen
Caraballo Torres en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, conforme a las
consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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