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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04025-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04025-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04025-00 (6346)
Accionante: Julián Ricardo Gómez Ávila
Accionados: Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y otro

Tema: tutela por vulneración del debido proceso. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Julián Ricardo Gómez Ávila contra la Oficina
de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y otro.

1. Síntesis del caso

El señor Julián Ricardo Gómez Ávila presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la prevalencia del derecho
sustancial, a la igualdad, a la confianza legítima, a la buena fe y al trabajo, que
consideró vulnerados por la Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, con ocasión de
las posibles inconsistencias presentadas en la radicación de la demanda dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm. 15001-23-
33-000-2026-00121-00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos y argumentos de tutela

1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04025-00 (6346)
Accionante: Julián Ricardo Gómez Ávila
Accionados: Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y otro

2.
El abogado Julián Ricardo Gómez Ávila, en su condición de apoderado judicial
de la empresa Bahaus Construcciones S.A.S., presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el municipio de Tunja y la empresa
Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

3.
Manifestó que radicó la demanda, junto con sus anexos, mediante correo enviado
el 9 de abril de 2026, a las «16:48 horas», a los canales dispuestos para tal fin; pero
que el mensaje de datos fue devuelto por la oficina de reparto bajo el argumento de
que no se cumplían con los requisitos de presentación por «falta de carátula»,
relacionados con procesos civiles, laborales, de familia y de tutela.

4.
Indicó que expuso su inconformidad frente a la carátula requerida, pues el medio
de control ejercido era contencioso-administrativo, y que, por «prudencia litigiosa»
remitió de nuevo la demanda con lo solicitado. Agregó que recibió una llamada de
una funcionaria de la Oficina de Reparto, quien le dijo que «eso [le] pasaba por
radicar tan tarde», a lo cual le respondió que «no era de su competencia» ese tipo
de calificaciones sino del juez natural.

5.
Explicó que se generó una irregularidad, porque la referida oficina generó acta
individual de reparto con el número 15001-23-33-000-2026-00121-00, el asunto
correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá, despacho 002 y la fecha de
presentación de la demanda fue 10 de abril de 2026, no obstante que la correcta
era la del día anterior; y la plataforma Samai, el 15 de abril fue el «reparto del
proceso» y el 20 de abril siguiente el expediente «pasó al despacho».

6.
De lo expuesto, argumentó que la Oficina de Reparto, según las leyes 1437 de
2011 y 2213 de 2022, no contaba con la facultad de devolver la demanda por
ausencia de la carátula, debido a que la función de analizar la existencia de un
requisito legal en la presentación de la demanda correspondía al Tribunal.

7.
Por lo anterior, adujo que las inconsistencias advertidas podían tener incidencia
en aspectos como la caducidad, la admisión, la trazabilidad del expediente y su
responsabilidad profesional del abogado. Por último, sostuvo que tiene legitimación
en la causa por activa, por las siguientes razones:

La presente acción la interpongo en nombre propio, porque la actuación administrativa
cuestionada recayó directamente sobre mi ejercicio profesional como abogado litigante.
Fui yo quien elaboró, suscribió, radicó y defendió la presentación oportuna de la
demanda de reparación directa; fui yo quien recibió la devolución por falta de carátula;
fui yo quien reclamó de inmediato por la extralimitación funcional de la oficina de reparto;
y fui yo quien recibió la llamada telefónica en la que una funcionaria, según mi dicho bajo
juramento, pretendió justificar lo ocurrido con la expresión de que eso sucedía por radicar
tan tarde, a sabiendas que le expresé y como lo demuestro en la documental que
incorporo con este escrito que la certificación del no acuerdo conciliatorio se me entregó
ese mismo día sobre las 3:30 pm.

Aunque el proceso contencioso administrativo fue promovido en representación de
BAHAUS CONSTRUCCIONES S.A.S., el núcleo de esta tutela no es una pretensión
indemnizatoria de esa sociedad, sino la protección del derecho fundamental del suscrito
a ejercer la abogacía sin barreras administrativas arbitrarias, sin devolución material de

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04025-00 (6346)
Accionante: Julián Ricardo Gómez Ávila
Accionados: Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y otro

demandas por requisitos extralegales y sin incertidumbre sobre la fecha real de
radicación de una actuación judicial presentada dentro del término.

2.2. Pretensiones de la tutela

8.
El señor Julián Ricardo Gómez Ávila solicitó al juez constitucional que amparara
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la prevalencia del derecho sustancial, a la
igualdad, a la confianza legítima, a la buena fe y al trabajo y, en consecuencia, que
ordenara lo siguiente:

[…] a la OFICINA DE REPARTO Y APOYO JUDICIAL DE TUNJA, OFICINA JUDICIAL
DE TUNJA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE TUNJA o dependencia responsable, reconocer y certificar como fecha y hora
jurídicamente relevante de presentación de la demanda la correspondiente al primer
envío electrónico efectuado al canal oficial de reparto antes de las cinco de la tarde,
conforme a los soportes allegados; o, subsidiariamente, certificar de manera completa la
fecha y hora exacta del primer correo recibido en los servidores institucionales.

[…] que se deje sin efectos materiales la devolución administrativa comunicada por falta
de carátula, por carecer de sustento legal para una demanda contencioso-administrativa
y por provenir de una dependencia sin competencia para inadmitir, rechazar o impedir el
reparto del escrito.

[…] a la accionada informar oficialmente al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
y al despacho del Señor Magistrado LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA, dentro del
proceso radicado 15001233300020260012100, que existió una primera radicación digital
oportuna y que cualquier fecha posterior reflejada en acta, correo, índice o SAMAI
obedece a la devolución administrativa por falta de carátula y no a falta de diligencia del
apoderado.

[…] a la accionada aclarar formalmente, con destino al JUEZ CONSTITUCIONAL, al
suscrito y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, la diferencia entre el primer
correo de radicación, la fecha de presentación 10 de abril de 2026 registrada en el acta
individual de reparto y los datos visibles en SAMAI relacionados con el 15 de abril de
2026 y el ingreso al despacho del 20 de abril de 2026.

[…] a la accionada certificar qué documentos y anexos fueron recibidos con el correo
inicial, cuáles fueron devueltos, cuáles fueron remitidos al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, cuáles fueron cargados a SAMAI y cuáles, si alguno,
no fueron incorporados al expediente digital.

[…] que, si se verifica que no se cargaron o no se remitieron todos los anexos probatorios
enviados con la demanda, se incorporen de inmediato al expediente digital y se informe
esa circunstancia al despacho del Magistrado Ponente para que no se adopte ninguna
decisión de admisión, inadmisión o rechazo sobre un expediente incompleto por causa
imputable a la oficina de reparto.

[…] como garantía de no repetición que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA emita directriz interna clara para que sus
funcionarios de reparto no devuelvan demandas contencioso-administrativas por
formalidades administrativas ajenas al catálogo legal y remitan al juez o magistrado
competente cualquier observación sobre admisibilidad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04025-00 (6346)
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[…] a la accionada identificar al funcionario o funcionaria que realizó la devolución del
proceso y a la persona que efectuó la llamada telefónica al número 3115315094, para
efectos de trazabilidad institucional y de las investigaciones a que haya lugar 2.

9.
Como medida cautelar, pidió que se ordenara que, para todos los efectos, se
tuviera presentada la demanda de reparación directa el 9 de abril de 2026.

2.3. Trámite procesal

El asunto fue asignado al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
10.

Seguridad de Tunja. Dicha autoridad, mediante auto del 13 de mayo de 2026,
admitió la solicitud de amparo, negó la medida provisional solicitada por la parte
actora y ordenó las notificaciones de rigor y practicó pruebas.

11.
Posteriormente, el referido juzgado profirió auto el 21 de mayo de 2026, a través
del cual ordenó remitir el expediente de tutela al Consejo de Estado para que
continuara con el trámite de la acción constitucional, pues consideró que el análisis
del asunto involucraba revisar las actuaciones realizadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Boyacá, lo cual, en su criterio, le correspondía realizar al
superior jerárquico de la referida autoridad judicial.

12.
Repartido despacho ponente, mediante auto del 28 de mayo de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas; vinculó en calidad de
terceros con interés al Tribunal Administrativo de Boyacá, al municipio de Tunja y a
la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.; negó la medida cautelar pedida;
requirió el expediente ordinario objeto de controversia; tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda; y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

13.
El Despacho 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá4 refirió que la función de
repartir las demandas correspondía a la Oficina de Reparto de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja, por lo cual no vulneró ninguno de los
derechos fundamentales invocados por el accionante y se debía declarar su
improcedencia.

14.
Adicionalmente, indicó que la demanda se radicó el 9 de abril de 2026, según su
trazabilidad, se allegó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá el 10
de abril siguiente, en el sistema SAMAI se reportó que el 15 de abril de 2026 fue
repartida, y que los documentos que se recibieron se podían consultar en la
plataforma.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja sintetizó las
15.

actuaciones surtidas respecto del reparto de la demanda de reparación directa y
sostuvo que la exigencia de la carátula está contenida expresamente en el numeral

2 Se transcribe incluso con errores.
3 Samai, índice 4.
4 Samai, índice 10.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04025-00 (6346)
Accionante: Julián Ricardo Gómez Ávila
Accionados: Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y otro

3.2. del artículo 3 del Acuerdo CSJ3501 de 2006, de manera que la Oficina de
Reparto se limitó a verificar su cumplimiento para proceder con el reparto.

16.
Aclaró que en la plataforma Samai está contenida la trazabilidad de los correos
remitidos con el acta de reparto y que envió al Tribunal todos los documentos
anexados por la parte demandante. Por los motivos expuestos, manifestó que no
vulneró derechos fundamentales y solicitó que se negaran las pretensiones de
amparo.

17.
La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá5 manifestó que las
actuaciones relacionadas con la recepción inicial de la demanda, su validación,
radicación, asignación y reparto correspondían a procedimientos administrados de
la Oficina Judicial.

Aseveró que cuando se recibió el expediente, procedió a realizar las actuaciones
18.

de su competencia, en este caso, remitir oportunamente el proceso al Despacho
para el análisis de los requisitos de admisibilidad de la demanda y la decisión que
correspondía.

19.
El municipio de Tunja6 contestó que la solicitud de amparo cuestionaba
actuaciones del Tribunal Administrativo de Boyacá, por lo que debía ser
desvinculado del presente trámite constitucional. Resaltó que en el asunto bajo
estudio no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales alegados por
el accionante, motivo por el que pidió que se declarara improcedente la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Julián Ricardo Gómez Ávila en contra de
la Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja.

3.2. Cuestión preliminar

21.
En el asunto bajo estudio, el despacho advierte que la solicitud de amparo fue
promovida por el señor Julián Ricardo Gómez Ávila, quien alega la vulneración de
sus derechos fundamentales, la cual se dirige contra la Oficina de Reparto y Apoyo
Judicial de Tunja y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja por las posibles inconsistencias presentadas en la radicación de la demanda
de reparación directa. Sin embargo, en la plataforma Samai, la autoridad accionada
es el Tribunal Administrativo de Boyacá.

En consecuencia, se ordenará a la Secretaría General de la corporación que
22.

adopte las medidas necesarias para corregir el nombre de la parte accionada en el

5 Samai, índice 11.
6 Samai, índice 12.

5

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aplicativo Samai, en el sentido de registrar a la Oficina de Reparto y Apoyo Judicial
de Tunja y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
como únicas accionadas en el presente asunto.

3.3. Legitimación en la causa

23.
La legitimación en la acción de tutela tiene su fundamento en el artículo 867 de la
Constitución Política, el cual establece que toda persona que considere que sus
derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, por la
acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los particulares podrá
interponer acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.

24.
Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por
la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo
cual se debe presentar el respectivo poder8.

25.
La Corte Constitucional en la sentencia T-292 de 2021 se pronunció sobre la
posibilidad de acudir al trámite de tutela a través de apoderado, en los siguientes
términos:

[…] el ejercicio de la representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de apoderamiento especial
y concreto o en un poder de carácter general. Al respecto, ha señalado que “la falta de
poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial,
aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer
la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos
casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa”.
Ahora bien, aunque los apoderados judiciales en sede tutela tienen el deber de acreditar
tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela, en ejercicio de sus facultades, adopte
medidas tendientes a subsanar irregularidades formales, con el fin de no comprometer
la protección de los derechos fundamentales invocados.

26.
Conforme la regla anterior, quien acude a la acción de tutela en su condición de
apoderado, debe presentar el escrito respectivo en los términos que exige el artículo
74 del Código General del Proceso (CGP), es decir, que, si se trata de un poder
especial en él se describirán los asuntos para los que fue conferido de manera clara
y determinada.

27.
Conviene mencionar que la jurisprudencia constitucional ha manifestado desde
hace tiempo que en los eventos en que la acción de tutela se ejerza a través de
apoderado judicial, el mandante debe otorgar poder especial, de modo que el
profesional del derecho no puede hacer valer el poder otorgado en un proceso
ordinario o en otro asunto para solicitar el amparo constitucional, pues «es necesario
contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada

7
Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
8 Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda

de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
6

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personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la
presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente»9.

28.
En el asunto bajo estudio, el abogado Julián Ricardo Gómez Ávila presentó
escrito de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva, a la prevalencia del derecho sustancial, a la igualdad, a la confianza
legítima, a la buena fe y al trabajo, que consideró vulnerados por la Oficina de
Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, con ocasión de las posibles inconsistencias
presentadas en la radicación y reparto de la demanda dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado núm. 15001-23-33-000-2026-
00121-00.

29.
Pues bien, al respecto, la Subsección encuentra que el señor Julián Ricardo
Gómez Ávila radicó la demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa, en «nombre y representación de la empresa BAHAUS CONSTRUCCIONES
S.A.S, identificada con NIT 900934294-1, con domicilio en la ciudad de Tunja, de
acuerdo con el poder otorgado debidamente por su representante legal Arquitecto
Edgar Mauricio García Blanco», es decir, no actuó en nombre propio y en defensa
de sus intereses.

30.
En ese orden, los derechos fundamentales que puedan verse afectados por la
Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja con ocasión de las posibles inconsistencias
presentadas en la radicación de la demanda dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado núm. 15001-23-33-000-2026-00121-
00, son de manera exclusiva de titularidad de la empresa Bahaus Construcciones
S.A.S.

Así, resulta evidente que el mencionado profesional del derecho no allegó poder
31.

especial que lo facultara para representar y adelantar todas las gestiones judiciales
en procura de la empresa Bahaus Construcciones S.A.S., en contra de la Oficina de
Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja dentro de este trámite constitucional ni acreditó
sumariamente los presupuestos para actuar como agente oficioso del sujeto en el
que recaen los derechos reclamados.

32.
La Sala concluye que el señor Julián Ricardo Gómez Ávila no tiene legitimación
en la causa por activa en el presente asunto, en la medida en que no es el titular de
los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, presuntamente
vulnerados por la Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

En este punto, no se desconoce que el abogado Julián Ricardo Gómez Ávila
33.

adujo que las referidas irregularidades afectan su derecho fundamental al trabajo,
para el cual sí podría estar legitimado por activa para reclamar su protección. Sin
embargo, en la exposición de los hechos y argumentos no relacionó alguna

9 Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2002.

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actuación u omisión en la que las autoridades accionadas cuestionaran de manera
oficial y verificable el ejercicio de su profesión, su condición de abogado o que
correspondan a su esfera personal, ni las pruebas aportadas dan cuenta de ello.

34.
Finalmente, cabe destacar, por un lado, que cualquier discusión en torno a la
fecha en que efectivamente fue radicada la demanda deberá ser agotada dentro del
asunto ordinario y decidida por los jueces naturales; y, por otro lado, que la demanda
de reparación directa se encuentra en trámite, pues el Tribunal Administrativo de
Boyacá emitió auto el 1 de junio de 2026 en el que ordenó remitir las diligencias a
los juzgados administrativos de Tunja para lo de su competencia.

35.
Por este motivo, al margen de la falta de legitimación en la causa por activa, la
solicitud de amparo tampoco supera el requisito de subsidiariedad, puesto que la
tutela no permite suplantar los mecanismos previstos por el legislador para ejercer
la defensa de derechos dentro de procesos ordinarios.

4. Conclusión

Por lo expuesto, se considera que la solicitud de amparo resulta improcedente,
36.

por cuanto no quedó acreditada la legitimación en la causa por activa del señor
Julián Ricardo Gómez Ávila ni se superó el requisito de subsidiariedad.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Julián
Ricardo Gómez Ávila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Ordenar a la Secretaría General de la corporación que adopte las
medidas respectivas para corregir el nombre de la parte accionada en el aplicativo
Samai, en el sentido de registrar a la Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja
y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja como
únicas accionadas en el presente asunto.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04025-00 (6346)
Accionante: Julián Ricardo Gómez Ávila
Accionados: Oficina de Reparto y Apoyo Judicial de Tunja y otro

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

9

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