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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04027-00

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04027-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Desvincular de la presente acción de tutela al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores Alvin Enrique Salcedo Uribe, Elkin Meléndez Ariza, Nazareth de Jesús Maldonado, Jaider Net Meléndez Ariza y Dagoberto Maldonado Mejía, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Reconocer personería al abogado Diego Javier Rodríguez Rodríguez, como apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los términos del poder allegado con el informe de tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. 11 M.P.: Natalia Ángel Cabo. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-04027-00 Accionante: Alvin Enrique Salcedo Uribe y otros Cuarto.- Reconocer personería a la abogada Nereidys Elena Solano Arévalo, como apoderada de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena en los términos de la sustitución allegada con el informe de tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Séptimo-. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04027-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04027-00
Accionante: ALVIN ENRIQUE SALCEDO URIBE, ELKIN MELÉNDEZ
ARIZA, NAZARETH DE JESÚS MALDONADO, JAIDER NET
MELÉNDEZ ARIZA Y DAGOBERTO MALDONADO MEJÍA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación de los
perjuicios causados a un grupo. Defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la
Constitución, decisión sin motivación y procedimental por exceso
ritual manifiesto. Requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Alvin Enrique Salcedo Uribe, Elkin Meléndez Ariza,
Nazareth de Jesús Maldonado, Jaider Net Meléndez Ariza y Dagoberto Maldonado
Mejía, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de mayo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, así como los principios de prevalencia del derecho
sustancial y a la tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“11.1 Con la presente acción constitucional se pretende que el Honorable Consejo de
Estado, revoque la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, que negó las pretensiones de la acción de grupo y el fallo de segunda
instancia que confirmó la sentencia del 17 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en la acción de grupo: radicado bajo el No. 47001-23-33-
000-2018-00089-01 (70388) en la que figuran como demandantes ALVIN SALCEDO
URIBE y OTROS contra La NACION-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, COORMAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA y CORPAMAG.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04027-00
Accionante: Alvin Enrique Salcedo Uribe y otros

En su lugar, dicte una nueva Sentencia que ampare lo derechos fundamentales de los
accionantes al acceso efectivo a la administración de justicia, al debido proceso, a la
reparación integral del daño, a la seguridad y protección de la vida, a la integridad
personal, a la igualdad entre otros derechos fundamentales transgredidos; o que
mediante una decisión de tutela se amparen los mencionados derechos fundamentales
conculcados a los accionantes y se ordene al Consejo de Estado– Sección Tercera,
Subsección C, que profiera una nueva sentencia de segunda instancia en que se
amparen a los accionistas (sic) los derechos fundamentales de los accionantes al acceso
efectivo a la administración de justicia al debido proceso, a la reparación integral del
daño, a la seguridad, protección de la vida y a la integridad personal, a la igualdad entre
otros derechos fundamentales transgredidos.

11.2 Se sirva amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso (art 29 C.N), al
Acceso Efectivo a la Administración de Justicia (art 229 C.N),al Principio Democrático de
Legalidad (arts 2,4,6,122,123 C.N), a la Reparación Integral del Daño (arts 2,90 de la
C.N), a la Igualdad (art 13 C.N); así como las Garantías de la Confianza Legítima (art 83
de la C.N), que se le vulneraron a los Demandantes, por parte del Tribunal Administrativo
del Magdalena y por el Consejo de Estado Sección –Tercera Subsección C, en la Acción
y Medio de Control de Reparación Directa, identificado con la Radicación: el No. 47001-
23-33-000-2018-00089-01 (70388) en la que figuran como demandantes ALVIN
SALCEDO URIBE y OTROS contra La NACION-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, COORMAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA y CORPAMAG, al incurrir en las causales genéricas y específicas de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de las sentencias judiciales que fueron
explicadas procedentemente.

11.3 Por lo anterior, en FORMA PRINCIPAL, respetuosamente solicito a su señoría, se
profiera una nueva decisión de fondo, en la que se le respeten en forma definitiva los
derechos fundamentales deprecados, examinando el caso concreto de cara a cada una
de las pruebas que obran el proceso de reparación directa antes mencionado, y con la
aplicación de los precedentes judiciales del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional y de los tratados y convenios internacionales conforme a lo dispuesto en
el bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 93 de la Constitución Política de
Colombia.

11.4 O en su defecto, en FORMA SUBSIDIARIA, ordene al Consejo de Estado– Sección
Tercera, Subsección C, profiera una nueva decisión al interior del citado proceso de
reparación directa, en la que se le respeten los derechos fundamentales al Debido
Proceso (art 29 C.N), al Acceso Efectivo a la Administración de Justicia (art 229 C.N),al
Principio Democrático de Legalidad (arts 2,4,6,122,123 C.N), a la Reparación Integral del
Daño antijurídico imputable a la Nación- Ministerio de Defensa (sic) (arts 2,90 de la C.N),
a la Igualdad (art 13 C.N); así como las Garantías de la Confianza Legítima (art 83 de la
C.N).

Con fundamento en las consideraciones expuestas, solicito:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, igualdad material, tutela judicial efectiva y prevalencia del
derecho sustancial de los accionantes.

SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena y la Sección Tercera del Consejo de Estado Subsección C dentro del proceso
radicado No. 47001-23-33-000-2018-00089-01 (70388).

TERCERO: Ordenar a la autoridad accionada proferir una nueva decisión en la cual: se
valore integralmente el material probatorio obrante en el expediente, se analicen
conjuntamente los informes técnicos, dictámenes periciales e informes oficiales, se
valore el informe del IDEAM relativo a la inexistencia de causa extraña, se examine
adecuadamente la omisión estatal respecto del mantenimiento hidráulico y del sistema
Box Culvert, y se apliquen los precedentes constitucionales pertinentes en materia de

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Accionante: Alvin Enrique Salcedo Uribe y otros

justicia ambiental, flexibilización probatoria y protección reforzada de pescadores
artesanales”.

2. Hechos

Los demandantes relataron que ejercieron la pesca artesanal en la Ciénaga Grande
de Santa Marta, Magdalena, actividad de la cual sostenían y pagaban sus gastos
personales y la manutención de sus familias.

Mencionaron que entre junio a septiembre de 2016 se produjo una tragedia
ambiental consistente en la mortandad de más de 10 toneladas de lisas, mojarras,
chivos mapalés y sábalos, además que afectó la actividad pesquera en razón a una
grave contaminación ambiental, situación que generó graves perjuicios y
afectaciones a más de 15000 pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta y
sus grupos familiares, así como a los habitantes y residentes en los municipios de
Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Remolino, El Retén, Salamina, Zona Bananera, Pivijay,
Ciénaga, Aracataca, El Piñón, Fundación, Concordia, Zapayán y Cerro de San
Antonio.

Afirmaron que, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo, presentaron demanda contra de la Nación, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento del Magdalena, la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena-Cormagdalena- y la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag-, al considerar que i) la
cartera ministerial no ejerció adecuadamente sus funciones de inspección,
vigilancia y control sobre Corpamag ni coordinó en debida forma las autoridades
que integran el Sistema Nacional Ambiental ni cumplió con el desarrollo del Plan de
Manejo Ambiental y Zonificación, ii) Cormagdalena desatendió los fines estatales
contenidos en el artículo 2 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 161
de 1994, pues no adoptó las medidas requeridas para proteger el medio ambiente,
iii) la entidad territorial demandada incumplió sus deberes en materia ambiental y
desarrollo económico de su territorio, toda vez que no proporcionó apoyo a los
municipios o a Corpamag para ejecutar las obras públicas necesarias para prevenir
el daño y, finalmente, iv) Corpamag, ostentaba la obligación de dragado y
mantenimiento de los ríos, caños y cuerpos de agua que integran la menciona
ciénaga.

Indicaron que el Tribunal Administrativo del Magdalena en fallo de 17 de mayo de
2023 negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se
acreditó la responsabilidad de las entidades demandadas, pues de las pruebas se
evidenció que el daño antijurídico alegado devino de un caso de fuerza mayor
provocado por el fenómeno del niño, razón por la cual no existió nexo causal entre
el hecho y la presunta omisión estatal.

Sostuvieron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación. La
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 14 de
julio de 2025 (notificada por medios electrónicos el 19 de agosto de 2025), la
modificó a efecto de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento del
Magdalena y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena,
Cormagdalena. En lo demás la confirmó, en tanto consideró que no se probó el
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desempeño de actividades de pesca en la fecha de la calamidad ambiental ni que
la ejercieran con fines comerciales o de lucro, aunado al hecho de que no se
demostraron las patologías sufridas por la población con motivo de la
contaminación. Por último, condenó en costas en segunda instancia a los
accionantes.

Para terminar, manifestaron que el 22 de agosto de 2025 presentaron solicitud de
aclaración del fallo de 14 de julio de 2025 porque, a su juicio, no se les debió
condenar costas en segunda instancia. La Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en proveído de 21 de octubre de 20251 negó la solicitud, en
tanto no estaba encaminada a que se aclarara algún punto oscuro de la parte
resolutiva o expresión de la parte considerativa con incidencia en el fallo, sino que
su objeto era controvertir lo decidido.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, porque i) el asunto goza de relevancia constitucional, en
tanto se debate la vulneración de sus derechos fundamentales ii) agotó todos los
mecanismos ordinarios, iii) la acción de tutela se presentó en un término razonable,
iv) no se reprocha una providencia dictada en el curso de otra solicitud de amparo,
v) se identificaron los hechos, las irregularidades procesales y los derechos
vulnerados.

De otro lado, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
fáctico, toda vez que realizaron una valoración fragmentada y descontextualizada
del expediente y desconocieron el verdadero alcance de las pruebas técnicas,
científicas y oficiales incorporadas al proceso.

Resaltó que “la sentencia de primera y de segunda instancia” incurrieron en defecto
fáctico, el cual sustentaron en que el Tribunal Administrativo del Magdalena excluyó
“los documentos periciales” aportados que daban cuenta de la existencia del daño
y el nexo causal y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
por admitir la existencia del daño antijurídico, sin embargo, omitió condenar a las
demandadas por no demostrarse los perjuicios por parte de los miembros del grupo.

Sostuvo que “la sentencia de segunda instancia reconoce que, en la Ciénaga
Grande de Santa Marta, ocurrió la existencia de: sedimentación, incremento de
salinidad, deterioro hidráulico, disminución de circulación hídrica, contaminación
ambiental, y mortandad masiva de peces, posteriormente concluye que no existía
prueba suficiente del daño sufrido por los pescadores artesanales y las
comunidades residentes en los corregimientos de Tasajera, Palmira, Nueva
Frontera, Isla del Rosario, Jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, departamento
del Magdalena y otros domiciliados y residentes en el municipio de Ciénaga, y
residentes en los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Remolino, El Retén,
Salamina, Zona Bananera, Pivijay, Ciénaga, Aracataca, El Piñón, Fundación,
Concordia, Zapayán y Cerro de San Antonio y los correspondientes corregimientos

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Mediante auto de 23 de febrero de 2026, se corrigió la fecha del proveído, en tanto que en un principio se
indicó que era de “20 de octubre de 2025”.
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de cada uno de los mencionados municipios, jurisdicción del Departamento del
Magdalena jurisdicción del departamento del Magdalena, quienes derivan su
sustento y mínimo vital de la pesca artesanal y de subsistencia”.

Resaltó que en los asuntos relacionados con responsabilidad estatal derivada de
daño ambiental no se puede exigir una demostración matemática o absoluta del
nexo causal, pues precisamente la complejidad ecosistémica obliga a acudir a
inferencias razonables, convergencia científica, valoración conjunta, indicios graves
y análisis interdisciplinarios.

Aseguró que la sentencia de segunda instancia desconoció la especial naturaleza
de las acciones de grupo y de los litigios ambientales colectivos e impuso un
estándar probatorio incompatible con comunidades vulnerables dedicadas a
economías artesanales y de subsistencia.

Igualmente, señaló que se desecharon los testimonios de la parte actora con
argumentos alejados de la realidad.

Indicó que se omitió la valoración del informe DGI-SCI-VAR-JUR-964 de 13 de
octubre de 2020 proveniente del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,
Invemar, y remitido a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap,
el cual era un informe técnico oficial solicitado por el Tribunal Administrativo del
Magdalena. De igual modo, sostuvo que se desconocieron los informes de la
Contraloría General de la República y del Ideam.

Agregó que “las sentencias accionadas redujo injustificadamente el alcance
demostrativo del informe y concluyó, sin motivación suficiente, que los medios de
prueba no resultaban conducentes para acreditar el daño sufrido por los
accionantes”.

Por otra parte, aseguró que se incurrió en el defecto sustantivo, en tanto aplicó de
manera rígida y descontextualizada el artículo 167 del Código General del Proceso,
pues estableció un estándar probatorio individual lo que desconoce la naturaleza
especial de las acciones de grupo.

Afirmó que “la providencia exigió una demostración prácticamente imposible
respecto del daño sufrido por cada pescador, pese a que: existía una causa común,
el daño era homogéneo, y la actividad económica de los accionantes corresponde
a economías artesanales e informales”.

También mencionó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues no
tuvo en cuenta la sentencia SU-018 de 2024, a pesar de que en fue “invocada
expresamente por esta parte dentro del proceso”.

Igualmente, advirtió que la sentencia de segunda instancia incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto le impuso una carga
probatoria desproporcionada e irrazonable a unas comunidades dedicadas a la
actividad pesquera de manera artesanal, quienes no cuentan con una estructura
empresarial ni llevan registros contables.

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Finalmente, manifestó que se incurrió en violación directa de la Constitución,
pues se vulneraron los derechos fundamentales alegados por los accionantes.

4. Trámite procesal

Por auto de 28 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó la notificación a los accionantes y a las autoridades judiciales accionadas.
De igual modo, se vinculó a la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
al departamento del Magdalena, a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena, a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y a las 2.248
personas que conforman el grupo. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y se ordenó publicar el auto admisorio en la página web
del Consejo de Estado y en el micrositio del Tribunal Administrativo del Magdalena
para el conocimiento de todos los interesados.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 101427 a 101442
de 2 de junio de 2026 y 122228 de 3 de julio de 2026, con el fin de dar cumplimiento
a la referida decisión. Posteriormente, el 23 de junio de 2026 se publicó un aviso
en la página web del Consejo de Estado, con el fin de dar cumplimiento a lo
ordenado en el proveído de 28 de mayo de 2026.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado

El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia manifestó que la acción
de tutela carece de relevancia constitucional porque se evidencia es un desacuerdo
con la decisión del juez natural del asunto.

Afirmó que algunos alegatos de la parte actora no se ajustan al contenido de la
decisión de segunda instancia ni cuentan con respaldo probatorio, pues reprocha
el hecho de que no se valorara el informe del Ideam, sin embargo, eso se desvirtúa
con el párrafo 19.2 de la decisión en el que se explicó que este no tiene la vocación
de demostrar los daños que se reclamaron.

Señaló que contrario a lo manifestado en el escrito de tutela se pronunció frente a
la sentencia SU-018 de 2024, a pesar de que no estaba en la obligación jurídica de
hacerlo en razón a que no se planteó en la oportunidad procesal.

Mencionó que en el escrito de tutela se afirmó que la demostración del daño
ambiental conduce inequívocamente a la acreditación del daño padecido por la
comunidad colindante, sin embargo, precisó que los demandantes no atendieron la
distinción entre el hecho generador del daño –mortandad de peces– y los daños
presuntamente configurados a raíz de este –afectaciones a la actividad comercial
y contaminación ambiental–, los cuales tenía el deber de demostrar dentro del
medio de control indemnizatorio. Adicionalmente, resaltó que la sentencia objetada
desarrolló suficientes argumentos referentes a la mencionada diferencia.

Resaltó que el objeto de la acción de grupo no consistía en adoptar medidas para
la restitución de la Ciénaga Grande de Santa Marta, sino en la indemnización de
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los daños que la comunidad afectada pudiere haber padecido como consecuencia
de la mortandad de peces, razón por la cual la parte actora ostenta la carga de
demostrar la configuración de los elementos del daño.

Indicó que la simple autorización de pesca no es suficiente para evidenciar el
ejercicio de dicha actividad productiva, y menos aún para demostrar que tal
actividad se estuviera desarrollando durante la mortandad de peces.

Agregó que del estudio de los informes técnicos allegados al expediente se tuvo en
cuenta los oficios AUNAP-DRBQ-0241 de 13 de octubre de 2020 y DGI-SCI-VAR-
JUR-964 de 13 de octubre de 2020, allegados por la Aunap y el Invemar, al igual
que los diferentes testimonios que se practicaron, sin embargo, estos últimos
carecían de imparcialidad.

Aseguró que se determinó que los demás medios de prueba allegados al
expediente no eran conducentes para acreditar el daño reclamado, en el que
incluyó los boletines informativos sobre el monitoreo de los fenómenos de El Niño
y La Niña, expedidos por el Ideam, así como el informe rendido por la Contraloría
General de la República por presuntas deficiencias en la política nacional de
humedales interiores de Colombia.

Por último, manifestó que la solicitud de tutela no demuestra una afectación de los
derechos fundamentales alegados y que, además, se evidencia la intención de
reabrir el debate propio de las instancias ordinarias, o mejor aún, como un
instrumento para ampliar el objeto del litigio del proceso ordinario a través de la
formulación de medios nuevos de impugnación.

5.2. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El apoderado de la cartera ministerial solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de procedencia y se
le desvincule del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

5.3. Respuesta de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena

La apoderada de la corporación autónoma pidió que se negaran las pretensiones
de la solicitud de amparo, en tanto la acción de tutela es un mecanismo excepcional
que no fue destinada para reabrir debates probatorios que ya fueron resueltos por
el juez natural del asunto.

5.4. Respuesta del Tribunal Administrativo del Magdalena

La autoridad judicial accionada se limitó a remitir el link de acceso al expediente
digital del proceso motivo de reproche constitucional de los accionantes.

5.5. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el departamento del
Magdalena, los 2.248 personan que conforman el grupo y demás interesados,
a guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que no tiene competencia para
pronunciarse respecto de las pretensiones del demandante.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada” 2. En ese orden de ideas, la Sala accederá a la solicitud de
desvinculación porque en la sentencia de 14 de julio de 2025 se declaró la falta de
legitimación por pasiva de la cartera ministerial en el proceso de reparación de los
perjuicios causados a un grupo.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneraron los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, así como los principios de prevalencia del derecho sustancial y la tutela
judicial efectiva de los accionantes al negar las pretensiones del medio de control
de reparación de los perjuicios causados a un grupo que adelantaron contra la
Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento del
Magdalena, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena-
Cormagdalena- y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag-.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.

2
Sentencia T-005 de 2022.
3
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04027-00
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los

4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
5
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
6
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
9

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argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora sostiene que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneraron los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, así como los principios de prevalencia del derecho sustancial y la tutela
judicial efectiva, al supuestamente incurrir en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la Constitución,
decisión sin motivación y procedimental por exceso ritual manifiesto, al negar
las pretensiones tendientes a resarcir los perjuicios causados por no cumplir con
los deberes obligaciones frente a la tragedia ambiental que afectó a los pescadores
de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Los demandantes presentaron demanda de reparación de los perjuicios causados
a un grupo contra de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
departamento del Magdalena, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, con la
pretensión de que se resarcieran los perjuicios materiales y morales que se les
causó, en virtud de que entre junio y agosto de 2016 se presentó un fenómeno de
bajas de oxígeno disuelto en la Ciénaga Grande de Santa Marta que resultó en la
pérdida de más de 10 toneladas de peces, moluscos y crustáceos.

El Tribunal Administrativo del Magdalena en fallo de 17 de mayo de 2023 negó las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se acreditó la
responsabilidad de las entidades demandadas, pues de las pruebas se evidenció
que el daño antijurídico alegado devino de un caso de fuerza mayor provocado por
el fenómeno del niño, razón por la cual no existió nexo causal entre el hecho y la
presunta omisión estatal alegada.

Afirmó que el concepto técnico allegado por el Invemar determinó la muerte masiva
de peces entre junio y septiembre de 2016 por asfixia originada en bajos niveles de
oxígeno durante las horas nocturnas. Igualmente, revisó un oficio aportado por
dicha entidad sobre la captura mensual y la renta económica promedio de los
pescadores, factores que son variables según la actividad de pesca y el sitio de
desembarco.

Al estudiar los dictámenes periciales aportados en la demanda señaló que carecían
de claridad respecto de las causas que originaron la mortandad de peces o la
influencia de ese fenómeno en relación con los perjuicios solicitados en la
demanda. Agregó que estos dictámenes fueron elaborados en la Ciénaga de
Pajarales, cuerpo de agua diferenciado de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Señaló que el dictamen pericial de contradicción aportado por Corpamag planteó
que la mortandad de peces es un fenómeno recurrente denominado “tabaquillo”,
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cuya ocurrencia ha sido documentada desde 1971, y concluyó que tal situación
corresponde a anomalías en la Ciénaga Grande de Santa Marta asociadas al
fenómeno del Niño.

Por último, el Tribunal consideró que no se demostró la configuración de una falla
en el servicio porque en la audiencia de pruebas se evidenció que Corpamag realizó
labores de dragado de la ciénaga y la recuperación de múltiples hectáreas de
manglares. Asimismo, en lo relacionado con el nexo de causalidad expresó que el
daño alegado no era imputable a las entidades demandadas, sino a un caso de
fuerza mayor que cumple con los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad.

Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, en el que sostuvieron que el fenómeno de El Niño era previsible, pues el
Ideam había advertido sobre su eventual ocurrencia, además que este había
culminado en abril de 2016, razón por la cual no existía relación causal con la
muerte de los peces entre junio y agosto del mismo año.

Reprocharon que el a quo no tuviera en cuenta los precedentes jurisprudenciales
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado relacionados con el principio de
precaución en materia ambiental.

Señalaron que se incurrió en “defecto fáctico”, porque no se tuvieron en cuenta las
pruebas testimoniales, el informe de la Contraloría General de la República, los
conceptos técnicos de Invemar, el informe de la Aunap, los escritos de la Defensoría
del Pueblo que respaldaban las pretensiones de la demanda y los dictámenes
aportados con la demanda.

Por último, manifestaron que si de las pruebas no se acreditaba el monto de la
actividad productiva, se procediera a aplicar la presunción de ganancia de un
salario mínimo mensual vigente y atendiendo la especial protección que ostentaba
la población que desarrolla la actividad pesquera de manera artesanal.

El 14 de febrero de 2025, los accionantes allegaron memorial en el que se invocó
la sentencia SU-018 de 2024 de la Corte Constitucional, en la que se ordenó la
reparación de daños a una comunidad pesquera.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 14
de julio de 2025 modificó el fallo de primera instancia a efecto de declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva de la Nación, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el departamento del Magdalena y la Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena. En lo demás confirmó la determinación
del a quo, pues consideró que no se probó el desempeño de actividades de pesca
en la fecha de la calamidad ambiental ni que la ejercieran con fines comerciales o
de lucro, aunado al hecho de que no se demostraron las patologías sufridas por la
población con motivo de la contaminación y, finalmente, condenó en costas a la
parte actora en segunda instancia.

La autoridad judicial accionada verificó los presupuestos de procedencia del medio
de control, para lo cual constató que el grupo estaba conformado por 2248
integrantes, es decir, que se superó el requisito mínimo de 20 personas, además

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que existía un común denominador entre los integrantes del grupo consistente en
la mortandad de fauna marina en la ciénaga entre junio y agosto de 2016.

Luego, se refirió a la oportunidad para formular la demanda para lo cual concluyó
que se radicó dentro del término de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó
el daño de acuerdo al literal h) del artículo 164.2 de la Ley 1437 de 2011.

Posteriormente, estudió la legitimación en la causa y evidenció que los integrantes
del grupo demandante gozaban de legitimación en la causa formal para comparecer
al proceso. Igualmente, afirmó que Corpamag estaba legitimada en la causa por
pasiva porque sus funciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 28 de 1998,
incluyen la administración, conservación, manejo y fomento de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, la limpieza, mantenimiento y mejora del
curso de los ríos y los lechos de los lagos y embalses, la prevención de la
contaminación de las aguas y del medio ambiente y la promoción y ejecución de
obras de recuperación del equilibrio ecológico de la Ciénaga Grande de Santa
Marta y sus articulaciones. Sin embargo, con respecto al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el departamento del Magdalena y Cormagdalena consideró
que estas entidades cumplen funciones de orientación, vigilancia, coordinación o
colaboración, pero no son competentes para ejecutar las obras cuya omisión se
alegaba en la demanda, por lo que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

En ese orden, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
procedió a estudiar el caso concreto, para lo cual señaló que se debía determinar
si el daño invocado en la demanda contaba con respaldo probatorio, presupuesto
necesario de la responsabilidad del Estado, sin el cual no se puede calificar la
actuación pública bajo un juicio de imputación ni predicar la indemnización
correspondiente.

En la sentencia se indicó que los demandantes aportaron como pruebas los
documentos de identidad y carnets de pesca, últimos que fueron expedidos por la
Aunap, la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural-Incoder o el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura-Inap. Los
mencionados documentos habilitaban a los integrantes del grupo para ejercer
pesca artesanal en la Ciénaga Grande de Santa Marta y refieren a las artes de
pesca autorizadas.

Indicó que el carnet evidenciaba que los integrantes del grupo “estaban autorizados
para ejercer la pesca artesanal en la Ciénaga. Sin embargo, estos documentos no
evidencian el ejercicio de la actividad de pesca o de una actividad productiva de
pequeña escala, de modo que no son suficientes para demostrar la configuración
de un daño por la mortandad de peces ocurrida a mitades de 2016. Eventualmente
serían relevantes para determinar la legalidad de la actividad productiva en
cuestión, a efectos de analizar la antijuridicidad del daño como fundamento del
deber de reparar, pero ello requiere que la actividad de pesca –y su eventual
detrimento– encuentre respaldo en los demás medios de prueba”.

Asimismo, se refirió a las certificaciones expedidas por el inspector central de
policía del municipio de Puebloviejo y los inspectores de policía de los
corregimientos de Tasajera, Puebloviejo, y Palermo, Sitioviejo, en las que se indicó
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que los integrantes del grupo eran residentes del sector, se desempeñaban como
pescadores en la Ciénaga Grande de Santa Marta y que, por el deterioro pesquero
que presentó la Ciénaga, sus ingresos se vieron afectados. Sin embargo, advirtió
que las mencionadas certificaciones no guardan relación con las competencias
atribuidas a los inspectores en la Ley 1801 de 2016, aunado al hecho de que esos
documentos no invocan alguna norma de orden constitucional, legal o
reglamentaria que les asignen competencia para certificar actividades económicas,
ni contiene soportes que permitan determinar si la información consignada proviene
de su misión funcional. Por consiguiente, concluyó que no eran válidos para
acreditar la actividad económica invocada o los daños relacionados.

Igualmente, se refirió a las certificaciones expedidas por la junta de acción comunal
de los corregimientos de Buenavista y Nueva Venecia, municipio de Sitionuevo, en
las que se indicó que varios integrantes del grupo se desempeñan como
pescadores de la Ciénaga, sin que se evidencie alguna referencia referente a
alguna afectación económica por la crisis ambiental, razón por la cual consideró
que no eran suficientes para respaldar la actividad económica que se alegó.

Adicionalmente, estudió las certificaciones expedidas por los representantes
legales de varias asociaciones pesqueras7, quienes manifestaron que algunos
integrantes del grupo se desempeñan como pescadores de la Ciénaga o
pertenecen a las respectivas asociaciones de pescadores, los cuales la autoridad
judicial accionada concluyó que respaldaban la calidad de pescadores de algunos
integrantes del grupo e, inclusive, de su afiliación a un esquema asociativo para tal
fin, mas no del desempeño efectivo de la actividad de pesca durante los meses de
junio a septiembre de 2016 ni del lucro económico percibido o al menos las rentas
obtenidas por el esquema asociativo. Por consiguiente, concluyó que ello impide
determinar la existencia del daño cuya indemnización se reclama en la demanda.

Luego, se refirió a las declaraciones juramentadas de los señores José de la Cruz
Torres Monterrosa, Jacobo Antonio Linero Echeverría, Jesús Gregorio Echeverría
Pabón, Máximo Segundo Echeverría Cueto, Wilfrido Linero Meléndez, Andrés
Avelino Perea Díaz, Nancy Esther Moreno Camargo, Andrés José Acosta Jimeno,
Adanies Antonio Redondo Rodríguez y Rafael Eduardo Jimeno Camargo en la
Inspección Central de Policía del municipio de Puebloviejo, Magdalena, las cuales
le restó merito probatorio, en tanto las competencias asignadas a los inspectores
de policía y de acuerdo a lo regulado en el artículo 188 del Código General del
Proceso, estas autoridades no están habilitadas para recibir declaraciones
extrajuicio.

7
Asociación de Pescadores Artesanales de la Ciénaga Grande de Santa Marta-Apescar, Cooacuimag,
Asociación de Pescadores Marítimos de Tasajera-Asopesmat, Asociación de Pescadores Artesanales de la Isla
del Rosario-Pescair, Cooperativa de Trabajo Asociado de Reservistas y Pescadores de Puebloviejo-Coorpuv,
Copesca, la Asociación de Pescadores de Tasajera-Asopesta, Asociación de Mujeres Procesadoras y
Distribuidoras de Pescados y Mariscos-Asmuprodipes, Asociación de Organizaciones Comunitarias de la
Ciénaga Grande de Santa Marta-Asocociénaga, Coopesmarcie, Asopescar, Asomayor, «la asociación de
pescadores artesanales del Barrio Abajo», Asopezmar, Asociación Guardabosque de la Ciénaga y el Mar-
Asopebosque, Asociación de Pescadores de la Ciénaga y el Mar-Asocienemar, «Inspección Central», Comité
de los Pescadores del Barrio las Flores-Copesbaflo, Criapez, Asociación de Piscicultores y Hortelanos de
Sitionuevo-Asopihorsit, Fepacimag, Asociación de Pescadores Artesanales-Ampac y Comité de Pescadores
Artesanales de la Ciénaga Grande y el Mar Caribe-Copacimar.
13

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Por otra parte, se refirió a las historias clínicas de dos menores que se aportaron
con la demanda, sin embargo, determinó que las patologías que se diagnosticaron
no guardaban relación con la mortandad de peces que se presentó en la ciénaga.

En ese orden de ideas, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado evidenció que de las pruebas documentales aportadas con la demanda no
“permiten verificar el ejercicio de labores de pesca, y aún menos las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de tales actividades. De ahí que resulta imposible calificar,
con base en los documentos revisados, si la presunta actividad de pesca era de
mera subsistencia o perseguía un provecho económico. Tampoco es viable
determinar la existencia de un detrimento o afectación con motivo de la crisis
biológica, comoquiera que la presunta actividad de pesca no puede ser
cuantificada”.

De otro lado, estudió el oficio AUNAP-DRBQ-0241 de 13 de octubre de 2020, por
medio del cual la Aunap absolvió el requerimiento en lo relacionado a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la mortandad de peces.
Asimismo, se refirió al oficio DGI-SCI-VAR-JUR-964 de 13 de octubre de 2020,
allegado por Invemar, en el que se señaló que la captura estimada promedio por
pescador varía según el arte de pesca y el sitio de desembarco.

Al respecto, la autoridad judicial accionada al estudiar los informes, especialmente
el allegado por Invermar, evidenció que la información sobre la captura mensual y
la renta económica promedio por pescador, guarda relación con las funciones de
dicha entidad. Pese a esto, los datos consignados no permitieron establecer un
daño cierto o determinable, pues los factores económicos referidos en el informe
oscilan en sumas disparejas y atienden a variables, como el arte de pesca y sitio
de desembarco, los que tendrían que ser verificadas según cada caso individual.

Agregó que, al revisar el impacto de la mortandad de peces en la población
pesquera de la Ciénaga Grande de Santa Marta, las cifras referidas en ese informe
son asimétricas e impiden identificar esa afectación con certeza. Además, que, los
períodos corresponden a junio y agosto de 2016, meses en los que la ciénaga fue
afectada por la calamidad de peces, razón por la cual impedía constatar cuáles
serían las cifras normales, ya sea antes o después de la calamidad, a efectos de
determinar su impacto en la actividad de pesca del sector.

Igualmente, reprochó la falta de correlación entre la captura promedio mensual
“(que aumentó desde 383,11 kg/pescador en junio a 400,91 kg/pescador en agosto)
y la renta económica mensual (que disminuyó desde $862.833,89 en junio hasta
$706.970,59 en agosto). Tampoco se explica, de manera precisa y puntual, qué
incidencia tuvo la mortandad masiva de fauna marina en la variación de estos
factores económicos”.

Por consiguiente, concluyó que el informe rendido por el Invemar es útil para una
visión panorámica de la actividad económica de pesca en la ciénaga, mas no
acredita una afectación individual de la misma con motivo de la mortandad de peces
ocurrida entre junio y septiembre de 2016.

De otro lado, en la sentencia objetada se estudiaron los testimonios practicados a
los señores Ender José Orozco, Luz Esther Jaraba Guerrero, Osvaldo Enrique
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González Garizábalo y José Luis Garrido Niebles. Frente al primero se presentó
una irregularidad, toda vez que en razón a que su declaración se tomó de manera
virtual, se ordenó que el testigo estuviera solo en las oficinas de la Defensoría del
Pueblo, sin embargo, durante la diligencia se escuchó como el apoderado sugería
la complementación de la declaración, por lo que se suspendió y se practicó en otra
fecha, sin embargo, esa situación le restó espontaneidad a lo dicho por el testigo,
lo que le restó credibilidad, objetividad, imparcialidad y naturalidad.

Con respecto a la declaración de la señora Luz Esther Jaraba Guerrero consideró
que merecía credibilidad, porque fue completa y espontánea en cuanto a la visita
de la testigo a la ciénaga durante la mortandad de peces, sin embargo, en lo
referente a la tristeza de los habitantes del sector y aparentes enfermedades en la
piel derivadas de la contaminación ambiental, estas afirmaciones las consideró que
fueron dichos de la testigo que no conducían, por sí mismos, a la demostración del
daño, en la medida que la aflicción de los residentes del sector debía provenir de la
afectación a un interés cierto y legítimo y las enfermedades en la piel deben
constatarse a través de otros medios de prueba, como historias clínicas o
dictámenes periciales por profesionales de la salud.

En relación con la declaración del señor Osvaldo Enrique González Garizábalo, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que las
manifestaciones referentes a las ganancias y las enfermedades cutáneas carecen
de respaldo en otros medios de prueba.

Frente a las declaraciones del señor José Luis Garrido Niebles se afirmó que su
dicho merece credibilidad, sin embargo, no encontró soporte probatorio que
permitiera verificar la actividad económica de los pescadores durante la calamidad
ambiental, además que las afirmaciones relacionadas con enfermedades por
contaminación ambiental eran vagas porque no detallaban con precisión quiénes
se habrían visto afectados, ni el centro hospitalario en donde se habrían atendido
tales dolencias.

Por lo anterior, la autoridad judicial accionada al realizar una valoración en conjunto
de los testimonios consideró que esas declaraciones no tenían respaldo probatorio
alguno en cuanto a la configuración del daño reclamado en la demanda, pues no
se demostró el ejercicio de alguna actividad económica en la ciénaga ni la forma en
que la mortandad de peces afectó el desarrollo de la actividad de pesca ni las
enfermedades derivadas de la contaminación ambiental.

De otro lado, estudió en conjunto los dictámenes periciales aportados. En primer
lugar, se refirió al elaborado en enero de 2017 por el biólogo marino Jesús Efrén
Ortiz Montañez, quien luego de realizar pruebas de campo determinó que la
presencia de bajos niveles de oxígeno y altos niveles de amonio que conducen al
ahogamiento de los organismos o a cambios bruscos de los niveles de pH
(toxicidad). Señaló que el problema se agudizó por el poco nivel de recambio de la
ciénaga producto de las entradas y salidas de agua dulce ríos y salada Mar Caribe,
además, que describió el calentamiento y secamiento de los cuerpos de agua, muy
comunes en los sitios rellenos de sedimentación.

Agregó que en el mencionado dictamen se anotó que la ciénaga abarca 11
municipios y que las actividades económicas de la población se enfocan en la pesca
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artesanal, la agroindustria, la ganadería y la economía informal, razón por la cual la
mortandad de especies marinas podía producir presión sobre la seguridad
alimentaria de esas comunidades. Sin embargo, la autoridad judicial accionada
señaló que la prueba técnica no estaba encaminada a demostrar la configuración
de un daño, sino a determinar los factores biológicos que incidieron en la mortandad
masiva de fauna marina en la ciénaga.

En segundo lugar, estudió el dictamen pericial elaborado por el ingeniero químico
Jairo Miguel Pérez Ricardo y del cual concluyó que este se limitó a los efectos
nocivos de la mortandad de peces en las condiciones biológicas de la ciénaga.
Asimismo, señaló que si bien la prueba técnica indicó la presencia de
enfermedades, malos olores y morbilidad en la población, no ofreció soportes o
elementos que respaldaran tales conjeturas, no puntualizó el impacto de las
condiciones de la ciénaga en la actividad de pesca artesanal y las afirmaciones
relacionadas con el impacto a la población carecieron de precisión, firmeza y
sustento, por cuanto se limitaron a observaciones genéricas y, por último, el
impacto ambiental de la mortandad de peces correspondía a un daño ambiental
puro cuya restitución no correspondía al escenario de las acciones de grupo.

En tercer lugar, analizó el dictamen rendido por el ingeniero agrónomo Asterio
Manuel Torres Gámez especialista en gestión ambiental y magíster en gestión
sostenible, quien señaló los diferentes problemas de la ciénaga. Adicionalmente,
aseguró que el perito expresó la importancia del cuerpo de agua en la economía de
la región y que, en razón a su contaminación paso a ser un foco de infecciones.
Pese a lo antes expuesto por el especialista, la autoridad judicial accionada
concluyó que el único soporte de lo plasmado en el informe fue el registro
fotográfico, por lo que carece de exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones que ofrezcan solidez a sus afirmaciones y conclusiones, razón
suficiente para no otorgarle mérito probatorio.

En cuarto lugar, se refirió al dictamen elaborado por el ingeniero hidráulico Víctor
Téllez Abuabara, quien falleció antes de adelantar la etapa probatoria, sin embargo,
al realizar una valoración sumaria de este la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado consideró que “la experticia no estaba encaminada a
determinar los daños reclamados en la demanda –afectación a actividades de
pesca y enfermedades por contaminación–, sino a determinar el estado de las
conexiones hídricas entre la CGSM y otros cuerpos de agua dulce. De ahí que este
dictamen no conduce a la acreditación del daño bajo análisis”.

Por otra parte, se refirió al dictamen pericial aportado por Corpamag con el fin de
contradecir y revisar la pertinencia, la confiabilidad de los resultados y la coherencia
de las conclusiones de la pericia del señor Jesús Efrén Ortiz Montaño, en el cual se
expresó que este “(i) es inoportuno, porque se elaboró cinco meses después del
evento de mortandad, no relacionó la fecha y hora en que fueron tomadas las
muestras de agua y plancton que sirvieron de fundamento a esa pericia, y la
localización aproximada de recolección del muestreo no corresponde a la zona
donde se presentó la mortandad; (ii) no hizo referencia a la naturaleza cambiante
de las condiciones físicas, químicas y biológicas del sistema laguno-estuarino de la
CGSM, la cual ha experimentado profundas modificaciones antrópicas de su
régimen hídrico a lo largo de más de un siglo, de modo que la mortandad de peces
podría corresponder a un fenómeno recurrente asociado a la variabilidad climática,
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y (iii) carece de detalle y rigor científico, al no describir con suficiencia los
procedimientos e instrumentos empleados en sus mediciones, además de emplear
aseveraciones falsas y especulativas. A partir de lo anterior, concluyó que el
dictamen no es oportuno, preciso, contextualizado, detallado, confiable o veraz”.

Luego, se refirió a los demás elementos de convicción allegados en debida forma
al proceso, entre los que resaltó el informe sobre unas auditorías realizadas por la
Contraloría General de la República a Corpamag y Corpocesar, para lo cual precisó
que estos no provienen de afectaciones a la población aledaña a la Ciénaga Grande
de Santa Marta, sino a presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos.

Asimismo, se refirió al informe que rindió Invemar mediante oficio DGI-SCI-CAM-
JUR-0936 de 5 de octubre de 2020132, en el cual dio alcance a los conceptos
técnicos CPT-CAM-015-16 de 1 de julio de 2016, CPT-CAM-021-16 de 18 de
agosto de 2016, CPT-CAM-026-16 de agosto de 2016 y CPT-CAM-033-16 de 23
de septiembre de 2016, en el que se reportó que no fue posible tener datos
estadísticos de peces muertos y que desconoce el tiempo que tardaron en extraer
los peces muertos y los efectos económicos de dicha mortandad. Sin embargo, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que estos
documentos no están encaminados a demostrar eventuales afectaciones en la
población.

Por todo lo antes expuesto y luego de valorar en conjunto cada una de las pruebas,
la autoridad judicial accionada concluyó que “el daño reclamado en la demanda no
cuenta con respaldo probatorio suficiente. En efecto, no está probado el
desempeño de actividades de pesca entre junio y septiembre de 2016 –fecha de la
calamidad ambiental–, ni mucho menos que tales actividades se ejercieran con
fines comerciales o de lucro. Se desconoce el impacto de la mortandad de peces
sobre la presunta actividad de pesca, porque no se sabe si habría impedido
totalmente su desarrollo o si, por el contrario, disminuyó parcialmente la captura de
pescado. Es llamativo que, según el oficio DGI-SCI-VAR-JUR-964 del 13 de octubre
de 2020136, el recaudo de pesca aumentó entre los meses de junio y agosto de
2016 –en plena calamidad–, situación que otorga menos certeza a la afectación
alegada en la demanda”. Adicionalmente, afirmó que no se probó las patologías
sufridas por la población con motivo de la contaminación ambiental.

Ahora bien, al estudiar el alegato relacionado con la condición de pescadores
artesanales y que se debía dictar una decisión en equidad, se precisó que si bien
se puede acudir al criterio de la equidad consagrado en el artículo 16 de la Ley 446
de 1998, siempre que la prueba de los perjuicios resulte imposible o se carezca de
elementos objetivos para la tasación de la indemnización, lo cierto es que tal
situación requiere que haya certeza sobre la configuración del daño, lo cual no se
demostró, y que el único punto de incertidumbre probatoria sea la valoración o
cuantificación del mismo.

De otro lado, con respecto a que se tuviera en cuenta el salario mínimo con el fin
de tasar los perjuicios, la autoridad judicial accionada advirtió que para aplicar la
presunción de que los pescadores artesanales devengaban 1 SMLMV, debía
acreditarse que los integrantes del grupo ejercieran dicha actividad y que esta se
viera afectada por la mortandad masiva de peces de 2016, sin embargo, como no

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se agotó tal carga probatoria consideró improcedente aplicar la mencionada
presunción.

Finalmente, se refirió al memorial de 14 de febrero de 2025, en el que los
demandantes invocaron la sentencia SU-018 de 2024 de la Corte Constitucional
como precedente judicial. Al respecto, se indicó que dicha decisión cuenta con
supuestos fácticos y jurídicos diferentes, pues se trató de un caso de una afectación
derivadas de las labores de mantenimiento hidroeléctrico y la supuesta omisión en
obras de mantenimiento a las afluentes de un cuerpo hídrico, en la que se reiteró
que la falta de demostración del daño reclamado impide el reconocimiento de
perjuicio alguno.

El 22 de agosto de 2025, los accionantes presentaron solicitud de aclaración del
fallo de 14 de julio de 2025, al considerar que no se les debió condenar en costas
en segunda instancia.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en proveído de 21
de octubre de 2025 negó la solicitud, bajo el argumento de que no estaba
relacionado con puntos oscuros de la parte resolutiva o alguna expresión de la parte
considerativa con incidencia en el fallo, sino que su objeto era controvertir lo
decidido.

Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues se da continuidad al
debate superado en el curso del trámite judicial relacionado con que del caudal
probatorio se evidenciaba el daño que se le causaron a los pescadores integrantes
del grupo, en razón a la tragedia ambiental ocurrida en la Ciénaga Grande de Santa
Marta y la tasación de los perjuicios causados.

Al estudiar los argumentos planteados por los accionantes se observa que invoca
los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, violación
directa de la Constitución, decisión sin motivación y procedimental por exceso ritual
manifiesto, en los que supuestamente incurrieron las autoridades judiciales
accionadas al negar las pretensiones tendientes a la declaratoria de la
responsabilidad extracontractual del Estado por los daños que se generaron como
consecuencia de una tragedia ambiental ocurrida entre junio a septiembre de 2016
en la Ciénaga Grande de Santa Marta y que les privó a los pescadores de la región
de ejercer la actividad de pesca artesanal, la cual era la manera en que sustentaban
a sus familias, aunado al hecho de que la contaminación conllevó que residentes de
la zona sufrieran de enfermedades.

Al respecto, la Sala observa que esos argumentos ya fueron objeto de análisis por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo del Magdalena, quienes a partir de los diferentes elementos de juicio,
como pruebas periciales, informes, testimonios, entre otras, y la jurisprudencia,
consideraron que no se demostró la configuración de un daño cierto, pues las
pruebas técnicas aportadas con la demanda no evidenciaban cuál era el promedio
e ingresos de los pescadores antes y con posterioridad a la tragedia ambiental, toda
vez que estas se limitaron a explicar lo que desencadenó la mortandad de peses en
la ciénaga, además que los informes no establecían la cuantificación de la actividad
económica de las personas afectadas y, finalmente, las pruebas testimoniales al
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estudiarlas en conjunto y conforme a la sana crítica también carecían de elementos
de juicio que confirmaran lo dicho relacionado con los perjuicios económicos.
Adicionalmente, se analizó la sentencia SU-018 de 2024, cuestión diferente es que
el ad quem concluyera que no era aplicable, toda vez que ostentaba situaciones
fácticas y jurídicas diferentes, aunado al hecho de que dicha decisión reiteró el
requisito de la prueba del daño para aplicar la presunción de un 1smlmv para tasar
la indemnización.

Aunado a lo anterior, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en la demanda y el recurso de apelación con los argumentos que se
plantean en el escrito de tutela, por parte de los accionantes. Por consiguiente, es
evidente que lo pretendido por los demandantes es utilizar el mecanismo
constitucional para insistir en el mismo debate desarrollado en el proceso de la
acción de grupo.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20198, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9 (Negrilla y
resalta de la Sala)

Asimismo, se observa que la providencia objetada fue dictada por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo que la verificación del requisito
de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto
en este caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una
Alta Corte

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 201010, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio
Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
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Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202211,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, así
como los principios de prevalencia del derecho sustancial y la tutela judicial efectiva,
en este caso a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo
debate relacionado con la declaratoria de responsabilidad del Estado por los
perjuicios causados a los pescadores artesanales, en virtud de la tragedia
ambiental ocurrida entre junio a septiembre de 2016 en la Ciénaga Grande de Santa
Marta y que causó una mortandad de peces y contaminación en las zonas
aledañas.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Desvincular de la presente acción de tutela al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores
Alvin Enrique Salcedo Uribe, Elkin Meléndez Ariza, Nazareth de Jesús Maldonado,
Jaider Net Meléndez Ariza y Dagoberto Maldonado Mejía, quienes actúan mediante
apoderado judicial, contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- Reconocer personería al abogado Diego Javier Rodríguez Rodríguez,
como apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los términos
del poder allegado con el informe de tutela y de conformidad con el artículo 75 del
Código General del Proceso.

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M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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Cuarto.- Reconocer personería a la abogada Nereidys Elena Solano Arévalo,
como apoderada de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena en los términos de la sustitución allegada con el informe de tutela y de
conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Séptimo-. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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