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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04030-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04030-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y 31 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-00 Actores: JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO Y OTRA quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04030-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO Y OTRA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ADEMÁS, TAMPOCO CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE NEIVA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Los señores JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO y DIANA

1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.

2

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Actores: JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO Y OTRA

MARGARITA MORALES, actuando en nombre propio, en ejercicio

de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales

estiman vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber

proferido, respectivamente, las providencias de 18 de diciembre de

2023, 18 de febrero de 2026; 8 de febrero de 2024 y 28 de abril del

presente año, dentro del medio de control de cumplimiento de

normas con fuerza material de ley y actos administrativos

identificado con el número único de radicación 2023-00334-01.

I.2. Hechos

Manifestaron que la INSPECCIÓN PRIMERA DE POLICÍA CON

DELEGACIÓN DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE

NEIVA3 a través de la Resolución núm. 004 de 5 de noviembre de

2021 impuso a la señora ORGENIS CELADA CARDOZO una sanción

urbanística de demolición de 215,06 metros cuadrados, de una

construcción irregular que se desarrolló en un inmueble de su

propiedad.

Señalaron que inconforme con lo anterior, la señora ORGENIS

3
En adelante Inspección.

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3

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CELADA CARDOZO interpuso recurso de apelación ante el alcalde

del MUNICIPIO DE NEIVA4 que, mediante Resolución núm. 011 de

27 de enero de 2022, confirmó la sanción.

Aseveraron que el señor ÓSCAR JAVIER ANDRADE promovió

medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de

ley y actos administrativos contra el MUNICIPIO, la INSPECCIÓN

y la ciudadana CELADA CARDOZO, el cual fue identificado con el

número único de radicación 2023-00334-00 y le correspondió en

primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 18 de

diciembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la

demanda, declaró que dichas autoridades incumplieron la orden

dispuesta en los actos administrativos aludidos y les ordenó acatar

lo allí dispuesto.

Advirtieron que inconformes con tal decisión, el MUNICIPIO y la

señora ORGENIS CELADA CARDOZO interpusieron recursos de

apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 8 de febrero de

2024, confirmó la sentencia del a quo.

Señalaron que el ciudadano ÓSCAR JAVIER ANDRADE promovió

incidente de desacato por el presunto incumplimiento de las

providencias ante el JUZGADO que, mediante proveído de 18 de

4
En adelante Municipio.

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febrero de 2026 los sancionó por desacato como funcionarios

encargados del cumplimiento del fallo, con multa equivalente para

cada uno en cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes5

(smlmv), y los conminó a dar cumplimiento.

Refirieron que inconformes con tal decisión interpusieron recursos de

apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 28 de abril del

año en curso, redujo la sanción para cada uno en un (1) smlmv y

confirmó en todo lo demás el proveído dictado por el a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las providencias judiciales incurrieron en

defecto sustantivo, al desconocer lo dispuesto en el parágrafo del

artículo 9 de la Ley 393 de 19976, que señala que la acción de

cumplimiento no puede perseguir el acatamiento de normas que

establezcan gastos.

Mencionaron que los actos administrativos cuyo cumplimiento se

ordenó, y que sirvieron de sustento para imponer la sanción, obligó

a la entidad territorial a disponer de recursos públicos para

materializar dicho mandato. En efecto, para ejecutar la demolición

5
En adelante SMLMV.
6
“Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.

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se adelantó un proceso de contratación estatal que demandó un

gasto de $38.327.644, lo que, a su juicio, configura una vía de

hecho.

Señalaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto fáctico, al desconocer el material probatorio que acreditaba

que la orden de demolición comprendía 215,06 m2, dentro del bien

inmueble objeto del proceso policivo, y que de ninguna manera

extendió los efectos a un derribamiento total.

Manifestaron que también incurrieron en desconocimiento del

precedente, al considerar que el incidente de desacato era el

mecanismo idóneo para hacer cumplir las sentencias judiciales

presuntamente desatendidas, pues la exigibilidad de estas decisiones

debía perseguirse a través de un proceso ejecutivo ante la

jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] Primera: Que se ordene al Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito de Neiva dejar sin efecto la decisión y levantar la
sanción interpuesta a los sujetos involucrados, mediante Auto de
18 de febrero de 2026 del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva,
mediante el cual resolvió el Incidente de Desacato con radicación
No. 41001333300820230033405; así como al Honorable Tribunal

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Administrativo del Huila en su decisión del 28 de abril de 2026.

Segunda: Que se ordene al Juzgado Octavo Administrativo Oral
de Neiva, dejar sin efecto su decisión del 18 de diciembre de 2023
mediante la cual declaró que el MUNICIPIO DE NEIVA- INSPECCION
PRIMERA DE POLICIA CON DELEGACION DE CONTROL URBANO DE
NEIVA, ha incumplido la orden dispuesta en el numeral quinto de
la parte resolutiva de la Resolución No. 004 del 5 de noviembre de
2021, proferida por la Inspección Primera de Policía con Delegación
de Control Urbano de Neiva, dentro del proceso verbal abreviado
de policía con radicación No. 012- 19 y confirmada a través de la
Resolución No. 0011 del 27 de enero de 2022.

Tercera: Dejar sin efectos la decisión de Segunda Instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila […]”. (Destacado
pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que las discrepancias formuladas por los

actores están encaminadas a obtener un nuevo pronunciamiento

sobre la conclusión jurídica derivada de las pruebas aportadas al

plenario, circunstancia que, a su juicio, resulta ajena al ámbito

excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

I.5.2.- El TRIBUNAL y los señores ÓSCAR JAVIER ANDRADE

LOSADA, GERMÁN CASAGUA BONILLA, FABIO ORLANDO

TOLEDO QUIÑONES y ORGENIS CELADA CARDOZO, guardaron

silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 18 de diciembre de 2023, 18

de febrero de 2026; 8 de febrero de 2024 y 28 de abril del

presente año, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, dentro del medio de control de cumplimiento de normas

con fuerza material de ley y actos administrativos identificado con el

número único de radicación 2023-00334-01.

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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de los actores,

incurrieron en defecto sustantivo, al desconocer lo dispuesto en el

parágrafo del artículo 9 de la Ley 393, que señala que la acción de

cumplimiento no puede perseguir el acatamiento de normas que

establezcan gastos.

Mencionaron que los actos administrativos cuyo cumplimiento se

ordenó, y que sirvieron de sustento para imponer la sanción, obligó

a la entidad territorial a disponer de recursos públicos para

materializar dicho mandato. En efecto, para ejecutar la demolición

se adelantó un proceso de contratación estatal que demandó un

gasto de $38.327.644, lo que, a su juicio, configura una vía de

hecho.

Señalaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto fáctico, al desconocer el material probatorio que acreditaba

que la orden de demolición comprendía 215,06 m2, dentro del bien

inmueble objeto del proceso policivo, y que de ninguna manera

extendió los efectos a un derribamiento total.

Manifestaron que también incurrieron en desconocimiento del

precedente, al considerar que el incidente de desacato era el

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mecanismo idóneo para hacer cumplir las sentencias judiciales

presuntamente desatendidas, pues la exigibilidad de estas decisiones

debía perseguirse a través de un proceso ejecutivo ante la

jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, los requisitos de

la inmediatez y la relevancia constitucional.

• De la inmediatez

En primer lugar, cabe destacar que una de las pretensiones de la

demanda está encaminada a que se dejen sin efecto las providencias

de 18 de diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024, proferidas,

respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, mediante las

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cuales le ordenó al MUNICIPIO y a la INSPECCIÓN cumplir lo

dispuesto en la Resolución núm. 004 de 5 de noviembre de 2021,

mediante la cual se le impuso a la señora ORGENIS CELADA

CARDOZO una sanción urbanística de demolición.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

dejar sin efectos tanto la providencia de 18 de diciembre de 2023

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 8 de febrero de 2024

por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la

que resolvió el recurso de apelación.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

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mecanismo […]”7.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la acción de tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo9:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. […]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo. […]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable. […]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener

en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para instaurar la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un

hecho nuevo e inesperado, entre otras10;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado11;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión12;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales13;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta14.

10
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
14
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 15, la

providencia de 8 de febrero de 2024, aquí cuestionada, fue

notificada personalmente, vía correo electrónico, el 12 de ese mes

y año, por lo que en aplicación de los artículos 203 y 205 de la Ley

1437 de 18 de enero de 201116, se entiende debidamente notificada

el 14 del mismo mes y anualidad.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 26 de mayo de 202617, esto es,

transcurrido más de 2 años y 3 meses, superando así los 6

meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término

razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de la

providencia de 8 de febrero de 2024, cuestionada.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción

de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de

los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término establecido

por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la

15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=410013333008202300
334014100123
16
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
17
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202604
030001100103

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solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término

razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201718, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de

inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

18
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”19.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 201820, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas

19
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
20
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

• De la relevancia constitucional

En segundo lugar, la Sala advierte que las demás pretensiones de la

demanda están orientadas a que se dejen sin efecto las providencias

de 18 de febrero y 28 de abril de 2026, proferidas,

respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del

incidente de desacato adelantado en el medio de control de

cumplimiento de normas con fuerza material de ley y actos

administrativos identificado con el número único de radicación 2023-

00334-01.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

dejar sin efectos tanto la providencia de 18 de febrero de 2026

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 28 de abril de ese

año por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la

que resolvió el recurso de apelación.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 21, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».22

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación23, en sentencia de unificación de 5 de

21
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
22
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [24]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [25].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [26].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena de rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [27].

[24] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[25] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[26] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[27] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [28]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [29].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[28] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[29] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [30]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

[30] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

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presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por la

actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

incurrió en vías de hecho al concluir erróneamente que la orden

judicial se incumplió.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] El proceso verbal abreviado de policía No. 012-19 inicia
por la querella que presenta el señor Oscar Javier Andrade
Losada el 4 y 10 de enero de 2019 con ocasión de la construcción
iniciada por la señora Orgenis Celada Cardozo en el predio de la
Calle 2 No. 7-76 de Neiva sin contar con la respectiva licencia
urbanística y en auto del 17 de enero de 2019 el Inspector
Primero de Neiva ordena la suspensión de la construcción y le
concedió a la querellada el término de ley para hacer el
reconocimiento de la construcción, el cual venció sin haberlo
alcanzado, como aparece en el acta de la audiencia del 5 de
noviembre de 2021 donde se toma la decisión tema de
cumplimiento.

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A lo largo de las consideraciones de dicho acto se menciona que
el 25 de febrero de 2019 se reitera la orden de suspensión y las
distintas solicitudes del querellante para hacer efectiva esa
suspensión de la obra (19 de marzo, 18 de mayo, 30 de julio y
29 de octubre, todas del 2019 y el 24 de junio de 2020), con las
respectivas actuaciones para que la orden de suspensión de la
construcción que se inició en el predio mencionado se acatara
por la querellada, pero de manera reiterada hizo caso omiso.

Precisa el acta en comento que el material probatorio allegado
“permite tener certeza no solo de la construcción en sí, sino del
avance de la misma a lo largo de los años 2019, 2020, 2021,
puesto que ya puede evidenciarse una edificación consistente en
tres pisos o niveles” levantada en el predio de la Calle 2 No. 7-
76
del barrio Estadio Urdaneta de Neiva sin la correspondiente
licencia urbanística.

Aduce el acto que el IGAC remitió el 12 de julio de 2021
certificado de avalúo catastral del predio de la Calle 2 No. 7-56
(antes Calle 2 No. 7-76) y número catastral 41-001-01-03-
00000147-00040000000 (antes 03-147-0004-000) y la
secretaría de hacienda municipal remite el 14 de julio de 2021
certificado de avalúo catastral del mismo inmueble

De igual forma, en el trámite policivo se llevó a cabo una
inspección técnica en el inmueble de la Calle 2 No. 7-76 del
barrio Estadio Urdaneta, cuyos resultados fueron informados por
el director de Planeación Municipal mediante el Oficio DAP- 483
del 28 de abril de 2021, donde se precisa que se trata de la
contravención del Decreto 1203 de 2017, atinente al estudio del
trámite y expedición de licencia urbanística y que el área de
infracción es el siguiente: […]

Como puede verse lo ordenado es la demolición de lo construido
sobre el lote al cual está referida el área señalada, por eso,
resultan baladíes los razonamientos que hacen los incidentados
en señalar que el área a demoler era solo la del lote y no la
construcción total como se desprende de la querella y de la
decisión que le puso término.

Lo expuesto es producto de una interpretación racional, lógica y
sistemática del trámite policivo, las consideraciones y decisiones
de la Resolución 004 de 2021 confirmada con la resolución 011
de 2022 sin que ello implique modificar la sentencia que dispuso
el cumplimiento de dichos actos (como señalan los reparos), sino
darles el entendimiento que les corresponde.

Se recala entonces, que la orden dada en los actos
administrativos es la demolición de lo construido sobre el lote y
que la finalidad de la medida correctiva es la eliminación de toda

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construcción existente sobre dicho predio por haberse levantado
sin la respectiva licencia urbanística, máxime que al momento
de la expedición del acto el inmueble ya contaba con tres
plantas, lo que permite ratificar que la orden de demolición
estaba dirigida a lo construido sobre dicho lote.

En consecuencia, no resulta de recibo el argumento de los
apelantes según el cual se da cumplimiento a la orden con la
demolición de 215.06 m² correspondientes únicamente a la
última de las plantas o niveles, pues lo demás construido no solo
se levantó burlando la suspensión dispuesta sino también sin la
respectiva licencia y por ende incurriendo en la infracción que se
sanciona con los actos referidos, de ahí que los reparos
presentados sobre el cumplimiento de la orden de la sentencia,
no se acogen y desde ya permiten señalar que la decisión
recurrida se debe confirmar en cuanto se acredita objetivamente
que la sentencia y los actos objeto de la misma, no se han
cumplido cabalmente.

3.5. El elemento subjetivo.

3.5.1. Identificación del funcionario presuntamente
responsable.

La orden contenida en la sentencia de la acción de cumplimiento
impone la orden de cumplir el acto administrativo incumplido al
municipio de Neiva – Inspección Primera de Policía con
Delegación de Control Urbano de Neiva, sin especificar cargo o
persona alguna (archivo 19, primera instancia Samai). […]

En cuanto a la Directora de Justicia, Diana Margarita Morales
Cortés, quien sostiene que carece de legitimación en la causa
por pasiva, por no haber sido vinculada desde la acción de
cumplimiento ni haber ejercido el cargo al momento de los
hechos iniciales o de dicha acción; al respecto, se encuentra
acreditado que asume el cargo de Directora de Justicia Municipal
de Neiva el 19 de febrero de 2025, según consta en el acta de
posesión No. 0015 de 2025 y el requerimiento previo efectuado
a ella, previo a la apertura de este incidente, se realizó el 03 de
diciembre de 2025, acreditándose el ejercicio efectivo del cargo
durante este trámite.

Así mismo, se advierte que es señalada por su nominador, el
alcalde municipal como una de las responsables de acatar la
orden de cumplimiento, en atención a las funciones propias de
su cargo, definidas en el Decreto 0296 de 2025, cuyo propósito
principal es dirigir las políticas, estrategias, planes y programas
de fortalecimiento y acceso a la justicia local y dentro sus
funciones se encuentra: […]

Por su parte, el doctor José Ferney Ducuara, en calidad de

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secretario de gobierno municipal, de conformidad con el decreto
No. 0296 de 2025, le corresponde como funciones esenciales:

En ese contexto, tratándose del cumplimiento de una orden
impartida por la Inspección Primera de Policía, confirmada en
segunda instancia por el alcalde, resulta claro que le
corresponde al secretario de gobierno velar por su ejecución
efectiva y más cuando en virtud del Decreto No. 0324 de 2025
el alcalde municipal delegó en el secretario de gobierno, doctor
Ducuara Castro, las facultades y competencias como ordenador
del gasto para adelantar los trámites precontractuales y
contractuales necesarios para materializar la orden objeto de la
presente acción de cumplimiento.

En ese sentido, su comparecencia y vinculación al incidente de
desacato se justifican plenamente, en tanto le corresponde,
dentro del ámbito de sus funciones, garantizar la ejecución
efectiva de la orden impartida. […]

3.5.2. La imputación del cargo.

Se tiene acreditado que mediante auto del 19 de diciembre de
2025 se dio inicio al trámite incidental (archivo 226, primera
instancia, Samai) en contra de los incidentados mencionados por
el incumplimiento de la sentencia de primera instancia calendada
el 18 de diciembre de 2023 confirmada por el Tribunal
Administrativo del Huila mediante fallo del 8 de febrero de 2024
quedando así plenamente determinado el cargo o imputación.

3.5.3. El incumplimiento culposo.

Se evidencia que la actuación desplegada por los incidentados
se orienta desde un inicio a la demolición parcial del inmueble,
específicamente del tercer nivel, desconociendo y desatendiendo
el alcance mismo del procedimiento policivo, el contenido
material y sistemático de la orden contenida en los actos
administrativos objeto de cumplimiento, que aluden a la
demolición de la construcción erigida sobre el predio ubicado en
la calle 2 No. 7-76 del barrio Urdaneta de Neiva y que
posteriormente, por cambio de nomenclatura, queda en la Calle
2 No. 7-56, por ende, la infracción sancionada se cometió sobre
dicho inmueble y por ende, la medida correctiva de demolición
recae sobre la totalidad de lo construido en el predio y no como
lo han entendido los incidentados.

A lo largo del trámite incidental quedo claro que la infracción se
produjo sobre el predio ya mencionado donde se levantaron 3
pisos o niveles sin licencia, pero los sancionados dudaron del
alcance de la orden de demolición cuando se mencionó el área
del lote y la entendieron como el área de la construcción, lo que
denota un ánimo y una conducta encaminada a desatender la

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orden contenida en el acto administrativo que se dispuso a
acatar en el fallo de la acción de cumplimiento y así, ese
comportamiento resulta culposo pues conlleva la desatención de
sus deberes funcionales en forma injustificada al no cumplir en
debida forma la sentencia.

A lo anterior se suma que la orden judicial se emite el 8 de
febrero de 2024 y el plazo señalado expiró sin que se los
incidentados atendieran la orden, siendo necesario el
adelantamiento de otro incidente para que se pusiera en
ejecución los mecanismos para cumplirla solo parcialmente en
febrero de 2026 o sea, pasaron cerca de 2 años para que de
manera parcial se cumpliera y continua latente la desatención
de la sentencia en al menos el 66% de la demolición de lo
construido sin licencia.

En ese contexto, el incumplimiento de la orden judicial resulta
claramente culposo, en tanto las autoridades obligadas, pese a
contar con el tiempo y las herramientas necesarias, orientan su
actuación hacia un cumplimiento parcial y dilatan
injustificadamente la ejecución integral de la medida, que se
encuentra en firme desde el año 2022.

En consecuencia, la Sala concluye que la conducta desplegada
por los funcionarios resulta culposa, al no evidenciarse una
actuación diligente, eficaz y orientada al cumplimiento total de
la orden judicial y haber cumplido parcialmente la sentencia
debe conducir a reducir la sanción a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, para cada uno de los incidentados, de manera
que se ajuste a criterios de proporcionalidad y necesidad,
conforme al incumplimiento efectivamente demostrado […]”.
(Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL realizó un análisis exhaustivo de las pruebas

obrantes en el expediente y, a partir de dicho estudio, concluyó que

los actos administrativos cuyo cumplimiento se pretendía tenían

como finalidad la aplicación de una medida correctiva enfocada en la

demolición de toda construcción efectuada sin el lleno de los

requisitos legales. En consecuencia, al evaluar la situación particular,

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advirtió que, al momento de expedirse la sanción, el inmueble ya

contaba con tres plantas edificadas sin la correspondiente licencia de

construcción.

En ese sentido, para el TRIBUNAL no resultó válido el argumento

según el cual la orden judicial se cumplió con demolición de los

215,06 m² correspondientes al último nivel; pues, a su juicio, las

plantas restantes se edificaron vulnerando la orden de suspensión y

la normatividad urbanística local.

Asimismo, al verificar el elemento subjetivo de la responsabilidad,

advirtió que los incidentados no actuaron con la debida diligencia

para acatar la orden contenida en los actos administrativos. Por lo

tanto, su comportamiento fue calificado de culposo, toda vez que el

plazo señalado para la demolición culminó sin que los

funcionarios desplegaran acciones orientadas a su ejecución,

dilatando injustificadamente el cumplimiento integral de una medida

que se encontraba en firme desde el 2022.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

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del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto

del precedente judicial tampoco cumple con la carga

argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto si bien

la parte actora lo alegó, no hizo mención y/o relacionó providencia

judicial alguna presuntamente desatendida.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se

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cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Finalmente, se resalta que esta Sala en un asunto con similares

supuestos fácticos ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en el

mismo sentido, esto es, en sentencia de 4 de junio de 2026, dentro

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del expediente de tutela identificado con el número único de

radicación expediente núm. 2026-03789-0031.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

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M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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