RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04030-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04030-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04030-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por los señores José Ferney Ducuara Castro y Diana Margarita Morales. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04030-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por
incumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la Sección Primera
de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
de los requisitos de inmediatez, ya que la tutela se interpuso más de dos años después
de notificarse las providencias del 18 de diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024, y de
la relevancia constitucional, pues los accionantes cuestionaron una interpretación
legítima realizada por los jueces naturales del asunto para reabrir un debate ya
concluido.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 26 de mayo de 2026, los señores José Ferney Ducuara Castro1 y Diana Margarita
Morales2 interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo de
Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Atribuyeron la vulneración a cuatro providencias judiciales dictadas dentro de la acción
de cumplimiento con radicado 41001-33-33-008-2023-00334-00/05.

a. Sentencia del 18 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado.
b. Sentencia del 8 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal, que confirmó la
decisión de primera instancia.
c. Auto del 18 de febrero de 2026, mediante el cual el Juzgado resolvió el cuarto
incidente de desacato.
d. Auto del 28 de abril de 2026, que resolvió la apelación contra la decisión del
18 de febrero.

Hechos relevantes

3. La Inspección Primera de Policía con Delegación de Control Urbano en Neiva
(IPDCU), mediante la Resolución No. 004 del 5 de noviembre de 2021, le impuso una
sanción urbanística a la señora Orgenis Celada Cardozo por la construcción irregular
realizada en un inmueble de su propiedad. La señora Celada Cardozo interpuso recurso
de apelación y el alcalde del municipio de Neiva confirmó la sanción a través de la

1 Quien ostenta el cargo de secretario de gobierno del municipio de Neiva.
2 Quien ostenta el cargo de directora de justicia del municipio de Neiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

Resolución No. 011 del 27 de enero de 2022.

4. Por lo anterior, el señor Óscar Javier Andrade Losada presentó una acción de
cumplimiento. La demanda se repartió al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva bajo
el radicado 41001-33-33-008-2023-00334-00.

5. El 18 de diciembre de 2023, el Juzgado declaró que la IPDCU incumplió la orden
contenida en las resoluciones mencionadas, relacionada con la demolición de una
construcción levantada sin licencia urbanística. El municipio y la señora Celada Cardozo
apelaron; sin embargo, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión mediante
sentencia del 8 de febrero de 2024.

6. Con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial, el municipio contrató a la empresa
INGE PR S.A.S., encargada de ejecutar la demolición de la edificación.

7. A pesar de lo anterior, mediante auto del 18 de febrero de 2026, el Juzgado resolvió
el cuarto incidente de desacato interpuesto y concluyó que el municipio de Neiva y los
funcionarios encargados, entre ellos los aquí accionantes, continuaban incumpliendo la
sentencia, por lo que sancionó a cada uno con una multa equivalente a 5 smlmv.

8. El municipio presentó recurso de apelación. El 28 de abril de 2026, el Tribunal
modificó la providencia en el sentido de reducir la multa impuesta a cada uno de los
incidentados a 1 smlmv y confirmó la decisión en lo demás.

Pretensiones

9. La parte accionante solicitó dejar sin efectos el auto del 18 de febrero de 2026,
mediante el cual el Juzgado resolvió el incidente de desacato e impuso sanciones a los
funcionarios involucrados, así como la decisión del Tribunal Administrativo del Huila del
28 de abril de 2026. También pidió dejar sin efectos la sentencia del 18 de diciembre de
2023 que declaró el incumplimiento de la orden contenida en el numeral quinto de la
Resolución No. 004 del 5 de noviembre de 2021, confirmada mediante la Resolución No.
011 del 27 de enero de 2022, y la providencia de segunda instancia que confirmó dicha
decisión.

Fundamentos

10. Los accionantes señalaron que las providencias reprochadas incurrieron en los
siguientes defectos:

11. Sustantivo. Las autoridades accionadas desconocieron el parágrafo del artículo 9
de la Ley 393 de 1997, que indica que la acción de cumplimiento no puede perseguir el
acatamiento de normas que establezcan gastos. Lo anterior, porque el medio de control
se interpuso para dar cumplimiento a una orden de demolición consagrada en las
resoluciones, que generó gastos, pues para el efecto se contrató a INGE PR S.A.S.

12. Fáctico. Se apartaron de la prueba técnica contenida en el oficio DAP 483 del 28
de abril de 2021, expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
documento que demuestra que el inmueble objeto de la orden de demolición ya tenía
tres pisos al momento de expedirse la Resolución No. 004 de 2021 y la infracción
urbanística estaba delimitada a un área de 215,06 m². A pesar de ello, se realizó una
interpretación integral del acto administrativo para concluir que la orden de demolición

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

comprendía la totalidad de la construcción, por lo que se consideró incumplida la
sentencia.

13. Desconocimiento del precedente. Las autoridades accionadas admitieron y
tramitaron una acción de cumplimiento para exigir la ejecución de obligaciones
comprendidas en actos administrativos, pese a que el medio de control adecuado para
ese propósito es el proceso ejecutivo.

Trámite impartido

14. Mediante auto del 1 de junio de 2026, el magistrado Alberto Montaña Plata remitió
el expediente al despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón para que
resolviera una posible acumulación con la acción de tutela 2026-03789-003.
Posteriormente, por auto del 9 de junio de 2026, la consejera asumió el conocimiento
del asunto y admitió la demanda, al considerar que se configuraban los supuestos
previstos en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, disposición que asigna al
despacho que hubiere conocido en primer lugar de una tutela con características
similares el conocimiento de las acciones promovidas con posterioridad.

15. A su vez, vinculó a los señores Orgenis Celada Cardozo, Óscar Javier Andrade
Losada, Germán Casagua Bonilla y Fabio Orlando Toledo Quiñones por tener interés
directo en las resultas del proceso.

Intervenciones

16. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva4 solicitó declarar improcedente el
amparo por falta de relevancia constitucional al considerar que los accionantes
pretendían reabrir un debate ampliamente abordado y definido tanto en la acción de
cumplimiento como en los diversos incidentes de desacato adelantados. Por otro lado,
varios de los argumentos ahora expuestos no fueron planteados durante el trámite
ordinario, entre ellos el relacionado con la supuesta improcedencia de la acción de
cumplimiento por recaer sobre un acto administrativo que implicaba gastos para la
administración, así como el referido a que la controversia debía tramitarse a través de
un proceso ejecutivo. En cuanto al defecto fáctico, la inconformidad de los accionantes
no radicaba en una falta de valoración probatoria, sino en el desacuerdo con las
conclusiones jurídicas adoptadas por el despacho. Finalmente, las providencias
cuestionadas realizaron una interpretación integral del acto administrativo objeto de
cumplimiento y concluyeron que la orden de demolición recaía sobre la totalidad de la
construcción levantada sin licencia urbanística.

17. A su vez, allegó copia digitalizada del medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de la ley y actos administrativos con radicado 41001-33-33-008-
2023-00334-00/05.

18. El Tribunal Administrativo del Huila5 adujo que la solicitud de amparo deviene
improcedente por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia
constitucional. Las pretensiones dirigidas contra las sentencias del 18 de diciembre de
2023 y 8 de febrero de 2024 fueron formuladas más de dos años después de su
ejecutoria, por lo que buscaban reabrir un debate judicial concluido. Los accionantes no
demostraron una afectación directa de sus derechos fundamentales, sino que
3 Tutela que se resolvió mediante sentencia del 4 de junio de 2026 (M.P. Nubia Margoth Peña Garzón).
4 SAMAI, índice 17 del proceso de primera instancia.
5 SAMAI, índice 18 del proceso de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

expresaron su desacuerdo con la interpretación adoptada sobre el alcance de la
Resolución No. 004 de 2021 y del informe técnico contenido en el oficio DAP 483 del 28
de abril de 2021. Las providencias cuestionadas valoraron integralmente el material
probatorio y concluyeron, mediante una interpretación sistemática del acto
administrativo, que la orden de demolición recaía sobre la totalidad de la construcción
levantada sin licencia urbanística. Por último, en su criterio, no se configuraron los
defectos fáctico ni sustantivo alegados y la tutela pretendía reabrir discusiones que
debieron ventilarse dentro del trámite ordinario.

Sentencia de primera instancia

19. En sentencia del 18 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional. En relación con las sentencias del 18 de
diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024, consideró que la tutela fue presentada más
de dos años después de la notificación de esta última providencia, lapso que excede
ampliamente el término razonable de seis meses fijado por la jurisprudencia, sin que los
accionantes acreditaran alguna circunstancia que justificara la presentación tardía de la
solicitud de amparo, por lo que se incumplió el requisito de inmediatez.

20. Respecto de las providencias del 18 de febrero y 28 de abril de 2026, proferidas
dentro del incidente de desacato, la controversia planteada carecía de relevancia
constitucional, pues los accionantes pretendían reabrir un debate de legalidad ya
resuelto por los jueces de conocimiento y utilizar así el mecanismo constitucional como
una instancia adicional para cuestionar las decisiones adoptadas.

21. El Tribunal examinó de manera exhaustiva las pruebas y concluyó, a partir de una
interpretación integral de los actos administrativos objeto de cumplimiento y del trámite
policivo, que la orden de demolición recaía sobre la totalidad de la construcción
levantada sin licencia urbanística y no únicamente sobre un área determinada de 215,06
m². En consecuencia, la inconformidad de los accionantes se reducía a un desacuerdo
con las conclusiones del juez natural y no a la demostración de una vulneración de
derechos fundamentales.

22. Para concluir, el desconocimiento del precedente alegado carecía de carga
argumentativa mínima, debido a que los accionantes no identificaron ninguna
providencia presuntamente desconocida ni explicaron las reglas jurisprudenciales
aplicables al caso.

Impugnación

23. El señor Ducuara Castro impugnó la decisión. Sostuvo que la acción de tutela
cumple con los requisitos generales y específicos de procedibilidad contra providencias
judiciales y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela relacionados con los
defectos sustantivo y fáctico y con el desconocimiento del precedente. Además, la
decisión impugnada incurrió en un error al analizar el requisito de inmediatez respecto
de las sentencias del 18 de diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024, pues, a su juicio,
la tutela estaba dirigida contra las providencias del 18 de febrero y 28 de abril de 2026,
proferidas dentro del incidente de desacato, cuya presentación sí satisfacía dicho
presupuesto.

24. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

dejar sin efectos las decisiones del 18 de febrero y 28 de abril de 2026 y levantar la
sanción impuesta, así como dejar sin efecto las decisiones del 18 de diciembre de 2023
y 8 de febrero de 2024, proferidas dentro de la acción de cumplimiento.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes
con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta
Corporación.

Problema jurídico y metodología de la decisión

26. Corresponde a la Subsección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 18 de junio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que no se cumplió el
requisito de inmediatez y que el asunto carece de relevancia constitucional.

27. Para ello, verificará si la acción cumple los requisitos de procedibilidad y, de ser así,
analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de los accionantes.

Análisis de la Sala

28. Legitimación en la causa. Los señores José Ferney Ducuara Castro y Diana
Margarita Morales se encuentran legitimados para interponer la acción de tutela, al ser
los titulares de los derechos que consideran vulnerados, en su condición de sancionados
en el incidente de desacato promovido dentro del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de la ley y actos administrativos con radicado 41001-33-33-
008-2023-00334-00/05, en el marco del cual se adoptaron las decisiones cuestionadas.

29. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila fueron las
autoridades judiciales que profirieron, respectivamente, las sentencias del 18 de
diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024, así como los autos del 18 de febrero y 28 de
abril de 2026, a las que la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales.

30. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado, pues
se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

31. Inmediatez. Se refiere a que la acción de tutela debe presentarse dentro de un plazo
razonable, oportuno y justo6. Su razón de ser es la protección inmediata y urgente de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados7. En tal sentido, la regla de
inmediatez se orienta a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros8.

32. La Corte Constitucional indicó que si bien el mecanismo constitucional no tiene un

6 Sentencias T-834 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-887 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
7 Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
8 Sentencia T-662 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

término de caducidad legalmente establecido9, debe interponerse en un plazo oportuno,
so pena de desnaturalizar su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.

33. Para valorar esa oportunidad, esta Corporación ha acudido al término de seis meses
contados desde la notificación o ejecutoria de la decisión reprochada, como referente
de razonabilidad y no como plazo perentorio. Su superación no conduce por sí sola a la
improcedencia, pues corresponde al juez examinar las circunstancias del caso y las
razones que expliquen la demora en acudir al amparo.

34. La Sala advierte que en el escrito de impugnación el accionante Ducuara Castro
afirmó que la tutela se dirige de forma exclusiva contra las providencias proferidas dentro
del trámite de desacato. Sin embargo, en las pretensiones de la demanda y en las
solicitudes de la impugnación pidió de manera explícita dejar sin efectos la sentencia de
primera instancia del 18 de diciembre de 2023 y su confirmatoria del 8 de febrero de
2024; en consecuencia, es necesario pronunciarse sobre su procedibilidad. No obstante,
únicamente se realizará el análisis frente a la decisión de segunda instancia, ya que
resolvió el recurso de apelación.

35. La providencia del 8 de febrero de 2024 se notificó el 12 de febrero de 2024 y la
acción de tutela se presentó el 26 de mayo de 2026, de modo que transcurrieron más
de dos años y tres meses entre una y otra actuación. Ese lapso desborda ampliamente
el referente de razonabilidad acogido por la jurisprudencia y los accionantes no
expusieron ninguna circunstancia que explicara la demora, por lo que no se cumple el
requisito de inmediatez frente a dicha providencia.

36. En cambio, frente a los autos del 18 de febrero y 28 de abril de 2026 sí se satisface
el presupuesto de inmediatez, ya que este último fue notificado el 5 de mayo de 2026 y
la solicitud de amparo se presentó el 26 del mismo mes, esto es, dentro del término
razonable. Se pone de presente que, si bien se presentó solicitud de aclaración contra
dicho auto, esta fue rechazada al haberse interpuesto extemporáneamente, de manera
que el punto de partida para contabilizar la oportunidad del amparo sigue siendo la
notificación del 5 de mayo de 2026.

37. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional para
discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los
jueces naturales10. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la
arbitrariedad, el capricho o la irracionalidad de una decisión judicial.

38. Los argumentos expuestos por la parte actora no evidencian la vulneración de una
garantía fundamental, sino su inconformidad con las conclusiones a las que arribaron el
Juzgado y el Tribunal demandados.

39. Los accionantes insisten en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto sustantivo, ya que el medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de la ley y actos administrativos no puede perseguir el cumplimiento de
actos que establezcan gastos; fáctico por una interpretación errónea de las pruebas al
9 Sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
10 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional tiene

tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos
fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

concluir que la orden de demolición recaía sobre la totalidad de la construcción; y
desconocimiento del precedente, dado que la controversia correspondía a un proceso
ejecutivo.

40. Sin embargo, la Sala considera que el razonamiento realizado por el Juzgado
Octavo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila no es caprichoso
ni arbitrario, y el solo hecho de que el interesado no comparta la tesis acogida en las
providencias censuradas no las invalida.

41. En el auto del 18 de febrero de 2026, el Juzgado explicó que la Resolución No. 004
de 2021 se sustentó en múltiples pruebas que acreditaban que la señora Celada
Cardozo continuó una construcción sin licencia urbanística pese a las reiteradas
órdenes de suspensión impartidas durante el trámite administrativo. Precisamente, las
visitas e informes técnicos practicados entre 2019 y 2021 evidenciaron el avance
progresivo de la edificación, pues pasó de una construcción inicial a una edificación de
tres pisos, circunstancia que llevó a la imposición de la medida correctiva de demolición.

42. Si bien se acreditó la celebración de un contrato de obra con INGE PR S.A.S. para
la demolición, así como avances en su ejecución, no se demostró el cumplimiento
efectivo del acto administrativo, pues la intervención se limitó a la demolición parcial de
la construcción, concretamente del tercer piso. Los 215,06 m² consignados en la
Resolución correspondían al área del inmueble objeto de la infracción urbanística y no a
una parte específica de la construcción susceptible de demolición. Por ello, interpretó el
acto administrativo de manera integral, tanto su parte resolutiva como considerativa, y
concluyó que la orden recaía sobre la totalidad de la construcción levantada sin licencia
urbanística.

43. En consecuencia, la demolición exclusiva del tercer piso no satisfacía la orden
contenida en el acto administrativo, ya que permitió la permanencia de dos niveles
construidos sin licencia. Por esta razón, encontró acreditado el elemento objetivo del
desacato, dado que la orden judicial continuaba incumplida. También consideró
acreditado el elemento subjetivo, al advertir que la administración mantuvo una conducta
persistente de incumplimiento durante varios años y no ejecutó la orden contenida en la
sentencia de cumplimiento.

44. Por su parte, en el auto del 28 de abril de 2026, el Tribunal explicó que durante el
trámite policivo se impartieron varias órdenes de suspensión que fueron reiteradamente
desatendidas por la señora Celada Cardozo, lo que permitió el avance de una
construcción sin licencia urbanística hasta consolidarse como una edificación de tres
pisos.

45. Las pruebas recaudadas durante dicho proceso evidenciaron que la medida recaía
sobre la totalidad de la construcción realizada sin licencia y no sobre una porción
específica. Los 215,06 m² identificaban el inmueble afectado por la infracción urbanística
y no limitaban la demolición a un área determinada. En consecuencia, la demolición
exclusiva del tercer piso no representaba el cumplimiento integral de la orden, por lo que
encontró acreditado el elemento objetivo del desacato.

46. Respecto del elemento subjetivo, José Ferney Ducuara Castro y Diana Margarita
Morales Cortés, entre otros, se encontraban legitimados dentro del incidente por las
funciones que les correspondían en la ejecución y seguimiento de la medida y del fallo
de cumplimiento. Finalmente, el Tribunal concluyó que el incumplimiento era culposo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

porque los funcionarios dirigieron sus actuaciones hacia la demolición parcial del
inmueble a pesar de que la orden recaía sobre la totalidad de la construcción. Además,
transcurrieron cerca de dos años desde la sentencia de cumplimiento sin que se hubiera
ejecutado integralmente la orden.

47. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, ambos jueces naturales
efectuaron un análisis integral y razonado de la normativa aplicable. En efecto,
expusieron de manera suficiente las razones por las que consideraron que la sentencia
de cumplimiento no había sido ejecutada integralmente, especialmente porque la orden
de demolición recaía sobre la totalidad de la construcción que no contaba con licencia
urbanística.

48. En cuanto al argumento de los accionantes sobre el desconocimiento del
precedente, se advierte que no se invocó ninguna providencia judicial, por lo que carece
de fundamentación.

49. En suma, la controversia planteada por los accionantes, con fundamento en el
defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, busca en realidad
convertir la tutela en una tercera instancia. La discusión se reduce a un simple
desacuerdo sobre cómo el Juzgado y el Tribunal interpretaron la Resolución, por lo que
el caso carece de relevancia constitucional e impide al juez de tutela intervenir en lo que
es propio de la autonomía judicial.

50. Conforme a lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida
por los señores José Ferney Ducuara Castro y Diana Margarita Morales.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04030-01
Accionante: José Ferney Ducuara Castro y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Y Otro
Referencia: Acción De Tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente, puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.