Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04036-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04036-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04036-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: CARLOS JUNIOR CAMPO SOLARTE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra sentencia proferida por Tribunal Administrativo/
Improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, Carlos Junior Campo Solarte promovió acción de tutela contra
la sentencia de 15 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en sede de segunda instancia, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 76001-33-33-001-2022-
00119-01, que la misma persona había ejercido contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional. Lo anterior con base en los siguientes antecedentes.
Antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-
33-33-001-2022-00119-01
2. El tutelante manifestó que prestó servicios como patrullero de la Policía Nacional
en funciones de vigilancia y seguridad ciudadana en la ciudad de Cali. A través de
resolución 0343 de 12 de noviembre de 2021, la Policía Nacional lo retiró del servicio
activo acudiendo a la causal de retiro discrecional. Contra dicho acto ejerció el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Argumentó que “las
anotaciones utilizadas como fundamento del retiro no demostraban afectación grave
al servicio, pérdida de confianza institucional ni incumplimiento sustancial de las
funciones del cargo”.
3. En primera instancia, el Juzgado Primero (1º.) Administrativo Oral del Circuito de
Cali, en providencia No. 205 del 30 de noviembre de 2022 negó las pretensiones.
Se concluyó que el acto administrativo cuestionado fue proferido en cumplimiento
de la normativa que rige la materia y fue resultado de la recomendación de la junta
de evaluación y clasificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes
de la Policía Nacional. En esa medida descartó que se hubiese presentado la causal
de nulidad alegada por el demandante (infracción absoluta de las normas en las que
debía fundarse, de forma irregular y con notoria falsa motivación).
4. Apelada la providencia, en fallo de 15 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca - Sala Tercera de Decisión, confirmó la providencia, pues
concluyó que, el acto administrativo atacado fue el resultado objetivo y razonable
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: Carlos Junior Campo Solarte
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
de la Junta de Evaluación y Clasificación, de los documentos pertinentes y de las
pruebas que condujeron a establecer que el demandante afectó el buen servicio
público, por cuanto no cumplió correctamente con su deber y no garantiza la
eficiencia y eficacia en la actividad de policía, aspecto exigido como regla de
unificación en la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por el Consejo de Estado.
5. Determinó que, la decisión de la entidad deja ver con claridad que obedeció a
mejorar el servicio, como quiera que este con su actuar reiterado e irregular causó
menoscabo a la actividad de policía, generando una afectación en la prestación del
servicio y la imagen institucional, así como la pérdida de confianza en sus funciones
como servidor público.
Fundamentos del escrito de tutela
6. El tutelante indicó que, la providencia judicial accionada incurrió en defecto fáctico
y desconocimiento del precedente en control abstracto y concreto, toda vez que
omitió realizar una valoración seria, objetiva, proporcional y constitucional de las
anotaciones utilizadas para justificar el retiro del accionante. Reprochó que, el
tribunal accionado, en su criterio, se limitó a avalar la postura institucional de la
Policía Nacional, sin verificar si las anotaciones realmente acreditaban pérdida de
confianza, afectación real al servicio o incumplimiento grave de las funciones
policiales.
7. Argumentó que, las anotaciones que fueron utilizadas para justificar su retiro
corresponden a simples llamados de atención administrativos que expresamente
indicaban que no constituían antecedentes disciplinarios ni afectaban la evaluación
del desempeño policial. Indicó que las anotaciones que fueron utilizadas para su
retiro se deben a situaciones de criminalidad generalizada en la ciudad de Cali.
Mencionó los llamados de atención de 7 de junio de 2019, el de 18 de junio de 2019,
el del 5 de mayo de 2019, el de 9 de septiembre de 2020, el de 23 de diciembre de
2020, el de 11 de septiembre de 2021, los cuales, en su criterio, le reprochan la
situación de criminalidad generalizada en la ciudad. Afirmó: “Las anteriores
anotaciones evidencian claramente que al accionante se le terminó atribuyendo
responsabilidad por fenómenos estructurales de criminalidad urbana ocurridos
dentro de una comuna de alta complejidad social y delictiva, situación
completamente ajena al ámbito individual de actuación de un patrullero.” 1
8. Agregó que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió efectuar
cualquier análisis constitucional sobre esos aspectos, limitándose a aceptar de
manera automática las apreciaciones subjetivas de la administración, sin verificar si
las anotaciones realmente guardaban relación directa, razonable y proporcional con
las funciones específicas desempeñadas por el accionante. Adicionalmente afirmó
que, las anotaciones no describen conductas constitutivas de abuso de autoridad
contra la ciudadanía, uso excesivo de la fuerza, actuaciones arbitrarias, tratos
degradantes, amenazas, extralimitación funcional o procedimientos policiales
ilegales que permitieran afirmar que el accionante representaba un riesgo para los
derechos fundamentales de la comunidad.
1 Folio 4 del escrito de amparo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: Carlos Junior Campo Solarte
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
9. Solicitó la protección de los derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo, y en esa medida que se deje sin efectos el fallo
del tribunal accionado, y se ordene proferir un fallo de reemplazo haciendo una
valoración integral y objetiva de las anotaciones utilizadas para justificar el retiro
discrecional. Solicitó que se aplique el precedente fijado por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-179 de 2006.
Trámite de la acción de tutela
10. En auto del 27 de mayo de 2026, este despacho admitió la tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, ordenó la vinculación del
Juzgado Primero (1°.) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el Ministerio Público y los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
11. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali2 remitió el enlace en
el que se encuentra el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Indicó
que el Juzgado no ha amenazado o vulnerado los derechos fundamentales del
demandante.
12. El Ministerio Público3 solicitó su desvinculación del trámite de tutela, pues no
participó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se
cuestiona.
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 allegó el expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
76001-33-33-001-2022-00119-01.
CONSIDERACIONES
Competencia
14. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Cuestión previa
15. El Ministerio Público solicitó su desvinculación del trámite de tutela, pues no
participó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que llevó a
la decisión cuestionada. Puesto que, en efecto, la legitimación en la causa es un
presupuesto para concurrir al proceso, referido a que la decisión judicial pueda
afectar derechos o intereses de una persona o institución, en el caso concreto se
verifica que el ministerio público carece de ese atributo al no haber participado en
2 Índice samai 11
3 Indice samai 13
4 Índice samai 12
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: Carlos Junior Campo Solarte
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
la decisión objeto de reproche, razón por la cual, la decisión que se adopte en el
trámite de tutela no tiene el alcance de afectar sus derechos. En consecuencia, se
desvinculará en la parte resolutiva de la providencia.
Determinación del problema jurídico
16. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida contra la
sentencia del 15 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-
33-001-2022-00119-01, satisface los requisitos generales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional. En
particular, deberá establecerse si los cargos por defecto fáctico y desconocimiento
del precedente constitucional plantean un debate de validez constitucional de la
providencia o si, por el contrario, buscan reabrir la valoración probatoria realizada
por el juez natural sobre las anotaciones que sustentaron el retiro discrecional del
actor.
17. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado se reiterará el precedente
sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia, en particular
la relevancia constitucional
18. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20055, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
19. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: Carlos Junior Campo Solarte
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; y (vii) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en
la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
20. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que el examen que realiza el juez
constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio
de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la
decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se
trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales12.
21. El requisito de relevancia constitucional ha sido examinado, entre otras, en las
sentencias SU-033 de 201813, SU-128 de 202114 y la SU-215 de 202215 y se ha
indicado que la acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para
cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya
fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada
como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos16. Se
indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”. Las providencias de unificación
citadas han indicado que el juez de tutela debe declarar improcedente la acción
cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
22. En el caso concreto, el actor sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca reprodujo las mismas razones de la Policía Nacional respecto de las
anotaciones de la hoja de vida del demandante, y con ello justificó la decisión de
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
12 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
13 M.P. Alberto Rojas Ríos.
14 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
15 M.P. Natalia Ángel Cabo
16 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: Carlos Junior Campo Solarte
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
retirarlo discrecionalmente del servicio. Estas razones, a juicio de esta Sala reiteran
los motivos que fueron estudiados por los jueces naturales del acto administrativo
cuestionado a la luz de las causales de nulidad previstas en la ley. En esa medida,
se utiliza la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir un debate
procesal ya resuelto por los jueces naturales y presentar una discrepancia de criterio
con un fallo que le fue adverso.
23. El escrito de amparo se fundamenta en un supuesto defecto fáctico, no obstante,
el tutelante se limita a reiterar los argumentos que ya fueron estudiados por los dos
jueces que conocieron de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y
adicionalmente, se trata de una discrepancia de criterio interpretativa referida a la
manera en la que se valoraron las anotaciones, pero no presenta un yerro de validez
que, desde una perspectiva constitucional afecte derechos fundamentales.
24. Invoca como desconocida la Sentencia C-179 de 2006, mas no explica las
razones por las cuales, de manera concreta dicha providencia contiene una regla
hermenéutica aplicable al caso concreto y la forma en la que supuestamente fue
desconocida por el tribunal accionado. Dicho fallo declaró exequible la disposición
normativa que contiene la facultad de retiro discrecional de miembros de la fuerza
pública, sin embargo, el tutelante no explica, al menos someramente, la manera en
la que se produjo el desconocimiento de alguna regla de derecho contenida en esa
decisión.
25. En este punto, la Sala advierte que la invocación de la Sentencia C-179 de 2006
no permite, por sí sola, superar el requisito de relevancia constitucional. En esa
providencia, la Corte Constitucional precisó que el retiro discrecional de miembros
de la Policía Nacional debe estar apoyado en razones objetivas, razonables y
proporcionales, orientadas al mejoramiento del servicio, y precedido de un examen
serio y suficiente por parte de la junta respectiva. Sin embargo, en el caso concreto,
el actor no demuestra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hubiera
desconocido esa regla constitucional, sino que cuestiona la valoración que dicha
autoridad judicial hizo de las anotaciones registradas en su hoja de vida y de la
conclusión según la cual aquellas permitían inferir una afectación al buen servicio y
a la confianza institucional. La providencia acusada no avaló un retiro inmotivado ni
fundado en apreciaciones puramente subjetivas, sino que examinó la Resolución
0343 de 2021, la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación y los
registros funcionales del accionante, para concluir que la decisión administrativa se
sustentó en razones del servicio. En consecuencia, el reproche formulado no
plantea un verdadero problema de desconocimiento del precedente constitucional,
sino una discrepancia con el alcance probatorio y jurídico que el juez natural otorgó
a los elementos de juicio incorporados al proceso ordinario, asunto que no habilita
la intervención del juez de tutela como tercera instancia.
26. La Sala observa que los argumentos de la tutela coinciden sustancialmente con
los cargos formulados en el proceso ordinario: falsa motivación, desviación de
poder, falta de proporcionalidad, ausencia de sanciones disciplinarias y supuesta
insuficiencia de las anotaciones para justificar la pérdida de confianza. Esos
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: Carlos Junior Campo Solarte
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Referencia: Primera instancia de acción de tutela
aspectos fueron abordados por el Tribunal accionado al estudiar la Resolución 0343
de 2021, el Acta No. 466-SUBCO-GUTAH-2.25 y los registros funcionales del actor.
27. La providencia cuestionada concluyó que, aunque algunas anotaciones no
constituyeran sanciones disciplinarias, sí podían ser valoradas como hechos
objetivos dentro del examen de confianza, eficiencia y buen servicio. La tutela,
entonces, no identifica una omisión probatoria manifiesta, una valoración
contraevidente o una aplicación irrazonable del precedente, sino que pretende
sustituir el juicio probatorio del juez natural por uno más favorable al accionante.
28. La Sala recuerda que, la acción de tutela contra providencias judiciales procede
bajo exigentes requisitos previstos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
reclaman de la parte actora un esfuerzo argumentativo por mostrar la manera en
que la decisión fue proferida afectando garantías constitucionales y descartando
que se utilice como un recurso adicional para presentar discrepancia de criterios a
la manera de un recurso ordinario. En el caso concreto el tutelante no satisfizo la
carga argumentativa para este tipo de acción.
29. Por lo anterior se declarará improcedente el amparo por no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONCEDER la solicitud de desvinculación del presente proceso
formulada por el Ministerio Público, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de amparo por las razones
explicadas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04036-00
Accionante: Carlos Junior Campo Solarte
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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