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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04036-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04036-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04036-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

3 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04036-01
Demandante: Carlos Junior Campo Solarte

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 3 de septiembre de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04036-01
Demandante: CARLOS JUNIOR CAMPO SOLARTE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 26
de junio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 25 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Carlos Junior Campo
Solarte pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 15
de mayo de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó
la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo
de Cali que denegó pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-33-33-001-2022-00119-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva del accionante.
SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dentro del radicado 76001-33-33-001-2022-00119-01.
TERCERA: Ordenar al Tribunal accionado emitir una nueva decisión efectuando una valoración
integral, objetiva, razonable y proporcional de las anotaciones utilizadas para justificar el retiro
discrecional del accionante.
CUARTA: Ordenar la aplicación estricta del precedente fijado por la Corte Constitucional en
Sentencia C-179 de 2006 y demás jurisprudencia aplicable.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 19 de febrero de 2014, el señor Carlos Junior Campo Solarte ingresó a la Policía
Nacional como alumno del nivel ejecutivo y mediante Resolución No. 05198 de 5 de
diciembre de 2014 fue escalonado en el grado de patrullero.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04036-01
Demandante: Carlos Junior Campo Solarte

Mediante Acta No. 466 - SUBCO-GUTAH -2.25 del 10 de noviembre de 2021 la Junta de
Evaluación y Clasificación del personal de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la
Policía, recomendó el retiro del Patrullero Carlos Junior Campo Solarte del servicio por
razones del mismo y en forma discrecional, en dicho acto relacionaron anotaciones que
influyeron en su decisión y señaló que el comportamiento del actor exteriorizó <<su
malestar convergente al cumplimiento de sus obligaciones.>>

A través de la Resolución No. 0343 del 12 de noviembre de 2021, la Policía Metropolitana
de Santiago de Cali, dispuso el retiro del servicio del señor Carlos Junior Campo Solarte
con fundamento en la recomendación elevada por la Junta Asesora de la Policía
Nacional, que sugirió su retiro por razones del servicio.

Inconforme con el referido acto administrativo, el señor Carlos Junior Campo Solarte
radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de
Defensa, Policía Nacional con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución No. 0343 de
12 de noviembre de 2021 y en consecuencia que se ordenara su reintegro al grado y
cargo que ocupaba o a otro de igual o mayor jerarquía, además del pago de todos los
emolumentos que dejó de devengar desde el día de su desvinculación hasta que se
produzca su reintegro. Adujo que el acto administrativo demandado se expidió con
infracción en las normas en que debía fundamentarse, de forma irregular, con falsa
motivación y desviación de poder.

La demanda se adelantó bajo el radicado No. 76001-33-33-001-2022-00119-00 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Cali, que, mediante sentencia del 30
de noviembre de 2022, denegó las pretensiones al considerar que el acto administrativo
demandado se encontraba debidamente motivado dado que estaba justificado de manera
amplia y clara las situaciones fácticas que llevaron a considerar que la decisión se había
adoptado por razones del servicio y se señaló que el comportamiento del accionante
estaba afectando de manera contundente los fines de la institución.

También destacó que el acta No. 466 de 2021 que había servido de fundamento para la
expedición del acto acusado se encontraba debidamente motivada por cuanto se
fundamentó en las anotaciones realizadas por el superior jerárquico del demandante en
los respetivos formularios de seguimiento, en especial la irregularidad presentada
mientras desarrollaba sus funciones como Patrullero integrante de la Patrulla de
Vigilancia – CAI El Cortijo Mecal, comportamientos que sin lugar a dudas estaban
incidiendo de manera negativa en el cumplimiento de los fines de la institución.

Inconforme, el demandante apeló y señaló que el juez de instancia no realizó una
valoración de los alegatos de conclusión que presentó ni analizó los supuestos fácticos y
jurídicos allí expuestos e hizo una interpretación errónea del artículo 66 del Decreto 1791
de 2000.

Sostuvo que el juzgador de primera instancia desconoció los estándares fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-172 de 2015 dado que el ejercicio de la facultad
discrecional debía fundamentarse en razones ciertas, objetivas y proporcionales,
orientadas al mejoramiento del servicio y conocidas oportunamente por el afectado y que
la Policía Nacional no explicó de manera concreta cómo su retiro contribuyó al
mejoramiento del servicio o a la salvaguarda del interés general, además, destacó que
solo tuvo conocimiento de los supuestos motivos de su retiro al momento de la
notificación de la resolución que lo desvinculó, lo que vulneró su derecho fundamental del
debido proceso.

Mediante sentencia dictada el 15 de mayo de 20261, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que el acto
administrativo demandado estuvo fundado en la recomendación de retiro del servicio de
la junta asesora, la cual estuvo respaldada por razones objetivas con un estudio

1 Comunicada mediante correo electrónico enviado el 21 de mayo de 2026.

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Demandante: Carlos Junior Campo Solarte

pertinente y completo que fundamentó la sugerencia de desvinculación, pues aunque el
actor se desempeñó de forma aceptable en la institución policial tuvo comportamientos
como los mencionados por la junta que dejaron entrever que no estuvieron acordes con
los valores, principios y políticas institucionales de la institución demandada.

Por lo anterior, concluyó que el procedimiento de retiro cumplió con las reglas de
unificación fijadas por la sentencia del 7 de abril del 2022 del Consejo de Estado, en el
entendido que el mismo resultó idóneo y proporcional sin que hubiera existido desviación
de poder.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Afirmó que el asunto tiene relevancia constitucional porque involucra la vulneración
directa del derecho fundamental al debido proceso, derivada de la indebida valoración
probatoria y del desconocimiento del precedente constitucional aplicable al retiro
discrecional de miembros de la Fuerza Pública, que agotó los mecanismos ordinarios de
defensa judicial dentro de la jurisdicción contencioso administrativa y que, por ello, la
acción de tutela constituye el único mecanismo idóneo para evitar la consumación
definitiva del perjuicio constitucional y que interpuso la tutela dentro de un término
razonable desde la notificación de la providencia cuestionada.

En cuanto al fondo del asunto, el accionante afirmó que incurrió en los siguientes vicios
de fondo:

Defecto fáctico por análisis «arbitrario, incompleto e irrazonable» de las anotaciones
utilizadas por la Policía Nacional para justificar su retiro discrecional.

Afirmó que el Tribunal accionado habría omitido examinar el contenido, alcance y
gravedad material de las anotaciones, pues, según el accionante, se limitó a aceptar las
conclusiones de la administración sin verificar si demostraban una afectación grave al
servicio o una pérdida objetiva de confianza institucional y que avaló que se le atribuyera
responsabilidad por fenómenos generales de criminalidad, tales como homicidios,
incremento de hurtos, aumento de estadísticas delictivas y bajos resultados
operacionales de la comuna o cuadrante, pese a que dichas circunstancias no dependían
exclusivamente de su actuación individual de un patrullero.

Señaló que la providencia cuestionada no analizó si las anotaciones describían
conductas personales, concretas y objetivamente atribuibles al accionante, ni si era válido
atribuir a un patrullero la obligación de impedir homicidios en una comuna como
Aguablanca y cuestionó que se hubiera asumido que la ocurrencia de homicidios
demostraba falta de compromiso o deficiencia de su parte porque, a su parecer, ello
supondría una forma de responsabilidad objetiva, al vincular automáticamente los
resultados criminales generales con una negligencia personal del patrullero.

Sostuvo que la autoridad accionada omitió valorar que varias anotaciones eran llamados
preventivos o exhortaciones administrativas que no constituían antecedentes
disciplinarios ni afectaban la evaluación del desempeño y que tampoco se explicó por
qué esas anotaciones permitían concluir la existencia de una pérdida de confianza
institucional o que el accionante representara un riesgo para la misión de la Policía.

Defecto sustantivo por desconocimiento de la sentencia C- 179 de 2006 por cuanto el
tribunal no habría verificado que en las anotaciones se cumplieran los criterios de
objetividad, razonabilidad y proporcionalidad ni estudió la gravedad material de las
anotaciones, su relación con las funciones del cargo, la inexistencia de faltas gravísimas,
la ausencia de sanciones disciplinarias definitivas, la inexistencia de actos de corrupción

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o vínculos criminales y la proporcionalidad del retiro, pues sustituyó dicho análisis por
reproducción de las conclusiones de la junta.

Violación directa de la Constitución por vulneración al debido proceso al desconocer
que la facultad discrecional de retiro de miembros de la Fuerza Pública no constituye una
potestad arbitraria, absoluta o inmune al control constitucional y judicial.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, allegó copia del expediente digital
No.76001333300120220011901 pero no emitió pronunciamiento frente a la acción de
tutela.

El Juez Primero Administrativo de Cali afirmó que no ha amenazado o vulnerado los
derechos fundamentales de rango constitucional del accionante y remitió el link del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación de la acción de tutela.

Ministerio de Defensa, Policía Nacional, no rindió informe pese a haber sido notificado
en debida forma de la acción de tutela2.

6. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción
de tutela por no cumplir con el presupuesto de relevancia constitucional por considerar
que el tutelante se limitó a reiterar los argumentos que ya fueron estudiados por los dos
jueces que conocieron de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y
adicionalmente, se trató de una discrepancia de criterio interpretativa referida a la manera
en la que se valoraron las anotaciones, pero no presentó un yerro de validez que, desde
una perspectiva constitucional afecte derechos fundamentales.

Destacó que la invocación de la sentencia C-179 de 2006 por sí sola no permite superar
el requisito de relevancia constitucional por cuanto el reproche formulado no planteó un
verdadero problema de desconocimiento del precedente constitucional, sino una
discrepancia con el alcance probatorio y jurídico que el juez natural otorgó a los
elementos de juicio incorporados al proceso ordinario, asunto que no habilita la
intervención del juez de tutela como tercera instancia.

Afirmó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela coinciden con los cargos
formulados en el proceso ordinario, que fueron abordados por el tribunal accionado sin
que se evidenciara una omisión probatoria manifiesta, una valoración contraevidente o
una aplicación irrazonable del precedente, sino que pretende sustituir el juicio probatorio
del juez natural por uno más favorable al accionante.

7. Impugnación

El accionante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y afirmó que la sentencia
impugnada realizó una interpretación excesivamente restrictiva de los presupuestos
constitucionales que gobiernan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, como consecuencia de ello, dejó sin respuesta el verdadero

2 A través de los correos electrónicos notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co,
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, notificacion.tutelas@policia.gov.co.

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problema constitucional planteado, pues el debate que planteó no recaía sobre la
conclusión probatoria alcanzada por el Tribunal, sino sobre la suficiencia constitucional
de la motivación que condujo a dicha conclusión.

Destacó que la tutela no buscaba reabrir el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho ni obtener una nueva valoración de las pruebas pues el cuestionamiento estaba
dirigido a determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
cumplió los estándares constitucionales de motivación, objetividad, razonabilidad y
proporcionalidad al controlar el retiro discrecional.

Reconoció que la tutela contra providencias judiciales no constituye una instancia
adicional, pero sostuvo que esa regla no era suficiente para declarar improcedente el
amparo pues a su juicio antes debía establecerse si los cargos formulados revelaban un
defecto constitucional autónomo.

Afirmó que ese análisis fue omitido y que la sentencia se limitó a considerar que se
pretendía reabrir el debate ordinario pero que la discusión involucraba la posible
vulneración del debido proceso judicial por la ausencia de un control material del retiro
discrecional, el desconocimiento del precedente constitucional y la insuficiencia de la
motivación. Por ello, consideró que esos planteamientos requerían un examen de fondo.

Reiteró que no solicitó una nueva apreciación del acervo probatorio, pues el reparo
consistía en que la providencia cuestionada habría omitido valorar elementos
determinantes para establecer si el retiro discrecional estaba objetivamente justificado y
si la Administración había demostrado el mejoramiento del servicio. Por ello, sostuvo que
no se trataba de una simple discrepancia probatoria, sino de cuestionar la suficiencia
constitucional del examen efectuado.

Sostuvo que la providencia judicial cuestionada omitió aplicar las reglas constitucionales
obligatorias construidas por la Corte Constitucional y redujo el control del retiro
discrecional a un examen puramente formal de legalidad, desconociendo que la
Constitución exige un control material encaminado a verificar la objetividad, razonabilidad
y proporcionalidad de la decisión administrativa.

Señaló que la sentencia impugnada interpretó de manera excesivamente restrictiva los
requisitos de procedencia de la acción de tutela, redujo el defecto fáctico a una simple
discrepancia probatoria, omitió aplicar el precedente constitucional vinculante sobre el
control judicial del retiro discrecional de los miembros de la Fuerza Pública, no estaba
materialmente motivada y sustituyó el control constitucional por uno meramente formal
de legalidad.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

La Sala anticipa que confirmará la decisión que declaró improcedente la acción de tutela
porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional. La parte actora la
utiliza como una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
e insiste en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 15
de mayo de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó
la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo
de Cali que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-001-2022-00119-00/01.

Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que el demandante insiste
en los argumentos expuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
pues, aunque el accionante alega la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución, lo cierto es que lo hace para insistir en que debió
declararse la nulidad del acto administrativo que ordenó su retiro de la Policía Nacional
con fundamento en la recomendación elevada por la Junta Asesora de dicha institución,
que sugirió su retiro por razones del servicio, pues a su parecer hubo una indebida
valoración probatoria en cuanto al análisis de las anotaciones utilizadas por la Policía

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Nacional para justificar su retiro discrecional sin que se hubiera demostrado una
afectación grave al servicio o una pérdida objetiva de confianza institucional ni se verificó
si se cumplieron los criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad ni se
estudió la gravedad material de las anotaciones, su relación con las funciones del cargo,
la inexistencia de faltas gravísimas, la ausencia de sanciones disciplinarias definitivas ni
la inexistencia de actos de corrupción o vínculos criminales.

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia del
30 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Cali, se lee
lo siguiente:
«Seguidamente, señalan que la sentencia SU172 del 2015 determinó que la facultad discrecional debe
estar encaminada a cumplir proporcionalmente el fin propuesto, el mejoramiento del servicio, por lo cual
la Administración debe tener razones ciertas y objetivas que le permitan ejercerla y tales razones deben
ser conocidas por el afectado", estándar requerido por la Corte Constitucional que se encuentra alejado
de lo contenido tanto en el acta No. 466 SUBCO-GUTAH-2.25 que recomienda el retiro del servicio
activo de la Policía Nacional del señor Patrullero CARLOS JUNIOR CAMPO SOLARTE, como la
Resolución No. 0343 del 12 de noviembre de 2021 que lo retira de la institución policial.
Aunado a ello, la Policía Nacional no expone cómo el retiro del servicio activo del señor Patrullero
CARLOS JUNIOR CAMPO SOLARTE mejora el servicio de la Policía Nacional, máxime si dentro de los
actos administrativos objetos de nulidad no mencionan que el servicio de policía esencia del fin
Constitucional de la Policía Nacional haya cesado o interrumpido por culpa de mi prohijado.
Así mismo, es claro que el señor Patrullero CARLOS JUNIOR CAMPO SOLARTE solo en el momento
que fue notificado de la resolución que lo retiraba del servicio activo de la Policía Nacional conoció los
presuntos motivos que conllevaron su retiro, situación que demarca una clara violación del derecho
Constitucional de defensa y del debido proceso, presupuestos Constitucionales exigidos en la sentencia
de unificación y desconocida por la
Policía Nacional.

Paralelamente, citan la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-26-2022 proferida por el Tribunal de Cierre
de lo Contencioso Administrativo el día siete (07) de abril de 2022 deja claro que, "el principio de
proporcionalidad surge como una exigencia para que las autoridades administrativas involucradas
determinen si esa medida (el desacuartelamiento) resulta en realidad indispensable para salvaguardar
el interés público (razones del servicio)" regla y obligatoriedad impuesta a las administraciones
totalmente ausente en el acta No.466 SUBCO-GUTAH-2.25 y la Resolución No. 0343 del 12 de
noviembre de 2021, reiterando esta defensa que la Policía Nacional no expone en los citados actos
administrativos que con el retiro del servicio activo de la Policía Nacional del señor Patrullero
CARLOS JUNIOR CAMPO SOLARTE, la Policía Nacional cómo mejoro el servicio de policía, cómo
salvaguardó el interés público, por el contrario, se limitan en enlistar una serie de anotaciones violatorias
del debido proceso.
Es por ello, Honorable Magistrado (a) que no se puede permitir que la Policía Nacional quiera maquillar
el retiro del servicio activo del señor CARLOS JUNIOR CAMPO SOLARTE con unos presuntos motivos
desligados totalmente de los estándares de motivación que exige la sentencia SU172 del 2015, la
Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-26-2022 y demás normas y jurisprudencias relacionadas con los
actos de retiro discrecional de los miembros activos de la Policía Nacional en ejercicio de la facultad
discrecional.>>

Por su parte, en la acción de tutela, el actor argumenta lo siguiente:

<<La sentencia tampoco explicó por qué esas anotaciones menores permitían concluir razonablemente
la existencia de una pérdida absoluta de confianza institucional, ni de qué manera concreta el
accionante representaba un riesgo para la misión constitucional de la Policía Nacional.
Por el contrario, la providencia accionada construyó su conclusión a partir de apreciaciones subjetivas,
reproches estadísticos y fenómenos generales de criminalidad, sin demostrar una verdadera
incompatibilidad entre la conducta del accionante y el ejercicio de la función policial.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio, al otorgarle alcance incriminatorio y gravedad constitucional a
anotaciones que objetivamente no demostraban afectación grave al servicio, pérdida real de confianza
ni incumplimiento sustancial de las funciones del cargo desempeñado por el accionante.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió igualmente en un
evidente desconocimiento del precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional,
particularmente de lo establecido en la Sentencia C-179 de 2006, providencia en la cual se precisó que
el retiro discrecional de miembros de la Fuerza Pública únicamente resulta constitucionalmente válido
cuando se encuentra sustentado en razones objetivas, razonables y proporcionales. En dicha sentencia,
la Corte Constitucional fue enfática al señalar que “el retiro discrecional por razones del servicio (...)
debe estar sustentado en razones objetivas, razonables y proporcionales”, y además precisó que las

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juntas encargadas de recomendar el retiro deben efectuar “un examen de fondo, completo y preciso”
respecto de las razones y pruebas utilizadas para adoptar dicha decisión.
Sin embargo, nada de ello ocurrió en el presente asunto. La sentencia accionada terminó validando una
decisión administrativa construida sobre apreciaciones subjetivas, estadísticas criminales generales,
llamados preventivos, observaciones administrativas menores y reproches operacionales que no
demostraban objetivamente una afectación grave al servicio policial ni una pérdida real de confianza
institucional.
El Tribunal accionado jamás verificó si las anotaciones realizadas al señor Carlos Junior Campo Solarte
cumplían realmente con los criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad exigidos por el
precedente constitucional. Por el contrario, aceptó automáticamente que el incremento de homicidios,
hurtos y demás fenómenos delictivos ocurridos dentro de una comuna podían utilizarse como
fundamento suficiente para destruir la carrera profesional de un patrullero, pese a que tales fenómenos
obedecen a dinámicas estructurales de criminalidad urbana y no dependen exclusivamente de la
actuación individual de un funcionario operativo del nivel básico. (…).

La providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una
violación directa del derecho fundamental al debido proceso del accionante, al desconocer que la
facultad discrecional de retiro de miembros de la Fuerza Pública no constituye una potestad arbitraria,
absoluta o inmune al control constitucional y judicial.
Si bien el ordenamiento jurídico reconoce a la administración un margen de discrecionalidad para
adoptar determinadas decisiones relacionadas con el servicio, dicha facultad se encuentra sometida a
límites constitucionales estrictos derivados del Estado Social de Derecho, del artículo 29 de la
Constitución Política y de la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
En consecuencia, el retiro discrecional únicamente resulta constitucionalmente válido cuando se
encuentra sustentado en criterios reales de razonabilidad, proporcionalidad, objetividad y necesidad
efectiva para la preservación del servicio público policial.
Lo anterior significa que la administración no puede retirar arbitrariamente a un funcionario simplemente
porque existan anotaciones administrativas o apreciaciones subjetivas sobre su desempeño, sino que
debe demostrarse objetivamente que la permanencia del servidor afecta de manera grave y concreta el
correcto funcionamiento institucional o destruye materialmente la confianza necesaria para el ejercicio
de la función pública.

En consecuencia, el Tribunal accionado terminó transformando la discrecionalidad administrativa en
una herramienta arbitraria de desvinculación laboral, desconociendo que incluso las decisiones
discrecionales se encuentran sometidas al control constitucional del debido proceso.
La providencia judicial cuestionada legitimó entonces una decisión carente de suficiente sustento
objetivo, construida sobre inferencias subjetivas y resultados estadísticos generales, sin demostrar una
verdadera incompatibilidad entre la conducta del accionante y la misión constitucional de la Policía
Nacional.
Por tal razón, la sentencia accionada incurrió en violación directa del debido proceso al desconocer los
límites constitucionales que restringen el ejercicio de la facultad discrecional de retiro dentro de la Fuerza
Pública. >>

La Sala pone de presente que si bien los reproches relacionados con las anotaciones en
la hoja del actor no fueron discutidos en el recurso de apelación sí fueron expuestos
como cargo de nulidad del proceso ordinario y frente a los mismos, el juez de segunda
instancia se pronunció.

En efecto, los planteamientos elevados por el accionante ya fueron resueltos por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia dictada el 15 de mayo de 2026,
en la que se consideró:

«24. Entonces, verificado el contenido del acto administrativo acusado y el acta No. 466 - SUBCO-
GUTAH -2.25, de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, se tiene que la
recomendación de retirar del servicio al aquí́ demandante tuvo como fundamento la pérdida de
confianza en la actividad policial del hoy demandante. 25. La aludida Junta consideró lo siguiente: (…).
26. Para mayor claridad, se transcriben algunas de las anotaciones que influyeron para la decisión de
retirar de la institución policial al demandante: (…).

En ese orden de ideas, la Sala al examinar el contenido de la JUNTA DE EVALUACIÓN Y
CLASIFICACIÓN PARA SUBOFICIALES, PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO Y AGENTES, da
cuenta que el cuerpo colegiado analizó las anotaciones del Formulario de Seguimiento que evidenció
fallas en el servicio policía por parte del actor. En ese orden de ideas, considera la Sala que, el tratarse
de las fallas en el servicio policías prestado por el accionante en el ejercicio de sus funciones, sí se
genera una afectación del servicio prestado por la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, tal
como lo precisó la entidad demandada en el contenido del acto acusado.

31. Por cuanto, la entidad demandada precisó que, la Junta Asesora, al recomendar el retiro del actor
del servicio activo, analizó la afectación en la prestación del servicio dado la falta de profesionalismo y

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Demandante: Carlos Junior Campo Solarte

falencias en el ejercicio de sus funciones, la pérdida de confianza y la imagen institucional, dentro de
los parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

32. Así́ las cosas, para esta Sala los motivos expuestos en la Resolución No. 0343 del 12 de noviembre
de 2021 surgen, en primer término, del análisis objetivo y razonable por parte de la correspondiente
junta asesora, de los documentos pertinentes y de las pruebas que condujeron a establecer que el
demandante afectó el buen servicio público, por cuanto no cumplió correctamente con su deber y no
garantiza la eficiencia y eficacia en la actividad de policía, aspecto exigido como regla de unificación en
la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por el Consejo de Estado, y por otro lado, son aspectos
constatables, que fueron puestos en conocimiento del actor, razón por la cual no cabe duda para la
Sala que los motivos por los cuales se expidió el acto administrativo demandado, están revestido de
certeza, pertinencia y cuenta con el mérito suficiente para justificar la decisión de retiro discrecional del
señor Carlos Junior Campo Solarte. Además, el acto administrativo posee correspondencia entre los
supuestos de hecho y de derecho.

33. De otro lado, por el solo hecho de que el actor tuviera en algún momento de su carrera en la fuerza
anotaciones positivas en su rendimiento, la decisión de desvincularlo sea contraria a la Constitución y
a la ley; pues ello es independiente a sus actos que contravienen a mejorar el buen servicio, tal como
lo dijo el H. Consejo de Estado

34. De manera que, la decisión de la entidad deja ver con claridad que obedeció a mejorar el servicio,
como quiera que este con su actuar reiterado e irregular causo menoscabo a la actividad de policía,
generando una afectación en la prestación del servicio y la imagen institucional, así como la pérdida de
confianza en sus funciones como servidor público.
35. Enfatiza la Sala, que la Junta Asesora tuvo en cuenta para emitir la recomendación, todo el
desempeño del demandante, verificó los registros en el formulario de evaluación y seguimiento del
uniformado, se reprochó fue la pérdida de confianza en el agente de policía por parte de la sociedad y
de la Policía Nacional, pues dada su condición de servidor público miembro del nivel ejecutivo de la
Policía, se le exigía una conducta intachable y recta, capaz de generar credibilidad y admiración en la
ciudadanía, pues por mandato constitucional le correspondía contribuir a la seguridad y convivencia
ciudadana mediante el desarrollo efectivo de la función policial.
36. Se demostró que el retiro del actor obedeció a causas del servicio y el incumplimiento de sus
deberes, razón por la cual ameritaba la desvinculación de la entidad.

37. Por lo anterior, el acto administrativo demandado estuvo fundando en la recomendación de retiro
del servicio de la respectiva junta asesora, misma que se encontraba respaldada en razones objetivas
(sin visos de arbitrariedad o capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y completo que
fundamente la sugerencia de desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitieron ver su
correlación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

38. De modo que si bien, los registros de seguimiento conforme al artículo 2324 de la Resolución
demandada, no inciden en la calificación del servicio, no puede pasar por alto la Sala que se trató de
hechos ciertos y razones objetivas, como quiera que el llamado que buscaba hacer la institución al
recomendar y posteriormente retirar al demandante del servicio activo policial, fue precisamente el
mejoramiento del servicio, situación que estaba siendo afectada por el comportamiento del
demandante. Es por ello que, aunque el actor se desempeñó laboralmente de forma aceptable en la
Institución Policial; sin embargo, hubo ciertos comportamientos, como los mencionados por la junta,
que dejan entrever que no estuvieron acordes con los valores, principios y políticas institucionales que
giran intrínsecamente con la visión y misión de la institución.
39. De acuerdo con lo reseñado, es dable concluir que el procedimiento de retiro cumplió con las reglas
de unificación sentadas en la sentencia, del 7 de abril de 2022 por el Consejo de Estado, en el entendido
que el mismo resultó: i) idóneo, puesto que con el propósito de preservar la imagen institucional, esta
medida es indispensable para depurar el personal uniformado que no satisface las exigencias
constitucionales del servicio policial (eficiencia y confiabilidad), en cuyo cumplimiento del deber tiene
que ser constante, lo contrario, puede acarrear traumatismos para la misión institucional; y, (ii)
proporcional, puesto que el retiro discrecional comporta una medida razonable y razonada de
depuración de personal, que, como el demandante, no es perseverante en el cumplimiento estricto de
sus funciones, y en tal sentido, ha de prevalecer el interés general atañedero a un servicio público
policial eficaz y confiable, dada su función constitucional, frente al desempeño deficiente de un servidor
estatal. >>

Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que concluyó que el retiro del accionante obedeció a
causas del servicio y al incumplimiento de sus deberes, que estuvo fundamentado en la
recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora, la cual estuvo
respaldada en razones objetivas y fundamentada en los documentos que permitieron
ver su correlación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad sin que se haya
constituido desviación de poder.

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Demandante: Carlos Junior Campo Solarte

En consecuencia, el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a
examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-001-
2022-00119-00/01, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 5

5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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