Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04037-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04037-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04037-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04037-01
Accionante: RAÚL OCAMPO ALVARÁN Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra sentencia de reparación directa proferida por Tribunal
Administrativo, improcedencia por no satisfacer los requisitos de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado, Raúl Ocampo Alvarán, Janderson Andrés Ramírez Arias,
María Alejandra Moncada Arias, Olga Mery Arias Morales, Karen Dayana Ocampo
Arias presentaron acción de tutela contra la sentencia proferida el 25 de septiembre
de 2025 por la Sala Segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado 050013333012
2016-00376-01. En primer lugar, se exponen los antecedentes del proceso ordinario
y posteriormente los de la acción de tutela.
Antecedentes del proceso ordinario.
2. Los tutelantes manifestaron que, el 15 de julio de 2014, en el municipio de
Sonsón, departamento de Antioquia, en un establecimiento de comercio conocido
como “El Cafetal”, se presentó una riña entre Jhon Jairo Ocampo Alvarán y Faber
Nicolás Sosa Orozco, en la cual resultó involucrado Raúl Ocampo.
3. En la riña se hicieron presentes para dirimir dicha situación los agentes Carlos
Vergara García y Andrés Mauricio Blandón Ruiz, adscritos a la Estación de Policía
del Municipio de Sonsón. El tutelante, Raúl Ocampo manifestó que, el agente
Andrés Mauricio Blandón Ruiz, desenfunda su arma de dotación oficial, sin prever
el deber de cuidado dispara en su contra, produciendo lesiones graves físicas y
sicológicas con proyectil de arma de fuego.
4. En criterio de la parte actora el agente de la policía nacional hizo uso excesivo de
la fuerza sin observar los protocolos de necesidad y proporcionalidad, y disparó en
su contra.
5. Presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional. Fue repartida al Juzgado Doce Administrativo de
Medellín con radicado 05001-33-33-012-2016-00376. En sentencia de 11 de mayo
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04037-01
Accionante: Raúl Ocampo Alvarán y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
de 2020, se declaró la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada
pues existió falla en el servicio.
6. Apelada la providencia, en fallo No. 160 de 25 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala segunda de decisión, revocó la decisión de
primera instancia. Concluyó que, si bien las lesiones sufridas por el tutelante fueron
ocasionadas con un arma de dotación oficial, estas no eran jurídicamente
imputables a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional, por cuanto
estuvieron determinadas por la culpa grave y exclusiva de la víctima, quien se
expuso imprudentemente al ejercicio legítimo, necesario y proporcionado de las
armas por parte de los agentes de policía, circunstancia que rompió el nexo causal
y conducía a negar las pretensiones de la demanda. La sentencia fue proferida el
25 de septiembre de 2025, notificada el 29 de septiembre del mismo año. La misma
se entiende notifica el 2 de octubre.
Fundamentos del escrito de amparo
7. El accionante indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en errores
pues desconoció el hecho que se produjo una concurrencia de culpas, además se
desconoció el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza. Reprochó que se
produjo una omisión en la valoración del daño a la salud, pues el informe pericial de
medicina legal dictaminó que se presentó deformidad física permanente y
perturbación funcional.
8. Agregó que, lo anterior demuestra que el disparo no fue meramente disuasorio
sino gravemente lesivo. Insistió en que el agente del Estado estaba obligado como
servidor público a obedecer los protocolos de seguridad establecidos por la Entidad
demandada para el uso de las armas de dotación, y así lo deja claramente
expresado la Juez de instancia en su sentencia.
9. Echó de menos que, el tribunal no tuvo en cuenta que Raúl Ocampo Alvarán es
una persona vulnerable pues pertenece al régimen subsidiado de salud y quedó en
situación de discapacidad para trabajar. Además, que es padre cabeza de familia.
10. Por lo tanto, solicitó amparar sus derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la vida e integridad personal, a la salud, al mínimo vital,
y por tanto solicitó que se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y que puso fin al proceso de reparación directa dentro
del radicado 05001-33-33-012-2016-00376-01.
Trámite del escrito de amparo
11. En sede de primera instancia, la petición de amparo fue repartida a la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En auto admisorio se
vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia como accionado y a la Nación–
Ministerio de Defensa–Policía Nacional, en calidad de terceros con interés. Además,
requirió a la apoderada judicial para que allegara los poderes especiales otorgados
por los poderdantes. Entre otras decisiones.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04037-01
Accionante: Raúl Ocampo Alvarán y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó negar el amparo. Argumentó
que la providencia cuestionada fue proferida con fundamento en la valoración de las
pruebas obrantes en el expediente y en las consideraciones expuestas en la
sentencia de segunda instancia, por lo que estimó que no se vulneró derecho
fundamental alguno.
13. La Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se configuró vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados. Sostuvo que, conforme a las
pruebas recaudadas y a las consideraciones efectuadas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, no se acreditó una actuación irregular por parte de los
uniformados y que, por el contrario, se evidenció que su proceder se ajustó a los
protocolos sobre el uso de la fuerza.
14. El 12 de junio de 2026, la apoderada judicial de los accionantes, allegó poder
especial otorgado por Raúl Ocampo Alvarán, Janderson Andrés Ramírez Arias,
María Alejandra Moncada Arias, Olga Mery Arias Morales y Karen Dayana Ocampo
Arias.
Sentencia de primera instancia
15. En fallo de 26 de junio de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera de la
Corporación declaró improcedente el amparo pues no se satisfizo el requisito de
inmediatez. En el caso concreto se verificó que, la sentencia de segunda instancia
del Tribunal Administrativo de Antioquia fue proferida el 25 de septiembre de 2025,
notificada por correo electrónico el 29 de septiembre de 2025 y se entendió
notificada el 2 de octubre de 2025. Y la acción de amparo fue presentada el 26 de
mayo de 2026, es decir, 7 meses y 27 días después. En el caso concreto se estimó
que se superó el plazo razonable para atacar en sede constitucional la providencia
proferida por el tribunal.
16. La Sala concluyó que, atendiendo a las características del caso concreto, no era
posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en casos como este, cuando la
tutela se dirige contra una providencia judicial, existe una mayor protección y rigidez
al requisito de inmediatez, el cual garantiza el cumplimiento del principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada. Concluyó:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Raúl Ocampo
Alvarán y otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional”
Recurso de impugnación1
17. La apoderada judicial presentó recurso de impugnación. Argumentó que la
sentencia de primera instancia incurrió en una inconsistencia, pues la parte motiva
1
Índice samai 26
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04037-01
Accionante: Raúl Ocampo Alvarán y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
indica que se declara improcedente el amparo por no cumplir el requisito de
inmediatez, pero en la parte resolutiva se indicó que es improcedente por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Sostiene que esa inconsistencia
vulnera el derecho al debido proceso.
18. Indicó que se aplicó restrictivamente el requisito de inmediatez y no tuvo en
cuenta la situación personal del peticionario, Raúl Ocampo quien sufrió lesiones por
proyectil de arma de fuego que le ocasionaron una perturbación funcional y una
deformidad física de carácter permanente, así como displasia de cadera izquierda
y limitaciones funcionales que afectan su capacidad para desempeñar una actividad
laboral. Indicó que el contenido de tutela no es una simple controversia sobre la
interpretación de normas de rango legal, sino de un caso que involucra el examen
de la proporcionalidad en el uso de la fuerza pública por parte de agentes del
Estado, materia de indiscutible relevancia constitucional sobre la cual la Corte
Constitucional ha reiterado la necesidad de un control judicial riguroso.
19. Afirmó que, la realidad procesal es que, la sentencia de segunda instancia se
notificó formalmente por el Estado. El conteo real de oportunidad para acudir a la
tutela se activó el 18 de diciembre de 2025, fecha en la que el fallo cobró verdadera
firmeza y publicidad. Finalmente indicó que, al tratarse de un daño permanente a la
víctima, la afectación al debido proceso constitucional no quedó congelada en el
pasado. La jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional (como las
sentencias SU-108 de 2018 y SU-360 de 2024) determina que, si la afectación sigue
produciendo efectos lesivos de manera diaria y extendida sobre los derechos
fundamentales de la víctima, la exigencia de la inmediatez se flexibiliza
proporcionalmente porque la vulneración es hoy en día actual.
20. Agregó en el recurso, como argumento subsidiario que, la decisión atacada
incurrió en un defecto fáctico, al desconocer la valoración probatoria efectuada por
el juez de primera instancia —que había declarado la existencia de una
concurrencia de culpas— y concluir, sin una nueva y suficiente base probatoria, que
el daño obedeció exclusiva y excluyentemente a la culpa grave de la víctima.
CONSIDERACIONES
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
22. La Sala debe resolver si la acción de tutela cumple los presupuestos de
procedencia formal del escrito de amparo, teniendo en cuenta que se trata de una
acción de tutela dirigida contra la sentencia de 25 de septiembre de 2025, proferida
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Accionante: Raúl Ocampo Alvarán y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de decisión, y en la que
se revocó la sentencia de primera instancia dentro de un proceso de reparación
directa referido a las lesiones personales que fueron causadas al tutelante por los
disparos de un arma de fuego oficial, durante una riña ocurrida el 15 de julio de
2014.
23. En caso de verificar que la petición de amparo satisface las causales generales
de procedencia se propondrá un problema jurídico de fondo. Con el fin de resolver
el anterior problema jurídico, se reiterará el precedente sobre la procedencia de la
acción de tutela para cuestionar providencias judiciales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20052, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
25. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional5 o el Consejo de Estado6, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP7; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable8 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada.
2
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
3
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
4
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
6
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
8
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04037-01
Accionante: Raúl Ocampo Alvarán y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
26. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales9.
27. En particular, el requisito de inmediatez en la acción de tutela no equivale a la
existencia de un término de caducidad. De conformidad con el artículo 86 de la
Constitución, este mecanismo puede promoverse en cualquier tiempo. En la
Sentencia SU-108 de 2018, la Corte Constitucional precisó que su ejercicio debe
darse dentro de un plazo razonable contado a partir del hecho que origina la
presunta vulneración del derecho fundamental. Cuando la tutela se dirige contra
providencias judiciales, dicho término se contabiliza desde la notificación de la
decisión, por ser ese el momento en que se entiende conocida por las partes. Así,
la inmediatez no responde a un lapso fijo y uniforme. En su lugar, este requisito
constituye un juicio de razonabilidad que debe atender las particularidades de cada
asunto.
28. La Sentencia SU-210 de 2017 señaló que la inmediatez no puede reducirse a
un umbral temporal perentorio, pues su examen exige valorar las circunstancias
concretas de cada asunto, a fin de establecer si el lapso transcurrido resulta
compatible con la finalidad urgente de la tutela y con la preservación de la seguridad
jurídica y la cosa juzgada. Dicho juicio de razonabilidad se caracteriza por ser un
concepto normativo basado en un proceso evaluativo que se determina con la
identificación de las circunstancias relevantes y su ponderación de acuerdo con su
peso. Se trata de una relación de factores y enfoque plural, lo que por consecuencia
natural y obvia jamás se identifica con un plazo fijo ni con una deducción lógica.
Análisis del caso concreto
29. Descendiendo al caso concreto, la Sala verifica que, en efecto, se produjo una
inconsistencia entre la parte considerativa y la resolutiva de la sentencia de primera
instancia. La parte considerativa señala que el motivo de la improcedencia es la falta
de inmediatez, mientras que la resolutiva indica que es por incumplir el requisito de
relevancia constitucional. La inconsistencia no tiene ninguna trascendencia, pues
en efecto, el amparo es improcedente.
30. Aclarado lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia y
precisará que el amparo es improcedente por no satisfacer el requisito de
inmediatez.
31. Respecto al requisito de inmediatez, examinado el expediente samai del
proceso de reparación directa, se tiene que en el índice 21 de la segunda instancia
9
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
del proceso ordinario, la sentencia fue proferida el 25 de septiembre de 2025, y se
envió el correo de notificación el 29 del mismo mes y año. El expediente fue
regresado al Juzgado de primera instancia, autoridad que profirió un auto de 18 de
diciembre de 2025 en el que ordenó, en cumplimiento del artículo 329 del Código
General del Proceso, el obedecimiento a lo resuelto. Ese auto fue notificado por
Estado de 18 de diciembre de 202510. El argumento de la impugnación es que el
plazo razonable respecto del requisito de inmediatez debería examinarse desde esa
notificación.
32. Esto resulta equivocado, pues en virtud del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011,
la notificación de las sentencias se produce dentro de los tres días siguientes,
mediante el envío de un texto a través de mensaje al buzón electrónico para
notificaciones judiciales. Este mensaje de texto se remitió el 29 de septiembre de
202511, y la constancia de notificación reposa en el expediente. Según el numeral
2° del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se entiende realizada dos
días después al envío del mensaje de texto. La constancia de remisión de los
mensajes aparece con fecha de 29 de septiembre y en esa medida, se entiende
notificada el 2 de octubre, tal como lo concluyó el juez constitucional de primera
instancia.
33. En el caso concreto la acción de tutela se presentó a los 7 meses y 24 días. Se
estima que dicho plazo no es razonable, y en esa medida no se satisface el requisito
de inmediatez. En el caso concreto no se observa ninguna justificación que explique
los motivos de la tardanza de la parte actora. Como se indicó en la parte
considerativa de la providencia, en el caso de tutela contra providencia, el examen
al plazo razonable empieza a correr desde que se notifica la decisión atacada. Si
bien no se trata de un término de caducidad sino de un plazo razonable, en el caso
concreto no se avizora ningún motivo que explique la tardanza en acudir a la
administración de justicia o razones por las cuales deba flexibilizarse el examen de
este requisito.
34. La apoderada sostiene que, el daño que sufrió el actor es permanente, motivo
por el cual, la supuesta vulneración a los derechos fundamentales es continuada,
sin embargo, como se indicó, en casos de tutela contra providencia el plazo
razonable se examina desde la notificación de la providencia.
35. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
declaró improcedente el amparo, por no cumplir el requisito de inmediatez. En esas
condiciones, al verificarse el incumplimiento del requisito general señalado, la
acción de tutela resulta improcedente, por lo que no es necesario continuar con el
examen de los demás presupuestos generales de procedencia ni, por supuesto, de
los defectos específicos alegados contra la providencia judicial cuestionada. Los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales son
concurrentes, de manera que la falta de acreditación de uno de ellos impide habilitar
el estudio de fondo del amparo constitucional.
10
Índice samai 80 de primera instancia.
11
Índice samai 22 de la segunda instancia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04037-01
Accionante: Raúl Ocampo Alvarán y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de junio de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto declaró
improcedente el amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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