RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04038-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04038-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04038-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por los señores Míller Janier Rodríguez Carvajal y Yani Yulei Rodríguez Carvajal en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 13 Sentencia T-194 del 2012. “(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial , de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional.” 10 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00 Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04038-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

3 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela
contra providencia judicial. Falta de legitimación en la causa por activa. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Míller Janier Rodríguez Carvajal y
Yani Yulei Rodríguez Carvajal contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Míller Janier Rodríguez Carvajal y Yani Yulei Rodríguez Carvajal, por conducto de
apoderado judicial, promovieron acción de tutela con el propósito de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, a la prevalencia
del derecho sustancial y a la prohibición del exceso ritual manifiesto 1, los cuales
estiman vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con
ocasión del auto proferido el 4 de marzo de 2026, mediante el cual se rechazó el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por los accionantes, así como del auto
del 20 de mayo de 2026, que negó el recurso de reposición formulado contra esa
decisión, dentro del proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-26-000-2025-
00118-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. Los señores Míller Janier Rodríguez Carvajal y Yani Yulei Rodríguez Carvajal
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra

1 Índice 00002 en el aplicativo SAMAI, certificado 7D863E5E98DFE31C C5989DD8B0F30BB6
0057369643598E49 A9A3F47D2B9B26F8.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

el Municipio de Rionegro, la Empresa Pública de Medellín (EPM) y el señor Oscar
Darío Duque Ramírez, con el fin de que fueran declarados responsables por los
perjuicios materiales y morales causados con ocasión del fallecimiento del señor
Alonso Rodríguez Vidales durante la instalación de un poste de luz en la urbanización
manga piedra.

2.2. El proceso fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Medellín y, en segunda instancia, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el cual, mediante sentencia del 30 de mayo de 2025,
revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

2.3. Inconformes con dicha decisión, los demandantes interpusieron recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. No obstante, mediante auto del 18 de noviembre
de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B inadmitió el recurso y
ordenó a la parte recurrente a corregir el escrito dentro de los cinco (5) días siguientes,
de conformidad con el artículo 253 del CPACA, so pena de rechazo.

En ese sentido, dispuso que la parte recurrente subsanara los siguientes aspectos:

“1°) Indicar y fundamentar la causal de revisión que se invoca, de conformidad
con lo previsto en el numeral 4 del artículo 252 del CPACA.

2°) Identificar con precisión la sentencia contra la que se dirige el recurso
extraordinario de revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del
CPACA1.

3°) Allegar la constancia de ejecutoria de la sentencia contra la cual se dirige el
recurso extraordinario de revisión, con el propósito de revisar la oportunidad de
su presentación, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del CPACA.

4°) Indicar el canal digital donde la parte demandada recibe notificaciones
personales, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 162 del
CPACA, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.

5°) Allegar la constancia de envío del recurso extraordinario de revisión a la parte
demandada de conformidad con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 162
del CPACA, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.

6°) Indicar el domicilio de la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en
el numeral 2 del artículo 252 del CPACA.

7°) Aportar poderes conferidos por los demandantes con la facultad expresa para
interponer el recurso extraordinario de revisión, en cumplimiento de lo dispuesto
en el primer inciso del artículo 74 del Código General del Proceso”.

2.4. En cumplimiento de lo anterior, el 25 de noviembre de 2025 la parte recurrente
allegó el escrito de subsanación. Sin embargo, mediante auto del 4 de marzo de 2026,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, rechazó el recurso
extraordinario de revisión al considerar que no se habían corregido integralmente las
deficiencias advertidas en el auto del 18 de noviembre de 2025.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

Al respecto, sostuvo que, si bien la parte recurrente expuso una serie de reproches de
la sentencia recurrida, omitió identificar la causal específica de revisión del artículo
250 del CPACA aplicable al caso concreto y la respectiva fundamentación fáctica y
jurídica de la causal invocada. Por ende, incumplió la carga prevista en el numeral 4
del artículo 252 del CPACA.

Asimismo, señaló que no se acreditó el envío de la copia de la demanda a la totalidad
de demandados, en tanto no se comprobó la remisión del escrito al señor Óscar Darío
Duque Ramírez, en contravía de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 162 del
CPACA.

Por último, manifestó que la parte demandante también omitió suministrar el correo
electrónico del señor Duque Ramírez, por ende, incumplió lo dispuesto en el numeral
7 del artículo 162 del CPACA, imposibilitando el acceso a la información indispensable
para practicar las notificaciones personales y surtir los traslados correspondientes.

Con fundamento en lo anterior, resolvió rechazar el recurso extraordinario de revisión,
de conformidad con el artículo 253 del CPACA, por no haberse subsanado de manera
integral las deficiencias advertidas.

2.5. Inconformes con dicha decisión, el 10 de marzo de 2026 los demandantes
interpusieron recurso de reposición contra el auto proferido el 4 de marzo de 2026.
Sostuvieron que, aunque en el escrito de subsanación no se identificó expresamente
la causal prevista en el artículo 250 del CPACA, sí se desarrollaron de manera
suficiente los reparos formulados contra la sentencia, al exponerse los errores de
hecho y de derecho que, en su criterio, contenía la providencia, así como los
fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaban el recurso extraordinario.

De igual forma, manifestaron que les resultaba imposible indicar el canal digital del
señor Óscar Darío Duque Ramírez, dado que este no compareció al proceso ni
suministró dirección física o electrónica alguna, razón por la cual se trataba de una
carga procesal de imposible cumplimiento.

Finalmente, adujeron que la jurisprudencia constitucional exige la aplicación del
principio pro actione, conforme al cual las normas procesales deben interpretarse de
manera que favorezcan el ejercicio del derecho de acción. En consecuencia,
solicitaron al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocar el auto del
4 de marzo de 2026 y admitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de mayo de
2025. Subsidiariamente, solicitaron que se les permitiera subsanar nuevamente el
requisito relacionado con la notificación del señor Óscar Darío Duque Ramírez.

2.6. Mediante auto del 20 de mayo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, resolvió no reponer el auto del 4 de marzo de 2026, al considerar que
no había sacrificado el estudio de fondo por un “ritualismo vacío”, sino que aplicó las

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

disposiciones legales pertinentes, identificó los defectos de la demanda y otorgó la
oportunidad para ser subsanados.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 2

La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos el auto proferido el 4 de marzo de 2026, mediante
el cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión, y el auto proferido el 20 de
mayo de 2026 que decidió negativamente el recurso de reposición.

En consecuencia, solicitó que se ordene a la autoridad judicial accionada admitir el
recurso extraordinario de revisión o, subsidiariamente, conceder una oportunidad
razonable para subsanar el recurso conforme a criterios constitucionales de
proporcionalidad.

Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:

3.1. Defecto procedimental absoluto. Al respecto, sostuvo que la Corte
Constitucional ha reconocido que se configura un exceso ritual manifiesto cuando el
juez emplea herramientas procesales como una barrera irrazonable que impida
analizar de fondo el asunto.

Asimismo, señaló que la autoridad judicial incurrió en dicha conducta, en tanto, a pesar
de que reconoció que sí existió fundamentación material y que se aportó una
subsanación del recurso extraordinario de revisión, decidió rechazar el recurso por no
haber citado un numeral específico, lo que privilegió el formalismo sobre el derecho
sustancial.

3.2. Defecto sustantivo. La parte actora señaló que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B interpretó de manera irrazonable el artículo 162 del CPACA,
debido a que esta norma contempla el escenario en que se desconozca el canal digital
de notificación de la parte demandada y, a pesar de ello, la autoridad judicial
accionada optó por imponerle a los demandantes una carga de imposible
cumplimiento.

Asimismo, sostuvo que no resulta constitucionalmente admisible que se exija al
demandante obtener información que no obra en el expediente y que no fue
suministrada por la contraparte, en tanto ello desconoce el principio de
proporcionalidad y razonabilidad de las cargas procesales.

Finalmente, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en una decisión
arbitraria al sostener que no se configuró un “ritualismo vacío” y, paralelamente,
decidir negar el estudio de fondo, basándose en “cargas imposibles y rigorismos
formales”.

2 Índice 00002 en el aplicativo SAMAI, certificado 7D863E5E98DFE31C C5989DD8B0F30BB6
0057369643598E49 A9A3F47D2B9B26F8.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 26 de mayo de 20263, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés al Municipio de
Rionegro, a las Empresas Públicas de Medellín -EPM, a Royal Sun Alliance Seguros
y al señor Óscar Darío Duque Ramírez; ofició a la autoridad judicial accionada para
que remitiera a este trámite constitucional en medio digital el expediente identificado
con el radicado número 11001-03-26-000-2025-00118-00, y requirió al abogado Jose
Alberto López Mazo, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
de dicha providencia, allegara el poder conferido por el señor Míller Janier Rodríguez
Carvajal y la señora Yani Yulei Rodríguez Carvajal que lo faculte para promover la
presente acción constitucional.

Surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de la
Secretaría de la Sección Tercera 4, informó que concedió el permiso para que se pueda
realizar la consulta del expediente digital cargado en la plataforma SAMAI. Asimismo,
el magistrado ponente5, Fredy Ibarra Martínez, rindió informe en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que carece de relevancia
constitucional, en tanto, a su juicio, la parte actora pretende emplear el mecanismo
constitucional como una instancia adicional del proceso.

Asimismo, sostuvo que la acción de tutela no expuso una violación concreta de
derechos fundamentales, sino que se limitó a exponer su desacuerdo con las
consecuencias procesales derivadas del incumplimiento de cargas procesales que
fueron advertidas con anterioridad a los accionantes.

Adicionalmente, señaló que no se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en tanto el auto reprochado se limitó a constatar el cumplimiento de los
requisitos de procedencia, admisibilidad y oportunidad del recurso, sin imponer cargas
adicionales a los accionantes, por lo que resultaría improcedente efectuar un estudio
de fondo cuando no se constató el cumplimiento de los requisitos para ello ni se
corrigieron los errores expuestos en el auto inadmisorio en el término correspondiente.

Igualmente, expuso que la identificación de la causal de revisión es la consecuencia
de una exigencia legal, cuya finalidad es delimitar el objeto del recurso y el alcance
del control judicial. Por ello, reiteró que no es suficiente exponer los errores de hecho
y de derecho que consideró configurados.

Por otro lado, sostuvo que no se configuró un defecto sustantivo, en tanto las
providencias reprochadas advirtieron que la Ley 2213 prevé alternativas ante el

3 Índice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado 31F7861A9E165AB2 98DCCDF78519052E
5C30F0AE440E4CEF AAD40B8D866A3272.
4 Índice 00011 en el aplicativo SAMAI, certificado 3A05A29DCB63FC9F 506A22423AAD1F2B
625A609F9156E3DC F090DDCC0C6B379C.
5 Índice 00012 en el aplicativo SAMAI, certificado 028C9099F1F09E5A B3B9764BA7898EBF
47960C6DC0C287CC 422B015A6DA74AA7.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

desconocimiento del canal digital de un sujeto vinculado al proceso. No obstante, la
parte actora omitió acreditar que realizó las gestiones mínimas encaminadas a
garantizar el derecho de contradicción.

Finalmente, respecto al desconocimiento del procedente, mencionó que no existe
identidad fáctica y jurídica con las providencias mencionadas, en tanto en el proceso
no se discutió la existencia de una barrera procesal de imposible cumplimiento, sino
la configuración de los requisitos para la presentación del recurso extraordinario de
revisión.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, de
manera subsidiaria, se nieguen las pretensiones de la demanda.

4.2. El Municipio de Rionegro 6 solicitó que se niegue el amparo solicitado y se
ordene la desvinculación de la entidad del presente trámite constitucional, en tanto
carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no tuvo injerencia en las
providencias que son reprochadas a través del mecanismo constitucional.

Asimismo, solicitó que se niegue el amparo invocado por la parte actora debido a que,
a su juicio, la autoridad judicial accionada no incurrió en un exceso ritual manifiesto ni
impuso cargas de imposible cumplimiento, sino que se encargó de evaluar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y de las cargas que le corresponden
a la parte demandante.

Por último, sostuvo que la situación jurídica del Municipio de Rionegro, respecto del
proceso de reparación directa promovido por la parte actora, se encuentra amparada
por la garantía de la cosa juzgada y admitir el recurso extraordinario de revisión
reabriría indebidamente el debate de fondo en contra del Municipio.

4.3. La Empresa Pública de Medellín (EPM)7 sostuvo que carece de legitimación en
la causa por pasiva, en tanto no ha vulnerado ni amenazado los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y no tuvo incidencia en las providencias
cuestionadas a través de la presente acción de tutela.

Asimismo, mencionó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional,
debido a que lo que pretende discutir es la interpretación y aplicación de los requisitos
de admisibilidad del recurso extraordinario de revisión, por ende, consiste en una
“controversia de estricta legalidad” que le compete al juez natural del asunto, en tanto
el mecanismo constitucional no debe ser empleado para suplir la negligencia procesal
de la parte actora. En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela.

6 Índice 00015 en el aplicativo SAMAI, certificado C95C2285CBBE1A42 2EDC6D2F9B4EDDBE
5FF40741AF256E41 015178D574A5087D.
7 Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado B6BA58F427E532D1 39135C133EF92E93
B4D24D8F35D35302 69099FC664FFADDF.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

4.4. El abogado Jose Alberto López Mazo 8 aportó un pronunciamiento sobre las
contestaciones allegadas por las entidades accionadas y vinculadas. Al respecto,
sostuvo que la discusión de la tutela no versa sobre la existencia de requisitos
formales para la admisibilidad del recurso extraordinario de revisión, sino sobre su
aplicación irrazonable y desproporcionada.

En ese sentido, sostuvo que la autoridad judicial accionada empleó estos requisitos
como una barrera absoluta de acceso a la justicia sin realizar una interpretación
material, sistemática y garantista del escrito aportado por la parte demandante.

Asimismo, reiteró que el principio pro actione impone a los jueces el deber de preferir
la interpretación que permita estudiar de fondo una actuación procesal. Por ello,
sostuvo que, contrario a lo afirmado en las contestaciones a la acción de tutela, el
rechazo del recurso no correspondió exclusivamente a la conducta de los
demandantes sino también a la ausencia de una adecuada interpretación por parte de
la autoridad judicial.

Ahora bien, la Sala advierte que el abogado omitió cumplir el requerimiento efectuado
en el auto admisorio y no aportó el poder conferido por los señores Míller Janier
Rodríguez Carvajal y Yani Yulei Rodríguez Carvajal que lo facultara para promover la
acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

3. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos

8 Índice 00019 en el aplicativo SAMAI, certificado DE9980D732D46B08 1FDAA1C47979A910
096BE7442D1548E6 607D3BA4A3EA47C1.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

3.1. Legitimación en la causa

La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 86 Superior y el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, ha indicado que el titular de la solicitud de tutela es la persona
cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular en los casos definidos por la ley; y, en esa medida,
podrá promover la protección de las garantías constitucionales: (i) de forma directa;
(ii) por medio de representante legal (evento de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial;
o (iv) por intermedio de un agente oficioso. Y, en todo caso, también pueden ejercer
la acción el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales.

En los casos de acciones de tutela en el marco de procesos judiciales, es preciso
expresar que, dado el carácter personalísimo de los derechos fundamentales, el

9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

titular, que sea parte en el proceso ordinario, es el único habilitado para invocar la
protección del derecho al debido proceso que puede vulnerarse o resultar amenazado
por efecto de una sentencia o un auto. De ninguna manera, podrá solicitar
directamente el amparo constitucional quien fungió como apoderado judicial en
aquella ocasión, pues su calidad no genera ipso facto la suplantación del titular del
derecho. En ese orden, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en
sus sentencias T-265 de 2017 y SU-620 de 1996, los titulares de los derechos
invocados, que se encuentran legitimados para ejercer la acción de amparo
directamente o a través de representante, son las partes y los terceros interesados
que participaron de los referidos trámites.

En lo que respecta a la legitimación por activa cuando se invocan los derechos
fundamentales a la representación política y a elegir y ser elegido, la Corte
Constitucional en la SU-329 de 2024 determinó lo siguiente:

“[L]a acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto
quiere decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el estudio
que debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en princi pio, una
providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes. Esto
implica que, en principio, sólo quienes participaron dentro del correspondiente proceso
judicial, o aquellos que debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron, estarían
legitimados para reclamar la vulneración de sus garantías fundamentales a causa de
una decisión judicial”.

4. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
legitimación en la causa por activa, por las razones que se exponen a continuación :

4.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la
igualdad, a la prevalencia del derecho sustancial y a la prohibición del exceso ritual
manifiesto y, en consecuencia, que se ordenara dejar sin efectos los autos proferidos
el 4 de marzo de 2026 y 20 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, y que en su lugar se ordene emitir una decisión de remplazo
en consonancia con el principio pro actione, la prevalencia del derecho sustancial y
de la prohibición del exceso ritual manifiesto.

4.2. De la revisión del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm.
05001-33-33-009-2013-00788-01 y de los documentos allegados a esta actuación, la
Sala advierte que el señor Míller Janier Rodríguez Carvajal y la señora Yani Yulei
Rodríguez Carvajal actuaron como demandantes dentro de ese trámite judicial y
fueron representados por el abogado Jose Alberto López Mazo.

4.3. En la presente acción constitucional, el señor Míller Janier Rodríguez Carvajal y
la señora Yani Yulei Rodríguez Carvajal comparecieron igualmente por conducto del
abogado Jose Alberto López Mazo. Sin embargo, este no aportó el poder que lo

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

facultara para promover la solicitud de amparo, por ende, mediante auto admisorio se
le requirió para que allegara el correspondiente mandato judicial.

4.4. No obstante, dicho requerimiento no fue atendido. En consecuencia, no obra en
el expediente prueba alguna que acredite la representación judicial del señor Míller
Janier Rodríguez Carvajal y la señora Yani Yulei Rodríguez Carvajal para promover
la presente acción de tutela.

4.5. Sobre el particular, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción
de tutela puede ser ejercida directamente por la persona cuyos derechos
fundamentales se consideren vulnerados o amenazados, o por conducto de
apoderado judicial, caso en el cual debe acreditarse el respectivo mandato. En ese
sentido, la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto indispensable
para habilitar el estudio de fondo de las pretensiones formuladas en la solicitud de
amparo13.

4.6. En el asunto bajo examen, la Sala concluye que el abogado Jose Alberto López
Mazo carece de legitimación para promover la presente acción en representación de
los señores Míller Janier Rodríguez Carvajal y Yani Yulei Rodríguez Carvajal, toda vez
que no acreditó el correspondiente poder para actuar en esta actuación constitucional.
Por consiguiente, la solicitud de amparo resulta improcedente por falta de legitimación
en la causa por activa.

4.7. La Sala considera pertinente recordar que el ejercicio de la representación judicial
exige el cumplimiento de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico,
particularmente aquellas relacionadas con la acreditación del mandato
correspondiente. Ello obedece a que el acceso a la administración de justicia supone
el cumplimiento de unas cargas mínimas de diligencia por parte de quienes intervienen
en las actuaciones judiciales, dentro de las cuales se encuentra la demostración de la
facultad para actuar en nombre de terceros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por los
señores Míller Janier Rodríguez Carvajal y Yani Yulei Rodríguez Carvajal en contra
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

13
Sentencia T-194 del 2012. “(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda
de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial , de modo que no se puede pretender
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional.”

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04038-00
Accionante: Míller Janier Rodríguez Carvajal y otro

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.