Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04046-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04046-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04046-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04046-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional
– Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 2 de julio de 2026, por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 26 de mayo de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e
igualdad1.
2.
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 20 de noviembre de 20252, proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió
en su contra Sony Music Entertainment Colombia S.A. (Sony), mediante el cual se
pretendía la nulidad de la liquidación oficial de revisión 3124120210000027 del 12
de mayo de 2021, así como de los autos que inadmitieron el recurso de
reconsideración interpuesto contra ese acto administrativo. Consecuentemente, se
pidió reconocer que la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al
año gravable 2016 quedó en firme.
1 También invocó los principios de legalidad, buena fe, seguridad jurídica, confianza legítima y protección al
patrimonio público.
2 Notificada personalmente el 25 de noviembre de 2025, de conformidad con el inciso 1º del art. 203 del CPACA
y el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021
3 Radicado: 25000-23-37-000-2022-00001-01
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04046-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
3.
En la referida providencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la
decisión de primera instancia -que había negado las pretensiones- y declaró la
nulidad de los actos demandados. Concluyó que la DIAN no acreditó que la
notificación electrónica de la liquidación oficial de revisión hubiera cumplido los
requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, pues no
certificó la fecha y hora en que la contribuyente accedió a su contenido. En
consecuencia, consideró oportuno el recurso de reconsideración y determinó que al
no haberse notificado oportunamente el requerimiento especial dentro del término
legal para ejercer la facultad de fiscalización, operó la firmeza de la declaración del
impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2016.
4.
Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la autoridad
judicial incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación y aplicación del
artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, al considerar que la notificación
electrónica de la liquidación oficial de revisión solo podía considerarse surtida cuando
la administración certificara el acceso efectivo o la lectura material del acto
administrativo por parte del contribuyente, y no con la constancia del envío y entrega
del mensaje de datos al buzón de correo electrónico registrado.
5.
A su juicio, dicho entendimiento impone a la DIAN una carga probatoria excesiva
e irrazonable, y supedita la validez de la notificación electrónica a circunstancias
completamente ajenas al control de la administración, permitiendo que la eficacia del
acto administrativo tributario dependa exclusivamente de la conducta unilateral del
destinatario del correo electrónico. En consecuencia, se generó un escenario de
inseguridad jurídica al desaparecer una regla objetiva, clara y previsible que
permitiera determinar con certeza cuando se entiende surtida la notificación y, por
ende, cuando adquiere firmeza la decisión administrativa, el momento en que
comienzan a correr los términos para ejercer recursos, entre otras. Sumado a que
se vació de contenido el mecanismo excepcional de notificación, implementado por
el legislador extraordinario durante la emergencia sanitaria.
6.
Agregó que, erróneamente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado justificó su
interpretación normativa en lo dispuesto por la Corporación en la providencia
proferida en el proceso con radicado 25000-23-37-000-2021-00430-01 (27617),
pasando por alto que en ese asunto no se analizó de manera específica, profunda y
particular el alcance del artículo 4 del Decreto Ley 491 de 2020.
7.
En ese sentido, afirmó que el debate trasciende un simple conteo de términos
procesales y plantea una discusión constitucional sobre el contenido del debido
proceso administrativo, la publicidad y la eficacia de la función administrativa (artículo
209 C.P.), particularmente en torno a si el concepto de “acceso” al acto administrativo
debe entenderse desde la disponibilidad técnica del mensaje de datos o desde su
conocimiento efectivo por parte del administrado.
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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
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8.
En apoyo de esa tesis, invocó los autos del Consejo de Estado del 15 de abril de
2021 (Rad. 25000-23-15-000-2020-02983-01) y 4 de mayo de 2022 (Rad. 11001-03-
24-000-2021-00405-00), así como el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
con ponencia del consejero Álvaro Namén Vargas (rad. 11001-03-06-000-2016-
00210-00(2316), según los cuales, se ha definido que el “acceso” al acto
administrativo corresponde a la puesta a disposición y entrega efectiva del mensaje
de datos en el buzón electrónico del administrado y no a la apertura o lectura material
del correo electrónico.
9.
Precisó que la tesis acogida por la autoridad judicial accionada no superaba un
juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Si bien el fin perseguido —garantizar
el conocimiento real del acto administrativo— era legítimo, el medio escogido —exigir
la certificación del acceso material o lectura efectiva— no era necesario para
alcanzarlo, pues existían alternativas menos gravosas para los derechos de la
administración que igualmente habrían satisfecho la finalidad, tales como: (i) exigir
únicamente la certificación de la entrega efectiva del mensaje en el buzón electrónico
informado por el contribuyente, tal como lo hace el artículo 4.° del Decreto 491 de
2020 en su tenor literal y como lo ha entendido la propia Sección Quinta de esta
Corporación, o (ii) trasladar al administrado la carga de desvirtuar la certificación
técnica de entrega mediante prueba idónea de una anomalía tecnológica.
10.
Finalmente, alegó que el asunto reviste evidente relevancia constitucional,
conforme a las sentencias SU-017 y T-106 de 2024, por las repercusiones que la
interpretación normativa adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
tendría sobre el recaudo tributario, el patrimonio público y la aplicación del régimen
de notificaciones electrónicas en actuaciones administrativas. Sumado a que la tutela
no se interpuso para surtir una tercera instancia o corregir una interpretación
normativa desfavorable, sino para cuestionar una decisión judicial que, por sus
efectos, compromete directamente garantías constitucionales y genera un
precedente con potencial incidencia estructural sobre las actuaciones administrativas
electrónicas adelantadas por las entidades públicas.
B. Sentencia de primera instancia
11.
Mediante sentencia del 2 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. Consideró que los argumentos de la DIAN se limitaban a
cuestionar la interpretación del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, asunto
ya resuelto por el juez natural, que encontraba respaldo en el criterio fijado por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2020. Por ende, concluyó que la
controversia no planteaba un debate de naturaleza constitucional, sino un asunto de
mera legalidad.
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C. La impugnación
12.
La DIAN impugnó la decisión al considerar que el a quo analizó indebidamente el
requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que, contrario a lo afirmado en la
sentencia, la tutela se interpuso para obtener el control constitucional de una decisión
judicial que desbordó el margen de interpretación razonable del artículo 4.º del
Decreto Legislativo 491 de 2020 y produjo una afectación desproporcionada de los
derechos y principios constitucionales que amparan a la entidad, al privilegiar el
derecho de defensa del contribuyente.
13.
Reiteró que la interpretación acogida por la autoridad accionada en el fallo objeto
de tutela trasladó a la DIAN la carga de acreditar un hecho que depende
exclusivamente de la voluntad y conducta unilateral del administrado, ajeno por
completo a la órbita de control material y tecnológico de la administración. A su juicio,
ello no constituye un simple desacuerdo interpretativo, sino una afectación a los
derechos y principios constitucionales que protegen a la entidad, al comprometer la
eficacia de la función administrativa y el ejercicio de las funciones de fiscalización.
14.
Asimismo, reiteró los autos citados en la demanda de tutela, según los cuales la
Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido que el acceso al acto
administrativo corresponde a la entrega efectiva del mensaje de datos y no a su
apertura. Con ello, pretendió demostrar que existen criterios distintos sobre el
alcance de una misma garantía del debido proceso administrativo, circunstancia que
evidencia la relevancia constitucional del asunto.
15.
Agregó que de acuerdo con las sentencias de unificación SU-332 de 2019 y SU-
448 de 2011, todo cargo por defecto sustantivo implica un pronunciamiento sobre la
interpretación normativa acogida por la autoridad judicial accionada. En ese sentido,
precisó que la DIAN no solicitó al juez de tutela escoger entre varias interpretaciones
razonables, sino constatar que la adoptada por la accionada, al imponer una carga
probatoria de imposible cumplimiento y dejar el cómputo de los términos al arbitrio
del administrado, resulta contraevidente y desproporcionada.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
E. Análisis del caso concreto
4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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17.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el
amparo solicitado por no satisfacer el presupuesto de relevancia constitucional. La
parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio, se debió haber
zanjado el litigio.
18.
Las inconformidades planteadas por la DIAN se circunscriben a cuestionar la
interpretación que la Sección Cuarta del Consejo de Estado efectuó del artículo 4º
del Decreto Legislativo 491 de 2020, respecto de los presupuestos exigibles para
entender surtida la notificación electrónica de los actos administrativos expedidos
durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Sin embargo, del examen de la
providencia censurada no se advierte que aquella autoridad judicial hubiera
adoptado una interpretación arbitraria o manifiestamente irrazonable de dicha
disposición, sino que se sustentó en el texto de la norma, su finalidad y el precedente
constitucional aplicable, a fin de sustentar su postura.
19.
Al resolver la controversia, la autoridad judicial comenzó por delimitar el marco
normativo aplicable al caso, para lo cual examinó el contenido del artículo 4.º del
Decreto Legislativo 491 de 2020, disposición que reguló el régimen excepcional de
notificación electrónica durante la emergencia sanitaria y estableció:
“ARTICULO 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que
se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y
con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la
expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad
competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o
comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la
expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico
exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el
presente artículo.
El mensaje que se envié al administrado deberá indicar el acto administrativo que se
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los
plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha
y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá
certificar la administración. (…)” (Subrayado propio).
20.
A partir del contenido de esa disposición, la autoridad judicial explicó que el
legislador extraordinario adoptó, entre otras medidas excepcionales, la notificación
electrónica de los actos administrativos con el propósito de garantizar la continuidad
de la función administrativa mediante el uso de herramientas tecnológicas, al tiempo
que se protegía la salud pública durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia del COVID-19. Seguidamente, precisó que el citado decreto fue objeto de
5
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control automático de constitucionalidad mediante la sentencia C-242 de 2020,
oportunidad en la que la Corte Constitucional avaló el empleo de medios
tecnológicos para comunicar los actos administrativos, siempre que se garantizaran
los derechos fundamentales de los administrados. Destacó, igualmente, que dicho
régimen excepcional permaneció vigente hasta el 30 de junio de 2022.
21.
Con fundamento en ese marco normativo y jurisprudencial, concluyó que del tenor
literal del artículo 4.º del Decreto Legislativo 491 de 2020 se desprendían tres
exigencias para la validez de la notificación electrónica: (i) que el mensaje indicara
el acto administrativo objeto de notificación o comunicación; (ii) que se remitiera
copia electrónica de la decisión, con indicación de los recursos procedentes, las
autoridades competentes y los términos para interponerlos; y, (iii) que la notificación
se entendería surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado accediera al
acto administrativo, circunstancia que debía ser certificada por la administración.
22.
Así mismo, explicó que la exigencia de certificar el acceso al acto administrativo
no constituía una condición incorporada por vía interpretativa, sino un requisito
previsto expresamente por el legislador extraordinario, cuya finalidad consistía en
garantizar el conocimiento efectivo de la actuación administrativa por parte del
ciudadano, dadas las limitaciones para acudir presencialmente a las sedes de la
administración. En ese sentido, resaltó que dicha interpretación encontraba respaldo
en la sentencia C-242 de 2020, en la cual la Corte Constitucional precisó que la
notificación de los actos administrativos solo se entendía realizada cuando existiera
certificación de que estos habían sido conocidos por el administrado.
23.
Concluyó que, aunque el artículo 566-1 del Estatuto Tributario no había sido
derogado ni suspendido, durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria,
debía prevalecer el régimen excepcional previsto en el Decreto Legislativo 491 de
2020, por tratarse de una regulación especial expedida para atender las
circunstancias derivadas de dicha situación extraordinaria.
24.
La Sala no advierte que la interpretación acogida en la sentencia objeto de tutela
haya desbordado el margen de apreciación reconocido al juez natural. Por el
contrario, aquella se sustentó en el tenor literal de la disposición, la finalidad del
régimen excepcional de notificación electrónica, el examen de constitucionalidad
efectuado por la Corte Constitucional y la jurisprudencia previamente desarrollada
por la propia Corporación. En consecuencia, la inconformidad de la accionante
refleja una discrepancia con el alcance atribuido a la norma, mas no evidencia una
interpretación ostensiblemente arbitraria o incompatible con la Constitución que
habilite la intervención excepcional del juez de tutela.
25.
A partir de esa interpretación normativa, la Sección Cuarta descendió al estudio
del caso concreto y verificó si las pruebas obrantes en el expediente permitían
concluir que la DIAN había acreditado el cumplimiento de las exigencias previstas
6
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en el artículo 4.º del Decreto Legislativo 491 de 2020 para entender surtida la
notificación electrónica de la liquidación oficial de revisión.
26.
Para ese efecto, examinó integralmente las actuaciones administrativas y tuvo
por acreditado que la sociedad presentó la declaración de renta del año gravable
2016 el 20 de abril de 2017; posteriormente, el 17 de abril de 2018, solicitó la
devolución del saldo a favor, petición que fue resuelta mediante la Resolución
62829001099208 del 14 de junio de ese año. Igualmente, constató que el 23 de
noviembre de 2020, la DIAN expidió el requerimiento especial, respecto del cual
obraba una constancia de notificación en la que se indicaba que el correo electrónico
que contenía dicho acto fue enviado y entregado al buzón electrónico registrado por
Sony el 4 de diciembre de 2020. También verificó que no se presentó respuesta al
requerimiento especial y que, el 12 de mayo de 2021, la administración profirió la
liquidación oficial de revisión, respecto de la cual reposaban los documentos
denominados “Consulta de Notificaciones Electrónicas” y “Certificación Acto
Administrativo”, en los que se hacía constar que el acto había sido enviado y
entregado por correo electrónico ese mismo día.
27.
De igual manera, observó que el 23 de agosto de 2021, la sociedad informó a la
DIAN que no había recibido notificación alguna relacionada con la actuación
administrativa y solicitó que se le hiciera llegar la liquidación oficial, petición que fue
atendida mediante correo del 30 de agosto de 2021, en el cual la entidad remitió
copia del acto administrativo y de la constancia expedida por el GIT de
Documentación. Finalmente, verificó que Sony interpuso recurso de reconsideración
el 24 de septiembre de 2021, el cual fue inadmitido mediante auto del 28 de octubre
de ese año, decisión confirmada el 25 de noviembre siguiente.
28.
En desarrollo de ese mismo análisis, se examinó la declaración juramentada con
fines extraprocesales rendida el 16 de noviembre de 2021, por Hugo Fernando
Valenzuela Sabogal (jefe del Área de Tecnología de Sony), quien manifestó que
revisó el equipo al cual se encontraba asignado el buzón electrónico
bernardo.londono@sonymusic.com y verificó que en las bandejas de entrada,
correo no deseado y eliminados no existía evidencia de que se hubiera recibido un
mensaje proveniente del dominio notificaciones@dian.gov.co que contuviera como
archivo adjunto la liquidación oficial de revisión ni algún requerimiento especial.
29.
En este punto, la providencia cuestionada destacó que, conforme a los artículos
188 y 222 del Código General del Proceso, cuando una declaración extraprocesal
se allega sin citación de la parte contra quien se aduce, corresponde a esta solicitar
su ratificación en audiencia si pretende controvertir su eficacia probatoria. Como en
el proceso la DIAN se opuso a dicho medio de convicción, pero no pidió
oportunamente su ratificación, concluyó que el juez de conocimiento podía otorgarle
pleno valor probatorio.
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30.
La Sección también examinó la captura de pantalla aportada con la demanda de
la empresa contribuyente y precisó que, aisladamente considerado, dicho
documento no ofrecía plena certeza acerca de la inexistencia del correo electrónico
de notificación, pues correspondía únicamente a una búsqueda parcial, sin
identificar la bandeja consultada ni los criterios específicos utilizados. No obstante,
advirtió que esa circunstancia no desvirtuaba las restantes pruebas apreciadas
dentro del expediente, las cuales debían ser valoradas de manera conjunta.
31.
Con fundamento en esa valoración integral del material probatorio, concluyó que
si bien la administración acreditó que la liquidación oficial fue enviada y entregada
mediante correo electrónico el 12 de mayo de 2021, los documentos aportados para
demostrar ese trámite únicamente daban cuenta de la fecha y hora del envío y de la
recepción del mensaje en el buzón electrónico del destinatario, mas no de la
certificación de la fecha y hora en que la sociedad accedió efectivamente al acto
administrativo, exigencia conforme a la interpretación adoptada del artículo 4º del
Decreto Legislativo 491 de 2020. En ese mismo sentido, estimó que la ausencia de
dicha certificación encontraba respaldo en la declaración juramentada antes
referida.
32.
Acorde a ello, la autoridad judicial accionada concluyó que la notificación de la
liquidación oficial solo vino a configurarse por conducta concluyente el 30 de agosto
de 2021, fecha en la cual la DIAN remitió a la contribuyente copia del acto
administrativo y esta tuvo conocimiento efectivo de su contenido. En consecuencia,
estimó que el recurso de reconsideración interpuesto el 24 de septiembre de 2021
había sido presentado dentro del término legal previsto en el artículo 720 del
Estatuto Tributario. Así mismo, determinó que para ese momento ya había operado
la firmeza de la declaración de renta del año gravable 2016, pues el término con que
contaba la DIAN para ejercer sus facultades de fiscalización había expirado el 30 de
junio de 2021, de manera que declaró la nulidad de la liquidación oficial de revisión.
33.
En ese orden de ideas, la Subsección encuentra que la providencia cuestionada,
desarrolló un estudio completo del problema jurídico sometido a su consideración.
No se limitó a adoptar una determinada interpretación del artículo 4.º del Decreto
Legislativo 491 de 2020, sino que justificó ese entendimiento a partir del tenor literal
de la disposición, su finalidad, el examen de constitucionalidad efectuado por la
Corte Constitucional y la jurisprudencia de la propia Corporación; posteriormente,
descendió al análisis de las pruebas obrantes en el expediente para verificar si, bajo
esa interpretación normativa, la actuación de la DIAN satisfacía las exigencias
previstas para entender surtida la notificación electrónica. Por ende, no se evidencia
una decisión arbitraria o carente de fundamentación, sino que la autoridad
demandada profirió una providencia que resolvió de fondo el asunto puesto a su
consideración y cuya conclusión respondió al ejercicio legítimo de la función
interpretativa propia del juez natural.
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34.
Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que la controversia planteada revista
relevancia constitucional, por el solo hecho de que la DIAN sostenga que la Sección
Cuarta desconoció providencias proferidas por la Sección Quinta de esta
Corporación. La accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
demostrar que tales decisiones constituían precedente aplicable al caso concreto,
pues se limitó a afirmar que en ellas se abordaron aspectos relacionados con la
notificación electrónica, sin desarrollar un ejercicio de comparación entre los
supuestos fácticos y jurídicos allí resueltos y los examinados en la providencia
cuestionada que permitiera concluir que imponían adoptar lo resuelto en dichos
procesos.
35.
En todo caso, se precisa que, revisadas las providencias invocadas5, una de ellas
corresponde a una sentencia de tutela proferida por la propia Sección Cuarta, cuyas
consideraciones producen efectos inter partes, circunstancia que impide considerar
probado el desconocimiento de un precedente judicial, sumado a que versa sobre la
notificación de una sentencia anticipada y la parte accionada fue un juzgado. La otra
decisión, corresponde a un auto dictado por la Sección Quinta dentro de un proceso
de nulidad electoral, relacionado con el rechazo de una demanda por caducidad,
asunto que responde a un contexto fáctico y jurídico sustancialmente distinto.
36.
Finalmente, no puede perderse de vista que la acción de tutela se dirige contra
una providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en materia tributaria. En ese
contexto, la intervención excepcional del juez constitucional exige una carga
argumentativa transversal6, encaminada a demostrar que la interpretación acogida
resulta ostensiblemente irrazonable o incompatible con la Constitución. Sin
embargo, como quedó expuesto, la decisión cuestionada no es ajena a lo que
contempla la disposición, de manera que el desacuerdo de la accionante con el
entendimiento normativo adoptado no habilita, por sí mismo, la reapertura del debate
en sede de tutela. Por ende, se declarará improcedente el amparo solicitado.
5 Consejo de Estado, Rad. 25000-23-15-000-2020-02983-01, y 11001-03-24-000-2021-00405-00.
6 Sobre este punto, en la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional indicó que cuando se cuestiona la
decisión de una Alta Corte, además de verificarse los presupuestos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial y alguna de las causales específicas de procedibilidad, en la valoración de dichas exigencias
debe quedar acreditado que “se trata de un caso «definitivamente incompatible con el alcance y límite de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una
anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional». (…) Este último requisito, más
que un elemento adicional o puntual que deba verificarse, es una carga interpretativa transversal que debe asumir
el juez constitucional, a partir de la cual debe analizar tanto los requisitos genéricos de procedencia -
especialmente importantes para el estudio de la relevancia constitucional del caso - como los defectos específicos
que se alegan. Lo anterior, porque las Altas Cortes tienen un papel de unificación de la jurisprudencia ordinaria
que les confiere el deber de zanjar las diferencias interpretativas en la aplicación del ordenamiento jurídico, de
allí el “valor vinculante” de su jurisprudencia; por ello, un escrutinio diferente invadiría su órbita de competencia”.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
37.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 2 de julio de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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