Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04049-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04049-00
Accionante: JUAN GUILLERMO ZAPATA CARMONA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Se declara improcedente por no cumplir el
requisito general de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Guillermo Zapata
Carmona contra el Consejo Superior de la Judicatura.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señorJuan Guillermo Zapata Carmona solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la dignidad humana en conexidad
con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura por el “[…] inicio de un proceso de cobro coactivo […]”, el
“[…] embargo de cuenta bancaria […]” y la presunta omisión en la notificación de
dichas decisiones.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó
que, el 19 de marzo de 2026, al intentar realizar una transferencia
bancaria desde la aplicación Nequi tuvo conocimiento de que su cuenta se encontraba
bloqueada como consecuencia de un embargo.
2.2. Indicó que se efectuó un débito por la suma de seis mil novecientos ochenta y siete
pesos con setenta y tres centavos ($6.987,73), identificado bajo el concepto “[…] tto
coactivo otros embargo […]”. Mencionó que, con fundamento en dicha denominación,
infirió que el descuento correspondía a una medida de embargo decretada por la
Secretaría de Tránsito de Medellín; sin embargo, manifestó que al acudir a dicha
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
entidad le fue informado que la medida había sido ordenada por el Consejo Superior
de la Judicatura.
2.3. Advirtió que de la misma cuenta fue debitado un monto de un millón quinientos
trece mil novecientos veinte pesos con siete centavos ($1.513.920,07) incluyendo el
descuento correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) por
valor de seis mil cincuenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos ($6.055,69).
2.4. Expuso que no le fue notificada decisión alguna ni tuvo conocimiento del trámite
disciplinario adelantado en su contra sino hasta el momento en que se produjo el
referido bloqueo de su cuenta. Precisó que Nequi S.A. Compañía de Financiamiento
le informó, el 20 de marzo de 2026, que dicha medida obedecía al cumplimiento de lo
ordenado en el expediente identificado con radicación núm. 11001-07-90-000-2024-
00161-00.
2.5. Añadió que no ha otorgado autorización al Consejo Superior de la Judicatura para
efectuar el cobro de sumas presuntamente adeudadas ni ha brindado su
consentimiento para el tratamiento y suministro de sus datos personales a un tercero.
Además, señaló que, al efectuar la consulta en la plataforma correspondiente, dicha
radicación no arrojó resultado alguno.
2.6. Alegó que el Consejo Superior de la Judicatura no pertenece a la administración
pública y, por esa razón, no tendría facultades para adelantar cobros coactivos sin
orden judicial previa, en ese sentido, las actuaciones surtidas deben declararse
nulas de pleno derecho.
2.7. Agregó que actualmente no cuenta con un empleo fijo ni devenga un salario
mínimo mensual legal vigente y que, conforme a lo dispuesto en los artículos 154,
155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo, no es procedente afectar la totalidad
de los ingresos del trabajador, habida cuenta de la inembargabilidad del salario
mínimo y de la necesidad de mediar orden judicial para la realización de descuentos.
Expresó que el embargo debe ser proporcional y no puede privar a la persona de los
medios para subsistir.
2.8. Advirtió
que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Carta
Circular núm. 0058 de 8 de octubre de 20251, estableció los montos de
inembargabilidad aplicables a las cuentas de ahorro, así como los topes para la
entrega de dineros sin necesidad de juicio de sucesión, vigentes hasta el 30 de
septiembre de 2026, fijando dicho límite en la suma de cincuenta y cinco millones
noventa y nueve mil trescientos ocho pesos ($55.099.308).
2.9. Argumentó que, si bien se podría considerar que dispone de un mecanismo para
controvertir la medida cautelar de embargo, no resulta jurídicamente procedente
imponerle la carga propia de la jurisdicción consistente en la notificación de las
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“[…] Divulgación de los montos actualizados de los beneficios de inembargabilidad y exención de juicio de sucesión para la
entrega de dineros […]”.
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
decisiones judiciales. Insistió en que dicha omisión le está generando un
menoscabo en sus derechos.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Solicito a usted Honorable Magistrada(o) que disponga la
aceptación de esta Acción Constitucional de Tutela en mi favor.
SEGUNDA. - Solicito a usted Honorable Magistrada(o), proteja mis derechos
fundamentales de debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
seguridad jurídica respectivamente consagrados en la Constitución Política.
TERCERA. - Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura la inmediata
CANCELACIÓN de la orden de embargo de la cuenta NEQUI […], en caso de
no poder ejecutar la orden de cancelación por parte del Consejo Superior de la
Judicatura ante la entidad financiera, se decrete la SUSPENSIÓN TEMPORAL
de la misma hasta tanto se me realice la correspondiente notificación de
absolutamente todo el proceso que en mi contra se inició.
CUARTA. - Solicito que de manera inmediata el Consejo Superior de la
Judicatura realice la devolución de Un Millón Quinientos Veinte Mil Pesos
M/Cte. ($1.520.000) que me fuera debitado de la cuenta NEQUI […], este dinero
debe ser entregado de manera inmediata, sin dilación, así como el Consejo
Superior de la Judicatura hizo el débito, así debe ser la devolución.
QUINTA. - Solicito que, si en mi haber se encuentra un reporte negativo ante
las centrales de riesgo, Datacredito Experian, TransUnion y Procredito, o
cualquiera otra entidad que haga parte de ellas o tenga competencia para ello,
INMEDIATAMENTE SEA ELIMINADO, por incumplimiento tajante con las
previsiones legales.
SEXTA. - Solicito que se dé aplicación a la Carta Circular 058 del 08 de octubre
de 2025, en el cual se ha manifestado por la Superintendencia Financiera que
el monto de inembargabilidad es de $55.099.308. […]” (negrilla del texto).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 29 de mayo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
5. A través de auto de 11 de junio de 2026, el Despacho vinculó en calidad de terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - División de Cobro Coactivo y a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
6.1. El Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que carece de legitimación en la
causa por pasiva debido a que lo solicitado corresponde a funciones propias de la
División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial o de la Dirección Seccional de Administración
Judicial, dependiendo quien tenga a cargo el asunto.
6.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá manifestó que la acción de
tutela es improcedente toda vez que en sus competencias no se encuentra
adelantar cobro coactivo de multas a favor de la Rama Judicial y no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva debido a que no cometió ninguna conducta
vulneradora de derechos. Adicionalmente, indicó que no cuenta con registro de
solicitud presentada por parte del accionante en el periodo de 1.° de enero de 2025
al 2 de junio de 2026.
6.3. LaDivisión de Cobro coactivo de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar las pretensiones
de la demanda. Indicó que el proceso de cobro coactivo núm. 11001-07-90-000-
2024-00161-00 tiene origen en la sanción impuesta por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, mediante providencia de 16 de agosto de 2023, por valor de ocho
millones de pesos m/cte. ($8.000.000), con fundamento en el artículo 9 de la Ley
1743 de 26 de diciembre de 20142.
6.4. Agregó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 previamente citado, la
obligación es de naturaleza legal y cumple los requisitos exigidos para su ejecutoria.
Precisó que a su dependencia únicamente “[…] le es remitido el título y la constancia
de ejecutoria y no el expediente que dio origen a la misma, por cuanto en este
proceso no se discute o debate las razones que dieron origen a la sanción, ya que
ello hizo tránsito a cosa juzgada […]”.
6.5. Añadió que, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley 6 de 30 de junio de 19923,
la Dirección Nacional de Administración Judicial está facultada para ejercer
jurisdicción coactiva con el fin de hacer efectivos los créditos a su favor y de la
Nación. En ese contexto, sostuvo que en el trámite de cobro coactivo se han
respetado las garantías del debido proceso y relacionó las actuaciones surtidas, en
los siguientes términos:
“[…] Mediante Resolución Nro. DEAJGCC24-11103 de 21 de agosto de 2024
se profirió en contra del accionante mandamiento de pago, por valor de OCHO
MILLONES PESOS M/CTE, ($8’000.000), y mediante Oficio Nro. DEAJGCC24-
14635 de 28 de noviembre de 2024 fue citado para notificarle personalmente
el mandamiento de pago, remitiéndolo a las siguientes direcciones física:
Carrera 4[…] de la ciudad de Medellín, y al correo electrónico
gerencia.grupojuridico@gmail.com
Posteriormente, mediante oficio Nro. DEAJGCC25-7662 de 19 de agosto de
2025 se emitió notificación del mandamiento de pago por correo certificado
remitiéndolo nuevamente a la dirección y a la cuenta electrónica antes anotada
2
“[…] Por medio de la cual se establecen alternativas de financiamiento para la Rama Judicial […]”.
3
“[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna,
se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones […]”.
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
con numero de guía RA536023639CO de la empresa 4/72 y constancia de no
recibido.
Fue por ello, que al no poderle notificar personalmente y mediante correo
certificado conforme lo indica la norma, se procedió a notificarle mediante
AVISO con oficio Nro. DEAJGCC25-9278 de 29 de septiembre de 2025, y con
constancia de desfija Nro. DEAJGCC26-3638 de 7 de abril de 2026,
cumpliéndose así con el deber legal de notificación del mandamiento de pago.
[…]”.
6.6. Adujo que la notificación se remitió al correo electrónico registrado en el Sistema
de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(SIRNA), teniendo en cuenta que corresponde a los profesionales del derecho
mantener actualizada dicha información.
6.7. Indicó que el beneficio de inembargabilidad aludido por el accionante se reconoce
únicamente respecto de la primera cuenta o de la cuenta más antigua de titularidad
del obligado, sin que resulte extensivo a la totalidad de sus productos financieros.
De igual forma, advirtió que la billetera digital Nequi no se encuentra regulada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, sino por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, razón por la cual, en su criterio, se
encuentra excluida de dicho beneficio.
6.8. Añadió que, al tratarse de una plataforma tecnológica vinculada a una entidad
bancaria, en este caso Bancolombia, su operatividad se asimila a la de cuentas
corrientes, las cuales no gozan del beneficio de inembargabilidad. En ese sentido,
señaló:
“[…] en el proceso de cobro coactivo Nro. 11001079000020240016100, se
tiene que, mediante Resolución Nro. DEAJGCC24-11697 de 10 de septiembre
de 2024 se ordenó el embargo de los productos bancarios que se tengan a
nombre del accionante; medida cautelar que fue reiterada mediante Resolución
Nro. DEAJGCC26-2569 de 5 de marzo de 2026, de este modo […] queda claro
que efectivamente se libró orden de embargo sobre los productos bancarios del
obligado, razón por la cual efectivamente se constituyeron a ordenes de este
proceso los siguientes depósitos judiciales:
400100010651909 por valor de $31,13
400100010598403 por valor de $30,07
400100010591868 por valor de $1’513.920,07
400100010581040 por valor de $6.980,73
Depósitos que fueron recaudados y abonados a la obligación que se le persigue
al accionante, que como corresponde, no pueden ser objeto de devolución,
toda vez que suman un valor inferior al que se le ejecuta y debe pagar. […]”.
6.9. Adujo
que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto la situación
alegada deriva de la conducta del accionante y existe evidencia suficiente de su
adecuada notificación. Enfatizó en que las pretensiones dirigidas a suspender el
proceso de cobro coactivo, ordenar el levantamiento de medidas cautelares y
devolver sumas de dinero deben ser conocidas por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no por el juez constitucional.
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20249.
VI.2. Cuestión previa
8. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación procesal
presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera
que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”.
[Negrilla fuera del texto].
10. Teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura es la autoridad
demandada dentro de la presente acción de tutela, la Sala considera que a esta
entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.
4
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
5
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
6
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
7
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
11. Por otra parte, la Sala observa que el asunto sometido a consideración desborda el
ámbito de las competencias funcionales de los Consejos Seccionales de la Judicatura
en la medida en que la facultad de ordenación del gasto y la adopción de decisiones
en procesos de cobro coactivo corresponde a las Direcciones Ejecutivas de
Administración Judicial -en sus niveles nacional o seccional según corresponda-. En
consecuencia, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no le asiste el interés
jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional.
12. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo
Superior de la Judicatura y se aceptará la solicitud de desvinculación presentada por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:
b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por el accionante, con ocasión al “[…] inicio de un proceso de cobro
coactivo […]”, el “[…] embargo de cuenta bancaria […]” y la presunta
omisión en la notificación.
14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) requisitos de procedencia de la acción de tutela y
posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los
requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
15. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
16. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
17. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas. Así
las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela:
la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad
VI.5. El caso concreto
18. El señor Juan Guillermo Zapata Carmona solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la dignidad humana en conexidad
con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura por el “[…] inicio de un proceso de cobro coactivo […]”, el
“[…] embargo de cuenta bancaria […]” y la presunta omisión en la notificación de
dichas decisiones.
VI.5.1. Incumplimiento del requisito general de procedencia de subsidiariedad
19. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
20. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. […]”.
21. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
22. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”11.
23. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”12.
24. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
10
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-
580 de 26 de julio de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04049-00
Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
25. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
26. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la controversia consiste
en verificar la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante con el embargo de su cuenta Nequi, la falta de competencia de la entidad
accionada para disponer dicha medida y la presunta omisión de notificación de las
actuaciones surtidas en el proceso coactivo adelantado en su contra.
27. Se evidencia que el procedimiento administrativo de cobro coactivo núm. 11001-
07-90-000-2024-00161-00 se adelantó en cumplimiento de la providencia de 16 de
agosto de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante la
cual se impuso la sanción de multa al accionante.
28. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió la Resolución
DEAJGCC24-11103 de 21 de agosto de 2024 en la cual libró mandamiento de pago
a favor de la Nación - Rama Judicial, por un valor de ocho millones de pesos m/cte.
($8.000.000) más los intereses causados, y ordenó notificar personalmente dicho acto
administrativo bajo las siguientes indicaciones:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar al deudor, que conforme a lo dispuesto
en los artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario, dispone de 15 días hábiles,
contados a partir de la notificación de la resolución para el pago del monto de
las sumas adeudadas y/o proponer las excepciones legales que estime
pertinentes.
PARAGRAFO: Contra este acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con el artículo 833-1 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el mandamiento de pago al ejecutado
personalmente previa citación para que comparezca dentro de los diez (10)
siguientes al recibo de la misma, una vez vencido el término, se procederá a
efectuar la notificación por correo conforme a lo establecido en el artículo 826
del Estatuto Tributario, en concordancia con lo señalado en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. - Incluir en el reporte semestral del Boletín de Deudores
Morosos (BDME) de la Contaduría General, al obligado en caso de no cancelar
el monto adeudado, conforme lo dispone el parágrafo 3° del artículo 4° de la
Ley 716 de 2001, modificado y adicionado por el artículo 2° de la Ley 901 de
2004” […]”.
29. Se acreditó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió la
Resolución DEAJGCC24-11697 de 10 de septiembre de 2024 mediante la cual se
decretó el embargo de las sumas adeudadas en los establecimientos bancarios, en el
caso del accionante de “[…] $9.804.622 […]”, teniendo en cuenta el límite legal
aplicable a la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el obligado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04049-00
Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
30. En cumplimiento de la orden mencionada, la misma dependencia le remitió citación
de 28 de noviembre de 2024 a la dirección física y correo electrónico del accionante
visibles en el SIRNA. Ello “[…] Con el fin de notificarle personalmente el mandamiento
de pago proferido mediante la resolución DEAJGCC24-11103 de 21 de agosto de
2024 […]” para que compareciera en el término de diez (10) días a partir de la fecha
de recibo.
31. Más adelante, con fecha de 22 de agosto de 2025, se encuentra la planilla de
devolución de la notificación del mandamiento de pago que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial había enviado con destino a la dirección física del accionante.
En la trazabilidad con número de guía RA536023639CO se evidencia el recorrido
realizado en los siguientes términos:
“[…]
[…]”.
32. El 29 de septiembre de 2025 se realizó la notificación por aviso del mandamiento
de pago por cinco (5) días.
33. El 5 de marzo de 2026, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió la
Resolución DEAJGCC26-2569 de 5 de marzo de 2026, mediante la cual se decretó el
embargo de las sumas adeudadas en los establecimientos bancarios. En lo que
respecta al accionante, la medida se impuso por un valor de “[…] $ 19.858.587,73 […]”
debido a que a la fecha no había cancelado la obligación impuesta.
34. Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto no se cumple
con el requisito de subsidiariedad porque el accionante tenía a su disposición el
incidente de nulidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04049-00
Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
35. En efecto, el numeral 8° del artículo 133 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201213,
por remisión del artículo 100 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201114, prevé lo
siguiente:
“[…] Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de
la demanda a personas determinadas […] o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula
la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código. […]”.
36. La Sala señala que, al revisar el material probatorio allegado en esta acción
constitucional, no se evidencia la interposición de dicho incidente por la parte actora.
En ese contexto, se tiene que a través de dicho mecanismo el accionante habría
podido plantear los argumentos expuestos en la demanda relativos a la presunta
omisión en la notificación de las decisiones adoptadas en el proceso de cobro coactivo
y en consecuencia la falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura y la
eventual extralimitación de los límites de embargabilidad.
37. En virtud de lo expuesto, se considera que el accionante disponía de otro medio
de defensa para la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, por lo que la presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad. Además, no se encuentra probado un
perjuicio irremediable.
38. Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo pretendido por el accionante, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
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“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
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Accionante: Juan Guillermo Zapata Carmona
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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