Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04056-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04056-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04056-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
3 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04056-01
Demandante: Rey Salazar Construcciones S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04056-01
Demandante: Rey Salazar Construcciones S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Temas: Acción de tutela contra providencias proferidas en procesos de
controversias contractuales. Requisitos generales de
procedencia. Otro medio en curso.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 18 de junio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de mayo de 2026, Rey Salazar Construcciones S.A.S., mediante apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva, a la reparación integral, a la igualdad, a la dignidad y al
trabajo. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1- Que se otorgue la Tutela de los derechos vulnerados, con las Actuaciones
Omisiones y precedentes del despacho 01 del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander el 10 de Abril de 2.026.
2- Que, aceptada la primera Pretensión, se ordene Anular y rehacer la Decisión
proferida con Omisiones, defectos Facticos y total falta de garantías procesales y
legales, por las formas presentadas y sustentadas.
3- Que si lo considera este despacho realice revisión del archivo SAMAI
correspondiente a este proceso, Radicado: 54-001-23-33-000-2024-00216-00 para
verificar de forma directa lo por mi plasmado en este libelo correspondiente a la NO
REVISION DEL EXPEDIENTE y se confronten con el SIPLAG Sistema Integrado de
Planeación y Gestión GAFC de la UNGRD junto al Grupo de Apoyo Financiero y
Contable
4- Que si lo considera este despacho se solicite a la UNGRD se de claridad al VALOR
REAL de la cuenta GS-SMD216-2022, para así verificar de forma plena las actuaciones
más que ilógicas de este despacho 01 del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que no solo desconocen el Debido Proceso, sino pueden ser actuaciones
al margen de la ley (Desconocer el Pago de IVA)
5- Que se ordene y practique la prueba sobreviniente solicitada en la oportunidad
idónea y desconocida sin justificación alguna, correspondiente al envío del Expediente
Digital COMPLETO por la UNGRD para la orden GS-SMD926-2021.
6- Que se tomen la totalidad de las pruebas presentadas y no tenidas en cuenta ni
valoradas, que se encuentran en la anotación N° 29 del SAMAI, que en la exhaustiva
revisión del expediente no tomaron en cuenta, igual que las excepciones y la prueba
sobreviniente desconocida. Archivo Adjunto SAMAI 29 y 30)
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Demandante: Rey Salazar Construcciones S.A.S.
7- Se corrijan las actuaciones incorrectas que este alto Tribunal determine en su docto
análisis y concepto.
8- Como garantía procesal, al ordenar rehacer la Decisión Derogada se traslade el
expediente a otro despacho que brinde garantías, seguridad y la celeridad necesaria.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Proceso radicado núm. 54001-23-33-000-2024-00216-00
El 12 de diciembre de 2021, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD expidió la Orden de Proveeduría núm. GS-SMD-926-2021, por
valor de $2.619.308.842,92, cuyo objeto consistía en el suministro de horas de
maquinaria para atender las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal en
varios municipios del departamento de Norte de Santander. En el documento se
identificó como proveedor autorizado a Rey Salazar Construcciones S.A.S., que
ejecutó las obras entre el 15 de diciembre de 2021 y el 16 de abril de 2022, fecha
última en la que suscribió un acta de entrega y recibo a satisfacción.
La sociedad Rey Salazar Construcciones S.A.S. presentó demanda en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales contra la UNGRD, con el propósito
de que se declarara el incumplimiento de la Orden de Proveeduría núm. GS-SMD-
926-2021 y se ordenara su liquidación y pago por valor de $2.619.308.842,92.
También solicitó el reconocimiento de intereses y sanciones por mora y de los
perjuicios derivados por el incumplimiento.
El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que, mediante sentencia del 10 de abril de 2026, negó las pretensiones.
La autoridad judicial encontró acreditado que la Orden de Proveeduría núm. GS-
SMD-926-2021 estaba suscrita por el director general de la UNGRD, en calidad de
ordenador del gasto; sin embargo, consideró que no se demostró que hubiera sido
comunicada a Rey Salazar Construcciones S.A.S. ni que la aceptación suscrita por
su representante legal hubiera sido remitida y recibida por la entidad. Por tanto,
concluyó que no se acreditó el concurso de voluntades necesario para la formación
del contrato, en los términos de los artículos 845 y 864 del Código de Comercio.
El 27 de mayo de 2026, la sociedad actora interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión.
Proceso radicado núm. 54001-23-33-000-2025-00014-00
El 5 de mayo de 2022, la UNGRD expidió la Orden de Proveeduría núm. GS-SMD-
216-2022, cuyo objeto consistía en el suministro de horas de maquinaria para
atender las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal en el departamento
de Norte de Santander, la cual habría sido asignada a la sociedad Rey Salazar
Construcciones S.A.S.
La sociedad Rey Salazar Construcciones S.A.S. presentó demanda en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales contra la UNGRD, con el propósito
de que se declarara el incumplimiento de dicha orden y se dispusiera su liquidación
y pago. La demanda fue radicada ante los juzgados administrativos de Cúcuta y el
Juzgado Catorce Administrativo la remitió por competencia al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04056-01
Demandante: Rey Salazar Construcciones S.A.S.
El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que, mediante auto del 21 de octubre de 2025, declaró su falta de
competencia por razón de la cuantía y ordenó remitir el expediente al Juzgado
Catorce Administrativo de Cúcuta. La autoridad judicial consideró que la pretensión
de mayor valor no alcanzaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes
exigidos para que el asunto fuera conocido en primera instancia por esa
corporación.
La parte actora interpuso recursos de reposición contra la anterior decisión.
Mediante autos del 10 de noviembre y del 10 de diciembre de 2025, el Tribunal
decidió no reponerla, al considerar que, de conformidad con el artículo 157 del
CPACA, la cuantía se determina por el valor de las pretensiones y, cuando son
varias, por la de mayor valor, que en este caso era inferior al monto requerido para
que el asunto fuera de su competencia.
La sociedad actora interpuso recurso de apelación contra los autos del 21 de
octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre de 2025.
Mediante providencia del 16 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander rechazó el recurso de apelación al considerar que, de conformidad
con el artículo 243 del CPACA, la decisión de remitir un asunto por falta de
competencia no es susceptible de ese recurso.
3. Argumentos de la acción de tutela
La sociedad Rey Salazar Construcciones S.A.S. sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en defecto
fáctico en el trámite y en la sentencia del 10 de abril de 2026.
En concreto, cuestionó que la autoridad judicial hubiera proferido la decisión sin
pronunciarse sobre el escrito que denominó «excepciones de fondo», sin valorar las
pruebas aportadas y registradas en el índice 29 de SAMAI y sin resolver la solicitud
de prueba sobreviniente relacionada con el expediente contractual 926A.
Sostuvo que presentó las «excepciones de fondo» frente a la contestación de la
demanda y que dio traslado de ellas a la UNGRD y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. Afirmó que la entidad demandada no se opuso y que
el Tribunal tampoco emitió pronunciamiento sobre estas, circunstancia de la cual
derivó que debían entenderse aceptadas. Agregó que la sentencia cuestionada no
hizo referencia a dicho escrito, pese a que, en su criterio, debía ser valorado al
momento de resolver la controversia.
Explicó que, a partir de lo ocurrido en otro proceso relacionado con la orden de
Proveeduría núm. GS-SMD-926A-2022, solicitó al Tribunal que requiriera a la
UNGRD para que remitiera el expediente contractual digital completo
correspondiente a la Orden núm. GS-SMD-926-2021. Indicó que formuló y reiteró
esa solicitud, pero el despacho no se pronunció sobre su decreto o rechazo. A su
juicio, dicha prueba resultaba necesaria para esclarecer la existencia de la relación
contractual discutida en el proceso.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04056-01
Demandante: Rey Salazar Construcciones S.A.S.
Consideró que las omisiones relacionadas incidieron en la decisión adoptada y
desconocieron, además del debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, el principio de congruencia, pues, en su criterio, la providencia no atendió
la totalidad de los elementos y solicitudes que habían sido incorporados al proceso.
Finalmente, hizo referencia a distintas actuaciones adelantadas por el mismo
despacho en el proceso de controversias contractuales núm. 2025-00014-00,
relacionado con la orden de Proveeduría núm. GS-SMD-216-2022, las cuales
invocó para sustentar la alegada falta de garantías procesales. Al respecto,
consideró una actuación irregular la decisión de declarar la falta de competencia por
cuantía y devolver el proceso al juzgado administrativo luego de un año.
4. Trámite previo
Mediante auto del 26 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en calidad de demandado, y a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como tercero con
interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander se limitó a remitir el expediente
digital del proceso ordinario pero no se pronunció sobre los hechos y pretensiones
que motivaron la interposición de la presente acción de tutela.
6. Interviniente
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD solicitó
la desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que las presuntas vulneraciones alegadas por la sociedad
accionante se atribuyen exclusivamente a las actuaciones y omisiones del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. Asimismo, consideró que el amparo es
improcedente, porque, a su juicio, la parte accionante pretendía reabrir una
actuación judicial que se encuentra en firme y obtener una nueva decisión favorable.
Además, sostuvo que la tutela no satisface los presupuestos de procedencia contra
providencias judiciales, pues no se configura ninguno de los defectos específicos
reconocidos por la jurisprudencia constitucional. Agregó que no existe una conducta
activa u omisiva atribuible a la UNGRD que hubiera vulnerado los derechos
fundamentales invocados y, por tanto, solicitó negar por improcedente el amparo.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 18 de junio de
2026, negó la solicitud de desvinculación de la UNGRD y declaró improcedente la
acción de tutela, al considerar que no cumplía el requisito de subsidiariedad, bajo
las siguientes consideraciones:
En relación con la sentencia del 10 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en el proceso núm. 2024-00216-00, advirtió
que la sociedad accionante interpuso recurso de apelación el «28 de mayo de
2026», el cual fue concedido en el efecto suspensivo y repartido al Consejo de
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Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 5 de junio siguiente. En consecuencia,
concluyó que se encontraba en trámite el mecanismo judicial idóneo para
controvertir la providencia y que correspondía al juez de segunda instancia
pronunciarse sobre los reparos formulados.
Respecto del proceso núm. 2025-00014-00, señaló que el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, mediante auto del 16 de enero de 2026, rechazó el recurso
de apelación interpuesto por la parte accionante contra las providencias
relacionadas con la falta de competencia, por razón de cuantía. Indicó que la
sociedad contaba con el recurso de queja previsto en el artículo 245 del CPACA
para controvertir esa determinación, sin que se acreditara su interposición, por lo
que tampoco se satisfizo el requisito de subsidiariedad frente a dichas decisiones.
Finalmente, precisó que la parte accionante no expuso argumentos dirigidos a
demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención
del juez constitucional.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia del 18 de junio de 2026, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. El escrito reitera los argumentos de la solicitud de
amparo relacionados con la falta de valoración de las pruebas incorporadas en el
índice 29 de SAMAI y la ausencia de pronunciamiento sobre las denominadas
«excepciones de fondo» y la prueba sobreviniente solicitada respecto del
expediente contractual de la Orden de Proveeduría núm. GS-SMD-926-2021.
Adicionalmente, cuestionó que la sentencia del 10 de abril de 2026 se hubiera
sustentado en disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil, pues, a su
juicio, las normas aplicables eran la Ley 1523 de 2012 y el Manual de Contratación
de la UNGRD.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la
reparación integral, a la igualdad, a la dignidad y al trabajo de la sociedad Rey
Salazar Construcciones S.A.S. En la impugnación, la parte actora cuestionó
específicamente el presunto defecto fáctico por falta de valoración probatoria e
indebida aplicación de normas de la sentencia del 10 de abril de 2026, dictada en el
proceso núm. 54001-23-33-000-2024-00216-00. La Sala no se pronunciará
respecto del proceso núm. 54001-23-33-000-2025-00014-00, toda vez que este no
fue objeto de impugnación.
Al respecto, la Sala anticipa que, en el presente caso, se confirmará la providencia
impugnada que declaró improcedente la solicitud de amparo, en razón de que, como
lo advirtió el juez de primera instancia, no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad.
Requisito general de subsidiariedad
De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de
subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó1:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste
y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción
1
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último
recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el
proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en
principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión
de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo» .
Caso concreto
En el presente asunto, la parte actora alegó en la impugnación que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander incurrió en irregularidades en el trámite del
proceso núm. 54001-23-33-000-2024-00216-00 al no decretar una prueba
sobreviniente, así como en defecto fáctico e indebida aplicación normativa en la
sentencia del 10 de abril de 2026, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda de controversias contractuales que promovió contra la UNGRD.
Al respecto, la Sala advierte de la verificación del sistema de gestión judicial SAMAI,
que el 27 de mayo de 20262, mismo día en que se radicó la presente acción de
tutela, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 10 de
abril de 2026. El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander el 1.º de junio de 20263.
Mediante auto del 10 de agosto de 20264, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación.
A partir de lo anterior, cabe recordar que el recurso de apelación constituye el
escenario procesal idóneo para que la parte actora plantee ante el juez natural las
inconformidades que ahora pretende someter al conocimiento del juez
constitucional. En efecto, los cuestionamientos relacionados con la valoración
probatoria, el decreto de la prueba sobreviniente y la aplicación de normas que
sustentaron la decisión de primera instancia pueden ser examinados por el superior
funcional, en este caso la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que resolverá la apelación interpuesta contra esa providencia.
En todo caso, dado que el proceso de controversias contractuales aún se encuentra
en curso, es en dicho trámite donde habrá de resolverse lo planteado por la
sociedad demandante, esto es, si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
decisión apelada.
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Samai, proceso núm. 54001-23-33-000-2024-00216-00, índice 71.
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Samai, proceso núm. 54001-23-33-000-2024-00216-00, índice 74.
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Samai, proceso núm. 54001-23-33-000-2024-00216-01, índice 5.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04056-01
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Conforme con la jurisprudencia constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional en aras de garantizar el respeto por
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que resguardan las decisiones
judiciales. De acuerdo con ello, se han fijado presupuestos generales y específicos
que habilitan el mecanismo de amparo constitucional contra una providencia
judicial.
Tal como lo señaló esta Sección en anterior oportunidad5, la Corte Constitucional
ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que conforman un proceso,
configuran el primer espacio de protección de los derechos fundamentales, por
ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010 señaló que las controversias relacionadas
con derechos fundamentales deben ser resueltas, en principio, por la vía ordinaria
y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la acción de tutela.
De manera que le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en los asuntos que
están pendientes de resolver por parte del juez natural. Lo anterior es suficiente
para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento de fondo sobre la
vulneración alegada por la parte actora, dado que, tal como lo indicó el a quo, la
acción de tutela no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del
cargo por parte del juez constitucional y, en esa medida, confirmará la providencia
impugnada conforme a lo expuesto.
Adicionalmente, la parte actora no alegó, ni la Sala advierte, la existencia de una
circunstancia que permita concluir que se encuentra ante la inminente configuración
de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención transitoria del juez
constitucional, pese a encontrarse en trámite el mecanismo judicial ordinario.
En consecuencia, la Sala concluye, al igual que el a quo, que en el presente caso
no se satisface el requisito de subsidiariedad y, por tanto, confirmará la sentencia
de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
5
Sentencia de tutela del 2 de octubre de 2025, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2025-03673-01, Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Wilson Ramos Girón.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04056-01
Demandante: Rey Salazar Construcciones S.A.S.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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