Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04060-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04060-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04060-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04060-00
Accionante: Inse Group S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04060-00
Accionante: Inse Group S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela
Acción de tutela. Mora judicial – Niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Inse Group S.A.S. contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Inse Group S.A.S., por conducto de su representante legal, promovió acción de
tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
La sociedad accionante sostuvo que dicha autoridad judicial incurrió en mora judicial
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 54001-23-33-000-2022-00196-00. Indicó que el expediente ingresó
al despacho el 12 de abril de 2023 y que, desde esa fecha, no se ha proferido el
auto de fijación del litigio ni se ha impartido impulso procesal para continuar con el
trámite.
2. Hechos
La solicitud de amparo se fundamenta en los siguientes hechos:
2.1. INSE GROUP S.A.S. adquirió mercancías destinadas a su importación al país
y, para adelantar los trámites de nacionalización, otorgó mandato especial aduanero
a varias agencias de aduanas.
2.2. En desarrollo de dichas operaciones, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) expidió la Resolución núm. 0668-1542 del 30 de noviembre de
2021, mediante la cual impuso una sanción a la sociedad. Esa decisión fue
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04060-00
Accionante: Inse Group S.A.S.
confirmada mediante la Resolución núm. 003161 del 25 de abril de 2022, que
resolvió el recurso de reconsideración.
2.3. Agotada la vía administrativa, la sociedad promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, el cual fue radicado el 16 de
septiembre de 2022 bajo el núm. 54001-23-33-000-2022-00196-00.
2.4. Mediante auto del 10 de octubre de 2022, la demanda fue inadmitida y, una vez
subsanada, se admitió por auto del 8 de noviembre siguiente. Posteriormente, el 2
de febrero de 2023 se resolvió la solicitud de medida cautelar y, el 7 de marzo del
mismo año, se admitió la reforma de la demanda.
2.5. El 12 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho para la fijación del
litigio. La sociedad afirmó que, desde esa fecha, no se ha proferido el auto
correspondiente ni se ha impartido impulso procesal al trámite.
2.6. Mediante auto de cúmplase del 17 de mayo de 2024, el proceso fue remitido al
Despacho 006 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cumplimiento
de la redistribución ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Posteriormente, el 29 de mayo siguiente, el expediente ingresó al despacho del
magistrado ponente para proveer.
2.7. Finalmente, la sociedad manifestó que, desde la reasignación del expediente,
ha presentado múltiples solicitudes de impulso procesal, sin que, a la fecha se haya
adoptado decisión alguna al respecto.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La sociedad accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso sin dilaciones injustificadas y de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, pidió ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que imprima el impulso procesal correspondiente al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 54001-23-
33-000-2022-00196-00 y adopte las decisiones necesarias para su culminación.
Asimismo, solicitó exhortar a esa corporación para que garantice el cumplimiento
oportuno de los términos procesales.
3.2. De igual forma, invocó la aplicación del principio iura novit curia, al considerar
que el juez constitucional puede otorgar la protección de los derechos
fundamentales que estime procedente, con independencia de la fundamentación
jurídica propuesta por la parte actora.
3.3. Como fundamento de la solicitud, sostuvo que, para la fecha de presentación
de la tutela -25 de mayo de 2026-, habían transcurrido más de tres años desde que
el expediente ingresó al despacho para la fijación del litigio y más de un año desde
su reasignación al despacho del magistrado ponente, sin que se hubiera proferido
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providencia alguna para impulsar el proceso. Agregó que las únicas actuaciones
posteriores correspondían a memoriales presentados por las partes.
3.4. La accionante afirmó que dicha inactividad configura una mora judicial
injustificada que afecta sus derechos fundamentales, en tanto el proceso versa
sobre la legalidad de actos administrativos sancionatorios cuyas consecuencias
patrimoniales continúan produciendo efectos adversos.
3.5. En respaldo de su solicitud, invocó la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la mora judicial
injustificada y sostuvo que, en el caso concreto, se cumplen los criterios fijados por
esa corporación, dado que: (i) el proceso permanece paralizado desde abril de 2023
en la etapa de fijación del litigio; (ii) ha desplegado una actuación procesal diligente
mediante la presentación de múltiples solicitudes de impulso; (iii) la demora es
atribuible exclusivamente a la inactividad del despacho judicial; y (iv) la prolongación
del proceso mantiene los efectos patrimoniales derivados de los actos
administrativos demandados, sin que exista otro mecanismo judicial idóneo para
obtener la protección de los derechos invocados.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 28 de mayo de 20261, el Despacho de la Magistrada Ponente
admitió la acción de tutela y ordenó requerir al Tribunal de Norte de Santander para
que, dentro del término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la
providencia, remitiera a este Despacho, en medio digital, el expediente identificado
con el radicado núm. 54001-23-33-000-2022-00196-00.
4.2. El Tribunal Administrativo del Norte de Santander remitió copia del
expediente ordinario2 y presentó informe3 en el que señaló que el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho fue promovido por INSE GROUP S.A.S. contra la
Nación – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el propósito de
obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se le impuso una
sanción aduanera y se resolvió desfavorablemente el recurso de reconsideración.
Indicó que el asunto fue asignado inicialmente al Despacho 004 del Tribunal, el cual
inadmitió la demanda mediante auto del 10 de octubre de 2022. Una vez subsanada,
fue admitida el 8 de noviembre siguiente. Posteriormente, mediante auto del 2 de
febrero de 2023, negó la medida cautelar solicitada y, por auto del 7 de marzo del
mismo año, admitió la reforma de la demanda.
Explicó que, en virtud del Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023, se creó el Despacho
006 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y que, como consecuencia
1 Índice 00004 del aplicativo SAMAI. Con certificado núm. E8688A2CE760B5A5 F53FB53475892925
DC9879AEF08B1EEB AD6968CE4C5E9FD8.
2Índice 00010 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 07F99679AB7E8889 6DDB0CB2C204CD1C
32D38DA7F39CD675 0A3394A0F8B239A8.
3 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 4F207D79C7016B2C B51869AF8458D67F
FE7C38DD99FDA154 40AFF430C86DD690.
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Accionante: Inse Group S.A.S.
de la redistribución dispuesta mediante el Acuerdo CSJNSA24-128 de 2024, el
expediente fue remitido a ese despacho por auto del 17 de mayo de 2024.
Manifestó que la creación del nuevo despacho implicó la redistribución de
numerosos procesos, razón por la cual se implementó un sistema de turnos para
resolver los asuntos en estricto orden de ingreso, tanto los redistribuidos como los
que continúan llegando al despacho. Agregó que también conoce un número
significativo de procesos de primera instancia y solicitudes de impulso procesal, las
cuales deben atenderse bajo criterios de igualdad y razonabilidad, sin que su
presentación otorgue prelación frente a otros expedientes.
Precisó, además, que el estado del proceso ha sido informado a la sociedad
demandante y que el expediente se encuentra en turno de sustanciación, por lo que
la decisión correspondiente será incorporada a la plataforma SAMAI una vez sea
proferida.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que no se configura vulneración de los
derechos fundamentales invocados, pues la demora en el trámite obedece a
factores estructurales de congestión judicial, al incremento de acciones
constitucionales con trámite preferente, a la redistribución de procesos y a la carga
laboral del despacho, circunstancias que, a su juicio, descartan la existencia de una
mora judicial injustificada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Inse
Group S.A.S. al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado
que actuó como demandante en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 54001-23-33-000-2022-00196-00.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander por cuanto tiene a su cargo el proceso
mencionado y fue su omisión en el impulso de este a la que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
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Accionante: Inse Group S.A.S.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial
accionada vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la
mora judicial alegada en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 54001-23-33-000-
2022-00196-00.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley 4.
Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4.1. Mora judicial
El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin
dilaciones injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228
ibídem dispone que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270
de 1996, “[l]a administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos
procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los
funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión
de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 5 y que cuando
los jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los
requerimientos de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede
comportar una eventual vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión
de proferir una determinada providencia.
No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo
4 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor
como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance
y contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción
judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter pref erente y sumario, tiene por principal
objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales f undamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean af ectados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
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en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la
Constitución, [p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo
origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus
deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable” 6. Por esta razón, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mora judicial puede darse por
negligencia o arbitrariedad de los funcionarios judiciales encargados de proferir las
providencias —caso en el cual la mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el
represamiento de trabajo que impide el cumplimiento de los términos procesales,
caso en el que la mora es justificada y no vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia 7.
Adicional, la jurisprudencia constitucional 8 ha identificado eventos en los que se
genera mora judicial a pesar de la diligencia del funcionario, dentro de los que se
encuentra i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término
previsto por el legislador; ii) existen problemas estructurales que generan
congestión y excesiva carga laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con
sujeción a los términos.
En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe
una justificación debidamente acreditada que explique la mora 9. Lo anterior implica
que, aun cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una
determinación, dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del
derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un
plazo razonable, cuando se advierte la existencia de un motivo válido que justifique
el retraso, conforme al concepto jurisprudencial de “mora judicial justificada” 10.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que se exponen
a continuación:
5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que INSE GROUP S.A.S. sostuvo
que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en mora judicial
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
9 SU-179 de 2021.
10 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso
sin dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con
la observancia diligente de los términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha
determinado la construcción de una línea jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas,
por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo de los plazos o términos previstos por el
legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para ello ha acudido a varios criterios.
Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de una
persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable
y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta
(i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del
procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.”
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injustificada al no impulsar el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por esa sociedad.
Indicó que el expediente ingresó al despacho el 12 de abril de 2023 para la fijación
del litigio y que, para la fecha de presentación de la acción de tutela -25 de mayo de
2026-, habían transcurrido más de tres años sin que se hubiera proferido la
correspondiente providencia ni impartido impulso procesal. Agregó que, luego de la
redistribución del expediente al despacho actualmente ponente, tampoco se
registraron actuaciones de oficio, más allá de los memoriales presentados por las
partes.
Afirmó que dicha inactividad configura una mora judicial injustificada que vulnera
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por cuanto el proceso tiene por objeto controvertir la legalidad de actos
administrativos sancionatorios cuyos efectos patrimoniales continúan
produciéndose.
5.2. La Sala advierte que las actuaciones allegadas al expediente no acreditan, por
sí solas, la existencia de una mora judicial injustificada. En efecto, la consulta del
aplicativo SAMAI permite constatar que el proceso fue redistribuido al Despacho
006 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante auto del 17 de
mayo de 2024, en cumplimiento de las medidas de descongestión adoptadas por el
Consejo Seccional de la Judicatura. Desde entonces, el expediente quedó a cargo
de ese despacho.
En ese contexto, aunque la sociedad accionante contabiliza el tiempo transcurrido
desde el ingreso del expediente al despacho inicial, en abril de 2023, el análisis de
la alegada mora debe efectuarse a partir de las circunstancias que rodearon la
redistribución del proceso y del contexto funcional en el que el nuevo despacho
asumió su conocimiento, pues tales aspectos resultan determinantes para
establecer si la dilación obedece a una actuación arbitraria o a circunstancias
objetivas propias del servicio de administración de justicia.
5.3. En el informe rendido dentro de esta actuación, el Tribunal explicó que el
proceso fue asignado inicialmente al Despacho 004, el cual inadmitió la demanda,
posteriormente la admitió, resolvió la solicitud de medida cautelar y admitió la
reforma del libelo. Agregó que, con ocasión de la creación del Despacho 006 y de
la redistribución ordenada por el Consejo Seccional de la Judicatura, el expediente
fue remitido al despacho actualmente encargado de su conocimiento.
Precisó que la creación del nuevo despacho implicó la redistribución de un número
considerable de procesos, por lo que se implementó un sistema de turnos para su
sustanciación y decisión, respetando el orden de ingreso y el principio de igualdad
entre los usuarios de la administración de justicia. Añadió que el estado del proceso
ha sido informado a la sociedad demandante y que el expediente se encuentra en
turno de sustanciación.
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Igualmente, sostuvo que la demora obedece a factores estructurales de congestión
judicial, al incremento de acciones constitucionales de trámite preferente, a la
redistribución de procesos y a la carga laboral del despacho, circunstancias que, a
su juicio, descartan la existencia de una mora judicial injustificada.
5.4. A partir de los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala considera
que las explicaciones suministradas por el Tribunal desvirtúan la configuración de
una mora judicial injustificada. En efecto, esa autoridad explicó que el proceso
integra el grupo de expedientes redistribuidos con ocasión de la creación del
Despacho 006 y que, para garantizar el principio de igualdad entre los usuarios de
la administración de justicia, implementó un sistema de turnos orientado a resolver
los asuntos conforme a su orden de ingreso, sin que las solicitudes de impulso
procesal otorguen prelación frente a los demás procesos a su cargo.
Estas circunstancias encuentran respaldo en las actuaciones allegadas al
expediente y evidencian que la ausencia de la providencia reclamada no obedece
a una actuación caprichosa o negligente del despacho, sino a factores estructurales
relacionados con la redistribución de procesos, la congestión judicial y la carga
laboral que actualmente soporta ese Tribunal. En consecuencia, la Sala no
encuentra elementos que permitan concluir que la dilación sea consecuencia del
incumplimiento injustificado de los deberes funcionales del juez natural.
5.5. De igual manera, la Sala observa que la sociedad accionante no acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional
del juez constitucional. Si bien sostuvo que la demora mantiene los efectos
económicos derivados de los actos administrativos cuya legalidad se controvierte,
tal afirmación carece de respaldo probatorio que permita establecer la inminencia,
gravedad y urgencia del perjuicio alegado.
Debe recordarse que la acción de tutela no procede por el solo transcurso del tiempo
o por el incumplimiento de los términos procesales. Su procedencia exige demostrar
que la dilación carece de justificación objetiva y que, además, genera una afectación
iusfundamental que haga indispensable la intervención inmediata del juez
constitucional, circunstancias que no se encuentran acreditadas en este asunto.
5.6. En ese orden, la Sala concluye que la actuación atribuida al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander no configura una vulneración de los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Inse Group S.A.S.
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Inse Group S.A.S. en
contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
9
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