Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04062-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04062-00
Accionante: Jesús Ricardo Mora Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – legitimación en la causa por activa. Sentido del
fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Jesús Ricardo Mora Guerrero,
quien manifestó actuar como apoderado judicial y agente oficioso de quienes
integraron la parte demandante en una acción de grupo, en contra del Tribunal
Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El tutelante interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de los
derechos fundamentales de quienes fueron demandantes2 en la acción de grupo
No. 52835333300220240011500/01, en particular los derechos al debido proceso,
al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, a la reparación
integral, a la verdad, a la prevalencia del derecho sustancial y a la protección
reforzada de las víctimas del conflicto armado, los cuales considera vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2025 por la autoridad
accionada, mediante la cual se confirmó la dictada el 28 de abril de 2025 por el
Juzgado 2º Administrativo de Tumaco, que negó las pretensiones de la demanda.
2.- Hechos
2.1.- Durante el 2022 se produjo un desplazamiento forzado masivo que afectó a
las comunidades de múltiples veredas del municipio de Roberto Payán, Nariño, en
1 Obra escrito de tutela a folios 10-27 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 9, con certificado
073FC55C38FA2F00 C2427920424CF27D FB67CC9EA7779167 AA3241E5405360EF.
2 Son 433 demandantes listados a folios 1-9 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 9, con certificado
5E7559409AB4D7F7 6D0370A9598C1A62 F7B30B083B511920 1AD8BA251C426232 del expediente
52835333300220240011500.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
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un contexto de llegada y permanencia de grupos armados ilegales a la región. Sobre
el riesgo de desplazamientos masivos en la cuenca del río Patía, incluido ese
municipio, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas3.
2.2.- Con base en esas circunstancias, un grupo de personas y familias de esas
veredas promovió acción de grupo en contra del Ejército Nacional, de la Armada
Nacional, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, con el fin de que se los declarara
responsables por los perjuicios inmateriales derivados de la omisión en su deber de
protección, pese a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. El
proceso correspondió al Juzgado 2º Administrativo de Tumaco bajo el radicado No.
52835333300220240011500.
2.3.- El a quo ordinario, mediante sentencia del 28 de abril de 20254, negó las
pretensiones y declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del Ministerio del Interior y del DAPRE. Consideró que, si bien
existía una situación de riesgo, no se probó que las autoridades hubieran tenido
conocimiento específico y previo de amenazas concretas que permitieran prever y
evitar los hechos, ni que los demandantes hubieran solicitado medidas de
protección individual o colectiva, por lo que no se configuró la falla del servicio.
Valoró los operativos, patrullajes y medidas de mitigación desplegados por la fuerza
pública y, aunque los halló insuficientes, atribuyó esa insuficiencia a la complejidad
del contexto territorial, la extensión geográfica, la multiplicación de actores armados
ilegales y las limitaciones estructurales del Estado. Concluyó que el daño provino
del hecho de un tercero, imprevisible e irresistible.
2.4.- Inconforme, la parte demandante apeló. Mediante sentencia del 12 de
septiembre de 20255, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión y
condenó en costas a la parte demandante. Concluyó que la administración actuó
dentro de sus posibilidades y que no se acreditó una conducta omisiva jurídicamente
3 A folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 8, con certificado BBC57C4D849742F0
3695674FBC33F24D 60D09CCF8C29E66B E69428B9088AEE7E del expediente
52835333300220240011501.
4 Ibidem, a folios 4-6.
5 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 8, con certificado BBC57C4D849742F0
3695674FBC33F24D 60D09CCF8C29E66B E69428B9088AEE7E del expediente
52835333300220240011501.
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relevante que permitiera atribuir responsabilidad patrimonial al Estado, ni que el
desplazamiento fuera consecuencia de una actuación legítima que impusiera una
carga singular a los demandantes, de modo que tampoco procedía el régimen de
daño especial.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante sostiene que la providencia censurada incurrió en un defecto sustantivo,
por cuanto aplicó de manera irrazonable y desproporcionada la tesis de las
“obligaciones relativas del Estado”, y convirtió la limitación operativa en una causal
automática de exoneración, pese a que las dificultades geográficas, la debilidad
institucional o la insuficiencia logística no eliminan el deber de protección cuando el
riesgo era conocido, existían alertas previas y la amenaza era previsible. Aduce
también un defecto fáctico por valoración arbitraria del acervo probatorio, en tanto
se minimizaron las alertas tempranas y se omitió valorar de manera integral las
actas de consejos de seguridad y de comités de justicia transicional, las peticiones
y los informes institucionales. Resalta que la sentencia reconoce que las medidas
no fueron suficientes para evitar el desplazamiento y, al mismo tiempo, concluye
que el Estado actuó dentro de sus posibilidades, lo que, a su juicio, evidencia una
motivación contradictoria.
El peticionario alega el desconocimiento del precedente constitucional fijado en la
sentencia T-014 de 2025, conforme al cual los procesos relacionados con
desplazamiento forzado y graves violaciones de derechos humanos exigen
estándares flexibles de valoración probatoria, que comportan la inversión de la
carga de la prueba o el decreto oficioso de medios de convencimiento, y un enfoque
diferencial reforzado, mientras que la autoridad accionada aplicó un criterio rígido y
restrictivo que impuso a las víctimas una carga probatoria excesiva. En la misma
línea, invoca la omisión de los parámetros interamericanos en materia de
prevención, protección y reparación de víctimas de graves violaciones de derechos
humanos.
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4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño dentro de la acción de grupo; y (iii) ordenar a esa autoridad
emitir una nueva sentencia en la que valore integralmente las pruebas y aplique el
precedente constitucional e interamericano, con observancia del estándar reforzado
de protección frente al desplazamiento forzado.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 28 de mayo de 2026 el despacho ponente inadmitió la
solicitud de amparo, al advertir que no era posible determinar de manera clara quién
ejercía la representación judicial de la parte actora y que no se habían aportado
poderes que acreditaran la representación invocada para actuar en este trámite.
Posteriormente, en providencia del 16 de junio siguiente, se admitió la acción de
tutela y se vinculó al Juzgado 2º Administrativo de Tumaco, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, a la
Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, al Ministerio del Interior,
a la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas y a la Defensoría del
Pueblo, así como a todos los que fueron demandantes en el proceso ordinario.
5.2.- El Tribunal Administrativo de Nariño expuso las razones de su decisión, señaló
que no se demostró el nexo causal entre el daño y la actuación estatal y sostuvo
que el amparo resulta improcedente por su carácter residual, conforme al numeral
1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
5.3.- El Juzgado 2º Administrativo de Tumaco solicitó declarar la improcedencia del
amparo o, subsidiariamente, negar las pretensiones, por cuanto no se evidencia la
vulneración de derecho fundamental alguno con la decisión que adoptó en primera
instancia.
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5.4.- El Ejército Nacional argumentó la improcedencia del amparo con fundamento
en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y solicitó que se nieguen
las pretensiones por no demostrarse la vulneración a los derechos reclamados.
5.5.- La Policía Nacional pidió no conceder las pretensiones ante la improcedencia
del amparo, al señalar que no se acreditó un perjuicio irremediable y que el asunto
fue debatido por las vías de protección jurisdiccional idóneas.
5.6.- El Ministerio del Interior pidió su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
5.7.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y, en subsidio,
declarar improcedente el amparo o negar las pretensiones.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Jesús
Ricardo Mora Guerrero en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- De la legitimación en la causa
La legitimación en la causa consiste, de una parte, en ser el titular del derecho o del
interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen y, de
otra, en ser el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así
estarían definidas la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente.
De esta manera, si los demandantes carecen de legitimación en la causa, no será
posible que se les satisfagan las pretensiones que aducen, toda vez que no ostentan
la titularidad de la relación jurídica, del derecho o del interés sustancial que les sirve
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de soporte a sus pedimentos. Ahora, si son los demandados los que no están
legitimados, no podrán ser constreñidos a realizar en favor de los convocantes
alguna prestación, pues lo pretendido ha debido suplicárseles a otros sujetos.6
3.- El caso concreto
3.1.- En el presente asunto se tiene que las pretensiones, en su totalidad, están
enfocadas en la protección de los derechos de quienes fueron demandantes en la
acción de grupo No. 52835333300220240011500/01 y, por ende, ellos son los
legítimos titulares de las prerrogativas iusfundamentales que se consideran
conculcadas y que se pretenden salvaguardar con esta acción tuitiva.
No obstante, revisado el expediente se observa que, si bien obran poderes
conferidos por aquellos al abogado Jesús Ricardo Mora Guerrero 7, ninguno
constituye mandato especial otorgado para promover, específicamente, esta acción
de tutela en contra de la sentencia del 12 de septiembre de 2025.
3.2.- En efecto, los poderes allegados fueron conferidos para que el citado
profesional presentara, en nombre de los poderdantes, “demanda de ACCIÓN DE
GRUPO, consagrada en la ley 472 de 1998 y artículo 145 del C.P.A.C.A.”, se
integrara o adhiriera a la que existiere por los mismos hechos, o, en su defecto,
radicara “demanda de medio de control de reparación directa” en contra de las
entidades allí señaladas, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios
derivados del desplazamiento forzado. Coherente con ese objeto, el formato de
poder se dirige a los “MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO y/o JUEZ ADMINISTRATIVO DE TUMACO”. Se trata, pues, de un
mandato otorgado para adelantar actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo dentro de procesos específicos, y no para el ejercicio de la acción de
tutela.
3.3.- Ahora bien, no se opone a lo anterior que la cláusula de facultades exprese
que el apoderado “queda ampliamente facultado de forma expresa” para, entre otras
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 8 de mayo de 2013, expediente: 24510, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
7 Obran poderes a folios 28-1425 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 9, con certificado
073FC55C38FA2F00 C2427920424CF27D FB67CC9EA7779167 AA3241E5405360EF.
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cosas, “interponer acción de tutela u obrar como agente oficioso”. Esa facultad
aparece enunciada de manera abstracta, dentro del catálogo genérico de
atribuciones, sin referencia al asunto constitucional específico, a la providencia que
ahora se cuestiona ni a los derechos que se invocan. Una habilitación de esa
naturaleza no acredita que los titulares hayan expresado su voluntad de acudir a
este mecanismo excepcional contra la sentencia del 12 de septiembre de 2025. A
ello se suma que, por tratarse de un poder especial, su cobertura se circunscribe al
asunto para el que fue conferido, rasgo que lo distingue del mandato general, de
modo que no suple el poder especial que se requiere para promover el amparo.
3.4.- En adición a ello, tampoco se puede sostener que el pluricitado profesional del
derecho actúe como agente oficioso, en la medida en que, al observar los medios
documentales allegados a este expediente, no se dilucida que la totalidad de los
demandantes de la acción de grupo se encuentren imposibilitados para acudir,
directamente o a través de apoderado, ante el juez de tutela, lo cual es una
condición sine qua non de la mencionada figura. Sobre el particular, la condición de
víctimas del conflicto armado que se invoca, si bien impone deberes reforzados de
protección, no acredita por sí sola esa imposibilidad, máxime cuando los mismos
titulares confirieron poder para adelantar el proceso previo. En consecuencia, se
impone declarar la improcedencia del amparo por falta de legitimación en la causa
por activa.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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