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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04070-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04070-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Sandra Milena Atehortúa Tabares, quien actúa a través de apoderado judicial, frente a los defectos al desconocimiento del precedente, sustantivo, exceso ritual manifiesto y la vulneración directa de la Constitución, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado frente al cargo por defecto fáctico atribuido a la sentencia No. 145 del 24 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, relacionado con la declaratoria de prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales reclamados. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04070-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: SANDRA MILENA ATEHORTÚA TABARES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia frente a los cargos que pretenden reabrir discusiones
procesales autónomas ya definidas / Defecto fáctico por prescripción extintiva de
derechos laborales / No configuración.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 27 de mayo de 2026 1 por Sandra
Milena Atehortúa Tabares, quien actúa a través de apoderado judicial 2, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión. A su juicio, dicha
autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana,
seguridad jurídica, igualdad, trabajo, debido proceso, seguridad social, mínimo vital,
buena fe, confianza legítima, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva y la garantía de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal3.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. El 28 de noviembre de 2016, Sandra Milena Atehortúa Tabares sufrió un
accidente de trabajo durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios
con el municipio de Amagá, en virtud de lo cual tuvo 1205 días continuos de
incapacidad que no fueron reconocidos por la entidad territorial la cual había omitido
afiliarse a una Aseguradora de Riesgos Laborales -ARL.

2. El 27 de noviembre de 2018, la accionante presentó un derecho de petición ante
el municipio de Amagá en el que solicitó el pago de sus derechos laborales en virtud
del contrato de prestación de servicios suscrito con dicha entidad territorial. Según
la accionante, dicha solicitud no fue contestada por la administración por lo que se
configuró un acto ficto que negó la protección de los derechos laborales de la
peticionaria.

1 Índice 1 de Samai “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL miércoles, 27

de mayo de 2026 con secuencia: 6494”.
2 Índice 2 de Samai, demanda por ventanilla virtual, Archivo
“3_110010315000202604070003DemandaWeb2026527161351”.
3 Que ingresó para fallo el 10 de junio de 2026, índice 21 de Samai.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. El 4 de marzo de 2020, Sandra Milena Atehortúa Tabares instauró demanda
contra el municipio de Amagá en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto ficto surgido por la omisión en la
respuesta de la petición radicada el 27 de noviembre de 2018 que se identificó con
el radicado 05001333302220220008700/01.

4. A través de auto del 7 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, adecuó el trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho a la acción contractual, sin verificar el cuestionamiento
de legalidad a la negativa de la entidad territorial de reconocimiento de derechos
laborales en favor de la demandante y la pretensión expresa de nulidad de dicho
acto administrativo ficto. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición
con fundamento en que la discusión versó sobre la nulidad del acto administrativo
acusado que no estaba sujeto a las reglas de caducidad y el consecuente
restablecimiento del derecho de la demandante.

5. El 8 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud de la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, remitió el expediente a los juzgados
administrativos de Medellín por considerar que era la autoridad judicial competente
para conocer del asunto.

6. Mediante auto del 31 de enero de 2023, el Juzgado Veintidós (22) Administrativo
de Medellín rechazó la demanda por considerar que se configuró la caducidad del
medio de control de controversias contractuales. Contra esta decisión, la
demandante interpuso recurso de apelación insistiendo en que la demanda
cuestionó la legalidad de un acto ficto o presunto no sometido a los términos de la
caducidad.

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en providencia
del 28 de junio de 2023, confirmó la decisión que rechazó la demanda por
caducidad.

8. El 13 de octubre de 2023, Sandra Milena Atehortúa Tabares presentó
nuevamente una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en contra del
municipio de Amagá en la que pretendió la declaratoria de nulidad del acto ficto
configurado por la omisión en responder su petición de reclamación de derechos
laborales, proceso identificado con el radicado 05001-33-33-037-2023-00266-00.

9. El 28 de abril de 2025, el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Medellín
profirió sentencia en primera instancia, en la que declaró la prescripción extintiva de
los derechos laborales reclamados.

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante fallo
de segunda instancia de 24 de abril de 2026 confirmó la prescripción extintiva de
los derechos laborales de Sandra Milena Atehortúa Tabares con excepción de los
aportes pensionales por considerarlos imprescriptibles.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

11. Finalmente, la accionante sostuvo que el tránsito de la “demanda inicial” ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo no resolvió de fondo sus pretensiones.
Aunado a ello, señaló que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 24 de abril de 2026 que declaró la prescripción extintiva de los derechos
salariales y prestacionales reclamados en el segundo proceso identificado con
radicado 05001-33-33-037-2023-00266-00 desconoció la situación de
vulnerabilidad de la demandante y desconoció los derechos fundamentales
invocados en las pretensiones del escrito de tutela.

Pretensiones

12. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Primero: Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas,
respetuosamente me permito solicitar al Honorable Consejo de Estado, se sirva
tutelar a la ciudadana Sandra Milena Atehortúa Tabares, los derechos
fundamentales: Dignidad Humana art. 1 CP, Seguridad jurídica art. 1,4 CP, Igualdad
art. 13 CP, Trabajo art. 25 CP, Debido proceso art. 29 CP, Seguridad Social art. 48
CP, Mínimo vital art. 53 CP, Buena fe, confianza legítima, art. 83 CP, Prevalencia del
derecho sustancial art. 228 CP, Acceso a la administración de justicia art. 229 CP,
Tutela judicial efectiva art. 29, 86, 229 CP.

Segundo: Dejar sin efectos jurídicos la sentencia No. 145 de fecha 24 de abril de
2026 emitida por el Tribunal Administrativo De Antioquia-Sala Sexta de Decisión.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la autoridad judicial
accionada que en reemplazo de la decisión que se deje sin efectos proceda a un
nuevo pronunciamiento judicial tendiente a resolver de fondo la controversia
planteada y garanticen los derechos sustanciales reclamados por la ciudadana
afectada”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. La demandante indicó que la acción constitucional satisface los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. Al respecto, señaló
que la accionante y la autoridad accionada tienen legitimación en la causa por activa
y pasiva, respectivamente. Adujo que el asunto reviste relevancia constitucional,
debido a que se discute la vulneración de derechos fundamentales y laborales de la
accionante por desconocimiento de las autoridades judiciales que intervinieron en
los procesos judiciales promovidos por Sandra Milena Atehortúa Tabares. También
argumentó que se cumplen los requisitos de subsidiariedad porque ya se
desplegaron todas las actuaciones procesales exigibles ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y no cuenta con un mecanismo judicial idóneo y eficaz
para la protección de sus derechos fundamentales y que cumple con la inmediatez
en tanto la acción se promovió en un término razonable desde la ejecutoria de la
sentencia cuestionada (providencia del 24 de abril de 2026, notificada el 27 del
mismo mes y año).

4 Id, folio 1.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

14. Aunado a lo expuesto en precedencia identificó las siguientes irregularidades
procesales decisivas en la vulneración de sus derechos fundamentales: (i) exceso
de ritualidad manifiesto por desviación del cauce procesal por adecuación de la
demanda primigenia de nulidad y restablecimiento de derecho a controversias
contractuales, en ese sentido consideró que dicha interpretación fue errónea y
desconoció la existencia del acto ficto sobre el cual se pidió la declaratoria de
nulidad; (ii) defecto fáctico porque se omitió una valoración integral, razonable y
contextualizada sobre el itinerario procesal -actuaciones adelantadas por la
demandante- previo a decidir sobre la prescripción de la acción judicial, puesto que
no se analizó de manera suficiente que la primera demanda fue presentada el 4 de
marzo de 2020, es decir, que la configuración del fenómeno procesal declarado en
la providencia cuestionada no acaeció por inactividad de la demandante; (iii) defecto
sustantivo por interpretación restrictiva y fragmentada de las pretensiones laborales
de la demandante que desarticuló sus derechos laborales sin tener en cuenta los
aportes a seguridad social a que tenía derecho Sandra Milena Atehortúa Tabares;
(iv) desconocimiento del precedente relativo a la imprescriptibilidad de los aportes
pensionales, aunque no hayan sido reclamados de manera individualizada en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (según el precedente invocado
en el recurso de apelación del proceso judicial 05001-33-33-037-2023-00266-00) y
(v) violación directa de la Constitución Política por privilegiar interpretaciones
jurídicas formalistas y ritualistas que desconocen la efectividad de garantías
sustanciales como el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva. Aunado a los demás derechos fundamentales alegados en las
pretensiones de amparo.

Trámite en primera instancia

15. Mediante auto del 28 de mayo de 20265, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular, en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso al Municipio de Amagá, al Juzgado
treinta y siete (37) Administrativo del Circuito de Medellín, al Ministerio Público y a
los demás intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado núm. 05001-33-33-037-2023-00266-01. También en atención
a lo solicitado en el escrito de la tutela ordenó la vinculación del Juzgado Veintidós
(22) Administrativo del Circuito de Medellín, así como a las Salas Primera y Séptima
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Intervenciones

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 señaló que se atiene a los
argumentos expuestos en la decisión cuestionada mediante la demanda de tutela y
aportó un hipervínculo que dirige al expediente electrónico del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001-33-33-037-2023-00266-01.

5 Índice 5 de Samai, archivo
“6_Autoqueadmite_2ADMITE20260407000SA_0_20260528180036081”.
6 Índice 12 de Samai, archivo “9_110010315000202604070002MemorialWeb20266333116”.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

17. Hirina del Rosario Meza Rhénals7 en su condición de magistrada de la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que en la acción
constitucional no se elevó ningún cuestionamiento en contra del despacho judicial
a su cargo. Agregó que las actuaciones referidas en los hechos de la demanda y
que guardan relación con el auto que declaró la caducidad de la acción bajo el medio
de control de controversias contractuales No. 05001-33-33-022-2022-00087-01 no
fueron objeto de cuestionamiento en las pretensiones de amparo.

18. El Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Medellín8 expresó que la
providencia judicial proferida el 28 de abril de 2025 no vulneró los derechos
fundamentales alegados por la accionante. Además, consideró que la discusión
planteada en la acción constitucional se centró en cuestionar las actuaciones
surtidas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 22 Administrativo
de Medellín, en atención a ello reiteró que no incurrió en ninguno de los defectos
alegados en la tutela.

19. El Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín9 se opuso a las
pretensiones de la acción constitucional. Al respecto, expuso que la providencia del
31 de enero de 2023 proferida por esa autoridad judicial que encontró configurada
la caducidad de la acción y rechazó la demanda presentada por Sandra Milena
Atehortúa Tabares tuvo en cuenta todos los elementos probatorios que obraban en
el expediente y fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Antioquia. En atención a ello solicitó negar los pedimentos de la acción de tutela.

CONSIDERACIONES
Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.

Problema jurídico y metodología de la decisión

21. Sandra Milena Atehortúa Tabares alegó que las autoridades judiciales
involucradas desviaron el cauce procesal del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho impetrado inicialmente contra el acto administrativo
ficto que negó el reconocimiento de sus derechos laborales, debido a la omisión en
la valoración integral de las pruebas y la interpretación restrictiva y fragmentada de
las pretensiones de la demandante. En atención a ello consideró que la sentencia

7 Índice 13 de Samai, archivo
“14_RECIBEMEMORIAL_Informetutela3junio2_1_20260603104905853”.
8 Índice 18 de Samai, archivo “20_110010315000202604070002MemorialWeb20266525115”.
9 Índice 11 de Samai, archivo
“13_RECIBEMEMORIAL_SNR2026EE1664771_1_20260602165041605”.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos

entre las secciones”.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

del 24 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión, incurrió en defectos fácticos y sustantivos, exceso de ritualidad
manifiesto, desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado e
infringió la Constitución Política.

22. Bajo ese contexto, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela
satisface el requisito general de relevancia constitucional, previsto en la
jurisprudencia para su admisión. Ello resulta necesario, en tanto en la presente
acción se cuestiona el criterio interpretativo aplicado en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo frente a la adecuación del medio de control en la
demanda instaurada por Sandra Milena Atehortúa Tabares, así como la supuesta
falta de valoración integral del material probatorio que, a su vez, conllevó la
expedición de la providencia cuestionada (sentencia del 24 de abril) que frustró de
manera definitiva el reconocimiento de derechos laborales de la demandante.

23. En caso de superar dicho examen preliminar, será indispensable estudiar si la
providencia cuestionada incurrió en los defectos invocados por la parte actora. Para
tal efecto, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico por omitir una valoración integral, razonable
y contextualizada del itinerario desplegado por la demandante para reclamar el
reconocimiento de sus derechos laborales?; (ii) ¿en las actuaciones judiciales
cuestionadas se configuró un exceso ritual manifiesto?; (iii) ¿se configuró un defecto
sustantivo por una interpretación restrictiva y fragmentada de las pretensiones
elevadas por Sandra Milena Atehortúa Tabares?; (iv) ¿la sentencia del 24 de abril
de 2026 desconoció un precedente jurisprudencial vinculante?; y (v) ¿se vulneraron
las garantías constitucionales de acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva?

24. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de
tutela, especialmente, por el requisito de relevancia constitucional; y (iii) el caso
concreto.

Generalidades de la acción de tutela

25. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los particulares en
los casos que señale la ley.

26. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado,

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de
esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La
procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la
autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”11.

27. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se requiere
que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir una amenaza o
vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por una acción o una
omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados, debe,
como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho vulnerador,
es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico susceptible de
amparo.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar
que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se amenazan o
vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte de autoridades
públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un mecanismo judicial
de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’ (se destaca) .

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

28. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200512,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

29. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar13: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela14, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional15 o el Consejo de Estado16,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-17; (iii) que se

11 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
12 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
13 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
14 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
16 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,

SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable18 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

30. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

31. La Corte Constitucional indicó19 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

32. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate20: (i) la deliberación debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

33. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez

18 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
20 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia21.

El requisito de inmediatez

34. El requisito de inmediatez en la acción de tutela no equivale la existencia de un
término de caducidad. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, este
mecanismo puede promoverse en cualquier tiempo. En la Sentencia SU-108 de
2018, la Corte Constitucional precisó que su ejercicio debe darse dentro de un plazo
razonable contado a partir del hecho que origina la presunta vulneración del derecho
fundamental. Cuando la tutela se dirige contra providencias judiciales, dicho término
se contabiliza desde la notificación de la decisión, por ser ese el momento en que
se entiende conocida por las partes. Así, la inmediatez no responde a un lapso fijo
y uniforme. En su lugar, este requisito constituye un juicio de razonabilidad que debe
atender las particularidades de cada asunto.

35. La Sentencia SU-210 de 2017 señaló que la inmediatez no puede reducirse a
un umbral temporal perentorio, pues su examen exige valorar las circunstancias
concretas de cada asunto, a fin de establecer si el lapso transcurrido resulta
compatible con la finalidad urgente de la tutela y con la preservación de la seguridad
jurídica y la cosa juzgada. Dicho juicio de razonabilidad se caracteriza por ser un
concepto normativo basado en un proceso evaluativo que se determina con la
identificación de las circunstancias relevantes y su ponderación de acuerdo con su
peso. Se trata de una relación de factores y enfoque plural, lo que por consecuencia
natural y obvia jamás se identifica con un plazo fijo ni con una deducción lógica.

36. A su vez La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
ha considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra
providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el
requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de
los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada 22.

Análisis del caso concreto

Legitimación en la causa por activa y pasiva

37. La señora Sandra Milena Atehortúa Tabares cuenta con legitimación en la causa
por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca por causa de la sentencia del 24 de abril de 2026 adoptada por
la autoridad judicial accionada y que puso fin al proceso. De igual manera, el
Tribunal Administrativo de Antioquía está legitimado por pasiva, en la medida en
que se le endilga la transgresión de las garantías constitucionales de la accionante.

Relevancia Constitucional

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
22 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

38. La Sala encuentra que algunos de los reproches formulados por la parte actora
en contra de la sentencia cuestionada23 no superan el requisito de relevancia
constitucional, porque no ponen de presente una afectación autónoma, directa y
grave de los derechos fundamentales alegados. En específico, se anuncia que (i) la
accionante no esbozó un argumento propio de un defecto sustantivo sino que
plasmó una inconformidad respecto del análisis de las pretensiones por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia al decidir la controversia; (ii) el alegado
desconocimiento del precedente no satisface la carga argumentativa mínima
exigida en estos asuntos y (iii) la supuesta vulneración de la Constitución se fundó
en alegaciones genéricas y dependiente de los demás yerros invocados. Las
premisas planteadas se desarrollarán, así:

39. En primera medida, se debe descartar el cargo frente al defecto sustantivo.
Sobre este punto la accionante no fundó el reproche en un yerro propio del referido
defecto -aplicación de una norma inexistente, inaplicable o en una interpretación
abiertamente irrazonable de amparo-, sino que alegó una supuesta interpretación
restrictiva y fragmentada de las pretensiones de la demanda. Al respecto, la Sala
constata que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación integral de
las pretensiones de la demanda, junto con los hechos probados y el precedente
jurisprudencial aplicable a la situación descrita con el fin de resolver el problema
jurídico del caso concreto (frente a la decisión confirmatoria sobre la configuración
de la prescripción de la acción), sin desconocer el marco jurídico que reguló la
controversia, ni desarticular los pedimentos de la demandante

40. En ese sentido, la Subsección no encuentra la existencia de un reproche
concreto y sustentado sobre las razones esbozadas en la providencia cuestionada.
Tampoco aportó argumentos de constitucionalidad respecto del juicio valorativo
realizado por el fallador, lo que permite evidenciar que, en realidad, lo que l
accionante pretende es que se vuelva a examinar su caso (en una instancia
adicional) para que se inaplique el término de prescripción de la acción que es una
figura jurídica procesal que no podía ser desconocida por el juez contencioso
administrativo.

41. En segunda medida, la Sala advierte que, aunque la accionante alegó el
desconocimiento del precedente que “reconoce la imprescriptibilidad de los aportes
pensionales y la necesidad de proteger materialmente los derechos derivados del
contrato realidad”, en la demanda de tutela no se identificó el referente
jurisprudencial que consideró vinculante para la resolución de la controversia y que
la autoridad judicial accionada hubiere omitido de manera irregular. Aunado a ello
se destaca que la sentencia cuestionada mediante esta acción constitucional se
fundó en la postura unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 25 de agosto de 2016, en la que se dispuso que la prescripción
extintiva no aplica frente a los aportes de pensión, tesis que se respetó por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 24 de abril de 2026,
cuestión diferente es que la demandante -Sandra Milena Atehortúa Tabares- no

23 Providencia del 24 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala

Sexta de Decisión, identificado con el número: 5001333303720230026600/01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

elevó pretensiones frente al reconocimiento y pago de los aportes al Sistema
General de Pensiones, el juez ordinario consideró que no podía pronunciarse sobre
ese asunto, so pena de vulnerar el principio de justicia rogada. En ese sentido, se
debe reiterar que la acción de tutela contra providencias judiciales exige una carga
mínima de sustentación respecto de los defectos que se invocan en la tutela, lo cual
no fue satisfecho en la presente acción constitucional en la que no se identificó
mínimamente el precedente que consideró vinculante, ni el yerro en los soportes
jurisprudenciales tenidos en cuenta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo al resolver la controversia.

42. En tercera medida, se debe descartar la supuesta vulneración directa de la
Constitución Política por privilegiar interpretaciones jurídicas formalistas y
ritualistas, debido a que, como se expuso previamente, la autoridad judicial
accionada fundó la providencia de 24 de abril de 2026 en las normas procesales
aplicables y al precedente jurisprudencial aplicable a la controversia, sin que la
accionante hubiere sustentado suficientemente las razones por las que considera
que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los preceptos constitucionales
alegados. En ese sentido, se debe reiterar que la acción de tutela contra
providencias judiciales exige una carga mínima de sustentación respecto de los
defectos que se invocan la tutela, lo cual no fue satisfecho en la presente acción
constitucional en la que no se sustentó mínimamente el supuesto desconocimiento
del precedente, ni el yerro en el examen de dicha providencia realizada por el juez
de lo contencioso administrativo al resolver la controversia.

43. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, se destaca que en criterio de esta
Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica que el accionante
identifique un derecho fundamental presuntamente afectado y acredite de manera
clara, específica y suficiente la forma en que la providencia judicial cuestionada
desconoce dicha garantía. El razonamiento jurídico requiere algo más que la simple
alegación de la transgresión de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar
con precisión la forma en que estos han sido afectados, lo que evita el uso de la
tutela como un mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las
providencias adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.

44. En este caso, resulta evidente que frente a los cargos sustentados en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y vulneración directa de la Constitución,
la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional porque fue
promovida con el propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-
administrativa, donde fueron ampliamente examinadas las pruebas que obraban en
el expediente y se adoptó una decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico
y el criterio interpretativo del juez natural de la controversia. Conviene recordar que
la acción constitucional no constituye un recurso alternativo frente a sentencias
desfavorables, especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un
análisis dentro del proceso ordinario

45. No obstante, la Sala destaca que los cargos de exceso de ritualidad manifiesto
y defecto fáctico sí cumplen con el requisito de relevancia constitucional. El primero
plantea una tensión constitucional real derivada del de la supuesta desviación del

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

cauce procesal del proceso ordinario y el segundo se sustentó en una discusión que
supera el debate eminentemente legal o económico porque cuestiona que la
valoración probatoria omitió el contexto procesal previo a decidir sobre la
configuración de la prescripción extintiva de los derechos del accionante. Así las
cosas, en atención la conexidad frente a las alegaciones de orden constitucional
(relacionadas con el trámite y el contexto en que se desarrolló el proceso 05001-33-
33-037-2023-00266-00/01) los cuestionamientos esbozados serán decididos de
manera conjunta en esta oportunidad.

Requisito de inmediatez

46. En este contexto, la Sala considera que el defecto por exceso ritual manifiesto
relacionado con la adecuación del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho a controversias contractuales, realizada en la providencia emitida
dentro del expediente número 05001-23-33-000-2020-00639-00, incumple el
requisito de inmediatez, dado que esta determinación se adoptó mediante auto del
7 de octubre de 2021, esto es, casi cuatro (4) años y siete (7) meses
aproximadamente con anterioridad a la presentación de la acción de tutela24.
Incluso, esta exigencia no se supera si se evalúa el plazo razonable a partir del auto
del 8 de febrero de 2022, que resolvió el recurso el recurso de reposición contra
dicha decisión25. Tampoco, se cumple ese requisito si analiza frente a la providencia
que declaró la caducidad del medio de control de controversias contractuales,
proferida el 28 de junio de 2023 y notificado el día siguiente, en el radicado 05001-
33-33-022-2022-00087-0026. Lo anterior, en razón a que transcurrió cerca de 2 años
y 11 meses entre el conocimiento de dicho proveído y la formulación de la solicitud
de amparo.

47. Conjuntamente, la justificación expuesta por la actora para explicar la tardanza
en la interposición de la acción de tutela no resulta aceptable, pues las decisiones
que estructuraron la inconformidad constitucional tuvieron carácter definitivo en
momentos procesales anteriores y autónomos27. En primer lugar, la decisión que
ordenó adecuar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de
controversias contractuales definió de manera concluyente el cauce procesal del
litigio; por tanto, si la actora estimaba que esa determinación configuraba un defecto
un exceso ritual manifiesto, debía cuestionarse oportunamente y no podía revivir el

24 La decisión se notificó a través del estado del 12 de octubre de 2021, ver Samai 9 en el expediente
05001-23-33-000-2020-00639-0012.
25 La decisión se notificó a través del estado del 9 de febrero de 2022, ver Samai 6 en el expediente
05001-23-33-000-2020-00639-0012, por lo que habrá pasado 4 años, 3 meses y 18 días de esa
fecha y la presentación de la acción de tutela el 27 de mayo de 2026.
26 Ver Samai 6 en el expediente 05001-33-33-022-2022-00087-01.
27 La Corte Constitucional ha admitido que, cuando la tutela se dirige contra decisiones preparatorias
o interlocutorias dictadas dentro de procesos ordinarios, la inmediatez no siempre se cuenta desde
la sentencia final, sino desde el momento en que la providencia cuestionada produce un efecto
procesal definitivo o cierra una etapa relevante del trámite. La regla aplicable es que la parte debe
acudir al amparo en un término razonable desde la decisión que consolida la afectación alegada, sin
esperar una providencia posterior para reabrir el plazo. En la Sentencia T-514 de 2025, la Corte
aplicó esa lógica al declarar improcedente una tutela contra providencias judiciales por
incumplimiento de los requisitos de inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional,
precisando que los reparos contra actuaciones procesales anteriores no pueden diferirse hasta una
decisión posterior cuando aquellas ya habían definido de manera autónoma la situación procesal
que se cuestiona.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

término de inmediatez con ocasión de una providencia posterior. En segundo lugar,
la decisión que rechazó la demanda por caducidad —y su confirmación— también
cerró definitivamente ese trámite bajo el medio de control de controversias
contractuales, de modo que cualquier reparo constitucional frente a esa conclusión
debía promoverse dentro de un plazo razonable contado desde dicha providencia.
En tercer lugar, aunque la sentencia que declaró la prescripción de los derechos
reclamados guarda relación material con las actuaciones anteriores, fue dictada
dentro de una cuerda procesal autónoma, correspondiente a una nueva demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que no tiene la virtualidad de reabrir
indefinidamente la oportunidad para controvertir decisiones previas, firmes y
autónomas.

48. En definitiva, la Sala no puede utilizar la sentencia del 24 de abril de 2026 como
punto de partida para reabrir el control constitucional de providencias autónomas
dictadas en el primer trámite judicial. La adecuación del medio de control, el rechazo
por caducidad y la confirmación de esa decisión produjeron efectos propios y
debieron ser cuestionados oportunamente. Admitir lo contrario permitiría reactivar,
a través de una nueva demanda, el término de inmediatez frente a decisiones
judiciales anteriores y firmes.

49. Por el contrario, se cumple el requisito mencionado respecto del reclamo de la
prescripción extintiva de los derechos laborales reclamados por la accionante, ya
que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión tomó esta
decisión en la Sentencia No. 145 del 24 de abril de 2026, notificada el 27 de ese
mes y anualidad, dentro del radicado 05001-33-33-037-2023-00266-00. La tutela se
presentó el 27 de mayo de 2026, por lo que transcurrieron 30 días entre la
notificación de la sentencia demandada y la interposición de la acción constitucional.

Defecto fáctico sobre la prescripción de los derechos laborales de la actora

50. En el caso concreto la accionante pretende discutir el conteo del término de
prescripción realizado por el juez contencioso administrativo en la providencia
judicial del 24 de abril de 2026 -cuestionada en esta acción constitucional-, para lo
cual se reprochó que la autoridad judicial omitió realizar una valoración probatoria
integral y de contexto frente a los hechos que motivaron la demanda instaurada por
Sandra Milena Atehortúa Tabares.

51. Al respecto, se tiene que en la sentencia del 24 de abril de 2026 tuvo como
sustento fáctico la existencia del contrato de prestación de servicios suscrito entre
Sandra Milena Atehortúa Tabares y el municipio de Amagá suscrito el 26 de
septiembre de 2016 y finalizado el 26 de diciembre de esa anualidad; la reclamación
administrativa presentada por Sandra Milena Atehortúa Tabares el 7 de noviembre
de 2018 en la que solicitó el reconocimiento de un contrato realidad y el pago o
reintegro de las prestaciones laborales derivadas de dicha relación laboral con la
que se interrumpió la prescripción de la acción judicial y la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta el 13 de octubre de 2023. Adicionalmente,
se puso de presente que según la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto
de 2016 por la Sección Segunda del Consejo de Estado los derechos pensionales

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

son imprescriptibles, pero no así las demás prestaciones sociales y salariales que
al ser pagadas una sola vez sí son susceptibles de fenómeno de prescripción por
tener el carácter de emolumentos económicos temporales.

52. A partir de los hitos temporales y los fundamentos jurisprudenciales descritos en
precedencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el caso concreto bajo
las siguientes consideraciones: (i) la necesidad de diferenciar los conceptos de
salario, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social; (ii) en virtud
del principio de justicia rogada el juez debe ceñir sus pronunciamientos a lo
solicitado en las pretensiones de la demanda, así como la demandante solicitó
expresamente el pago de salarios y prestaciones sociales, sin incluir los aportes al
sistema de seguridad social consideró que no es procedente abarcar un asunto que
no fue objeto de los pedimentos de la demanda; (iii) la relación contractual entre
Sandra Milena Atehortúa Tabares y el municipio de Amagá finalizó el 26 de
diciembre de 2016, el 7 de noviembre de 2018 se interrumpió el conteo de la
prescripción y el fenómeno procesal se configuró el 7 de noviembre de 2021 y, a
partir de ese momento, se inició nuevamente el término de 3 años de la prescripción;
sin embargo como la demanda se presentó el 13 de octubre de 2023 ya se había
configurado el fenómeno procesal extintivo de los derechos de la demandante.

53. Aunque la accionante afirma que la prescripción se configuró por las vicisitudes
del primer trámite judicial, la sentencia cuestionada no omitió valorar los elementos
temporales relevantes para resolver la prescripción dentro del segundo proceso. El
Tribunal tuvo en cuenta la finalización del vínculo contractual, la reclamación
administrativa del 7 de noviembre de 2018, la interrupción del término prescriptivo y
la presentación de la nueva demanda el 13 de octubre de 2023. A partir de esos
hitos, concluyó que las pretensiones salariales y prestacionales estaban prescritas,
salvo lo relativo a los aportes pensionales, por su carácter imprescriptible. Esa
conclusión puede ser objeto de discrepancia, pero no configura una omisión
probatoria ostensible, caprichosa o determinante que habilite la intervención del juez
de tutela.

54. Así las cosas, la Sala destaca que el defecto fáctico invocado debe ser resuelto
de manera desfavorable porque, aunque la accionante puso de presente un debate
de orden constitucional, realmente discutió los efectos jurídicos derivados del
trámite adelantado en el proceso ordinario y la conclusión a la que arribó el juez
natural frente a la prescripción extintiva frente a la pretensión de pago de salarios y
prestaciones sociales de Sandra Milnea Atehortúa Tabares, pero no puso de
presente, ni demostró la alegada omisión en la valoración probatoria en que
sustentó su reproche. Así frente al defecto fáctico por omisión de valoración integral
y contextualizada de las actuaciones realizadas por la accionante previo a definir
sobre la prescripción de los derechos laborales; se advierte que el accionante se
limitó a enunciar que la autoridad judicial accionada desconoció el contexto de la
demanda primigenia (proceso 05001-33-33-022-2022-00087-00/01); sin embargo
no sustentó cuál fue la omisión en valoración probatoria (pruebas) en que incurrió
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión en la sentencia del
24 de abril de 2026 y que definió el proceso 05001-33-33-037-2023-00266-00/01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

55. En ese orden de ideas, se concluye que la parte actora no demostró que la
sentencia del 24 de abril de 2026 hubiere incurrido en un defecto fáctico por omitir
una valoración integral, razonable y contextualizada del itinerario desplegado por la
demandante para reclamar el reconocimiento de sus derechos laborales.

56. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso solo
resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías esenciales,
como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la
publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el ejercicio de
la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo estudio,
toda vez que la parte accionante intervino de manera activa en el proceso ordinario,
ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En efecto, la
Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió la
controversia con respeto a las garantías procesales y constitucionales de los sujetos
procesales del litigio.

57. En esa misma lógica, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales
a la dignidad humana, seguridad jurídica, igualdad, trabajo, debido proceso,
seguridad social, mínimo vital, buena fe, confianza legítima, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y la garantía de prevalencia del
derecho sustancial sobre lo formal, debido a que la accionante dispuso de un acceso
real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente, así como a los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones adoptadas
dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que se le negó la posibilidad
de acudir al aparato judicial, que se hubiera obstaculizado el normal desarrollo del
trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades procesales para ejercer su
derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el expediente refleja que las
garantías propias del debido proceso fueron respetadas, lo cual descarta cualquier
afectación a la tutela judicial efectiva.

58. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
respecto de los cargos por defecto sustantivo, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución y exceso ritual manifiesto. Lo anterior, porque
tales reproches no satisfacen el requisito de relevancia constitucional y buscan que
el juez de tutela actúe como una instancia adicional frente a una controversia ya
definida por el juez natural.

59. De otra parte, la Sala negará las pretensiones de amparo frente al cargo por
defecto fáctico relacionado con la supuesta omisión de valorar el itinerario procesal
desplegado por la accionante que demostraban que sus derechos laborales no
habían prescrito. Aunque estos reproches plantean una tensión constitucional
susceptible de análisis, no se acreditó que la sentencia del 24 de abril de 2026
hubiera omitido valorar pruebas determinantes ni que el trámite judicial cuestionado
sacrificara de manera irrazonable el derecho sustancial de Sandra Milena Atehortúa
Tabares. Por el contrario, la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta los hitos
relevantes de la relación contractual, la reclamación administrativa, la interrupción
de la prescripción y la presentación de la demanda, y concluyó, dentro del margen
de interpretación propio del juez natural, que se había configurado la prescripción

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04070-00
Accionante: Sandra Milena Atehortúa Tabares
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

extintiva respecto de salarios y prestaciones sociales, sin perjuicio del carácter
imprescriptible de los aportes pensionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Sandra Milena Atehortúa Tabares, quien actúa a través de apoderado judicial, frente
a los defectos al desconocimiento del precedente, sustantivo, exceso ritual
manifiesto y la vulneración directa de la Constitución, por las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado frente al cargo por defecto fáctico
atribuido a la sentencia No. 145 del 24 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, relacionado con la declaratoria
de prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales reclamados.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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