Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04072-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04072-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04072-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04072-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionantes: FIDEL DE JESÚS LAVERDE FLÓREZ Y FRANCY
INDULEIDY LAVERDE GARCÍA
Autoridades: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. INMEDIATEZ-Su
desconocimiento desvirtúa el carácter de la acción. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL – Improcedencia de una
nueva tutela contra providencias judiciales previamente cuestionadas. TEMERIDAD Y COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL – Configuración por la presentación sucesiva de acciones de tutela dirigidas a cuestionar las
mismas decisiones judiciales.
La Sala procede a resolver la acción de tutela promovida por Fidel de Jesús Laverde
Flórez y Francy Induleidy Laverde García contra la sentencia del 8 de julio de 2024,
proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante la cual
se confirmó la decisión adoptada el 28 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca dentro del medio de control de reparación directa 1, así como contra el
auto interlocutorio del 30 de abril de 2026, por estimar que tales providencias vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 27 de mayo de 2026, Fidel de Jesús Laverde Flórez y Francy Induleidy Laverde García,
a través de apoderado judicial, formularon acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
1 Proceso identificado con radicado No. 76001-23-33-000-2018-00775-00.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral. Los hechos se
fundamentan con ocasión de las decisiones adoptadas dentro del medio de control de
reparación directa con radicación 76001-23-33-000-2018-00775-00, en el cual, en
primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró probada la
excepción de caducidad, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 8 de julio de
2024; adicionalmente, cuestionan el auto interlocutorio No. 161 del 30 de abril de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se rechazó
la solicitud de excepción de inconstitucionalidad presentada por la parte actora,
providencias que, según los accionantes, desconocen el precedente constitucional en
materia de flexibilización de la caducidad en casos de víctimas de desplazamiento
forzado.
En virtud del amparo, los accionantes solicitaron textualmente:
«Solicito a los Honorables Magistrados derogar la excepción de caducidad que fue
fallada por el Tribunal Superior del Valle y por el Honorable Consejo de Estado
ante los hechos expuestos en el escrito. Y reconocer las pretensiones de la
demanda».
2. Hechos relevantes
Fidel de Jesús Laverde Flórez se desempeñó como docente rural en distintas veredas
del antiguo territorio de la Comisaría del Guaviare desde mediados de la década de 1980.
Durante ese período desarrolló actividades comunitarias orientadas a mejorar las
condiciones de vida de los campesinos de la región, con las cuales gestionó ayudas
estatales, materiales de construcción y proyectos de infraestructura. Asimismo, adquirió
un patrimonio ganadero compuesto por aproximadamente treinta y cinco reses.
Según relata, el 29 de julio de 1989, cuando laboraba como docente en la vereda Los
Alpes (Bajo Guayabero), integrantes del Séptimo Frente de las FARC llegaron a la
escuela donde residía con su esposa e hija. El comandante guerrillero le manifestó que
la organización pretendía incorporarlo a sus filas debido a su liderazgo en la región. Ante
su negativa, le ordenó abandonar el territorio en un plazo de veinticuatro horas y le
advirtió que su ganado sería apropiado por la organización insurgente. Igualmente, lo
amenazó con asesinarlo junto con su familia si desobedecía la orden.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
Como consecuencia de estas amenazas, el actor afirma que se vio obligado a huir de la
región con su núcleo familiar y a abandonar sus bienes, su actividad económica y su
proyecto de vida. Sostienen que dicho desplazamiento forzado provocó la pérdida total
de su patrimonio y el desarraigo de su familia.
Tras abandonar el Guaviare, Laverde Flórez se dirigió inicialmente a Villavicencio, donde
informó de lo sucedido a autoridades militares. Posteriormente acudió al Ministerio de
Defensa, a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y a la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos. Por instrucción de estas entidades presentó
una denuncia sobre los hechos victimizantes y recibió una ayuda temporal de
subsistencia para él y su familia. Sin embargo, sostienen que el Estado no adelantó
actuaciones efectivas para recuperar sus bienes ni reparar los perjuicios ocasionados.
Paralelamente, inició múltiples gestiones para obtener su reubicación laboral como
docente, con el argumento de que el desplazamiento lo privó de su fuente de ingresos y
afectó gravemente la subsistencia de su núcleo familiar.
Los accionantes afirman que denunciaron los hechos desde 1989 y que posteriormente,
en 2009, al promover nuevas actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación, se les
informó que ya existía una investigación relacionada con los mismos acontecimientos. A
partir de ello sostienen que el Estado tuvo conocimiento oportuno de los hechos de
desplazamiento y despojo, pero no desarrolló investigaciones eficaces ni garantizó una
reparación integral.
Igualmente, destacan que tanto él como su hija fueron posteriormente reconocidos por la
Unidad para las Víctimas como afectados por hechos ocurridos en San José del Guaviare
en 1989 y beneficiarios de medidas de atención e indemnización administrativa.
En el año 2012 acudieron al mecanismo de extensión de jurisprudencia previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA con
el propósito de obtener el reconocimiento de su derecho a la reparación. La solicitud fue
conocida por el Consejo de Estado y resuelta desfavorablemente. Frente a esa decisión
promovió acciones de tutela que igualmente fueron negadas por las autoridades
judiciales competentes.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
Luego de las decisiones adversas obtenidas en sede de tutela, solicitó la revisión del
asunto por parte de la Corte Constitucional. Expone que la Corte profirió la sentencia
SU‑611 de 2017, mediante la cual se declaró inhibida para resolver de fondo y le indicó
que debía acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar la
reparación de los daños alegados.
A juicio del accionante, esta decisión generó una expectativa legítima de acceso a la
jurisdicción contenciosa y explica por qué no presentó antes la demanda de reparación
directa.
En atención a lo señalado por la Corte Constitucional, en 2018 presentó demanda de
reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dirigida a obtener
la reparación de los daños ocasionados por el desplazamiento forzado, el despojo de su
patrimonio y la supuesta omisión estatal en garantizar sus derechos. El proceso fue
asignado al magistrado Ronald Otto Cedeño Blume.
Mediante sentencia del 28 de abril de 2023, el tribunal declaró probada la excepción de
caducidad. Según el accionante, dicha decisión desconoció su condición de víctima de
desplazamiento forzado, las pruebas allegadas por la Unidad para las Víctimas y la
jurisprudencia constitucional que, en ciertos eventos, permite flexibilizar el examen de la
caducidad cuando se trata de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
La decisión fue apelada y conocida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo
de Estado. Mediante sentencia del 8 de julio de 2024 se confirmó la declaratoria de
caducidad decretada por el tribunal.
Para los accionantes, esta providencia incurrió en desconocimiento del precedente
constitucional y en defecto sustantivo, al no aplicar criterios jurisprudenciales que, según
su interpretación, exigen valorar las barreras materiales de acceso a la justicia de las
víctimas de desplazamiento forzado antes de declarar la caducidad de una acción
indemnizatoria.
Con posterioridad a las decisiones de mérito, promovió una solicitud de excepción de
inconstitucionalidad dirigida a cuestionar la aplicación de la caducidad en su caso
concreto. Expone que dicha petición permaneció sin decisión durante varios meses y
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
finalmente fue rechazada mediante auto interlocutorio No. 161 del 30 de abril de 2026,
notificado el 7 de mayo de 2026, sin que se hubiera dado el trámite que consideraba
procedente.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes sostienen que las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Consejo de Estado vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación
integral, al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa promovido
por hechos de desplazamiento forzado ocurridos en 1989.
Como causal específica de procedibilidad, alegan el desconocimiento del precedente
constitucional, pues consideran que las autoridades judiciales omitieron aplicar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que ordena flexibilizar el análisis de la caducidad
en asuntos relacionados con víctimas de desplazamiento forzado y graves violaciones de
derechos humanos, especialmente las providencias SU‑429 de 2024, SU‑254 de 2013,
T‑563 de 2011, T‑004 de 2025, T-025 de 2004, T-149 de 2023 y SU-611 de 2017.
Igualmente, afirman que se configuró un defecto sustantivo, al aplicarse de manera
estricta las normas sobre caducidad sin valorar su condición de víctimas, las barreras
reales de acceso a la justicia y los mandatos derivados del bloque de constitucionalidad
y de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
También sostienen que los jueces accionados desconocieron las pruebas relacionadas
con su reconocimiento como víctimas del conflicto armado y las actuaciones adelantadas
durante años para obtener reparación, circunstancias que, a su juicio, evidenciaban la
persistencia del daño y justificaban un examen constitucional más amplio del término de
caducidad.
Finalmente, cuestionan el rechazo de la solicitud de excepción de inconstitucionalidad
mediante el Auto 161 de 2026 y solicitan dejar sin efectos las decisiones que declararon
la caducidad de la acción de reparación directa, para que se estudien de fondo sus
pretensiones de reparación.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
4. Trámite procesal
El 30 de junio de 2026 se admitió la acción de tutela 2 y se ordenó su notificación a los
accionantes y a las autoridades accionadas, así como al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación
Nacional, a la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional, a la Nación–Ministerio de
Defensa–Policía Nacional, a la Nación–Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas y a la Gobernación del Guaviare como terceros
interesados. Igualmente, se solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, enviar copia digital del expediente
No. 76001-23-33-000-2018-00775-00, del proceso de reparación directa adelantado por
Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro.
La Nación – Ministerio de Educación Nacional, en su escrito de contestación 3, solicitó
su desvinculación de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que los hechos y pretensiones formulados por los accionantes se
dirigen exclusivamente contra providencias judiciales proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, respecto de las cuales dicha
cartera no tiene competencia, injerencia ni facultad de decisión. Asimismo, destacó la
autonomía e independencia de la Rama Judicial, y señaló que las decisiones judiciales
solo pueden ser adoptadas por los jueces competentes en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales. Finalmente, precisó que las competencias del Ministerio se
limitan a la formulación de políticas, regulación y vigilancia del sector educativo, sin
facultades para intervenir en controversias judiciales o resolver situaciones particulares
relacionadas con las pretensiones debatidas en este asunto; por ello, solicitó negar
cualquier pretensión en su contra y ordenar su desvinculación del trámite.
La Policía Nacional, a través de su Secretaría General, contestó 4 la tutela y solicitó
declarar improcedente el amparo al considerar que la tutela no satisface el requisito de
inmediatez, pues fue presentada en mayo de 2026 contra una sentencia del 8 de julio de
2024, notificada en agosto de ese mismo año, y dejó transcurrir más de un año y nueve
meses sin justificación. Asimismo, sostuvo que no se configuró vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, toda vez que los accionantes tuvieron acceso a la
2 SAMAI, índice 6.
3 SAMAI, índice 17.
4 SAMAI, índice 19.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
jurisdicción contencioso-administrativa y sus pretensiones fueron analizadas por los
jueces naturales del asunto. De igual manera, defendió la legalidad de las decisiones
adoptadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, y
resaltó que la acción de reparación directa fue presentada por fuera del término legal de
caducidad, el cual venció el 24 de abril de 2016, mientras que la demanda se radicó el
18 de julio de 2018, sin que se acreditaran circunstancias que impidieran ejercer
oportunamente el derecho de acción. Finalmente, señaló que no existe perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la tutela y que esta no puede
utilizarse para reabrir debates judiciales ya resueltos ni para revivir términos procesales
fenecidos.
La Gobernación del Guaviare, en su escrito de contestación 5 , solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y desvincular a la entidad por falta de legitimación en la
causa por pasiva. Señaló que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la
tutela contra providencias judiciales no puede emplearse para reabrir debates jurídicos
ya resueltos por los jueces naturales ni para cuestionar nuevamente decisiones
adoptadas dentro del medio de control de reparación directa, salvo que se acredite una
vulneración manifiesta de derechos fundamentales. En ese sentido, sostuvo que la
controversia planteada por los accionantes se dirige contra las decisiones proferidas por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado respecto de la
declaratoria de caducidad, frente a las cuales la Gobernación carece de competencia
para modificarlas, dejarlas sin efectos o sustituir a las autoridades judiciales. Por ello,
afirmó que la entidad territorial no tiene participación en los hechos que se reprochan ni
facultades para satisfacer las pretensiones de la parte actora, razón por la cual solicitó
que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contestó 6 la tutela y
solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela y, subsidiariamente, la
declaratoria de improcedencia o la negativa de las pretensiones. Señaló que la
controversia planteada por los accionantes se dirige exclusivamente contra las
providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de
Estado, mediante las cuales se declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa y se rechazó la solicitud de excepción de inconstitucionalidad, decisiones frente a
5 SAMAI, índice 20.
6 SAMAI, índice 21.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
las cuales la entidad carece de competencia funcional para intervenir, modificarlas o
dejarlas sin efectos. En tal sentido, sostuvo que no existe acción u omisión atribuible a la
Presidencia que pueda considerarse vulneradora de los derechos fundamentales
invocados, por lo que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva.
Asimismo, destacó que la autonomía e independencia judicial, derivadas del principio de
separación de poderes, impiden cualquier injerencia del Ejecutivo en las decisiones
adoptadas por los jueces de la República. Por ello, afirmó que las pretensiones deben
dirigirse exclusivamente frente a las autoridades judiciales que profirieron las
providencias cuestionadas y no contra la Presidencia de la República.
El Ministerio del Interior, en su escrito de contestación 7, solicitó su desvinculación de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados no proviene de actuaciones de esa
cartera sino de las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Consejo de Estado, que declararon la caducidad del medio de control de
reparación directa y rechazaron la solicitud de excepción de inconstitucionalidad. En tal
sentido, sostuvo que no tuvo participación en dichas decisiones, carece de competencia
para intervenir en ellas y no ha incurrido en acción u omisión alguna que pueda
considerarse vulneradora de los derechos alegados. Por ello, solicitó declarar la falta de
legitimación material en la causa por pasiva, desvincular al Ministerio del trámite y negar
cualquier pretensión formulada en su contra.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contestó 8 y solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y desvincular a la entidad del trámite, al
considerar que no tiene relación con las providencias judiciales cuestionadas ni ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Señaló que la
controversia surge de las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa,
frente a las cuales la Unidad carece de competencia e injerencia. Asimismo, sostuvo que
la tutela no puede emplearse para reabrir debates judiciales ya decididos ni para
controvertir providencias amparadas por los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, y advirtió que tampoco se satisface el requisito de inmediatez. Finalmente, alegó
7 SAMAI, índice 26.
8 SAMAI, índice 28.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe acción u omisión
atribuible a la entidad que haya generado la vulneración alegada.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 28 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, confirmada mediante sentencia del 8 de julio
de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, así como el auto
interlocutorio 161 del 30 de abril de 2026, vulneraron los derechos al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de los
accionantes al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa
promovido con ocasión de los hechos de desplazamiento forzado denunciados; o si, por
el contrario, las decisiones judiciales cuestionadas constituyen el ejercicio legítimo de la
función jurisdiccional y la acción de tutela pretende reabrir una controversia jurídica ya
resuelta por los jueces naturales del proceso.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 9 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
9 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; y vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela10.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Cosa juzgada constitucional
La cosa juzgada constitucional constituye una institución orientada a garantizar los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia de las decisiones judiciales y
respeto por la autonomía judicial. En materia de tutela, busca evitar que controversias ya
definidas por el juez constitucional puedan ser reabiertas indefinidamente mediante la
presentación sucesiva de nuevas solicitudes de amparo con identidad de partes, hechos
y pretensiones.
La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la cosa juzgada
constitucional se configura cuando existe una decisión previa de tutela ejecutoriada y
concurren los elementos de identidad de partes, identidad de objeto e identidad de causa
petendi. Al respecto, la SU-027 de 2021 precisó que la identidad de partes se refiere a
los mismos sujetos jurídicos involucrados; la identidad de objeto implica que se persiga
la misma pretensión material; y la identidad de causa supone que las solicitudes se
fundamenten en los mismos hechos que dieron origen al litigio ya decidido. Asimismo, la
SU-191 de 2022 reiteró que un fallo de tutela adquiere fuerza de cosa juzgada
constitucional cuando la Corte Constitucional decide excluirlo de revisión o cuando,
habiendo sido seleccionado, queda ejecutoriada la decisión correspondiente 11.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
11 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-191 de 2022. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
De igual manera, la Corte Constitucional, en las sentencias C-774 de 2001 y C-522 de
2009, destacó que la cosa juzgada otorga a las providencias judiciales carácter inmutable,
vinculante y definitivo, de manera que las controversias decididas no puedan ser
nuevamente debatidas entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, con lo cual se
garantiza la certeza jurídica y la estabilidad del ordenamiento. Conforme a dicha línea
jurisprudencial, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo para replantear
indefinidamente asuntos que ya fueron objeto de control constitucional 12.
Temeridad
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone que cuando, de manera injustificada, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varias autoridades judiciales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes. Según la jurisprudencia constitucional, la temeridad se configura cuando: (i)
se presenta una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela de manera
simultánea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes,
se plantean los mismos hechos y la misma solicitud; (ii) que el caso no sea uno de
aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuación temeraria,
de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia y (iii) que en caso
de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad «a partir de un desarrollo argumentativo diferente» el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se
sustentan en las mismas razones y solicitud 13.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de derechos
fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige contra una
providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los seis meses siguientes
a la notificación de la providencia que se impugna en tutela 14.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. y Corte Constitucional. Sentencia C-522
de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-027 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
Por lo anterior, a partir de una ponderación entre la prohibición de caducidad y la
naturaleza de la acción, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente 15 . No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al
juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso
concreto, lo que constituye un término razonable. Esto implica que la acción de tutela no
puede ser rechazada con fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez
estudiar las circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término para
interponerla16.
La jurisprudencia 17 ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con:
(I) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve. A modo
enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que tal exigencia podría ser
desproporcionada cuando el peticionario se encuentre en “estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad [o] incapacidad física” 18.
(II) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de
vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales 19. En estos casos,
para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el
momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó.
(III) La naturaleza de la vulneración: existen casos en los que se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de
los derechos de los interesados 20. De acuerdo con este criterio, el juez debe
analizar si la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la
situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario.
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
(IV) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la
actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la
tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha
sostenido que “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los
casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de
su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente” 21.
(V) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un
motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe
tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se
declarara procedente, pues tales terceros tienen una expectativa legítima a que
se proteja su seguridad jurídica22.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que cuando la tutela se dirige contra
una providencia judicial, existe una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez,
el cual garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al
respecto, indicó que:
El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá interponerse
en todo momento y lugar”’. La Corte Constitucional ha entendido que por esa razón no
es posible establecer un término de caducidad de la acción de tutela, pues ello sería
contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo anterior no debe entenderse
como una facultad para presentar la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello
sería contrario a la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida como un
remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los
derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término razonable,
pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas estrictas e
21 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de
tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en cada
caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se relacionan
con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se produce la
vulneración, (iii)la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la tutela y (v) la
actuación contra la que se dirige la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneradora
de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis
debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al
respecto, ha sostenido que el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en
los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su
cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las
decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente […]»23.
(Negrilla fuera de texto).
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional 24: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada; y iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
23 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-391de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Con fundamento en los anteriores parámetros, la Sala procede a verificar si la demanda
de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional.
Caso concreto
El 27 de mayo de 2026, los señores Fidel de Jesús Laverde Flórez y Francy Induleidy
Laverde García, por conducto de apoderado judicial, promovieron acción de tutela contra
la sentencia del 8 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B, que confirmó la sentencia del 28 de abril de 2023 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de reparación directa
radicado No. 76001-23-33-000-2018-00775-00, así como contra el auto interlocutorio No.
161 del 30 de abril de 2026, mediante el cual se rechazó la solicitud de excepción de
inconstitucionalidad formulada por los accionantes.
Sustentaron su solicitud en que las sentencias cuestionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y a la reparación integral, al declarar la caducidad del medio de control de reparación
directa promovido con fundamento en los hechos de desplazamiento forzado y despojo
sufridos por su núcleo familiar en 1989.
Alegaron que las autoridades judiciales incurrieron en desconocimiento del precedente
constitucional y en un defecto sustantivo, al aplicar de manera estricta las reglas de
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
caducidad sin valorar su condición de víctimas del conflicto armado ni los criterios fijados
por la Corte Constitucional para la protección reforzada de las víctimas de
desplazamiento forzado. En particular, sostuvieron que se desconocieron precedentes
como las providencias SU-429 de 2024, SU-254 de 2013, T-563 de 2011 y T-004 de
2025, que exigen analizar las barreras reales de acceso a la justicia y flexibilizar el
examen de caducidad cuando están comprometidos derechos de víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, afirmaron que las providencias cuestionadas omitieron valorar
adecuadamente elementos como su reconocimiento en el Registro Único de Víctimas,
las ayudas e indemnizaciones administrativas otorgadas y las múltiples actuaciones
judiciales y administrativas que adelantaron durante años para obtener reparación,
circunstancias que, en su criterio, evidenciaban la persistencia del daño y la necesidad
de realizar un análisis constitucional más amplio sobre la oportunidad para ejercer la
acción indemnizatoria.
En consecuencia, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados, dejar
sin efectos las providencias que declararon la caducidad del medio de control de
reparación directa y rechazaron la excepción de inconstitucionalidad, y ordenar la
adopción de una nueva decisión en la que se analice el caso conforme al precedente
constitucional aplicable a las víctimas de desplazamiento forzado y graves vulneraciones
de derechos humanos.
Al descender al asunto objeto de estudio, la Sala advierte que la inconformidad de los
accionantes se fundamenta principalmente en el supuesto desconocimiento del
precedente constitucional y en la presunta configuración de un defecto sustantivo por
parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo de Estado, al declarar
la caducidad del medio de control de reparación directa. Sin embargo, tales aspectos
fueron objeto de análisis expreso dentro del proceso ordinario, en el que las autoridades
judiciales examinaron la oportunidad de la demanda a la luz de las circunstancias
particulares del caso y de la jurisprudencia aplicable.
En efecto, las providencias cuestionadas concluyeron que la demanda de reparación
directa fue presentada por fuera del término legal, pues aun tomando como punto de
partida la ejecutoria de la decisión que puso fin al trámite de extensión de jurisprudencia
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
promovido por los demandantes, la demanda fue radicada el 18 de julio de 2018, cuando
ya había vencido el plazo de dos años para acudir a la jurisdicción. Igualmente, las
autoridades judiciales consideraron que no se acreditaron circunstancias que hubieran
impedido materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción ni elementos que
justificaran apartarse de las reglas que gobiernan la caducidad del medio de control.
Con fundamento en ello, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probada
la excepción de caducidad y el Consejo de Estado confirmó dicha determinación, y
concluyó que no era jurídicamente posible pronunciarse sobre el fondo de las
pretensiones indemnizatorias formuladas por los demandantes. Posteriormente,
mediante el auto interlocutorio 161 del 30 de abril de 2026 se rechazó la solicitud de
excepción de inconstitucionalidad promovida por la parte actora dentro de ese mismo
trámite.
En particular, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B sostuvo:
«8) De modo que en este caso el término para formular las pretensiones de
reparación directa debe contabilizarse, en principio, a partir del 23 de mayo de
2013 -día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013- por ser esta
fecha más favorable a los demandantes, empero, como las víctimas directas
interpusieron una petición de extensión de jurisprudencia en relación con los
precisos hechos objeto de este proceso antes de la expedición de esa providencia
y dicha solicitud fue resuelta por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en audiencia de alegaciones de 23 de abril de 2014 (fls. 39 a
41 cdno. ppal. no. 1), esto es, con posterioridad a la fecha de ejecutoria de la
providencia en mención, el término de dos (2) años establecido para la
presentación de la demanda debe computarse una vez ejecutoriada la providencia
que negó dicha petición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1029 y
269 del CPACA sin la modificación incluida por la Ley 2080 de 2021.
9) En ese contexto, como la providencia quedó ejecutoriada en la audiencia de 23
de abril de 2014 en atención a lo previsto en el artículo 302 del CGP y, además,
en atención a que no se demostró alguna situación o circunstancia de
imposibilidad material para acceder a la administración de justicia, el término para
presentar la demanda corrió entre el 24 de abril de 2014 y el 24 de abril de 2016;
toda vez que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 3 de agosto de
2011 y la demanda se formuló el 18 de julio de 2018 es palmario que fue
presentada por fuera del término de dos (2) años previsto para el efecto; en
consecuencia, se confirmará la decisión apelada que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido con la
demanda.
10) De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis compagina con
los criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
29 de enero de 2020 para el análisis de la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, postulados que fueron
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
acogidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-312 de 2020 con la
aclaración de que el juez contencioso administrativo debe analizar las
particularidades de cada asunto en concreto, y que la desestimación del medio de
control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías.
11) La Corte reiteró esa postura recientemente en sentencia SU-167 de 2023 y
agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite
para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y
posibilidades procesales que este contiene”; esta Sala no encuentra necesario
readecuar el trámite en el caso concreto debido a que las particularidades del
mismo no permiten avizorar que ello pueda dar lugar a un cambio en el sentido de
esta decisión, pues, de lo acreditado en el proceso y asegurado en la demanda
hay absoluta certeza de que desde el conocimiento del hecho dañoso y de la
supuesta participación del Estado operó la caducidad y no hay ningún elemento
probatorio que permita inferir que los demandantes estuvieron impedidos para
ejercer el derecho de acción y, en todo caso, la sentencia de primera instancia en
el asunto de la referencia se profirió con posterioridad a la expedición de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, razón por la cual en el recurso
de apelación pudieron haber solicitado la aplicación de la regla de unificación»25.
En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por los accionantes corresponde a un
mero desacuerdo con las decisiones del proceso en cuestión, en tanto pretenden que el
juez constitucional imponga una determinada forma de analizar las pruebas y las normas
aplicables al caso.
La invocación de la SU‑429 de 2024 no resulta suficiente para desvirtuar las conclusiones
alcanzadas por los jueces naturales del proceso, pues, contrario a lo sostenido por los
accionantes, las providencias cuestionadas verificaron si existían circunstancias que
justificaran flexibilizar el cómputo de la caducidad. De hecho, el Consejo de Estado
examinó expresamente la jurisprudencia de unificación aplicable en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado por graves vulneraciones a los derechos humanos
y concluyó que no existía prueba alguna que permitiera inferir una imposibilidad material
para el ejercicio oportuno del derecho de acción. Asimismo, estableció que los
demandantes conocían desde tiempo atrás tanto el hecho dañoso como la eventual
participación estatal en su producción, razón por la cual consideró configurado el
fenómeno de la caducidad. En esas condiciones, la tutela no evidencia un
desconocimiento del precedente constitucional sino una discrepancia de los accionantes
con la valoración jurídica efectuada por las autoridades judiciales acerca de los
25 SAMAI índice 20 del medio de control de reparación directa. Proceso identificado con radicado No. 76001-23-33-
000-2018-00775-01.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
presupuestos fácticos que, de manera excepcional, permiten flexibilizar los términos
procesales, cuestión que escapa al ámbito propio del amparo constitucional.
Ahora bien, en lo que respecta al auto interlocutorio No. 161 del 30 de abril de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Sala advierte que la
censura formulada tampoco satisface el requisito de relevancia constitucional. En efecto,
mediante dicho proveído el tribunal se limitó a rechazar por improcedente la solicitud que
la parte actora denominó “Demanda de inconstitucionalidad ante el Juez de Origen del
Proceso”, con la cual pretendía que, en aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, se inaplicara la caducidad declarada y se anulara lo actuado dentro
del proceso de reparación directa. Para el efecto, la colegiatura explicó que el debate
procesal ya se encontraba definido mediante sentencias en firme de primera y segunda
instancia, y que las causales de nulidad previstas en los artículos 208 y 209 del CPACA,
con remisión al artículo 133 del CGP, son taxativas, sin que ninguna se configurara en el
asunto.
De lo expuesto se desprende que el reproche dirigido contra esa decisión no comporta
un juicio de validez constitucional, sino la discusión sobre la procedencia de una solicitud
formulada con posterioridad a la ejecutoria de las providencias que definieron el litigio,
asunto de naturaleza eminentemente legal y procesal cuya resolución corresponde al
juez natural del proceso. A ello se suma que el cuestionamiento carece de autonomía
frente al reproche formulado contra las sentencias que declararon la caducidad, pues su
finalidad última es la misma, esto es, obtener que se deje sin efectos esa declaratoria y
se estudien de fondo las pretensiones indemnizatorias. Admitir el examen constitucional
de ese proveído implicaría habilitar, por vía indirecta, la reapertura de un debate que ya
fue resuelto por el juez natural.
En cuanto al requisito de inmediatez, la Sala observa que la principal decisión
cuestionada corresponde a la sentencia del 8 de julio de 2024 proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, frente a la cual la presente acción de
tutela fue promovida veintidós meses después de su notificación y ejecutoria. Aunque los
accionantes también controvierten el auto interlocutorio No. 161 del 30 de abril de 2026,
dicha actuación no reabre o extiende indefinidamente el término para cuestionar en sede
constitucional la providencia que definió de manera definitiva el litigio.
20
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
Lo anterior guarda relación con que, para la fecha en que se profirió el referido auto
interlocutorio, la sentencia del 8 de julio de 2024 ya se encontraba ejecutoriada y había
producido plenamente sus efectos jurídicos, de modo que la solicitud posterior de
excepción de inconstitucionalidad no suspendió, interrumpió ni renovó el término para
acudir a la acción de tutela contra aquella decisión. Admitir lo contrario supondría
desconocer la exigencia de inmediatez que caracteriza este mecanismo excepcional y
permitir que actuaciones posteriores promovidas por las partes reabran indefinidamente
la posibilidad de cuestionar providencias judiciales ejecutoriadas.
Adicionalmente, la Sala advierte que respecto de la sentencia del 8 de julio de 2024 ya
se promovió una acción de tutela que fue tramitada por el Consejo de Estado.26 Según
se dejó consignado en el auto interlocutorio No. 161 del 30 de abril de 2026, en dicho
trámite, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024 se declaró improcedente la
solicitud de amparo y, posteriormente, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024,
se confirmó dicha decisión al resolver la impugnación presentada por la parte actora.
En estas condiciones, la Sala encuentra configurada la cosa juzgada constitucional, toda
vez que la providencia judicial ahora cuestionada ya fue sometida al escrutinio del juez
de tutela y obtuvo una decisión definitiva dentro de un trámite constitucional anterior. De
igual manera, se observa que la presente solicitud reproduce sustancialmente los mismos
hechos, pretensiones y fundamentos dirigidos a cuestionar la declaratoria de caducidad
adoptada dentro del proceso de reparación directa, por lo que concurren los elementos
que la jurisprudencia constitucional ha identificado para la configuración de la temeridad.
No obstante, la Sala no impondrá sanción alguna a los accionantes ni a su apoderado,
en tanto no se advierte prima facie una actuación dolosa o de mala fe encaminada a
defraudar la administración de justicia, sino la persistencia en la búsqueda de la
protección de los derechos que consideran vulnerados a partir de actuaciones procesales
posteriores, circunstancia que, aunque insuficiente para habilitar un nuevo
pronunciamiento constitucional, impide atribuir una intención fraudulenta merecedora de
reproche sancionatorio.
La controversia planteada no pone en evidencia una afectación directa de derechos
fundamentales y revela una inconformidad de los accionantes con el sentido de la
26 Acción de tutela. Proceso identificado con radicado No. 11001-03-15-000-2024-04568-00/01
21
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
decisión adoptada y con la interpretación judicial del precedente aplicable, lo cual resulta
insuficiente para habilitar la intervención del juez de tutela como instancia adicional de
revisión. La tutela no constituye una tercera instancia ni un instrumento para desconocer
la autonomía e independencia judicial.
Finalmente, aunque en el escrito de tutela se menciona como accionante a María Dignora
García Tabares (Q.E.P.D.), quien aparece relacionada en la referencia de la demanda e
incluso figura como suscriptora del memorial presentado por conducto de apoderado, la
Sala advierte que no es posible reconocer personería al abogado para actuar en su
nombre. En efecto, conforme se dejó consignado en el auto admisorio de la acción27, el
reconocimiento de personería se efectuó únicamente respecto de Fidel de Jesús Laverde
Flórez y Francy Induleidy Laverde García, quienes acreditaron su condición de
accionantes dentro del presente trámite. Adicionalmente, la circunstancia de que la
señora María Dignora García Tabares hubiese fallecido con anterioridad a la
presentación de la acción impide considerarla válidamente como parte procesal en este
asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Fidel de Jesús
Laverde Flórez y Francy Induleidy Laverde García contra la sentencia del 28 de abril de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la sentencia del 8 de
julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, así
como el auto interlocutorio No. 161 del 30 de abril de 2026, por las razones expuestas en
esta providencia
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
27 SAMAI índice 6.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04072-00
Accionante: Fidel de Jesús Laverde Flórez y otro
Acción de tutela–Primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.