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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04074-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04074-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa del abogado Álvaro Antonio Ramírez Tobón para intervenir en este trámite. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el municipio de Caicedonia, conforme a lo razonado en la parte motiva. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04074-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04074-00
Accionante: MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia judicial / Improcedente por falta de subsidiariedad, el
proceso en el marco del que se dictó la sentencia que se cuestiona sigue en curso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se declara improcedente la solicitud de amparo, pues el proceso ordinario en
el marco del que se dictó la providencia que se cuestiona sigue en curso. La
autoridad judicial accionada corrió traslado de los recursos formulados contra la
providencia que adicionó la sentencia, pero no los ha resuelto.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 27 de mayo de 2026, el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca)
presentó demanda de tutela para la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Atribuyó la vulneración
a la sentencia del 13 de febrero de 2026, proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de reparación directa
con radicado 76147-3333-001-2013-00513-01.

Hechos relevantes

3. La señora Diana María Bedoya Maya, en nombre propio y en representación
de su hijo menor edad, demandó al municipio de Caicedonia y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (en adelante, CVC)1 por la ocupación
permanente de fracciones de un predio de su propiedad.

4. La CVC y el municipio de Caicedonia suscribieron un convenio
interadministrativo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas

1 Al proceso también se vinculó a la Previsora S.A. Compañía de Seguros (llamada en garantía) y al
Consorcio PTAR Caicedonia 2007 (litisconsorte necesario).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04074-00
Accionante: Municipio de Caicedonia

residuales domésticas. En desarrollo de dicho convenio, el ente territorial celebró el
Contrato de Obra Pública 15 con el Consorcio PTAR Caicedonia 2007.

5. La obra se ejecutó sobre fracciones del predio de los demandantes, que, para
la fecha de terminación —julio de 2011—, se clasificó como suelo rural. En Acuerdo
Municipal 011 del 26 de agosto de 2015, el predio fue incorporado al suelo urbano
del municipio.

6. Al expediente se incorporaron varios avalúos que contienen diferencias
significativas en cuanto a valores, área afectada y clasificación de áreas de ladera
o semiladera.

7. En sentencia del 23 de julio de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartago condenó al municipio de Caicedonia a pagar a favor de los demandantes
$50.631.486, por concepto de daño emergente y negó las demás pretensiones de
la demanda. Para determinar el monto de la condena, acogió las conclusiones del
dictamen del perito Gustavo Osorio Peláez, pues se elaboró en atención a la
clasificación del suelo para la época de la ejecución y finalización de la obra.

8. La parte demandante presentó recurso de apelación. Solicitó extensión de la
condena al Consorcio PTAR Caicedonia 2007, a la CVC y a la aseguradora llamada
en garantía. Se opuso a las conclusiones del juez de primera instancia sobre el
mérito probatorio del dictamen que acogió, pues tampoco se elaboró al momento
de la ocupación, que empezó antes de 2009. Pidió el reconocimiento de los
perjuicios morales y por daño a la vida en relación y aclaración de que el título
traslaticio de dominio no operó como enajenación, sino como gravamen.

9. En sentencia del 13 de febrero de 2026, la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que el daño es imputable al
municipio y a la CVC en porcentajes equivalentes al 90% y al 10%, respectivamente,
conforme se desprende de sus obligaciones contractuales de constitución de
servidumbres de servicios públicos e interventoría. La responsabilidad no se
extiende a la aseguradora, porque la póliza cubría riesgos derivados de
responsabilidad extracontractual y la condena impuesta deviene de un
incumplimiento contractual.

10. El Tribunal tuvo como criterio para la valoración de los avalúos incorporados
al expediente la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
y, a partir de ello, acogió parcial y respectivamente las conclusiones de los
dictámenes rendidos por los peritos Gustavo Osorio y Humberto Zuluaga, en lo
relativo al valor del suelo y al área aproximada de ocupación de la servidumbre.

11. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia para distribuir
los porcentajes de responsabilidad, incrementar el monto de la condena, ordenar el
levantamiento topográfico para fijar las áreas y linderos y que se profiera el acto
administrativo que determine las áreas de servidumbre que «entrarán a formar parte
del municipio de Caicedonia».

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Accionante: Municipio de Caicedonia

Pretensiones

12. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin
efectos la providencia 13 de febrero de 2026 y ordenar al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que dicte una decisión de reemplazo que confirme la sentencia
de primera instancia, a partir de una valoración probatoria integral.

13. Por solicitud de la parte demandante, el 5 de junio de 2026, el Tribunal
adicionó el ordinal tercero de la sentencia en el sentido de fijar el monto de la
condena en costas y agencias en derecho. Contra esa decisión, la CVC y la parte
demandante interpusieron recursos de reposición que aún no se resuelven.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La sentencia que se cuestiona adolece de defecto fáctico, al acoger
parcialmente el dictamen del ingeniero Humberto Zuluaga para determinar las áreas
afectadas, pese a que dicho avalúo tuvo como fundamento la clasificación de suelo
urbano en un momento posterior a la ocupación cuando el predio era rural.

15. La sentencia reconoce que el daño se estructuró al momento de la ocupación
y que la indemnización debía corresponder a las condiciones del predio para esa
época. Sin embargo, determinó el área afectada con fundamento en un dictamen
que tuvo como referencia la clasificación del suelo para 2015.

16. El Tribunal desestimó injustificadamente dictamen del perito Gustavo Osorio
en cuanto a la determinación del área afectada, pese a que fue el único avalúo que
«se aproximó metodológicamente a las condiciones del predio para la época de los
hechos». La apreciación fragmentada de los dictámenes periciales para llegar a
conclusiones favorables de cada uno, sin atender a su integridad metodológica,
configura una valoración probatoria deficiente.

17. La indemnización reconocida es desproporcionada en relación con el valor
fijado en el dictamen elaborado por el perito Osorio.

18. La sentencia adolece de defecto material o sustantivo, por indebida
aplicación del artículo 1° de la Resolución 620 del IGAC, pues, pese a reconocer
que el método para determinar del valor del área afectada era el de comparación o
de mercado, acogió la delimitación de las áreas del dictamen del perito Zuluaga que
aplicó un método residual.

19. Se afectó su garantía constitucional de no reforma en peor, porque se
incrementó el monto de la condena en su contra, a pesar de que no apeló la decisión
de primera instancia.

20. No existió debate probatorio respecto el factor de actualización que aplicó la
autoridad judicial accionada para indexar la condena —137.5%—. Además, en la
sentencia no se citó la fuente oficial de los índices que se emplearon para ese
efecto.

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Accionante: Municipio de Caicedonia

Trámite en primera instancia

21. Mediante auto del 28 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y vinculó a los terceros con interés.

22. Solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca copia del expediente
del proceso de reparación directa con radicado 76147-33-33-001-2013-00513-
00/01.

Intervenciones

23. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca2 alegó que el asunto no satisface el requisito de relevancia constitucional,
pues la accionante pretende reabrir un debate que ya fue definido en el proceso
ordinario. En todo caso, la decisión no adolece de los defectos que se le atribuyen,
pues el incremento de la condena obedece a la valoración de las pruebas y a la
actualización de las sumas reconocidas.

24. La Previsora S.A. Compañía de Seguros3 pidió que se declare
improcedente la tutela, porque la accionante no agotó el recurso extraordinario de
revisión. No se configuran los requisitos generales y especiales de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales. La demandante no cuestiona la decisión
en lo que concierne a la falta de cobertura del siniestro.

25. El abogado Álvaro Antonio Ramírez Tobón4, quien manifestó actuar como
apoderado de la parte demandante en el proceso ordinario, informó que la sentencia
cuestionada no está en firme, pues está pendiente por resolver una nulidad por
indebida notificación de la sentencia y una solicitud de complementación por la
condena de intereses.

26. Por otra parte, se opuso a las pretensiones de la tutela, pues la valoración
probatoria de los avalúos fue acertada. Sin embargo, la sentencia vulnera sus
derechos fundamentales, pues la condena debió ser solidaria y, además, la se
excluyó de responsabilidad a la aseguradora, pese a que la naturaleza de la
controversia era extracontractual.

27. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5 allegó
copia digitalizada del expediente objeto de esta controversia.

28. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.

III. CONSIDERACIONES

2 Samai, índice 17.
3 Samai, índice 18.
4 Samai, índice 26.
5 Samai, índice 16.

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Accionante: Municipio de Caicedonia

Competencia
29. Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela, conforme a
los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con
el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta
Corporación.

Problema jurídico

30. La Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

31. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si la
sentencia del 13 de febrero de 2026 adolece de los defectos invocados, al
incrementar injustificadamente el monto de la condena de primera instancia, en
perjuicio de la prohibición de no reforma en peor al apelante único.

Análisis de los requisitos de procedibilidad

32. La accionante está legitimada para interponer la tutela, pues hizo parte del
extremo pasivo del proceso que dio origen a esta acción. La Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tiene legitimación por
pasiva, porque profirió la providencia a la que se le atribuye la vulneración.

33. Para la Sala, el abogado Álvaro Antonio Ramírez Tobón carece de
legitimación en la causa, porque no aportó poder especial que lo faculte
expresamente para intervenir en este trámite constitucional.

34. La representación judicial debe acreditarse de manera clara y suficiente para
cada actuación y no puede presumirse ni extenderse automáticamente a
actuaciones distintas, especialmente cuando se trata de un trámite constitucional
que exige una habilitación concreta. El poder otorgado en el proceso ordinario tiene
un alcance limitado a ese asunto y no habilita su intervención en esta sede judicial.

35. Por ende, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los argumentos,
solicitudes y anotaciones contenidas en el memorial radicado por el abogado
Ramírez, el 4 de junio de 2026.

36. La tutela satisface el requisito de inmediatez, pues la sentencia se dictó el 13
de febrero de 2026, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 27 de mayo
del año en curso.

37. La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, pues el trámite del proceso de reparación directa objeto de esta
controversia aún se encuentra en curso.

6 En sentencia T-482 de 2024, la Corte Constitucional consideró que «la decisión adoptada en el
trámite del recurso de insistencia tiene carácter jurisdiccional».

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04074-00
Accionante: Municipio de Caicedonia

38. Revisado el expediente ordinario se tiene que el 17 de marzo de 2026 la
Secretaría del Tribunal dejo constancia de ejecutoria de la sentencia del 13 de
febrero de 2026. Sin embargo, el 25 de marzo siguiente, el apoderado de la parte
demandante solicitó nulidad por indebida notificación de la sentencia y pidió adición
de la providencia respecto de la condena en costas y del lucro cesante.

39. El 5 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adicionó el
ordinal tercero de la sentencia, pero negó la complementación en relación con el
lucro cesante, al considerar que la parte pretendía modificar el sentido de la decisión
sobre ese particular.

40. Contra esta determinación, tanto la CVC como la parte demandante
interpusieron recursos de reposición el 16 y 17 de junio de 2026, respectivamente.
El Tribunal accionado corrió traslado de dichas actuaciones a las partes e
intervinientes el 19 de junio de 2026.

41. En consecuencia, el proceso judicial continúa en trámite, ya que los recursos
interpuestos contra la providencia que adicionó la sentencia aún están pendientes
de resolución. Esta circunstancia evidencia la falta de subsidiariedad de la acción
de tutela.

42. La jurisprudencia de la Corte Constitucional7 señala que análisis de este
requisito en estos casos varía según el estado del proceso, en el que pueden
presentarse dos escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido y (ii) cuando se
encuentra en curso.

43. En el primer caso, el juez constitucional debe verificar que la tutela no se utilice
para reabrir etapas procesales ya agotadas, que se hayan ejercido los recursos
disponibles y que no se pretenda convertir el amparo en una instancia adicional.

44. En el segundo, cuando el proceso sigue en trámite, la intervención del juez
constitucional está, en principio, restringida, pues la tutela no sustituye los
mecanismos ordinarios ni actúa como vía paralela. No obstante, de manera
excepcional, procede cuando sea necesaria para evitar un perjuicio irremediable
que comprometa derechos fundamentales.

45. En este contexto, la Sala concluye que un pronunciamiento sobre la providencia
cuestionada resulta improcedente en este momento, por cuanto el proceso de
reparación directa aún se encuentra en trámite y existen recursos pendientes de
decisión, lo que implica que la controversia no ha sido definida de manera definitiva
por el juez natural.

46. Intervenir en esta etapa supondría desconocer la competencia que el legislador
asignó a los jueces naturales para resolver, en el marco de sus competencias, la
controversia que aquí se plantea. Así mismo, implicaría una intromisión indebida en

7 Corte Constitucional, sentencia T-600 de 2017, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Accionante: Municipio de Caicedonia

asuntos que permanecen bajo su conocimiento, contrariando el carácter subsidiario
y excepcional de la acción de tutela.

47. En ese sentido, admitir el examen constitucional en este momento equivaldría
a desplazar anticipadamente al juez natural y a convertir la tutela en un mecanismo
paralelo o sustitutivo de los medios de defensa judicial ordinarios, lo que resulta
incompatible con su finalidad. Por tanto, la Sala se abstendrá de emitir un
pronunciamiento de fondo mientras el proceso ordinario no haya culminado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa del abogado Álvaro
Antonio Ramírez Tobón para intervenir en este trámite.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el
municipio de Caicedonia, conforme a lo razonado en la parte motiva.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

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